La exclusión del sindicalismo comunista en la normalización de la Confederación General del Trabajo (1960-1963)

 

 

Ezequiel Patricio Murmis^(*)

 

 

Resumen

 

La normalización de la CGT, intervenida en 1955 por la “Revolución Libertadora”, comenzó a perfilarse a fines de 1960 y se consumó en enero de 1963. La entrega del organismo a una Comisión Provisoria en marzo de 1961 estuvo digitada por el gobierno de Arturo Frondizi, que impuso como condición que la misma se constituyera al margen de intereses extra-gremiales, excluyendo al sindicalismo comunista de los órganos de representación. En este trabajo se analizará el derrotero y los posicionamientos del agrupamiento sindical dirigido por el Partido Comunista, el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, en un recorrido que se iniciará tomando como punto de partida la disolución del Movimiento Obrero Unificado a mediados de 1960, pasando por el estudio de la actuación de la Comisión Provisoria de la CGT durante los años 1961 y 1962, hasta llegar al proceso de normalización de la central en 1963.

 

Palabras clave: Partido Comunista; Movimiento obrero; CGT; Anticomunismo; Peronismo.

 

 

 

The exclusion of communist trade unionism in the normalization of the General Confederation of Labor (1960-1963)

 

Abstract

 

The normalization of the General Confederation of Labor began to take shape at the end of 1960 and was completed in January 1963. The handover of the organization to a Provisional Commission in March 1961 was fined by the Arturo Frondizi’s government, which imposed as a condition that it be constituted outside of political interests, excluding communist unionism from representative positions. This article analyses the course and positions of the trade union group led by the Communist Party, the “Movement for Trade Union Unity and Coordination”. The starting point of the study is the dissolution of the “Unified Labor Movement” in mid-1960, going through the study of the Provisional Commission of the General Confederation of Labor during 1961 and 1962, until reaching the normalization process of the workers organization in 1963.

 

Keywords: Communist Party; Labor movement; CGT; Anti-communism; Peronism.

 

La exclusión del sindicalismo comunista en la normalización de la Confederación General del Trabajo (1960-1963) [1]

 

Introducción

 

El presente artículo se propone reconstruir el proceso de normalización de la Confederación General del Trabajo (CGT) en los años ’60 en la Argentina, desde la óptica de la exclusión de uno de los sectores del movimiento obrero organizado: el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS), la organización sindical del Partido Comunista (PC). En función de ello, el mismo se construye en base a distintos pilares, en tanto puede ser inscripto en un estudio sobre el movimiento obrero, un estudio sobre la izquierda en general y el comunismo en particular y, en simultáneo, un estudio sobre la represión en la segunda mitad del siglo XX.

El punto de partida de esta investigación se encuentra en el interés por indagar un aspecto escasamente abordado en la historiografía, así como por el carácter explícito de la separación del comunismo de la central obrera. Remitiéndonos a los hechos, tras su intervención en 1955 por la dictadura comandada por Pedro E. Aramburu, la normalización de la CGT comenzó a perfilarse a fines de 1960 y se consumó en enero de 1963 en un congreso que designó como máximo dirigente al titular de la Federación del Vestido, José Alonso. La entrega del organismo a una Comisión Provisoria (CP) estuvo digitada por el gobierno radical intransigente de Arturo Frondizi (1958-1962), que impuso como condición que la misma se constituyera “al margen de intereses extragremiales” (Senén González, 1971, p. 31), sellando un acuerdo con la nueva dirección sindical basado en la separación del sindicalismo comunista de los órganos de representación de la CGT. La pregunta que surge es pues, ¿por qué el gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) intervino en los asuntos del movimiento obrero y cómo podemos interpretar dicha exigencia?

Para abordar el análisis en términos generales, la hipótesis sugiere que la combinación de la política económica esbozada durante el frondizismo y la apropiación de una nueva doctrina en las Fuerzas Armadas (FFAA) identificó al comunismo como el principal enemigo del orden que se pretendía construir. La orientación económica y política del gobierno se basó en la búsqueda de sustitución de trabajo por capital en la producción industrial para liberar al país del subdesarrollo mediante una transformación técnica, teniendo como principal objetivo la racionalización de las tareas y el aumento de la productividad. Esta orientación configuró el llamado “desarrollismo” a partir del recurso al financiamiento externo – especialmente del Fondo Monetario Internacional (FMI) – y a la libre empresa, a través de un plan económico de estabilización que requería neutralizar a los sectores del movimiento obrero que venían protagonizando la Resistencia desde el golpe de Estado de 1955 (Peralta Ramos, 1978; Salas, 1990; James, 1990/2010; Schneider, 2005). En paralelo, las FFAA fueron sujeto activo del proceso de recepción, circulación y apropiación de la Doctrina de Guerra Revolucionaria (DGR) entre 1957 y 1962, basada en la hipótesis de conflicto entre los bloques durante la Guerra Fría. La singularidad de este principio en los países capitalistas era el pasaje de la guerra moderna entre Estados Nacionales a una guerra contra la figura del “enemigo interno”, entendido como un elemento de la guerra revolucionaria desplegada por el comunismo en todas las esferas de la vida nacional. Desde esa óptica, el objetivo del enemigo era la subversión del orden para instaurar un régimen alineado con el bloque comunista, razón por la cual se habilitó a las FFAA a realizar acciones de represión interna en clave antisubversiva (Summo y Pontoriero, 2012). En base a estas orientaciones, el gobierno desplegó una política que combinó la integración de sectores trabajadores en la nueva política a través de una serie de acuerdos[2] y la represión a los elementos considerados subversivos o terroristas, entre los que se encontraban principalmente la militancia comunista y sectores combativos del peronismo.[3]

Teniendo en cuenta estos lineamientos, el trabajo pretende establecer una relación entre la política represiva/anticomunista y las características que asumió el proceso de normalización de la CGT, interpretando la exclusión del comunismo de los órganos directivos de la central obrera como la materialización del programa del gobierno en el terreno sindical. Para llevar a cabo la pesquisa, nos centraremos en el estudio del derrotero y los posicionamientos del PC y su agrupamiento sindical -el MUCS- durante este período que se extendió desde 1960 a 1963, recurriendo a diversas fuentes partidarias como el semanario Nuestra Palabra (NP); la revista mensual Nueva Era (NE); volantes y comunicados del MUCS y el PC; así como documentos del núcleo sindical del peronismo, las 62 Organizaciones. Se trata de un conjunto de fuentes recabadas en los archivos del PC, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional de la Memoria, el Archivo del Sindicalismo Argentino “Senén González” (ASASG - UTDT) y el Archivo de Historia del Movimiento Obrero de la Universidad Torcuato Di Tella (AMO – UTDT).

 

El fracaso del Movimiento Obrero Unificado, 1959-1960

 

A lo largo de los años en los que la CGT estuvo intervenida, tanto durante el gobierno dictatorial de Aramburu como en el de Frondizi, el sindicalismo peronista y el comunista llevaron a cabo diversas experiencias de acción conjunta: en 1957 lo hicieron en la Comisión Intersindical, luego en los inicios de las 62 Organizaciones hasta mediados de 1958 y, finalmente, en el llamado Movimiento Obrero Unificado (MOU) entre 1959 y 1960 (Murmis, 2018 y 2021). El proceso de disolución de este último entroncó con la formación de la Comisión Provisoria de la CGT, creada a fines de 1960 y formalizada por decreto gubernamental en marzo de 1961.

El MOU nació en agosto de 1959 producto del acuerdo entre el MUCS, las 62 Organizaciones y sindicatos independientes, tras atravesar una serie de derrotas que pusieron en el centro de la escena la debilidad de un movimiento obrero dividido. Un conjunto de factores posibilitaron este encuentro: en primer lugar, el pico de jornadas laborales perdidas alcanzado en 1959 a pesar de la baja de la cantidad de huelgas es un indicador tanto de la combatividad obrera como de la intransigencia del gobierno y de los sectores del capital para acceder a las demandas (James, 1990/2010; Schneider, 2005); a su vez, la tregua otorgada al gobierno radical por parte de “las 62” durante 1958 se quebró, lo cual se expresó en el cambio de su mesa directiva que pasó a estar integrada por delegados del interior y sindicatos pequeños ligados a posiciones “duras” tras la toma del Frigorífico “Lisandro de la Torre” en 1959 (James, 1990/2010, p. 163; Salas, 1990); en tercer lugar, en las elecciones sindicales de 1958-1959, la joven camada peronista derrotó en varios sindicatos a los antiguos jerarcas (Senén González, 1971) así como una veintena de organizaciones ratificaron la existencia del MUCS como un polo ineludible en el movimiento obrero (Zorrilla, 1974; Murmis, 2020); finalmente, a la proscripción del peronismo se añadió la ilegalización del PC en abril de 1959, situación que los emparentó al encontrarse marginados en la arena política legal.[4]

Durante su breve existencia, el MOU estuvo presente en los conflictos llevados a cabo por la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación Obrera Textil a mediados de año en contra de la racionalización productiva y por aumentos salariales, los cuales finalizaron con acuerdos poco beneficiosos para la parte obrera y con un masivo paro de 48hs convocado por el MOU para los días 23 y 24 de septiembre. En ese marco, el gobierno asestó un duro golpe al sindicalismo con razzias policiales que llevaron detenidas a un centenar de militantes político-sindicales.[5] A la par, el gobierno presentó una causa en la justicia para el desconocimiento de la personería del PC y para su disolución, en la que se lo acusaba de gestar un plan de perturbación mediante el terrorismo y el sabotaje.[6] Tras esta lucha, el MOU realizó su primer y único plenario en noviembre en el que lanzaron una campaña por la liberación de presos político-gremiales que contó con la formación de una Comisión Jurídica para atender a los detenidos, la realización de tres jornadas de solidaridad con los presos el 19, 20 y 21 de noviembre y de un acto en Plaza Once el 15 de diciembre.[7]

El otro eje que estructuró la actividad del MOU fue la campaña por el voto en blanco en las elecciones legislativas del 27 de marzo de 1960, con la que tomó forma el semanario Soluciones como vocero del MOU (Tortti, 2012). No obstante, esta campaña no nació producto de un acuerdo al interior del agrupamiento sino que fue resuelto por el Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo y posteriormente aprobado por las 62 Organizaciones en su plenario realizado a fines de año en Rosario.[8] Frente a esto, desde el PC y el MUCS consideraron que las resoluciones adoptadas por “las 62” modificaban las acordadas previamente en el plenario del MOU en tanto se abandonaba la orientación tendiente a lograr el levantamiento de las proscripciones mediante la movilización de las masas. Sin embargo, como sostuvo uno de los principales dirigentes sindicales comunistas, “no quedaba otro camino” (Marischi, 1960, p. 21), razón por la cual el PC hizo su llamado a organizar el voto en blanco en febrero de 1960.[9]

Finalmente, a pesar de las discrepancias en el MOU, las detenciones y persecuciones, las proscripciones, el estado de sitio y la ejecución pública del Plan Conintes (Chiarini y Portugheis, 2014), el voto en blanco ocupó el primer lugar con un 25% de los sufragios, relegando al segundo lugar a la UCR del Pueblo (UCRP) y al tercer lugar a la UCRI de Frondizi, que obtuvo un 20%.[10] Ahora bien, pasadas las elecciones “las 62” realizaron un plenario nacional en el que se afirmó:

 

El MOU representa un momento de nuestra vida gremial y el mismo llenó las necesidades en su oportunidad. […] Si bien la conformación de la dirección del MOU pudo aceptarse oportunamente, hoy ya es totalmente inoperante y carece de posibilidades de continuación.[11]

 

Esto puede interpretarse en función de la disputa que venía acarreando el sindicalismo peronista entre sectores “duros” y “blandos”, es decir, entre “intransigentes” e “integracionistas” (James, 1990/2010; Schneider, 2005; Salas, 1990). Los “duros” habían ganado la dirección de la Mesa de las 62 Organizaciones tras el conflicto del Frigorífico “Lisandro de la Torre” luego de romperse el acuerdo del sindicalismo peronista integracionista con el gobierno. Con el desplazamiento de los llamados “elefantes blancos” –que sufrieron la intervención estatal y numerosas detenciones– en el plenario de febrero 1959 se formó la denominada “mesita”, integrada por dirigentes de molineros, vidrio, aguas y gaseosas, caucho, fideeros, telefónicos, aceiteros y tres regionales de la CGT (San Martin, Chaco y Santiago del Estero). Ese conflicto al interior de “las 62” marcó la debilidad de “la mesita”, que buscó fortalecerse estableciendo los acuerdos con comunistas e independientes en el MOU. Sin embargo, en el plenario de diciembre en Rosario, los “elefantes blancos” estuvieron presentes con el metalúrgico Augusto Vandor a la cabeza y negociaron –a pesar de aceptar los llamados de la “mesita” para organizar el voto en blanco y poner en pie la resistencia civil– la formación de una Mesa de las 62 Organizaciones integrada por “duros” y “blandos”, cuestión que se formalizó en el plenario de mayo 1960. De este modo, la recomposición de “las 62” significó el fin del MOU (Gazzera y Ceresole, 1970).

El caso para el sindicalismo comunista era totalmente diferente. Mientras “las 62” entendían el acuerdo como parte de una táctica coyuntural, la alianza en el MOU fue encarada con fuertes expectativas en el PC y el MUCS en tanto calaba con el programa y la estrategia partidaria. ¿En qué sentido? El PC caracterizó en el VIIIº Congreso partidario de 1928 la estructura socioeconómica argentina como un capitalismo deformado por la dependencia con el imperialismo, el latifundio y los resabios semifeudales, cuya superación podría lograrse mediante una revolución democrático-burguesa, agraria y antiimperialista. Ese planteo tomó una nueva forma con la adopción del frente popular en 1935, una línea que persistió en las décadas siguientes con adecuaciones coyunturales (Camarero, 2014). A partir de 1955, el PC insistió en la necesidad de conformar un Frente Democrático Nacional (FDN) antioligárquico, antiimperialista y pro paz con sectores democráticos y progresistas del país, para la formación de un Gobierno de coalición democrática. En función de esto, la experiencia de la lucha de 1959 que logró reunir a comunistas y peronistas en el MOU pareció ser el camino para conformar un comando único rector de la clase obrera que le permitiera conquistar sus demandas, lo cual dio un salto tras las elecciones de 1960, cuando el PC consideró que los resultados demostraban que la clase obrera estaba en condiciones de conquistar la hegemonía del mentado FDN mediante “la unidad de acción comunista-peronista”.[12] En ese esquema, dicha unidad sería la base para el establecimiento de un gobierno de coalición democrática que lleve a cabo las tareas pendientes de la revolución democrático-burguesa, agraria y antiimperialista, como paso previo al socialismo.[13]

 

La formación de la Comisión Provisoria de la CGT

 

Finalizada la experiencia del MOU, los distintos sectores del movimiento obrero pusieron en marcha el proceso de recuperación de la CGT, poniendo en el centro de las deliberaciones la cuestión de la “dirección única”, que culminó con la conformación de la Comisión de los 20 o Comisión Provisoria (CP) de la CGT.[14] La definición acerca de la dirección unificada se alcanzó en el plenario de organizaciones realizado el 11 de octubre en la sede de Municipales, cuando se resolvió que las 62 Organizaciones y el sector de independientes designaran diez representantes cada uno para integrarla, sellando así la exclusión de representantes de organizaciones adheridas al MUCS.[15]

Las 62 Organizaciones venían debatiendo desde su plenario de mayo 1960 acerca de la necesidad de establecer una dirección única, sustentando sus posiciones en el balance negativo de la actuación del MOU. Según su perspectiva, el problema en la dirección conjunta del MOU radicaba en que el desacuerdo de una de las partes impedía que los planteos prosperaran, acentuando así la división. Por lo tanto, la dirección única sería una forma de establecer una real conducción con autoridad ejecutiva.[16]

En paralelo, en ese año diversas organizaciones provenientes de distintos espacios realizaron sus respectivos congresos en los que prestaron atención al problema de la unidad sindical y encomendaron a sus dirigentes a iniciar gestiones para promoverla: era el caso de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta encabezada por el histórico Sebastián Marotta,[17] la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, la Confederación de Empleados de Comercio y la Federación del Papel Cartón y Afines, que pasaron a integrar el heterogéneo espacio de “independientes” junto a otros gremios como La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor y la Unión de Obreros y Empleados Municipales (Senén González, 1971; Audi y Cardoso, 1981).

Por su parte, el MUCS elaboró una propuesta sobre la cuestión de la dirección única en el plenario nacional de junio de 1960 que constaba de cinco puntos: entendían que la misma podía sellarse estableciendo las bases de un programa nacional de lucha de la clase obrera; constituyendo una dirección única sin discriminaciones, con representación proporcional y respetando la democracia sindical; reconociendo las direcciones de las organizaciones intervenidas; resguardando la libertad de ideas; atendiendo a la realización de un plan de acción inmediato en la lucha por mejoras salariales, conquista de nuevos convenios, liberación de presos y levantamiento de medidas represivas e intervenciones sindicales.[18]

Cuando se estableció la creación de la CP, la prensa comunista disparó contra estos “cónclaves de dirigentes alejados de las masas”, calificando a sus participantes como “amarillos” en el caso de los sindicalistas libres y “frigeristas”[19] e “integracionistas” a los peronistas del ala “blanda”. Allí se consideró que el acuerdo era una “conspiración antiunitaria” que se fundamentaba en la ausencia de combatividad y en el interés por excluir a las masas y al comunismo en las deliberaciones.[20]

En medio de este proceso de unificación/exclusión, el veto del Poder Ejecutivo a las reformas de la ley de despidos 11.729 suscitó una de las mayores demostraciones de fuerza del movimiento obrero en esos años. El paro nacional del 7 de noviembre –que se destacó por el carácter unitario[21]– conducido por la novel CP fue un elemento central para la negociación de la entrega de la CGT. A los pocos días de realizada entró en funciones el Grupo de los 8, una comisión compuesta por cuatro integrantes de cada agrupamiento (“62” e independientes) para oficiar de interlocutora con el gobierno, que cambió de Ministro de Trabajo en diciembre con la asunción de Guillermo Acuña Anzorena y aceleró la normalización tras el encuentro de las partes el 6 de diciembre (Senén González, 1971; Rodríguez Lamas, 1984). Finalmente, la normalización de la CGT fue anunciada por el gobierno a principios de 1961 a través del reconocimiento de la personería de la CP para hacerse cargo de la misma, lo cual se efectivizó a mediados de marzo con la conformación de una nueva Secretaría General integrada por Andrés Framini, Juan Loholaberry, Augusto Vandor, Rosendo García (en representación de “las 62”) y Arturo Stafolani, Enrique Coronel, Riego Ribas y Antonio Mucci (en representación del sector independiente).[22] El acuerdo suscripto por el gobierno y la CP indicaba que la nueva dirección se haría cargo de modo provisorio de la CGT con el compromiso de normalizarla antes del 31 de diciembre de 1961, lapso durante el cual debía fijar los objetivos de la central y realizar un congreso para modificar los estatutos.[23]

Ahora bien, aunque ese acuerdo no logró materializarse hasta 1963, en el proceso de entrega de la CGT uno de los hechos salientes fue la exclusión del sindicalismo comunista. El anuncio oficial era de por sí elocuente: se reconocía la legitimidad de la Comisión “no sólo por la representatividad de las distintas entidades que la integran, sino también, por haberse constituido al margen de intereses extragremiales, en cuanto participan de la misma dirigentes obreros de las más distintas ideologías”. En sintonía con esta afirmación, el documento alojaba una advertencia: “el gobierno tiene la certeza de que esta etapa […] será conducida con criterio gremial y no usada como objetivo político, pues los objetivos políticos actúan en menoscabo de los intereses gremiales en su conjunto”.[24] Este interés por despolitizar la actividad sindical parecía estar dirigido a los sectores más combativos del mapa gremial, es decir, al ala dura del sindicalismo peronista y al sindicalismo comunista. No obstante, como los “duros” se encontraban bajo el control de la dirigencia de “las 62” propensa a la negociación, la exclusión se centró sobre las organizaciones conducidas por el comunismo. Al respecto, las declaraciones del dirigente mercantil Armando March dieron cuenta de la exigencia gubernamental:

 

La exclusión de los comunistas fue producto de una exigencia oficial. Esa condición nos fue comunicada a través de las 62 Organizaciones en una o más de las reuniones de la Comisión de los 20 y del Grupo de los 8. Vandor y otros fueron claros sobre este punto: no pueden venir (los independientes) a la CGT con los comunistas. … Se trató –simplemente– de que al elegir a los hombres que, en nuestra representación, asumirían la conducción provisional de la CGT marginamos a los dirigentes que políticamente respondían al Partido Comunista (Audi, 1981, p. 73).

 

Por su parte, el informe de la Asamblea Nacional del MUCS recogió las palabras del delegado del transporte Manuel Carullas, quien sostuvo que “si un solo representante del MUCS estuviera en esta Comisión, el Gobierno no nos entregaría la CGT”.[25]

 

Los primeros pasos de la Comisión Provisoria

 

La creación de la CP significó la consolidación de una camada de dirigentes que estructuró la política de convivencia con el gobierno. Las promesas de restablecimiento de la CGT por parte del gobierno encontraron un interlocutor en la nueva cúpula –que en los hechos estaba dirigida por Vandor y el gráfico Riego Ribas del sector independiente (Senén González y Bosoer, 2009) –, que actuó en base a los postulados conocidos como presión y negociación. Sin embargo, el proceso no fue simple: la construcción de esta relación con los factores de poder estaba también atravesada por las tensiones al interior del movimiento obrero, las cuales se expresaban en la CP tanto entre peronistas “duros” y “blandos” como entre peronistas e independientes (Senén González, 1971; James, 1990/2010; Schneider, 2005). En simultáneo, el sector del MUCS buscaba reubicarse en el mapa sindical con la exclusión sufrida.

Desde el PC y el MUCS consideraban que la CP mantuvo una posición discriminatoria no solo con el comunismo sino que dio sus primeros pasos negociando con los factores de poder manteniendo al margen de las deliberaciones a la clase obrera.[26] Este procedimiento calificado como antidemocrático era visto como contradictorio con las políticas de unidad elaboradas en los meses previos en el arco sindical, lo cual impulsaba al sector comunista a dirigir sus esfuerzos por denunciar la “falsa recuperación” de la central controlada por el gobierno y presionar por la definitiva normalización sin exclusiones. La evaluación que hacían de los sectores que componían la CP era de por sí elocuente en la prensa comunista. Allí afirmaban que

 

la coincidencia claudicante de las “10” y las “62” … no las salva, sin embargo, de una interesada pugna por la hegemonía en la dirección de la CGT. Su desacuerdo en torno a los métodos de votación y otros detalles estatutarios, reside en que ambos núcleos quieren tener la mayoría de la dirección cegetista. No les interesan los principios, ni los programas, ni, por consiguiente, la lucha de los trabajadores por su bienestar.[27]

 

Este tipo de denuncias eran regulares en las distintas publicaciones del partido y el agrupamiento sindical. En el juego de oposiciones, el sector comunista presentaba un esquema que delimitaba dos actitudes frente a la política oficial: la actitud claudicante y entreguista de dirigentes de ambos sectores de la CP y la actitud unitaria y combativa de las direcciones adheridas al MUCS.[28] El tono era especialmente punzante cuando se dirigían a la posición de “las 62” ante el gobierno. El hecho de que éstas se reunieran con el Comandante en Jefe del Ejército y figura principal del Plan Conintes, Carlos Toranzo Montero, fue vista como una “traición incalificable” ya que “se limitó a pedir clemencia para su propio grupo, reclamando gracia para los complicados en el golpe de estado de noviembre, y ofreciendo en cambio su colaboración con el gobierno, sobre todo en la delación y persecución de los comunistas”.[29] No obstante, por encima de estos conflictos intestinos se imponía el desarrollo de las luchas laborales, las cuales tuvieron episodios significativos a lo largo de 1961.

Durante ese año la CP realizó tres huelgas generales: el 18 de julio, el 6 de octubre y el más extenso de 72 hs los días 7, 8 y 9 de noviembre. La carestía de vida, los despidos y suspensiones, la renovación de convenios colectivos, la pelea por los aumentos de productividad y el trabajo incentivado eran las principales causas de la conflictividad laboral, a lo que se sumaban reclamos por el levantamiento del estado de sitio y el plan Conintes. Entre las distintas luchas, ese año estuvo signado por la defensa de los ferrocarriles ante la nueva ofensiva del gobierno: el Plan de Reestructuración Ferroviaria, conocido como el Plan Larkin.[30]

La política desarrollista tuvo un capítulo dedicado a la reducción del déficit en el sistema ferroviario.[31] La propuesta elaborada tras el estudio de las características del mismo se concretó a través del decreto 4.061, que disponía el cierre de ramales improductivos, la privatización de algunos de sus servicios auxiliares, la modificación del régimen laboral, la sujeción de aumentos salariales en función del aumento de las ganancias de la empresa y el despido de aproximadamente 75.000 trabajadores y trabajadoras. A lo largo del año, los dirigentes de la Unión Ferroviaria (UF) y La Fraternidad (LF) buscaron conciliar con el gobierno a través de su participación en la comisión de estudio de la situación junto a representantes directivos, para incidir en los términos de la reestructuración. Las negociaciones atravesaron distintas etapas, entre reuniones, acuerdos, incumplimientos y paros, llegando a un punto de tensión que condujo a los sindicatos a encabezar la histórica huelga de 42 días a fines de año. El gobierno buscó quebrar el movimiento recurriendo a diversas maniobras, desde la intervención de la Policía Federal en la empresa, la división sindical a partir del reconocimiento del sindicato de señaleros, el ofrecimiento de indemnizaciones o jubilaciones para lograr el retiro de huelguistas, hasta el contrato de rompehuelgas, la retención de salarios, represión y numerosas detenciones. Finalmente, la huelga se levantó a través de la mediación entre el gobierno, la CP, las autoridades de ambos sindicatos ferroviarios y la intervención de la Iglesia Católica, en un acuerdo sellado con la sanción del decreto 11.578 que frenó parcialmente la aplicación del Plan Larkin[32] (Schneider, 2005; Sánchez, 2018).

La interrupción del proyecto fue interpretado como un triunfo (Rotondaro, 1971; Senén González, 1971), aunque algunos autores tienden a matizar esa afirmación al analizar la sensación de derrota que permaneció entre la militancia ferroviaria de base (Schneider, 2005; Sánchez, 2018). Ahora bien, estos últimos también sostienen que la huelga mostró un componente de autonomía gremial dada la participación activa de las bases en el conflicto, que tomó en sus manos la elaboración de diversas comisiones para garantizar la continuidad de la medida, así como la difusión de volantes y boletines de huelga, llegando a actuar contrariamente a lo sugerido por las autoridades sindicales, marcando así una diferencia entre la predisposición a la lucha desde abajo y el espíritu negociador de las dirigencias.

Durante el conflicto, en consonancia con la UF y LF, la CP insistió en mantener el diálogo. Tras un primer paro general el 18 de julio, convocado contra la carestía y la ofensiva represiva del gobierno, la CP no acompañó el paro ferroviario del 21 y 22 de agosto, impulsado por la presión de las bases y aceptado por la dirigencia sindical ferroviaria. Desde el MUCS buscaron que coincidieran los paros del riel con una huelga general, mientras estaba en curso otra lucha significativa en el sector de jaboneros. De hecho, la reunión de secretarios generales realizada a principios de ese mes había facultado a la CP para que organizara el paro general, aunque ésta permaneció impasible sin fijar fecha del mismo.[33] Esto evidenció las diferencias existentes en el movimiento sindical, en donde los dirigentes integracionistas –especialmente Vandor y los independientes Francisco Pérez Leirós y Salvador Marcovecchio de municipales y comercio respectivamente– maniobraban sus posturas en función de los probables acuerdos a obtener, tanto con el gobierno como con el movimiento sindical de cara a la normalización definitiva de la central. Así como se suspendió la continuidad de las medidas de lucha tras la incorporación de la UF y LF a las comisiones de estudio sobre la situación de los ferrocarriles, la sucesión de incumplimientos por parte del gobierno y la presión de sectores combativos llevaron a la CP a realizar un paro de 24hs el 6 de octubre y otro de 72hs los días 7, 8 y 9 de noviembre. Este último, resuelto en el plenario de secretarios generales, incluyó el pedido para que las organizaciones sindicales hicieran un aporte para sostener la lucha, la realización de un mitin en Parque Patricios y la formación de una comisión nacional de solidaridad integrada por los distintos partidos políticos (Iscaro, 1973).

El comunismo intervino en esa lucha a partir de la creación de la Comisión Nacional Unitaria Ferroviaria, en la que su militancia actuaba bajo la orientación del MUCS. Desde allí plantearon la necesidad de organizar la lucha por abajo, en los lugares de trabajo, constituyendo comités de huelga y redes zonales para organizar la solidaridad del resto de la clase obrera, desde los cuales se editaban boletines de huelga para clarificar la opinión pública y mantener la moral combativa del gremio. Paralelamente organizaron piquetes, comedores y comités de solidaridad integrados por diversas organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, juveniles y femeninas. Consideraban que, dada la centralidad de los ferrocarriles en la estructura productiva del país y el ataque que sufrió el sector con los planes económicos del gobierno y el FMI, la huelga adquirió un carácter de lucha nacional, patriótica y antiimperialista. El enfrentamiento logró aglutinar a la clase obrera y otros sectores ligados a la liberación nacional en contra del gobierno y las fuerzas de la capitulación y la entrega, generando así la percepción de que se asistía a un cambio cualitativo en las luchas obreras y populares del periodo en dos sentidos: la transformación de la lucha reivindicativa en lucha política y la obtención de una victoria parcial en la defensa del patrimonio nacional, en donde se destacó la acción unitaria.[34]

 

Cambios en la situación nacional: del golpe a la normalización de la CGT

 

Los inicios de 1962 estuvieron signados por la convocatoria del gobierno para renovar representantes en la Cámara de Diputados y elegir autoridades provinciales en marzo de ese año.[35] Los comicios se iniciaron entre diciembre de 1961 y enero de 1962 con triunfos oficialistas en Catamarca, San Luis, Santa Fe y Formosa, lo cual alimentó el optimismo del gobierno. El objetivo buscado en esta instancia era consolidar su poder legítimo luego de años de inestabilidad entre las amenazas militares y conflictos obreros, en un contexto en que la represión y la proscripción eran un límite para concretar la integración. Por esas razones, decidió habilitar la participación del peronismo en las elecciones para enfrentarlo legalmente, lo cual contó con el visto bueno del propio Juan D. Perón aunque éste no pudiera presentarse. De este modo, peronismo y radicalismo midieron fuerzas en las elecciones legislativas y en las elecciones provinciales restantes, que incluía como batalla decisiva la votación en la provincia de Buenos Aires (Smulovitz, 1988).

El levantamiento de la proscripción al peronismo no se hizo extensivo al PC, razón por la cual no pudo presentar sus candidaturas. Teniendo en cuenta esta restricción, los recientes resultados electorales y el programa frentista enarbolado durante años, el partido reivindicó la conjunción de los sectores democráticos y antiimperialistas en un frente unitario para derrotar al gobierno y su plan económico ligado al FMI. Aun insistiendo en que la unidad debería trascender las urnas y fundamentarse en un programa común entre comunistas, peronistas y socialistas de izquierda que represente el carácter de clase de su base social, el mencionado frente no se estructuró como tal y el comunismo optó por volcar su apoyo al partido popular que más posibilidades tenía de alcanzar el triunfo.[36]

Aquel partido era, obviamente, el peronista, que se presentó en las elecciones con diversas denominaciones en los distintos distritos. El PC veía que, especialmente tras la huelga ferroviaria, las relaciones entre peronistas y comunistas se estrecharon por abajo en la lucha común por la defensa de los intereses de la clase obrera y el patrimonio nacional. Por estas razones, decidieron votar por las candidaturas peronistas a diputados nacionales y gobernaciones, sin excluir situaciones particulares en determinadas provincias, reafirmando su independencia política a pesar del apoyo electoral.[37] Tomando el caso de la provincia de Buenos Aires, apoyaron las candidaturas de la Unión Popular en la lista de diputados y a la gobernación, encabezada por el textil Andrés Framini, mientras optaron por el Partido Unidad y Progreso en concejales, intendentes y legisladores provinciales. En paralelo, en las elecciones correspondientes a la Capital Federal, llamaron a votar las candidaturas peronistas para diputado nacional y al Movimiento Popular Argentino (MPA) para concejales. De este modo, el PC combinó el apoyo estratégico al peronismo y el sostenimiento de los diversos acuerdos establecidos a nivel local con distintas organizaciones, aun a pesar del fracaso en el armado del frente que impulsaban.[38]

El peronismo obtuvo un abrumador triunfo a nivel nacional en las legislativas y en la elección de las gobernaciones de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro y Chubut. Esto desató la reacción tanto del gobierno que intervino cinco de las provincias en las que había ganado el peronismo[39] como de las FFAA, que el 29 de marzo resolvieron desalojar a Frondizi, haciéndose cargo del Poder Ejecutivo el presidente provisional del Senado, José María Guido[40] (Potash, 1982).

En los días que transcurrieron entre las elecciones y el golpe de Estado, “las 62” convocaron a un paro general en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas, que contó con la participación del conjunto del sindicalismo peronista, el MUCS y el apoyo de partidos políticos como el PC, el justicialismo, el flamante Partido Socialista Argentino de Vanguardia, Movimiento Popular Argentino y el Movimiento Social Progresista (un desprendimiento por izquierda del Partido Demócrata Progresista), mientras que el sector independiente de la CP se mantuvo al margen del mismo.[41] Aunque la movilización no pudo frenar el golpe y el esperado congreso normalizador se vio postergado, la misma fue interpretada por el PC como un paso más en la construcción de la unidad entre sectores del peronismo, comunismo y socialismo.

En este contexto convulsionado comenzó a producirse el llamado “giro a la izquierda del peronismo”, nombrado así por los principales diarios nacionales tras una serie de acciones encaradas por Perón, Framini y John W. Cooke (Ehrlich, 2020). Atento a las expectativas unitarias propias y a la orientación izquierdista proclamada en el plenario de delegaciones regionales de la CGT en Huerta Grande, el secretario general del PC, Victorio Codovilla, se detuvo a analizar la situación política, económica y social de 1962 a la luz del discurso pronunciado por Framini para la ocasión, en el que expuso una postura combatiente, con un lenguaje unitario y clasista que destacaba el carácter estructural de la crisis del sistema.[42] El informe conocido como El significado del ‘giro a la izquierda’ del peronismo estableció una caracterización del proceso social protagonizado por la clase obrera y los partidos del campo popular, y definió al gobierno como cívico-militar de tipo fascista, débil por su sumisión a los intereses de los monopolios extranjeros y la clase terrateniente e inestable por la creciente combatividad de la clase obrera. En función de ello, diagnosticó que se asistía a una crisis de fondo que afectaba a la estructura económica y a la superestructura del país, lo cual impulsaba a las fuerzas democráticas y obreras a formar un bloque de izquierdas para atravesar la crisis con un objetivo superador: la formación de un movimiento patriótico y popular, un frente democrático que realice la mentada revolución agraria y antiimperialista. Codovilla destacaba que, en este proceso de giro a la izquierda, el movimiento peronista experimentaba una diferenciación entre tres alas: la derecha, ligada a la burguesía que se oponía a la lucha de clases y buscaba la conciliación la oligarquía, los monopolios y el gran capital; el sector ultraizquierdista, representado por dirigentes sindicales de la Resistencia en las 62 Organizaciones como Sebastián Borro (del Frigorífico Lisandro de la Torre), Juan Jonsch (telefónico) y Jorge Di Pasquale (farmacéutico), quienes según Codovilla hablaban de revolución inmediata sin tener en cuenta que aún no existían las condiciones objetivas para ello ni la preparación necesaria para llevarla a cabo; por último, el sector del peronismo obrero encabezado por Framini, al cual se orientó el PC en tanto representaba a la mayoría de la clase obrera peronista y consideraba, como el comunismo, que lo fundamental del momento era la acción de masas para preparar las condiciones favorables para la lucha por el poder. El dirigente comunista advertía como uno de los elementos salientes del proceso la combinación entre la combatividad demostrada por la clase obrera peronista y la elevación de su conciencia política, lo cual llevaría a la confluencia entre ambos sectores en un gran partido unificado de la clase obrera y el pueblo basado en los principios del marxismo-leninismo, que conduzca a la victoria y resuelva los problemas de la revolución agraria antiimperialista con miras al socialismo. Por lo tanto, hacia ese sector dirigieron sus esfuerzos para continuar estrechando lazos, pretendiendo desplazar a los sectores derechistas e integracionistas del movimiento peronista que no eran consecuentes con esta transformación de cantidad en calidad respecto de la combatividad y conciencia desarrollada por abajo entre las masas. La creciente diferenciación entre las alas del peronismo, fundamentalmente entre la izquierda y la derecha, significó un estímulo para el partido, que veía confirmarse en la práctica su línea política unitaria y se esperanzaba en la posibilidad de concretar el frente auspiciado durante largos años mediante la acción de masas por la lucha por el poder.[43]

A la luz de este cuadro de situación evaluaron los paros generales realizados el 29 de mayo y los días 1 y 2 de agosto. El primero de ellos estuvo signado por la elaboración de un plan de 8 puntos por parte de la CP, denominado “Contra el hambre y la desocupación”, que incluía reivindicaciones ligadas a las condiciones de trabajo y en contra del programa económico del gobierno. El mismo contó con la participación de los gremios adheridos a la CGT, el MUCS y el apoyo de diversos partidos, lo cual significó un elemento de presión para el gobierno de facto. A los pocos días, la aceptación de la CP a participar de reuniones con representantes de las cámaras empresarias para discutir un acuerdo social generó conflictos en el movimiento obrero que determinaron la suspensión del paro anunciado para mediados de junio aunque, deliberaciones mediante, fue retomado para los primeros días de agosto. En esa ocasión, los reclamos por aumentos salariales, reincorporación ante despidos y suspensiones y por la liberación de miles de personas detenidas fueron llevados a las calles en una jornada de alto acatamiento que se topó con un operativo policial que reprimió la manifestación en una muestra de intransigencia.[44] La respuesta del gobierno fue la sanción del decreto 8946 que limitó el derecho de huelga, numerosas detenciones y la quita de la personería gremial a los sindicatos de textiles, correos y comunicaciones, músicos, gráficos y telegrafistas y radiotelegrafistas (Senén González, 1971; Rodríguez Lamas, 1990).[45]

En el transcurso de estas luchas, el MUCS y “las 62” emitieron declaraciones conjuntas que fueron interpretadas como “los primeros pasos hacia un acuerdo combatiente” que podría conducir a la formación de un frente de izquierda, culminando “un proceso que las bases y los militantes comunistas, peronistas, socialistas protagonizaron a partir de la asonada de 1955”.[46] Sin embargo, independientemente de las coincidencias que parecían acercar al PC y al sector del peronismo representado por Framini en el marco del “giro a la izquierda”, la normalización de la central estaba en manos de Vandor, quien se había encargado de mantener la exclusión del comunismo y de ir corriendo de la CP a representantes de la línea dura del peronismo.

El sindicalismo peronista en general y “las 62” dominadas por los grandes gremios industriales en particular, venía demostrando ya desde las elecciones de marzo que se encontraba en condiciones de reestructurar su poder al interior movimiento. Su peso se demostró en esos meses en dos sentidos: por un lado, se estima que fue la delegación compuesta por Vandor, José Alonso, Amado Olmos y Roberto García la que convenció a Perón en Madrid de adoptar la posición favorable a la concurrencia (Smulovitz, 1988); por otro, las listas de las candidaturas peronistas estuvieron integradas por numerosos representantes obreros (Senén González, 1971).

Pero el programa de Huerta Grande y el “giro a la izquierda” no se correspondían con la línea de Vandor y, para la marcha de los acontecimientos de aquél 1962, los mecanismos de presión y negociación que venía aplicando le permitieron resolver a fines de año la reconstitución formal de la CGT para enero de 1963.[47] Situadas en una posición mayoritaria respecto del resto de los gremios no peronistas, controlando la casi totalidad de los sindicatos industriales y las regionales de la CGT, “las 62” acordaron con el sector independiente mantener la estructura de poder armada en 1960, repartiendo la cantidad de representantes en el Comité Central de la CGT en partes iguales e impusieron, a su vez, que los puestos decisivos estuviesen ocupados por dirigentes peronistas (James, 1990/2010). De este modo, entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 1963, con la presencia de 818 delegados representantes de un centenar de organizaciones, se selló la normalización de la CGT tras más de siete años de irregularidades. Se inauguró así un aparato de poder conducido por una jefatura sindical que proclamó al dirigente del vestido José Alonso como secretario general de la CGT, estrenando en sus primeros pasos un Plan de lucha que marcó la actividad del movimiento obrero en los años siguientes.

 

Conclusiones

 

El proceso de normalización de la CGT atravesó distintas etapas entre la intervención del organismo en 1955 y su reconstitución en 1963. Desde fines de los años ’50, el sindicalismo peronista y comunista fueron protagonistas de distintos agrupamientos, aunque ambos sectores se aliaron y repelieron en función de las diversas coyunturas del período. Sin embargo, desde la óptica comunista, el acercamiento al peronismo tenía un sustento en los planteos programáticos tendientes a la realización de una revolución democrático-burguesa con sectores democráticos y progresistas, entre los que estaba incluida la pequeña burguesía desligada de los grandes monopolios y el capital extranjero. En ese sentido, el interés por crear un FDN para la formación de un gobierno de coalición democrática se trasladaba al universo sindical a través de la política de acción unitaria con distintos sectores del movimiento obrero.

A inicios de la década del ’60, la promesa de devolución de la CGT entroncó con la ruptura de la alianza entre comunistas y peronistas en el MOU, en un acuerdo entre el gobierno radical y las direcciones sindicales peronistas e independientes que tenía como premisa la exclusión del comunismo de los órganos directivos de la central. Esto puede interpretarse tomando como eje la política anticomunista desplegada por el presidente desde fines de 1958 y continuada por su sucesor de facto, que incluyó un arsenal legal represivo para frenar las luchas obreras contra el programa económico desarrollista del gobierno y el avance del comunismo tanto a nivel sindical como político experimentado desde 1955.

Actuando en la clandestinidad, sin posibilidad de participar en elecciones, sufriendo la clausura de su prensa y sus locales, acorralado por la constante detención de sus militantes y principales dirigentes sindicales y políticos, el PC buscó enfrentar las políticas de los gobiernos así como presionar a la dirigencia de la CP para que ésta tomara un rumbo clasista y combativo en detrimento de su accionar negociador. No obstante, la revitalización del sindicalismo peronista de la mano de Vandor actuó con la certeza de la recuperación de la central dominada por sus dirigentes, permitiéndose así utilizar a su favor la política anticomunista y descartar al sindicalismo comunista como un aliado táctico de aquel proceso.

 

Bibliografía

 

Audi, R. y Cardoso, O. R. (1981). La CGT a sus dueños, Todo es historia nº 167, abril 1981, pp. 62-79.

Baschetti, R. (1988). Documentos de la Resistencia Peronista, 1955-1970, Buenos Aires: Punto Sur.

Calello, O. y Parcero, D. (1984a). De Vandor a Ubaldini /1, Buenos Aires: CEAL.

Calello, O. y Parcero, D. (1984b). De Vandor a Ubaldini /2, Buenos Aires: CEAL.

Camarero, H. (2014). Tras las huellas de una ilusión: el Partido Comunista argentino y sus planteos del Frente Democrático Nacional (1955-1963). Archivos, año III, nº 5, pp. 31-50.

Chiarini, S. y Portugheis, E. (2014). Plan CONINTES. Represión política y sindical. Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Archivo Nacional de la Memoria.

Ehrlich, L. (2020). Cuando la revolución cambia de signo. La “izquierda” del peronismo como objeto de deseo y de represión. Prismas, vol. 24, núm. 2, pp. 289-295. DOI: https://doi.org/10.48160/18520499prismas24.1171

Galván, V. (2018). El anticomunismo transnacional y los gobiernos de facto de la “Libertadora”: vínculos y ejes interpretativos, en V. Galván y M. F. (compiladoras). La “Revolución Libertadora” en el marco de la Guerra Fría. La Argentina y el mundo durante los gobiernos de Lonardi y Aramburu, Rosario: Prohistoria, pp. 71-89.

Gazzera, M. y Ceresole N. (1970). Peronismo: autocrítica y perspectivas Buenos Aires: Descartes.

Iscaro, R. (1973). Historia del movimiento sindical, Buenos Aires: Fundamentos.

James, D. (1990/2010). Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976. Buenos Aires: Siglo XXI.

Marengo, M. E. (2015). Lo aparente como real: un análisis del sujeto comunista en la creación y consolidación del servicio de inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires 1930-1962, La Plata: Universidad Nacional de La Plata; Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento; Posadas: Universidad Nacional de Misiones

Marischi, Vicente (1960). ¡Hoy más que nunca! ¡Unidad sin discriminaciones para derrotar a los enemigos de la clase obrera y el pueblo! Buenos Aires: Anteo.

Murmis, E. (2018). El Partido Comunista en los albores de la radicalización política en Argentina: estrategia, militancia sindical y antiterrorismo entre 1955 y 1959. Archivos, año VII, nº 13, pp. 143-163.

Murmis, E. (2020). El sindicalismo comunista en la reorganización del movimiento obrero: hacia la formación del Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS) en 1958-1959. el@tina, vol. 18, n° 72, pp. 1-21. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/5538

Murmis, E. (2021). El Partido Comunista en el Movimiento Obrero Unificado: una alianza con el sindicalismo peronista (1959-1960). Páginas, año 13, n° 32, mayo-agosto. DOI: https://doi.org/10.35305/rp.v13i32.503

Peralta Ramos, M. (1978). Acumulación de capital y crisis política en la Argentina (1930-1974). Buenos Aires: Siglo XXI.

Pontoriero, E. (2019). Pensar el estado de excepción desde la historia reciente argentina: claves teóricas e históricas de un objeto complejo. Conflicto social, año 12, n° 21, enero-junio, pp. 6-27. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS/article/view/4466

Potash, R. (1982). El Ejército y la política en la Argentina 1945-1962, Buenos Aires: Sudamericana.

Rodríguez Lamas, D. (1984). La presidencia de Frondizi, Buenos Aires: CEAL.

Rodríguez Lamas, D. (1990). La presidencia de José María Guido, Buenos Aires: CEAL.

Rotondaro, R. (1971). Realidad y cambio en el sindicalismo, Buenos Aires: Pleamar.

Salas, E. (1990). La resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, Buenos Aires: CEAL.

Sánchez, M. (2018). Los comunistas en la Unión Ferroviaria, 1955-1968, Buenos Aires: Biblos.

Schneider, A. (2005). Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973. Buenos Aires: Imago Mundi.

Senén González, S. (1971). El sindicalismo después de Perón, Buenos Aires: Galerna.

Senén González, S. y Bosoer, F. (2009). Saludos a Vandor. Vida, muerte y leyenda de un lobo. Buenos Aires: Vergara.

Smulovitz, C. (1988). Crónica de un final anunciado: las elecciones de marzo de 1962. Desarrollo Económico, vol. 28, n° 109, abril-junio, pp. 105-119.

Summo, M. y Pontoriero, E. (2012). Pensar la “guerra revolucionaria”: doctrina antisubversiva francesa y legislación de defensa en la Argentina (1958-1962). Cuadernos de Marte, año 2, n° 3, julio 2012, pp. 285-305. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/690

Tortti, M. C. (2007). El viejo partido socialista y los orígenes de la nueva izquierda [En línea]. Tesis doctoral. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Recuperado de http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.259/te.259.pdf

Tortti, M. C. (2012). Soluciones: una experiencia de acercamiento entre el peronismo y la izquierda durante la campaña por el voto en blanco en 1960. Políticas de la memoria, nº10-11-12, verano 2011-2012, Buenos Aires, pp. 224-234. Recuperado de https://ojs.politicasdelamemoria.cedinci.org/index.php/PM/article/view/537/515

 

 

Recibido: 14/06/2021

Evaluado: 04/11/2021

Versión Final: 24/11/2021