Cuatro marzos

 

Ernesto Jorge Rodríguez[1]

 

Cuatro marzos de la década del ´70 dejaron una impronta en la historia de Villa Constitución. El primero de ellos se desarrolló en 1970 y lo llamaremos el de los “claudicantes” porque a pesar de la heroica lucha de los obreros de Acindar, de las huelgas de solidaridad de otros obreros de la región y del apoyo de distintos sectores de la sociedad local, los dirigentes “dejaron de comportarse correctamente, se rindieron” y negociaron con la patronal una indemnización millonaria.

Las consecuencias de este conflicto fueron desastrosas, en particular, para los obreros de Acindar y, en general, para el movimiento obrero local: la mayoría de la Comisión Interna de Acindar fue despedida junto con los activistas más representativos y combativos, la Comisión Directiva debió renunciar sin poder renovarse y la seccional local de la UOM fue intervenida. Los obreros quedaron desmoralizados y desconfiaban de los sindicalistas y de los sindicatos, generando salidas individualistas.

A pesar del avance de Acindar sobre los derechos de los trabajadores, por la propia dinámica que tienen los procesos sociales, un pequeño grupo de obreros continuó organizándose, primero en forma secreta y clandestina debido a la deficitaria relación de fuerzas producto de la represión de la patronal amparada por la política antiobrera de la dictadura de Onganía. Pero este pequeño grupo llamado Grupo de Obreros de Acindar (GODA) fue extendiendo su influencia a otras fábricas, convirtiéndose en el Grupo de Obreros Combativos del Acero (GOCA). Después de una primera etapa de denuncias de los atropellos de la patronal se plantearon alcanzar reivindicaciones laborales, de seguridad, de salubridad. Los logros obtenidos le permitieron a este grupo de obreros alcanzar una gran representatividad y la apertura democrática generó un importante crecimiento cuantitativo y permitió, a su vez, que sus actividades se desarrollaran en un ámbito de mayor libertad. Así comenzaron a fijarse como objetivos la normalización y democratización de la seccional local. Para esto se organizaron primero como Movimiento de Renovación Sindical y luego, ya para presentarse a las elecciones que debían realizarse en marzo de 1974, como Lista Marrón.

Pero la burocracia sindical temiendo perder el control de una seccional tan importante por la cantidad de aportes que realizaba pergeñó una maniobra para impedir las elecciones: suprimió a Villa Constitución de la lista de seccionales a normalizar. Los obreros tomaron las fábricas y nuevamente con un amplio apoyo de toda la comunidad, lograron que se firmara un acta en la cual la burocracia se comprometía a normalizar la seccional en un plazo de 120 días. Este conflicto desarrollado del 7 al 16 de marzo se conoció con el nombre del “Villazo” y significó un triunfo glorioso de la clase trabajadora.

Algunas tesis reduccionistas sistematizaron la experiencia del Villazo como un enfrentamiento entre la burocracia sindical del Secretariado Nacional de la UOM y una seccional combativa y que la lucha desarrollada por los obreros metalúrgicos fue espontánea e inscripta exclusivamente dentro de la lucha económica. Pero el Villazo fue un fenómeno mucho más complejo y de mayor riqueza.

Durante el Villazo los obreros comenzaron a desarrollar una praxis política-gremial en donde se destacan las asambleas generales y permanentes; las tomas de fábricas con retención y concentración del personal jerárquico en el subsuelo de la oficina de personal; la formación de piquetes de autodefensa, así como de grupos de control de entrada y salida de la fábrica, con responsable por piquete y por turnos; la construcción de barricadas -con vagones ferroviarios, tarimas, etc.- para cortar las calles internas de la fabrica; la colocación de tambores con solvente en lugares específicos, con responsables en forma exclusiva de los mismos; el control del sistema eléctrico de la planta; el control del funcionamiento de la sirena con códigos de toque para convocar a asambleas; la prohibición de bebidas alcohólicas; la formación de una comisión encargada de contactarse con otros gremios y demás fuerzas sociales y políticas de la ciudad y de la zona; la creación de una comisión con tareas a desarrollar fuera de la fábrica –en el local de la lista marrón-, la cual debía establecer contactos con otras zonas del país para informar y recibir apoyo solidario; la constitución de piquetes externos, con movilidad propia para recorrer y chequear la seguridad de las viviendas de los principales dirigentes y la formación de una comisión de solidaridad y apoyo.

Pero la burocracia continuó con sus maniobras dilatorias, por lo cual las elecciones recién se efectuaron en noviembre, triunfando la lista encabezada por Alberto Piccinini.

Pero la primavera democrática duró poco más de tres meses. El 19 de marzo, el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, por medio de un comunicado de prensa anunció que los organismos de inteligencia habían detectado un complot subversivo tendiente a paralizar la actividad industrial con epicentro en Villa Constitución. En la madrugada del 20 de marzo, la ciudad de Villa Constitución fue sitiada por las fuerzas represivas, más de 300 obreros fueron encarcelados, comenzando una experiencia piloto de lo que sería la represión desencadenada en todo el país a partir de la dictadura.

La represión puso en evidencia el verdadero complot, el orquestado por la burocracia sindical, el gobierno y las patronales. Los tiempos venideros pusieron de manifiesto los objetivos de éste complot: descabezar al movimiento obrero combativo, disciplinar la mano de obra, imponer un proyecto político de neto carácter antipopular y eliminar los focos de resistencia a este proyecto. Las consecuencias fueron funestas para el movimiento obrero local: centenares de obreros encarcelados, más de 800 obreros despedidos y decenas de personas salvajemente asesinadas.

El último de los marzos comenzó a partir del 24 de marzo de 1976 cuando los militares derrocaron a las autoridades constituidas instituyendo la más sangrienta dictadura instaurada en el país. Las secuelas de esta dictadura son los 30 mil desaparecidos, en su mayoría obreros; las pérdidas de puestos de trabajo, una agresiva penetración y control de los capitales multinacionales de nuestra economía y la casi desaparición de la industria nacional, miles de obreros despedidos, prerrogativas a los capitales especulativos y consolidación de la “patria financiera”, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, una deuda externa y eterna, miles de soldados que no regresaron de la Guerra de Malvinas y, lo que demuestra que la dictadura fue un proyecto capitalista en la lucha de clases, una participación notoriamente menor de los salarios en el producto bruto interno.

 

Notas

 



[1] Profesor de Historia. Instituto Superior del Profesorado N° 3. Docente en el Instituto de Formación Superior y Media.