Pasado y presente de una deuda externa ilegítima y
fraudulenta
Marianela Scocco y Alex Ratto(*)
(UNR; maria_nob4@hotmail.com,
rattoalex@hotmail.com)
Introducción
La
cuestión de la deuda externa en este nuevo siglo es uno de los grandes
problemas, sino el más significativo, que los países latinoamericanos hemos
heredado del siglo XX. La deuda externa es una variable económica dependiente
que se perpetúa en un mundo que postula haber entrado en la nueva era de la globalización,
sustituyendo y negando los supuestos básicos del imperialismo. Pero es
precisamente la presencia de esta variable la que nos marca que las bondades de
la globalización no son iguales para todo el mundo capitalista, sino que más
bien en los países del tercer mundo siguen vigentes los mismos postulados y
herramientas del imperialismo para oprimir a los pueblos.
Si
bien la deuda externa se presenta como un problema general de América Latina,
en Argentina dicha deuda ha tomado proporciones desmedidas e insólitas que
plantean la necesidad de estudiarla en profundidad. Caracterizar la deuda
externa argentina de ayer y de hoy significa entrar en un plano de debate sobre
sus causas y alcances, que tiene incidencia directa en la realidad económica y
social de nuestro país actual. Las irregularidades y estafas que se produjeron
al momento de contraerla se siguen perpetuando en el tiempo porque tales actos
no fueron penalizados ni revertidos a pesar de existir varias causas judiciales
que los comprueban. Discutir la deuda externa en las aulas, nos permite abrir
un debate con los estudiantes acerca de nuestro pasado y nuestro presente pero
también sobre nuestro futuro y sobre las verdaderas posibilidades de cambio que
se nos presentan en el sentido de construir una sociedad más justa e
igualitaria.
Este
trabajo propone un recorrido histórico de las diferentes etapas de
endeudamiento externo que ha vivido la Argentina en el siglo XX, haciendo
especial hincapié en las últimas décadas en las cuales, a partir de la última
dictadura militar (1976-1983), aquel creció considerablemente hasta convertirse
en un verdadero problema de Estado que continúa hasta nuestros días.
Antecedentes de la deuda externa en
Argentina
Tal
vez existan otros pero acaso el antecedente más conocido de la deuda externa
argentina en el siglo XIX fue el famoso empréstito Baring. En 1824, el
gobierno de Buenos Aires, cuya máxima autoridad era Martín Rodríguez mientras
ocupaba el Ministerio de Gobierno Bernardino Rivadavia, firmó en Londres un
empréstito con la casa Baring Brothers. La garantía de ese acuerdo fueron las
tierras de la provincia de Buenos Aires, y dos años después, cuando Rivadavia
fue presidente, elevó esa garantía al total de la tierra pública de la Nación.
Después de transcurridos los años, no pudieron pagarse los intereses y tuvieron
que venderse dos barcos para pagar las obligaciones.
Cuando
Juan Manuel de Rosas llegó al poder por segunda vez en 1835, como gobernador de
la provincia de Buenos Aires, se encontró con una deuda cuantiosa y trató de
demorar los pagos. En 1842, los representantes de Baring Brothers presionaban
para llegar a un acuerdo. Rosas había ordenado que se examinara la posibilidad
de entregar a las Islas Malvinas como forma de pago, previo reconocimiento de
la soberanía sobre estos territorios. La negociación no prosperó. Finalmente, a
pesar de las intervenciones militares europeas, no se accedió a las exigencias
de los prestamistas y sólo se pagó una suma insignificante en relación a lo que
se reclamaba.
No
obstante, en 1857 se vuelve a firmar un acuerdo en Londres, contrayendo nuevas
obligaciones y renegociando la deuda en su totalidad. Todos los gobiernos
posteriores continuaron pagando y refinanciando la deuda hasta que se canceló
en 1903.
Pero
a nivel latinoamericano, podemos decir que hubo notables cesaciones de pago en
el siglo XIX por parte de República Dominicana, Venezuela, Perú, Bolivia,
Brasil, Guatemala y Uruguay, que llevaron años en solucionarse. Sólo Argentina
continúo pagando puntualmente sus deudas y los retrasos fueron previamente
acordados con sus acreedores. En la década de 1930 del siglo XX, varios países
americanos dejaron de cumplir con los servicios de la deuda luego de la crisis
internacional, y otra vez sólo Argentina siguió pagando.
El contexto internacional
Durante
casi medio siglo, desde 1930 hasta 1975, los países latinoamericanos sufrieron
restricciones en los préstamos externos. A comienzo de la década del setenta,
la situación cambió considerablemente. La disolución de los acuerdos de Bretton
Woods, que desvinculó al dólar del oro, originó la
instalación de “tipos de cambio flexibles”, que inauguraron una etapa de
inestabilidad monetaria y especulación financiera. No obstante, la
internacionalización financiera fue provocada a partir de la desregulación de
los mercados de capitales que implementaron los Estados Unidos e Inglaterra a
partir del año 1979. Desde entonces, se produjo un aumento brusco de la
liquidez internacional. Este incremento de la liquidez mundial provino de tres
fuentes principales. En primer lugar, derivó de la brusca transferencia de
ingresos producida por el alza de los precios del petróleo, ya que los países
productores se encontraron con ingresos que no podían consumir y que
necesitaban volcar en el mercado mundial. En segundo lugar, otro fenómeno emanó
de los cambios de la paridad cambiaria entre las principales monedas en la
primera mitad de la década de 1970, esas variaciones generaron un aumento de
las reservas mundiales que tendieron a volcarse en los nuevos circuitos
financieros. Y, por último, en la segunda mitad de la década, se desaceleró el
crecimiento de las economías centrales y ello tendió a liberar los excedentes
que antes se canalizaban a través de la inversión, estos fondos se sumaron al
sistema financiero internacional a la espera de nuevas oportunidades de
colocación.
Por
tanto, esta gran masa de liquidez internacional, al incrementar los depósitos,
impulsó a los banqueros a buscar nuevos clientes. Así, los grandes bancos
transnacionales empezaron a ofrecer créditos abundantes a toda Latinoamérica,
con pocas o ninguna exigencia formal. Éstos consideraron que prestar dinero a
una nación era más simple que operar con empresas privadas, ya que, en términos
formales, una nación no podía quebrar. Se reservaron sólo una medida de
seguridad: acordaban sus préstamos a corto plazo y, de esta forma, en cada
refinanciación los bancos podían ajustar la tasa de interés de acuerdo con la
evolución del mercado, resguardándose de posibles cambios en esas variables.
Como compensación, aseguraban la renovación de los préstamos a largo plazo.
Todos
los gobiernos latinoamericanos en los años setenta, en su mayoría usurpados por
golpes militares, tomaron préstamos con los bancos internacionales, pero el uso
de los fondos fue diferente. Estas estrategias tuvieron dos extremos, con
algunas variables intermedias. En un extremo, algunos países utilizaron esos
créditos para seguir adelante con su programa de desarrollo industrial, como
por ejemplo Brasil. En el otro extremo, los gobiernos usaron esos fondos para
financiar la salida de capitales al exterior, siendo el caso de Argentina el
más paradigmático. Como sostiene Jorge Schvarzer, “se optó por emplearlos como
masa de maniobra destinada a sostener una estrategia de contención
inflacionaria basada casi exclusivamente en el control del tipo de cambio. Los
gobiernos ofrecieron comprar o vender dólares a un precio fijo –que se ajustaba
cada día del calendario de acuerdo con una tabla preanunciada– para asegurar el
valor del tipo de cambio, con la esperanza de que esa sola medida frenara la
marcha alcista de los precios cuando la tasa de devaluación llegara a cero. El
crédito externo hizo posible la acumulación de la reserva de divisas necesaria
para actuar sobre la oferta y la demanda en el mercado de cambios; cuando la
desconfianza de esta política ganó el mercado, los gobiernos vendieron esa masa
de divisas a los agentes locales de pesos”.
Además,
el empleo que cada país hizo de estos fondos externos explica la situación que
presentaba cada uno de ellos cuando estalló la crisis de este sistema de préstamos
en el año 1982. Brasil, por su parte, se encontraba en una mejor situación
productiva por las grandes inversiones realizadas en las áreas productivas del
país. Argentina, en cambio, padecía los desastrosos resultados de una inédita
especulación financiera; la contrapartida de su deuda no eran activos fijos
productivos, sino divisas en poder de una parte de la sociedad que se
enriqueció gracias a dicha especulación mientras la mayor parte de la población
se empobrecía, comenzando así el proceso de desindustrialización del país, al
generar un gran atraso en la inversión productiva, al mismo tiempo que el
espiral inflacionario que pretendía combatir tomaba un nuevo impulso.
Pero
volviendo al contexto internacional, cabe destacar que estos préstamos otorgados
por los bancos transnacionales a América Latina tenían dos fines principales:
una parte ampliaba la oferta de fondos a las naciones de la región, mientras
que la otra se destinaba a compensar el pago de intereses generados por los
créditos previos. Al trascurrir el tiempo, esta última parte fue reclamando una
proporción creciente de nuevos préstamos, aumentando considerablemente las
deudas externas de los países latinoamericanos.
A
fines del año 1979, la Reserva Federal de los Estados Unidos, para combatir sus
problemas inflacionarios, provocó una brutal suba de las tasas de interés, que
alcanzaron índices del 20% anual –frente a las cifras de un dígito de los años
anteriores– y que se trasladaron a todos los préstamos para Latinoamérica a
medida que eran renovados. Esto generó que la deuda total de estos países se
incrementara a un ritmo cercano al 20% anual sólo por la capitalización de
intereses sin que se otorguen nuevos préstamos.
En
1982, el gobierno mexicano afirmó públicamente que no podía seguir pagando la
deuda externa. Así, la crisis mexicana puso en evidencia la gravedad del
problema e hizo reaccionar al gobierno norteamericano, que otorgó una ayuda
inmediata a México para superar la coyuntura y empezó a organizar un sistema de
salvataje, para preservar a su sistema financiero de un eventual colapso. La
estrategia estuvo basada en el accionar del Fondo Monetario Internacional
(FMI), que indujo en los países endeudados las políticas de ajuste necesarias
para que reestructuraran su economía para asegurar el pago de la deuda mientras
presionaba a los bancos para que mantuvieran la renovación del crédito externo.
La
contradicción entre la política de ajuste recesivo llevada a cabo en al región
y la necesidad de ampliar la capacidad instalada para exportar en los distintos
países tuvo efectos notorios. Los países que mejor reaccionaron en el frente
exportador fueron Brasil, que tenía una gran capacidad productiva instalada, y
Chile, que disponía del cobre y se benefició de los buenos precios internacionales
del momento. Argentina, en cambio, había comenzado el proceso de
desindustrialización del país afectando su capacidad productiva. Este problema
no afectó a aquellos gobiernos que disponían de empresas públicas exportadoras,
porque éstas les transferían directamente las divisas ganadas a los Estados.
La deuda externa en Argentina anterior a los años setenta
Durante
los gobiernos peronistas lo que Eduardo Basualdo llama la primera etapa de
la sustitución de importaciones (1930-1955) no
estuvo asociada a una deuda externa significativa, por el contrario, al término
de la Segunda Guerra Mundial Argentina era acreedor de Inglaterra pero no podía
disponer de esos recursos debido a la inconvertibilidad de la libra esterlina.
La
industrialización y la expansión productiva entonces se consolidaron sobre la
base del ahorro interno y de la transferencia de la renta agropecuaria hacia el
sector industrial. El endeudamiento externo comenzó a elevarse cuando surgió el
problema de la falta de divisas, pero este endeudamiento no conoció las
características que tomaría luego en la década del setenta, ya que el único
deudor externo fue el Estado nacional a través de acuerdos bilaterales con
diferentes países centrales. Además, el destino de los fondos prestados también
sería muy disímil, pues en los años cincuenta dichos fondos se usaron para
seguir adelante con el ambicioso plan de desarrollo industrial del gobierno
peronista.
Durante
el gobierno de Arturo Frondizi se inició la segunda etapa de la sustitución
de importaciones (1956-1975). Se caracterizó por un fuerte proceso de
industrialización pero esta vez basado en el capital extranjero, ya no con
préstamos al Estado para su desarrollo sino con la instalación de plantas
industriales que eran sucursales de empresas transnacionales.
Fue
alrededor del año 1968 que la deuda externa comenzó a crecer aceleradamente con
algunas modificaciones, porque si bien la deuda externa estatal fue la
mayoritaria su incidencia fue decreciendo ya que el endeudamiento externo
comenzó a difundirse entre las grandes empresas privadas nacionales y
transnacionales. Sin embargo, esta deuda privada aún estaba destinada a la
compra de insumos, maquinaria y equipos para la producción industrial. Se
presenta sí la sustitución del bilateralismo, que caracterizó a los préstamos
contraídos en el gobierno peronista, por la adopción del multilateralismo
mediante la incorporación de Argentina al FMI, que desde entonces devino en el
principal acreedor del país. Por entonces empezó la fuga de capitales radicados
en el país, locales y extranjeros, pero vinculada a subfacturación de
exportaciones.
Los orígenes de la deuda externa ilegítima y fraudulenta:
Argentina en los años setenta
En
la década de 1970, como hemos mencionado anteriormente, este sistema de
endeudamiento externo sufrió varios cambios, que se debieron no sólo a las
transformaciones producidas en el contexto internacional, sino también al modo
de contraer deuda y al uso que se hizo de ella en Argentina. Una de las
características que se modificó con la deuda externa en los años setenta es que
junto al endeudamiento del sector público surgió un extraordinario
endeudamiento del sector privado. Como afirma Basualdo: “No se trata de que
cualitativamente el endeudamiento externo privado fuese más relevante que el
estatal –aunque en varias etapas lo fue en relación a su crecimiento–, sino que
el ritmo y modalidades de este último se subordinó a la lógica del
endeudamiento externo de las firmas oligopólicas cuyo propósito, a pesar de que
se trataba de capitales industriales, ya no estaba en función de la expansión
de sus actividades productivas sino de la apropiación de una ingente renta
financiera”. Así, como afirman Alfredo y Eric Calcagno,
existieron tres grandes causas de endeudamiento: el financiamiento de la
evasión de capitales al exterior (44%), el pago de intereses a la banca
extranjera (33%) y la compra de armas y de importaciones no registradas (23%). Por otra parte, la subordinación del endeudamiento
estatal al privado puso en evidencia la transferencia desde el Estado a las
fracciones de capital dominantes de la capacidad de fijar los lineamientos de
la economía argentina. Otro de los rasgos que cambió por estos años fueron las
transformaciones en los acreedores externos, ya que los organismos
internacionales de crédito dejaron de ser los principales acreedores en toda
América Latina para dar paso a los grandes bancos transnacionales de los países
centrales. Sin embargo, los organismos internacionales de crédito se
convirtieron en los representantes políticos de esos bancos, es decir, en los
negociadores de las políticas de ajuste acordadas con los gobiernos
latinoamericanos. Según Basualdo, la deuda externa en los años setenta en
Argentina cumplió un papel decisivo, porque el núcleo central del nuevo régimen
de acumulación capitalista que instaló el gobierno militar estuvo basado en lo
que él denomina la valorización financiera que realizó el capital
oligopólico local, compuesto por los grandes grupos económicos locales y
los intereses extranjeros instalados en el país. Estas fracciones dominantes
del capital contrajeron deuda externa para colocar esos fondos en activos financieros
(títulos, bonos, etc.) en el mercado interno para valorizarlos a partir de una
diferencia entre la tasa de interés interna y la externa y posteriormente
fugarlos al exterior. De esta forma, los fondos obtenidos de los préstamos
externos no constituyeron una forma de financiamiento de la inversión
productiva sino que fueron un instrumento para obtener renta financiera dado
que la tasa de interés interna, en la cual se coloca el dinero, era superior al
costo de endeudamiento externo. Por ello, la fuga de capitales al exterior
estuvo directamente vinculada al endeudamiento externo y éste fue, al mismo
tiempo, la contrapartida de la desindustrialización. Todo ello generó que se
produjera una escisión del capital prestado con la economía real. Esto provocó
crisis económicas recurrentes y grandes restricciones al crecimiento económico.
Identificar
el origen del excedente y las trasferencias de recursos a los acreedores
externo tiene una importancia esencial. Basualdo afirma que la condición previa
que posibilitó a la valorización financiera fue la inédita redistribución del
ingreso en contra de los asalariados pero también en contra de las fracciones
más débiles de la burguesía nacional y a favor de los sectores dominantes de la
economía puesta en marcha por la dictadura militar. Esta redistribución del
ingreso comenzó con la Reforma Financiera de 1977, con la apertura
indiscriminada en el mercado de bienes y en el de capitales, que se conjugó con
otras medidas orientadas, según la conducción económica, a controlar la
inflación, como la política monetaria ortodoxa sustentada en la contracción de
la base monetaria. Además, la Reforma Financiera puso fin a tres rasgos
centrales del funcionamiento financiero hasta ese momento. En primer lugar, a
la nacionalización de los depósitos por el Banco Central; en segundo lugar, a
la vigencia de una tasa de interés controlada por dicho banco; y, por último, a
las escasa posibilidades que existían de contraer obligaciones financieras con
el exterior por parte del sector privado.
En
1979 se puso en marcha el enfoque monetario de la Balanza de Pagos, que
conjugaba una tasa de cambios pautada sobre la base de una devaluación
decreciente en el tiempo con la apertura importadora y el libre flujo de
capitales al exterior. La renta financiera que se obtenía se basaba en la
diferencia entre la tasa de interés nominal que regía en el sistema financiero
interno (la que cobraba el inversor privado) y el costo en pesos de endeudarse
en el exterior (lo que pagaba ese mismo inversor por los fondos que invertía en
el sistema local). El mecanismo era el siguiente: el interesado introducía en
el país dólares prestados por bancos extranjeros, los convertía en pesos y de
ello obtenía una ganancia por la tasa de interés interna, que, como dijimos,
era mucho mayor que el costo del crédito fijado por la tasa de interés externa
y el ritmo de las devaluaciones. Luego, el mismo sujeto reconvertía los pesos
en dólares, los depositaba en un banco extranjero y obtenía un nuevo préstamo
en dólares de ese banco con la garantía del depósito. Esto es lo que se
denominó “autopréstamos”, perverso procedimiento utilizado por los supuestos
“deudores” mediante transferencias al exterior de divisas que después volvían a
ingresar al país como “préstamos”. Esas divisas recibían el beneficio de
seguros de cambio y, posteriormente, el de los títulos del Estado. Así esta operación se repetía reiteradas veces. Como
veremos, cuando el saldo del comercio exterior ya no fue suficiente para proveer
de dólares a los que querían depositarlos en el exterior, se obligó a las
empresas públicas a endeudarse en moneda extranjera para que depositaran esos
fondos en el Banco Central, que le daba la equivalencia en pesos a estas
empresas y les otorgaba las divisas a los privados que las necesitaban. A su
vez, esto será posteriormente uno de los fundamentos que permitieron la
justificación ideológica de las privatizaciones de empresas públicas
“endeudadas y deficitarias” en los años noventa. La vigencia, entonces, de una
tasa de interés interna que constantemente superó el costo de endeudarse con el
exterior determinó el comienzo de un agudo endeudamiento externo de los
sectores privados con el fin de valorizar esa masa de recursos en el mercado
financiero externo y remitirla al exterior. El endeudamiento del sector
público, por su parte, cumplió un papel irreemplazable porque aportó las
divisas necesarias para garantizar la transferencia de recursos al exterior y
posibilitó el equilibrio de la Balanza de Pagos.
Sin
embargo, desde finales de marzo de 1980 muchos bancos comenzaron a quebrar y
otros fueron intervenidos por el Banco Central, que se hizo cargo de sus
deudas. A partir de allí, se abrió otra etapa en la que continuaron tanto el
endeudamiento externo como la salida de capitales, pero ahora sobre la base de
una transferencia fenomenal de la deuda externa privada al Estado a través de
los regímenes de seguro de cambio que se aplicaron.
La
intervención a bancos y entidades financieras, según Schvarzer, “generó la
primera acción de salvataje oficial”. Los
depósitos del sector privado estaban garantizados por el Estado de acuerdo a
una ley que establecía que el Banco Central liquidaba entidades, obligaba a devolver
los fondos a los ahorristas y, a modo de compensación, asumía la titularidad de
los préstamos otorgados. En el curso de 1980 más de veinte entidades, que
representaban el 21% de los fondos depositados en el sector privado y colocados
bajo la garantía oficial, cerraron sus puertas. El Banco Central debió
adelantar esos fondos y, además, otorgar créditos especiales al resto del
sistema financiero que necesitaba cubrir los agujeros que dejaba la fuga de
capitales.
Además,
la deuda externa estatal operó como una variable anticíclica en el sector
externo para compensar el comportamiento inverso en el sector privado, ya que
en las etapas en que este sector canceló momentáneamente una parte de sus
deudas, el Estado incrementó las suyas para facilitarles a las fracciones
dominantes del capital una parte de las divisas necesarias para cancelar sus
compromisos, mientras que la otra parte se cubrió con las reservas del Banco
Central. Este excedente apropiado por los sectores dominantes podría haber sido
reinvertido en el país en algunas de las actividades de la economía real. Sin
embargo, esto no ocurrió, principalmente por la fuga de capitales al exterior.
Ésta se desarrolló de manera similar al endeudamiento externo pero con
oscilaciones diferentes. La cancelación de parte de la deuda privada en el
primer trimestre de 1981 se realizó mediante la repatriación de una parte de
los fondos fugados al exterior en los años previos. Hasta ese momento la deuda
externa superó la fuga de capitales pero esta situación se invirtió a partir
del segundo trimestre. Por ello, si bien a finales de 1979 se había llegado a
un récord de reservas, de allí en más éstas disminuyeron considerablemente. De
esta forma, como sostiene Basualdo, estuvieron en función del endeudamiento
externo privado y de la transferencia de recursos locales al exterior, “no sólo
el flujo de divisas que percibió el Estado a partir del endeudamiento externo
de las empresas públicas y la Administración Central, sino también el stock
de esas divisas –las disponibles en el BCRA”. Schvarzer
sostiene que al menos una tercera parte de la deuda externa del sector privado
era “ficticia” en marzo de 1981, puesto que ya estaba cancelada de hecho por
las salidas no declaradas. Esto fue declarado por el propio Martínez de Hoz
quien señaló que la deuda externa “podría reducirse en 4000 millones de
dólares, correspondientes a deudas canceladas, pero no afirmadas como tales por
el Banco Central”.
La
estatización de la deuda externa privada comenzó a plantearse a partir del
agotamiento de la política sustentada en el enfoque monetarista de la Balanza
de Pagos. Fue un periodo que comenzó con la salida del Ministerio de Economía
de José Alfredo Martínez de Hoz, periodo con un nivel muy bajo de reservas en
el Banco Central que se combinó con una sucesión de devaluaciones que tenían
por objetivo superar el estrangulamiento externo provocado por la política
económica de la administración anterior. En junio de 1981 se puso en marcha el
primer mecanismo, y también el más claro, que utilizó el nuevo equipo económico
para la transformación de la deuda privada en estatal: el primer régimen de
seguros de cambio al que se acogieron todos los
préstamos contraídos por el sector privado que vencían en julio de ese año, o
las nuevas deudas que se concertaran a partir de allí. El Banco Central le
garantizaba al deudor privado el tipo de cambio vigente y le cobraba una “prima
de garantía” que posteriormente se determinó sobre la base de los precios
deducidos por la inflación internacional. En la práctica, la “prima de
garantía” evolucionó muy por debajo del tipo de cambio, que aumentó
rápidamente, por lo que se produjo un magistral subsidio estatal para los
deudores privados. Después se utilizaron otros mecanismos que afianzaron este
camino emprendido hacia la estatización de la deuda privada.
En septiembre de 1982 se dio a conocer la comunicación “A” 251 del Banco
Central, que puso en funcionamiento la estatización de la deuda externa privada
trasformándola en deuda pública, inicialmente con la deuda privada que tenía
seguro de cambio y luego con el resto, a través de diferentes dispositivos.
Ahora
bien, retomando, el proceso de transferencia de la deuda externa privada al
Estado culminó en julio de 1985, ya en democracia, cuando el gobierno de
Alfonsín cerró el trámite de estatización de la deuda privada mediante normas
del Banco Central que dispusieron el reemplazo de la deuda privada original
–con o sin seguro de cambio– por “Obligaciones del Banco Central”.
La década de los ochenta y la deuda externa
Iniciada
la nueva etapa democrática en la Argentina con el triunfo de Alfonsín, se
observan dos periodos que marcan diferentes estrategias políticas con respecto
a la deuda externa. La primera, y muy breve, fue la etapa de Bernardo Grinspun frente al Ministerio de Economía, en donde se llevó a
cabo investigaciones sobre la deuda privada externa a fin de determinar las
irregularidades de la misma. Como veremos más adelante, los resultados de estas
investigaciones fueron rápidamente olvidadas por la cúpula gobernante una vez
que las presiones internas y externas pujaran conjuntamente por la continuidad
y profundización de los cambios estructurales de la economía iniciados en la
dictadura militar. La segunda, se inició 1985 y marcó una nueva etapa en la
profundización y continuidad de las medidas implementadas durante la última
dictadura.
En
el primer período, el nuevo gobierno asumió una posición de confrontación al
sostener que los acreedores externos eran corresponsables y que en consecuencia
debían establecerse quitas en el capital adeudado, una extensión del plazo para
la amortización de capital y una disminución de las tasas de interés nominal
que en los últimos años se había tornado usuraria. Por otra parte, debido al
origen, características y consecuencia sobre los países endeudados identificaba
que el problema era fundamentalmente político, y no meramente financiero. Por
lo que debía ser negociado directamente con los bancos acreedores, sin la
intermediación del FMI, y con el respaldo político de los países sede de las
casas matrices.
Para
llevar a cabo este proceso de rectificación se creó un Cuerpo de investigación
que analizaría las declaraciones de deuda en moneda extranjera al 31 de octubre
de 1983, efectuadas por empresas del sector privado. A pesar que la deuda
efectivamente indagada fue mucho menor a la existente,
se comprobaron numerosas irregularidades en las mismas y se determinó el
carácter ilegitimo y fraudulento de la deuda externa. Además se sostuvo, que
para profundizar las investigaciones y concretar una acción, esta debería ser realizada
por el poder político y no por el judicial. No obstante la información
esclarecedora al respecto, las fuerzas mayoritarias del Congreso de la Nación
se opusieron a que la investigación fuera realizada por los representantes del
pueblo.
Esta
estrategia confrontativa fue calificada en repetidas ocasiones, por propios y
ajenos, como anacrónica e irremediablemente destinada a la derrota. Y a medida
que se agudizaban los conflictos con los acreedores externos y se aceleraba el
ritmo inflacionario, se acentuó la hostilidad y los ataques prevenientes de los
representantes del establishment económico, incluyendo también de un
sector del partido de gobierno, algunos de cuyos integrantes ocupaban
relevantes cargos públicos, como García Vásquez, presidente del BCRA, o Raúl
Prebisch, asesor del Presidente de la Nación. Este conflicto es caracterizado
por Basualdo como “la primera exposición de un proceso complejo en el que
convergieron las presiones ejercidas por los representantes políticos de los
acreedores externos –los organismos internacionales de créditos– con la
cooptación del partido de gobierno por parte de las fracciones internas
dominantes que luego incluirá al sistema bipartidista en su conjunto”.
La
retirada del Grinspun en 1985 anunciada por sus
fracasos por el control de la inflación se conecta directamente con la
profundización de las políticas destinadas a transforma la economía del país en
pos de asegurar al sector dominante local y externo un periodo a de mayor
concentración y centralización de las ganancias a partir de una reducción de la
participación de los asalariados dentro del PBI en el país. Por lo que
cualquier política que pretendiera mejorar la distribución del ingresos y
expandir la demanda mediante el crecimiento conjunto del consumo y la inversión
sin generar tensiones inflacionarias aún mayores, obligada a rever la situación
fiscal y el impacto que sobre ella ejercían las licuaciones de deuda privada
implementadas por la dictadura militar en 1982.
Esta
revisión no logró concretarse nunca debido a las numerosas presiones recibidas.
Los responsables del tema en Washington no aceptaban otras culpas que las
argentinas y exigían el inicio de un proceso de ajuste para pagar la deuda. Los
bancos no aceptaban negociar mientras el país no firmara un acuerdo con el FMI
que, a su vez, sólo aceptaba un plan de ajuste ortodoxo.
El
nuevo Ministro de Economía Juan Sourrouille, antes Secretario de Planificación,
modificó drásticamente la política económica en términos del sector externo
como de la económica interna. La nueva tónica se caracterizó por una
negociación “amigable” con los acreedores externo y una subordinación a los
sectores dominantes internos. Aunque sostuvo el diagnostico inicial que
determinaba que la principal restricción que enfrentaba el país era la deuda
externa, a partir de aquí se defendería que para eliminar dicha deuda no se
requería de un enfrentamiento con los acreedores externos y sus representantes
políticos –los organismos internacionales de crédito–, sino plasmar un modelo
agroexportador que, basado en una reactivación de la inversión, generara las
divisas necesarias para superar el estrangulamiento externo derivado de los
servicios de la deuda. Basualdo afirma que “la nueva estrategia económica se
propuso, para hacer posible el incremento de la inversión, aumentar el ahorro
en términos absolutos y relativos, pero excluyó toda medida orientada a retener
el ahorro interno interrumpiendo la fuga de capitales locales”.
Por
otro lado, la fuerte presión externa por el cumplimiento de una deuda
fraudulenta e ilegítima puede entenderse por la preocupación de la crisis de
pagos a los bancos comerciales de los países centrales por parte en América Latina,
a partir de la entrada en moratoria de México en 1982. En ese año, sólo la
deuda de la Argentina representaba el 18% del capital de los nuevos bancos más
importantes de los Estados Unidos y los compromisos tomados por los diecisiete
países más endeudado equivalía al doble de ese mismo capital, de modo que un default
podía tener graves consecuencias sobre los balances de los bancos.
La
respuesta inmediata fue seguir prestando, ya no por negocio, sino por necesidad
y cada banco acreedor comenzó a ver cómo podía hacer para cobrar. No se
prestaba más que en la medida indispensable para que los países deudores
pudieran pagar, lo cual no era fácil, pues estaban sumergidos en la catarata de
intereses, y de intereses sobre intereses. De esta forma en lo internacional se
pasó de una situación de alta liquidez, con fácil acceso al crédito para los
países subdesarrollados, a otra fase de escasez de esos créditos y brusco
aumento de las tasas de interés. Esto fue creando una deuda que crecía por si
misma. En el caso argentino, la deuda externa pasó de 43.000 millones de
dólares en 1982 a 58.000 millones en 1988, por simple acumulación de intereses;
en los cuatro años siguientes se mantuvo en 60.000 millones de dólares, debido a que el aumento de intereses se compensaba con
los ingresos generados por las privatizaciones de empresas públicas.
En
un principio se insistió en que la crisis de pago no era general sino una
sumatoria azarosa de casos nacionales y que bien podía resolverse mediante
tratativas caso por caso, sin necesidad de recurrir a un diálogo multilateral.
Además, se diagnosticó que la crisis era de liquidez y no de solvencia, lo que
significaba que se podía resolver como un problema de coyuntura, con medidas de
ajuste clásicas y sin apelar a un shock profundo y estructural. Por último, se
hizo recaer la responsabilidad de la crisis en los tomadores de crédito o en
factores impredecibles y externos a la voluntad de los agentes involucrados,
como la flotación de precios del petróleo. Los acreedores, entonces, quedaban
librados de toda responsabilidad y eximidos de afrontar los costos potenciales
de la crisis.
De
allí se dedujo una política expresa, aunque no escrita, del Tesoro norteamericano,
que significó la jerarquización del Banco Mundial entorno a auspiciar las
“reformas estructurales”, mientras que el FMI se encargaba de propulsar con más
vehemencia su política de ajuste en el corto plazo, apoyado tanto por los
acreedores externos como por el “Club de Paris”. Mientras que el Departamento
del Tesoro y el Banco Mundial sostenían que era necesario que los países
deudores avanzaran en la apertura comercial, y fundamentalmente en al
privatización de las empresas estatales, el resto del bloque acreedor
enfatizaba la necesidad de cumplir con las políticas de ajustes para saldar los
servicios devengados por la deuda externa. Una estrategia basada en el accionar
del FMI, que debía inducir las políticas de ajuste necesarias en las naciones
endeudadas. Este diagnóstico dio origen a la clásica receta del FMI:
devaluación de la moneda para aumentar la oferta exportadora y disminuir las
importaciones, reducción del gasto público y ejecución de una política de
estabilización de precios mediante una restricción de la emisión monetaria.
Estas medidas tuvieron al mismo tiempo un impacto inflacionario provocado por
la devaluación y el alza de las tarifas de servicios públicos, y otro recesivo
generado por la reducción del gasto que agudizaron el proceso de caída del
salario y pérdida de ingresos de los asalariados. Las consecuencias del
acatamiento de las medidas de ajuste, a fin de lograr el pago de intereses,
sobre el Estado fueron la reducción del número de sus empleados y los salarios
medios, junto con la disminución de la inversión pública.
Pero
como si esto fuera poco, en la asamblea anual del FMI de octubre de 1985 se
lanzó el Plan Baker, en el cual los acreedores externo y sus representantes
políticos plantearon las reformas estructurales que debían realizar los países
deudores. Sin duda, el núcleo central de esta nueva política impulsada por los
acreedores externos reconoció dos aspectos complementarios para los intereses
de los países centrales. La primera consistía en remover el factor que,
supuestamente, bloqueaba el desarrollo de las fuerzas productivas de los países
deudores: las empresas públicas. Sin embargo, no se trataba de otorgar un nuevo
flujo de financiamiento destinado a revertir el deterioro de la inversión de
estas empresas, ni de mejorar su estructura económica-financiera, sino de
implementar su privatización, transfiriendo su propiedad o gestión al sector
privado. La segunda estuvo relacionada con el creciente déficit en la Balanza
Comercial norteamericana vinculado, al menos en parte, con las crisis de los
países latinoamericanos. Se intentó, entonces, reconstruir la capacidad de
compra de las economías de la región, especialmente a través de la apertura
comercial de las mismas.
A
partir de la primera premisa, los acreedores externos mediante el Plan Baker,
indicaron a sus deudores que el pago del capital adeudado se realizaría
mediante la venta de activos públicos. Como los activos más valiosos que poseen
los países latinoamericanos eran sus empresas públicas, lo que debían hacer era
privatizarlas, reconociendo como forma de pago el rescate de los bonos de la
deuda externa y, de esa manera, saldar parte del capital adeudado. Esto se
plasmo en la privatización de Aerolíneas Argentinas y la empresa de telecomunicaciones
(ENTEL).
El
seguimiento de la segunda premisa se observa cuando en febrero de 1987, la
conducción económica y el Banco Mundial pusieron en marcha un acuerdo que
contemplaba un préstamo por 2 mil millones de dólares para 1987 y 1988 destinados
a modificar la política comercial. Un incentivo para implementar un nuevo
régimen de importaciones para productos siderúrgicos y petroquímicos, la
reducción de protección de protecciones arancelarias, eliminación o disminución
de las retenciones agropecuarias, devolución de impuestos internos para las
exportaciones de manufacturas industriales.
En
síntesis, el objetivo central del Plan Baker, en relación con la deuda externa,
era posibilitar que los bancos acreedores recuperaran el capital adeudado mediante
la aplicación de los programas de capitalización de bonos de la deuda externa
asociado a la privatización de las empresas estatales, debido a que las divisas
disponible por parte de los países latinoamericanos no alcanzaban ni siquiera a
cubrir los intereses devengados.
El
pago del capital y sus intereses entre 1981 y 1989, de acuerdo con las cifras
extraídas de Eduardo Basualdo, representó el 8,0% del
PBI del período (5,6 miles de millones de dólares por año). No obstante, su
efecto neto alcanzó al 1,6% del PBI (1,1 miles de millones de dólares anuales),
debido a que durante esos años se refinanció y se contrajo un nuevo
endeudamiento con el exterior que implicó una entrada de recursos equivalentes
al 6,3% del PBI (4,4 millones de dólares anuales). Estos datos nos son de
utilidad para compararlos con la fuga de capitales, de tal modo que observemos
la conexión entre ambas variables, y de esta forma poder discernir el método
empleado para transformar la estructura económica del país en beneficios de los
grupos oligopólicos locales e internacionales en detrimento de la clase
asalariada. Las evidencias señalan que durante este período se remitió al
exterior un total de 33,7 miles de millones de dólares, que representan un promedio
anual de aproximadamente 3,7 miles de millones de dólares, equivalentes al 5,3%
del PBI. De esta forma, sumando el efecto neto del pago
de la deuda (9,9 miles de millones de dólares) mas la fuga de capitales (33,7
miles de millones de dólares), nos da como resultado que estas transferencias
al exterior son un 72% equivalentes al montón de la deuda a fin del período
(43,6 sobre 60 miles de millones de dólares).
De
este análisis se desprende que durante estos nueve años el capital concentrado
local se apropió de una masa de recursos que duplicaba con creces los recursos
pagados a los acreedores de la deuda externa, siendo equivalentes prácticamente
al PBI generado por la economía argentina en todo un año.
Hay que tener en cuenta que el PBI disminuyó notablemente entre 1980 y 1989.
Entre los años extremos descendió casi el 10% (equivalente a una tasa del -1,1%
anual acumulativo) y, en sus oscilaciones a lo largo del período, sólo en el
año de máxima expansión del período -1987- llegó casi a igualar el nivel
alcanzado en 1980.
Como
resultado de los atrasos en el pago del capital y los intereses adeudados, así
como por el nuevo financiamiento y refinanciamiento de deuda ya contraída, la deuda
externa del sector público se incrementó significativamente durante el período.
No obstante, eso factores no fueron la únicas causa de la expansión de la deuda
externa estatal, sino que, además, hubo otro proceso directamente relacionado
con la fracción dominante interna que se puede percibir a través del análisis
de las alteraciones registradas en la composición de la deuda externa a lo
largo del período considerado. En este período la fracción dominante del
capital local no solamente constituyeron el núcleo central de la fuga de
capitales al exterior sino que, al mismo tiempo, se desembarazaron de su deuda
externa, transfiriéndosela al Estado, como ya explicamos al final del punto
anterior.
El
actor que operó sobre el sistema político y subordinó a la política económica a
sus propios intereses, convirtiéndose en el principal receptor de la
redistribución del ingreso de ese período, fue la oligarquía diversificada. Este predominio fue tal que relegó incluso a los acreedores
externos y llegó a su punto culminante al instaurarse, en mayo de 1988, una
moratoria “de hecho” de la deuda externa. Esta situación se prolongó hasta
1992, momento que se implementó el Plan de la Convertibilidad, dando inicio a
una nueva etapa de la deuda externa argentina.
Los años de la Convertibilidad 1992-2001.
Los cambios en la deuda externa, su crecimiento
y su relación con la crisis del 2001
El
nuevo gobierno, que encabezó Carlos Saúl Menem, afirmó que la economía cerrada
y estatista de las décadas previas era la causa de la hiperinflación, ignorando
el problema de la deuda y cualquier otra explicación de los problemas locales.
De su diagnostico se deducía que la solución consistía en llevar a cabo las
medidas propuestas elaboradas por los organismos internacionales en la década
anterior: privatización de empresas públicas, apertura económica a través de la
eliminación de las regulaciones sobre el mercado internacional, la reducción
del tamaño del Estado y la refinanciación de la deuda.
El
primer paso para la “normalización” de las relaciones con los acreedores
externos se concretó con el último proceso de privatizaciones de las grandes
empresas estatales, con un alto grado de capitalización de los bonos de la
deuda externa, que culminó con la firma del Plan Brady. Este plan significó la
conversión en bonos anónimos de los préstamos de los bancos transnacionales.
Si
bien el plan en Argentina se firmó en diciembre de 1992, fue enunciado en marzo
de 1989, para ser negociado caso por caso, mediante acuerdos entre los países
deudores y los bancos acreedores. En este plan se ofrecieron opciones de
reestructuración de la deuda que no son excluyentes y que consisten, primero,
en la recompra directa, con descuento; segundo, en la transformación de una
parte de la deuda en nuevas obligaciones, sea con una rebaja sobre el valor
nominal o con una tasa de intereses menores. La puesta en marcha del Plan Brady
requiere de un financiamiento que se utiliza en la compra de un bono cupón
cero, cuyo capital más los intereses acumulados al cabo de treinta años es
equivalentes al monto del capital de la deuda. Se renuncia a todo
incumplimiento y para garantizar el pago de los intereses, se crean depósitos
bloqueados.
Así
se reestructuraban 23.000 millones de dólares del principal y 8.600 millones de
dólares de atraso de interés. En el mercado secundario, la deuda argentina se
paga al 18% de la misma, es decir 5.688 millones de dólares; en ese momento, se
asume una deuda por 31.600 de dólares y y se paga un bono cupón cero de Estado
Unidos por 3.600 millones de dólares.
Después
de reconvertidas las deudas bancarias en bonos, comenzó una nueva afluencia de
fondos hacia América Latina en general y a la Argentina en particular. Volvieron
a llegar capitales porque las tasas de interés bajaron en los países
desarrollados. Surgieron nuevos actores financieros mundiales, como los fondos
de pensión, compañías de seguros y fondos de inversión norteamericanos y
europeos, que colocaron recursos en mercados emergentes. La deuda de la última
dictadura se consolidó y blanqueó en 1992, con su conversión a bonos. Sobre todo, la banca transnacional ya no corría riesgo;
si algo sucedía a partir de entonces los afectados serían los tenedores de
bonos, y no los accionistas y gerentes de los bancos.
Más
allá del supuesto impacto de este plan sobre el nivel del endeudamiento
externo, la firma del Plan Brady trajo aparejado un cambio drástico en la
composición de la deuda externa del sector público. Los bancos comerciales
pasaron de concentrar el 52,2% de la deuda a únicamente el 2,3% entre 1992 y
1993, mientras que la deuda en bonos y títulos se incrementó del 13,6 al 58,9%
durante esos años y llegó a representar el 68,2% del total al final de período
considerado.
De
esta forma, la conjunción de los planes Baker y Brady modificó su papel no sólo
porque los bancos comerciales perdieron importancia sino también porque los
nuevos prestamistas estaban más atomizados. Por lo tanto, a lo largo de la
década, los organismos internacionales operaron progresivamente en función de
sus propios intereses y de los de sus principales accionistas (los gobiernos de
los países centrales).
Desde
1991 hasta 2001, el constante y creciente endeudamiento fue un requisito para
el funcionamiento del sistema económico. Si se decide continuar con el ritmo de
gasto y mientras los ingresos generados permanecen estancados, tanto en la vida
privada como en el gobierno, debe recurrirse al endeudamiento. Mientras haya
quien preste, no habrá problemas. Si los créditos se hubiesen usado para
aumentar la producción y las exportaciones, a poco andar podría haberse
financiado el servicio de la deuda con los mayores ingresos obtenidos; pero si
se acelera el ritmo de crecimiento de los gastos y los ingresos siempre son
menores, entonces se marcha de modo inevitable hacia una crisis. En el régimen
de convertibilidad, las restricciones monetarias y la paridad cambiara
obligatoria forzaron a saldar con prestamos externos todo déficit de comercio y
financiero externos, así como el desequilibrio fiscal con prestamos internos y
externos. La Convertibilidad significó toda una economía que funcionaba sobre
la base de un endeudamiento constante y creciente.
El
nuevo tipo de cambio desalentó las exportaciones no tradicionales y condicionó
a la economía local a orientarse a la producción y exportación de aquellas
materias primas en las que el país cuenta con ventajas comparativas naturales.
De 1989 a 1997, las exportaciones totales crecieron de 10.000 a 26.000 millones
de dólares. El tipo de cambio alentaba el ingreso de mercaderías de todo tipo
que inundaban rápidamente el mercado local. En ocho años las exportaciones se
multiplicaron por 2,6 y las compras al exterior crecieron más de siete veces,
saltando de 4.000 a 29.000 millones de dólares. En consecuencia, el país pasó
del superávit comercial en la década del ochenta, a un déficit continuo y
errático de 1.300 millones de dólares anuales en el periodo 1992-1998.
Con
el régimen de Convertibilidad la economía argentina necesitaba continuamente
divisas. El déficit de la balanza comercial era sólo una parte del déficit de la
balanza de pagos, dado que los flujos de servicios también eran negativos; las
continuas inversiones de fondos externos sólo ofrecían un paliativo coyuntural,
porque enseguida comenzaban a demandar nuevos giros de divisas al exterior en
concepto de beneficios, intereses y regalías. Además, el gobierno emitió bonos
en divisas para pagar compromisos con actores locales que ni siquiera exigían
el pago en una moneda distinta del peso. Fue así que, por ejemplo, se canceló
mediante la emisión de bonos de deuda externa los compromisos con proveedores
locales, los atrasos de pago a jubilados y hasta los pagos de indemnizaciones a
ciudadanos afectados por la dictadura militar. Esa estrategia aplicada durante
la década del noventa llevo a emitir un enorme monto de bonos en divisas,
convirtiendo una deuda específicamente interna en externa; estos bonos se
cotizan en los mercados locales y son parte de la deuda externa,
independientemente de la nacionalidad de sus tenedores.
A
lo largo de este período la deuda externa se multiplicó por 2.3 veces entre
1992 y 2001. En valores absolutos, pasó de 61.000 millones de dólares en 1992 a
140.000 millones en 2001. El aumento fue de 81.000 millones de dólares, a una
tasa anual del 8,6% durante la década analizada. Sin embargo, la expansión de
los capitales locales radicados en el exterior fue mucho mayor siendo del 9,6%
anual, determinando que el stock de los capitales fugados pasara de 55 a
138 mil millones de dólares. Por lo tanto, se constata que por cada 100 dólares
de endeudamiento externo total se fugaron al exterior 105 dólares, ya que entre
1991 y 2001 la deuda externa se incrementó en 78.905 millones de dólares y las
trasferencias de capital al exterior por parte de los residentes locales
alcanzó a 82.869 millones de dólares. La fuga de
capitales al exterior de este período fue la más relevante de toda la Balanza
de Pagos (72,8 miles de millones de dólares entre 1992 y 2001) e, incluso un
31% más elevada que el monto de los recursos totales transferidos a los
acreedores externos por el sector públicos y el sector privados en concepto de
los intereses devengados por el endeudamiento externo (72,8 versus 55,7
millones de dólares).
La
deuda externa estatal fue la más importante pero la de menor dinamismo, ya que
la generada por el sector privado fue la de mayor expansión relativa. La deuda
pública en 1992 representaba el 85%, mientras la que la privada solo el 15%, al
final del período la deuda pública seguía siendo la mayor pero su porcentaje en
el total había disminuido al 59%, mientras que la privada escalo al 41%. Así entre 1991 y 2001 la deuda externa privada se
multiplicó por siete en la Argentina y alcanzó los 61.338 millones de dólares.
Se trató de un proceso en el que el endeudamiento externo público, al
proponerse sostener la Convertibilidad y el equilibrio del sector externo,
quedó supeditado a la lógica impuesta por el endeudamiento del sector privado
que estaba, mayormente, en función de la obtención de renta financiera que
finalmente se transfería al exterior. Esta relación se confirma al observar que
los flujos de endeudamiento público y privado describieron una trayectoria
inversa en la década del noventa: en los años de vigorosa expansión económica
(1991-1994, 1997-1998) el endeudamiento privado aventajó cómodamente a la
contratación de deuda pública, mientras que en las fases de crisis o recesión
económica (1995 y 1999-2001) el volumen de endeudamiento estatal llevó la
delantera, consolidando gradualmente su papel como proveedor neto de moneda
extranjera.
La
deuda externa estatal, impulsada por la eliminación de sus fuentes genuinas de
ingresos, cumplió la función de proveer las divisas necesarias para que la fracción
dominante local pudiera culminar el ciclo de concentración y centralización de
las ganancias, marcadas por la fuga de capitales al exterior e incremento de la
extracción de valor a la clase trabajadora.
Para
poder comprender mejor el peso que tiene la deuda externa en la economía de
nuestro país en esta época, utilizamos dos indicadores: el porcentaje de las
exportaciones que comprometen al pago de intereses y la parte del presupuesto
nacional que debe asignarse a esos mismos fines.
Así
en el 2001, según datos brindados por Jorge Schvarzer, lo que se pago en
intereses por la deuda externa argentina era el 38,15% de las exportaciones, lo
que significa la proporción más alta de América Latina. Lo que se pago en
intereses en dicho año, representó el 21,7% del presupuesto.
Al
final del período el continuo endeudamiento en pos del beneficio de los grandes
grupos económicos locales internacionales y la falta de ingresos genuinos
(motivado en gran parte por las privatizaciones de las empresas estatales) hizo
insostenible la economía del país. Los “remedios” ensayados en ese año para
continuar con el régimen de la Convertibilidad solo incrementaron la recesión
económica y el malestar social que estallo en diciembre del 2001.
En
el 2002 el PBI por habitante era menor al 12% al de 1976, la desocupación trepó
desmedidamente al 21,6%, 19 millones de personas se encontraban por debajo de
la línea de pobreza, entre ellas 9 millones en la indigencia.
La pobreza y la desocupación aumentaron la marginación social, que se manifestó
en el aumento de la mortalidad infantil y la reaparición de enfermedades
infecciosas, el incremento de los índices de deserción escolar y la expansión
de actividades socialmente perversa como el tráfico de drogas y la
prostitución. De esta forma, mientras el poder se concentró en los sectores
favorecidos que lograron el control del dinero, una parte decisiva de la
población perdió capacidad de representación política y social. Estás son las
secuelas que nos dejó el pago de tan sólo los intereses de una deuda contraída
ilegítimamente.
Conclusiones para trabajar en clase
Este
material permite el acercamiento al estudio de la perspectiva económica en la
historia reciente de nuestro país, a través de este ejemplo claro y de fácil
compresión que es el proceso de endeudamiento que se llevó a cabo en nuestro
país en las últimas décadas del siglo XX. Uno de sus principales objetivos es
analizar la relación directa entre pasado y presente y brindar la posibilidad
de construir estructuras de pensamiento crítico en los estudiantes. Al mismo
tiempo, otro de los objetivos es lograr la incorporación de un leguaje
económico cotidiano y la comprensión de conceptos clásicos de la Economía Política.
Para ello, proponemos trabajar con notas periodísticas recientes que aborden la
problemática y aporten nuevos datos a la investigación, acompañadas con la
lectura de bibliografía sobre el tema.
Planteamos
repensar la injerencia de dicho proceso en la actualidad formulando
determinadas preguntas y consignas. Por ejemplo: ¿Qué rol cumplieron y cumplen
los organismos internaciones económicos y financieros? ¿En qué nos perjudica
hoy el pago de la deuda externa? ¿Qué otros destinos podrían tener esos fondos?
¿Qué importancia tendría reconocer como ilegítima a la deuda externa argentina?
Este caso puede servirnos como modelo para pensar otros procesos que tienen
relevancia en momentos históricos posteriores e, incluso, en la actualidad.
Entonces, nuestra propuesta es generar debates en las clases donde los
participantes sean capaces de visualizar diferentes problemas históricos y su
relación con el presente.
Dicho
material además aporta algunos disparadores para trabajar ejes conceptuales más
amplios como la dependencia económica, la globalización y el imperialismo. Esto
nos permitirá avanzar sobre otras dimensiones explicativas, llevadas a un plano
más teórico, sin dejar de considerar la realidad económica y social de nuestro
país.
Bibliografía
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BASUALDO, E.; NAHON C. y NOCHTEFF H., “La deuda externa privada en la
argentina 1991-2005. Trayectoria, naturaleza y protagonistas”, EN: Desarrollo
económico. Bs. As.. Julio-septiembre 2007. Vol. 47. N° 186. pp. 193-224.
BIANCO J.; HALLIBURTON, E. y VILLALBA A.: “Deuda externa privada: el
destino de una investigación”. EN: Realidad Económica. IADE. Bs. As..
1989. N° 87. pp. 72-112.
CAFIERO, Mario: Con respecto al canje de una deuda externa ilegal,
nula y odiosa. Carta abierta al Presidente Néstor Kirchner del Diputado
Nacional Mario Cafiero, en www.argenpress.info. Marzo de 2005.
CALCAGNO, Alfredo y CALCAGNO, Eric: La nueva deuda externa explicada
a todos. Catálogos. Bs. As.. 2006.
KATZ Claudio, CIGLIANI Guillermo,
CASTILLO José, MARCHINI Jorge, LUCITA Eduardo y TESZKIEWICZ Alberto: Los
banqueros festejan. El país se endeuda ¿Se ha vuelto progresista pagar la
deuda? Consideraciones sobre el canje y sus implicaciones,
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104043, Abril de 2010
SCHVARZER,
Jorge: Convertibilidad y deuda externa. Eudeba. Bs. As.. 2002.
SCHVARZER,
Jorge: “El quiebre del modelo cerrado en los setenta. Apertura, especulación y
deuda”, EN: Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina
entre 1975 y el 2000. A-Z Editora. Bs. As., 1998.
OLMOS, Alejandro: Todo lo que quiso Ud. saber sobre la deuda externa
y siempre le ocultaron. Peña Lillo - Continente. Bs. As.. 2006.
OLMOS GAONA, Alejandro: La deuda odiosa. El valor de una doctrina
jurídica como instrumento de solución política. Peña Lillo - Continente.
Bs. As.. 2005.
RESUMEN
Pasado y presente de una deuda externa ilegítima y
fraudulenta
En
los años 1970, el sistema de endeudamiento externo sufrió varios cambios, que
se debieron no sólo a las transformaciones producidas en el contexto
internacional, sino también al modo de contraer deuda y al uso que se hizo de
ella en Argentina bajo una dictadura militar. Una de las características que se
modificó es que junto al endeudamiento del sector público surgió un extraordinario
endeudamiento del sector privado, que con el correr del tiempo se transfirió a
la deuda pública mediante diferente mecanismo de dudosa legitimidad. En las
décadas del 80 y 90, este sistema de endeudamiento se continúo e intensifico.
Así, la deuda pública se incremento considerablemente hasta llegar a un monto
descomunal, inaugurando la práctica de continuas renegociaciones y el pago
exclusivo de intereses, que generó consecuencias drásticas para la población.
Palabras clave:
deuda externa - sector público - sector privado - fuga de capitales – intereses
ABSTRACT
Past and
present of an illegitimate and fraudulent external debt
In the seventies, external borrowing system underwent several changes, which were due not only to the transformations in the international context, but the ways of contracting debt and the use made of it in Argentina under a military dictatorship. One feature that was changed is that with public sector borrowing came an extraordinary private-sector debt, which over time was transferred to the public debt through a different mechanism of dubious legitimacy. In the decades of 80 and 90, this system is continued and intensified debt. Thus, public debt increased sharply to reach a huge amount, inaugurating the practice of continual renegotiations and exclusive of interest payments, which resulted in drastic consequences for the population.
Key words: external debt -
public sector - private sector - capital flight - interest
Recibido: 01/03/2011
Aprobado: 18/07/2011
Versión final: 01/08/2011
Notas
(*)Profesores de Enseñanza Media y Superior en Historia,
Adscriptos a la cátedra de Teoría Económica de la carrera de Historia,
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.
En
1881, el Dr. Pedro Agote presentó un documento sobre las finanzas donde llegó a
la conclusión de que no existía constancia en los archivos del estado de que
las letras recibidas por el gobierno hubieran sido pagadas alguna vez. Ver:
OLMOS GAONA, Alejandro: La deuda odiosa. El valor de una doctrina jurídica
como instrumento de solución política. Peña Lillo - Continente. Bs. As..
2005.
Los
Acuerdos de Bretton Woods[] son
las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones
Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, entre el 1 y el 22 de julio de 1944,
donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras
entre los países más industrializados del mundo. En él se decidió la creación
del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional y el uso del dólar como moneda
internacional.
CALCAGNO,
Alfredo y CALCAGNO, Eric: La nueva deuda externa explicada a todos.
Catálogos. Bs. As.. 2006.
SCHVARZER,
Jorge: “El quiebre del modelo cerrado en los setenta. Apertura, especulación y
deuda”, Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre
1975 y el 2000. A-Z Editora. Bs. As.. p. 68.
Los
seguros de cambio son compromisos contraídos por el Banco Central con el sector
privado que cubren préstamos financieros en moneda extranjera. Es decir, el
Banco Central le asegura a los privados las divisas que necesitan para la
cancelación de créditos financieros del exterior a un tipo de cambio
predeterminado. La empresa que contrata un seguro de cambio abona una prima. El
nivel de los subsidios otorgados mediante este mecanismo dependía de la
diferencia entre la evolución del tipo de cambio y la prima del seguro.
Ver BASUALDO, E.:
“Instauración de un nuevo régimen de acumulación de capital a partir de la
dictadura militar (1976-1983)”, punto 3.6.4: “La estatización de la deuda
externa privada”, en Estudios… op. cit.
Aquí
debemos hacer un paréntesis para relatar un hecho que no deja de ser curioso
pero que, al mismo tiempo, es ilustrativo de cómo el manejo de la deuda externa
se hizo completamente a espaldas del pueblo. El 7 de abril de 1982, cinco días
después del desembarco argentino en las Islas Malvinas, un norteamericano otorgó,
en Bs. As., un poder de la sociedad anónima inglesa Barclays Bank Limited a
favor de los mismos socios del Estudio de Guillermo Klein, íntimo colaborador
de Martínez de Hoz que conducía, al mismo tiempo, a la Secretaría de Estado de
Coordinación y Programación Económica y a su propio estudio profesional, el
cual operaba como asesor y representante de la banca internacional en la
contratación de préstamos para las empresas públicas. Ese banco inglés es uno
de los acreedores más importantes en la deuda externa de las empresas públicas
argentinas, en operaciones concertadas con la intervención del estudio de
Klein. Por lo tanto, este personaje “primero operó endeudando a empresas del
Estado, y después se hizo conferir un poder del acreedor inglés para accionar
contra esas mismas empresas”. Ver: OLMOS Alejandro: Todo lo que quiso Ud.
saber sobre la deuda externa y siempre le ocultaron. Peña Lillo -
Continente. Bs. As. 2006. p. 128.
Sobre
un total de 43.006 millones de dólares, la deuda efectivamente investigada
alcanzó nada más que a 5.080 millones de dólares, es decir, el 11,8% del total
de los compromisos externos del país Ver: BIANCO J. HALLIBURTON, E.; y VILLALBA
A.: “Deuda externa privada: el destino de una investigación”. EN: Realidad
Económica. IADE. Bs. As.. 1989. N° 87. p. 75.
La
inversión estatal cayó del 10% del PBI a comienzos de la década de 1980 a sólo
el 2% a mediados de la década del ´90, una parte de esta caída se explica por
las privatizaciones llevadas a cabo en ese período. Ver: SCHVARZER, J.: Convertibilidad…
op. cit. p. 22.
Según
Basualdo es un sector de la oligarquía local que diversificó sus intereses en
la industria, el agro y otras actividades y que constituye el sector más
estable y tradicional del establishment económico desde la conformación
del Estado liberal a fines del siglo XIX.
Cabe
mencionar que las negociaciones se realizaron en el exterior a espaldas del
Congreso Nacional por el propio Cavallo. En ellas, se pactó la jurisdicción de
los tribunales de Nueva York, Londres y Frankfurt; se acordaron intereses sobre
intereses, violando las disposiciones de nuestro derecho interno, del Derecho
Internacional Público y de principios generales del derecho; se constituyó
domicilio legal en las sedes del Banco de la Nación en Londres y Nueva York y
se establecieron domicilios alternativos en las sedes de instituciones
financieras del exterior; el Estado se hizo cargo de la totalidad de los gastos
de la operatoria; y, lo que es peor, se estableció que si algunas disposiciones
contenidas en los contratos fueron nulas, ilegales o no ejecutables, dicha nulidad,
ilegalidad o no ejecutabilidad no invalidaría, ni harían ilegal ni no
ejecutable los términos de éstos y se estableció que ni los agentes de cierre y
pagaré, ni sus funcionarios o empleados serían responsables por incumplimiento,
negligencia o mala conducta, es decir, el Estado renunció a cualquier
disposición legal.
No
obstante, hay que aclarar que la frontera entre los bancos comerciales y los
nuevos acreedores no es nítida, porque los bancos pasan a ser los administradores
de los bonos de los nuevos acreedores