Las fuerzas armadas en la transición a la democracia. Argentina y España, dos procesos: semejanzas y diferencias

 

Nidia R. Areces[1]

 

Introducción

El objetivo del trabajo es analizar los comportamientos de los militares españoles y argentinos durante los respectivos procesos de democratización ocurridos en España y en Argentina durante las últimas décadas. De estos comportamientos, desplegaremos las siguientes cuestiones a partir de apreciar el camino seguido para lograr la consolidación de las instituciones democráticas:

a) ¿Cómo puede ser erosionada o trabada la transición a la democracia por las prerrogativas de los militares que hayan sobrevivido o reaparecido durante este proceso?

b) ¿Cómo pueden los acuerdos, las transacciones cívico/militares debilitar la efectividad y representatividad de las instituciones?

Al desarrollar estas cuestiones, consideraremos el papel represivo que, respecto a la sociedad civil, asumieron las FF.AA. en determinadas etapas históricas. La represión, como recurso aplicado sistemáticamente, genera miedo y libera la violencia. Hannah Arendt distingue cuidadosamente el concepto de poder de los de fuerza y violencia.^[2] "La violencia no es abuso de poder y el poder -a pesar de Max Weber- no es (o no es básicamente) el uso legítimo de la violencia (...) Sólo hay poder allí donde la acción colectiva está regulada por un vínculo institucional reconocido (...) el poder se deriva de la acción común. Pero sólo existe comunidad de acción en la medida en que quienes actúan la mantengan. El poder persiste mientras los hombres actúan en común; desaparece cuando se dispersan. La violencia es precisamente la explotación de esta debilidad por un proyecto instrumental a corto plazo".^[3]

Es pertinente también reconocer, al analizar las transiciones a la democracia (o del autoritarismo), una serie de procesos íntimamente vinculados. Por un lado, la liberalización política, es decir, el proceso que vuelve efectivos ciertos derechos que protegen a individuos y grupos sociales ante los hechos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros (el habeas corpus, la inviolabilidad de la correspondencia y de la vida privada en el hogar, el derecho a defenderse según el debido proceso, libertad de expresión, ausencia de censura en los medios de comunicación, libertad de asociación, etc.). Por otra parte, el proceso de transición a la democracia o de democratización caracterizado esencialmente como un cambio en el patrón legitimatorio de normas que regulan el acceso, distribución y ejercicio del poder político. Y en último término, el proceso de consolidación democrática, cuando las reglas del juego político se institucionalizan y, por lo tanto, se hace más estable y previsible. Durante estos procesos se asiste a la transición de una forma de gobierno a otra, del autoritarismo a la democracia y que se vive un cambio al nivel del paradigma de la gobernabilidad que se refiere al grado de gobierno.^[4]

Estas transiciones se caracterizan por la diversidad intrínseca de sus cursos respectivos. El modelo interaccionista, como Stark y Bruszt han bautizado su síntesis de las proposiciones de O' Donnell, Schmitter y Przeworski, ha destacado en particular que las transiciones a la democracia (o del autoritarismo) pueden seguir rutas diversas; que estas rutas, o modalidades de transición ‑y las respectivas instituciones y prácticas con la que cada una está asociada ‑conducen a distintas subespecies del género democracia, y a su vez, estas subespecies tienen diferentes probabilidades de consolidarse; por último, que el desenlace de toda transición es incierto, y el riesgo de regresiones autoritarias nunca está completamente ausente, estando los resultados supeditados a estos riesgos. Recapitulando, varios de los factores que han causado la incertidumbre acerca de las probabilidades de la consolidación democrática están ligados a la modalidad de resolución de las que podrían ser denominadas como las típicas cuestiones de la transición.^[5]

Las transiciones se han producido en sociedades a las cuales, por lo menos genéricamente, tenemos que caracterizar. Nos remitimos a la distinción que clásicamente hacen los cientistas políticos anglosajones. Distinguen un tipo, representado por Gran Bretaña y Estados Unidos, que se basa en un consenso extenso que contempla las instituciones y la creencia en que es posible reglar los conflictos y apaciguar las tensiones por la búsqueda del compromiso y por la aceptación de una regla común. Y otro, que engloba aquellas sociedades, como la española y la argentina, calificadas de desgarradas que, antes de contemplar las soluciones negociadas, prefieren las decisiones impuestas violentamente o por presiones revolucionarias.^[6]

¿Cómo es que en este tipo de sociedades se establece o restablece la democracia? Debemos comprender que emergen inmediatamente en estas sociedades una serie de problemas de difícil resolución. Salen de situaciones históricas fuertemente represivas y traumatizantes -la dictadura de Franco y el Proceso de Reorganización Nacional- y las instauradas democracias tienen que iniciar, con este fuerte lastre, los derroteros de la legitimación; por lo que la cuestión principal se centra en la eficiencia del nuevo sistema político, es decir, en la aptitud y en la capacidad de gestión de la democracia para resolver cuestiones y satisfacer expectativas recientes. En este plano, las reformas socio‑económicas gravitan fuertemente sobre el tipo de democracia que se construirá, y las formas y modalidades de su consolidación.

La economía y la política, dialécticamente combinadas, se ponen a prueba entonces en las transiciones y en las consolidaciones, entendiendo que el éxito o fracaso de las reformas socio‑económicas incidirán en el nuevo sistema político. Es decir, la combinación de eficiencia económica, cohesión social y un correcto diseño institucional hacen esencialmente a la calidad de la democracia que se instaure. Por lo demás, siempre el advenimiento de la democracia va acompañado por inmensas expectativas, que cargan el ambiente electrificando las gestiones y actuaciones. La ciudadanía pretende lograr, en conjunto, una mejor calidad de vida por lo que entiende que deben acompañar a la democratización un conjunto de transformaciones sociales reales.

Estos procesos se desarrollaron en un contexto internacional en el cual se daba, sobre todo en Occidente, una creciente afirmación del principio de legitimidad democrática y, a su vez, a la creciente hegemonía de la economía de mercado. En parte, los cambios a nivel internacional contribuyeron al sosegamiento del debate ideológico en las transiciones democráticas, debate que fuertemente se había producido en las décadas del 60 y del 70. Por supuesto, que las diferencias entre izquierda‑derecha no han perdido actualidad, como argumentan algunos sostenedores de esquemas simplistas de la política. Si bien los reveses sufridos por la izquierda en el mundo han sido notables, marcando el fracaso del socialismo real, la hecatombe de la izquierda ortodoxa, entendemos que la tensión entre libertad e igualdad ha sido y es una constante en la historia de las sociedades. Por lo que, siendo estas las cuestiones principales que las diferencian, es casi imposible que en las actuales condiciones mundiales y nacionales, "la dialéctica entre izquierda y derecha pierda vigencia, pensada esta dialéctica no como el de la oposición violenta, sino como praxis de convivencia colectiva que contribuye al desarrollo de la condición humana."^[7]

Siguiendo con esta argumentación, es probable que la diferencia ideológica mayor entre las fuerzas políticas de las transiciones democráticas tenga su expresión en la combinación de las reformas políticas y sociales. Se parte de diagnósticos que posiblemente convergen en lo general, pero no en las estrategias a implementar. En las transiciones del Mediterráneo europeo ‑Portugal, Grecia, España‑ y en América Latina ‑Uruguay, Argentina, Chile, Brasil‑, la realidad impuso, a partir de la aceptación del diagnóstico, la necesidad de la implementación de políticas de ajuste; para su realización se requieren de alianzas, que se hacen cada vez más complejas, y de consenso cuando se pasan a las reformas estructurales. Se aprecia en estas transiciones, siendo tiempos de emergencia, la aceptación de decretos, prácticamente inconsultos, de necesidad y urgencia; decretos que, con el tiempo, serán crecientemente rechazados en la medida que responden a un estilo autoritario de gobierno, inaceptable por cierto con la vigencia de la democracia.

 

El rol de los militares

Es importante señalar que las FF.AA no constituyen una corporación monolítica dentro del cuerpo de la sociedad, distintas posiciones ideológicas, inserciones y vinculaciones, están presentes entre sus integrantes. Integrantes que muchas veces han sido metamorfoseados a lo largo de su instrucción y carrera para responder a lo que se denomina 'espíritu de cuerpo'. En distintas ocasiones y respondiendo en particular a situaciones políticas del propio país, se producen en el seno de las fuerzas armadas profundas y desgarrantes crisis que originan procesos contradictorios que estimulan la inestabilidad del gobierno de turno y que pueden derivar en reafirmaciones autoritarias y totalitarias o en formulaciones reformistas y hasta revolucionarias.

Retomando la cuestión de la violencia, Argentina durante el Proceso y España durante el franquismo vivieron una despiadada represión, la violación total de las libertades civiles y la destrucción del diálogo político. En esto las FF.AA, erigiéndose en gobierno o siendo uno de los pilares del régimen, hicieron del Estado, un Estado‑cuartel, un Estado represivo. El plantear la existencia de un peligro 'rojo', les abrió las puertas para reprimir a todos aquéllos que por esto o aquello no coincidían con las fórmulas políticas tradicionalistas y reaccionarias e hicieron que el sector militar, coincidente con éstas, interviniera desatando la guerra civil o la 'guerra sucia'.

La naturaleza y la ideología que los regímenes mencionados generaron tienen, entre otros, un componente que ha sido insuficientemente trabajado por historiadores y politicólogos: el militar. Por empezar, hay que señalar que los integrantes de las FF.AA desempeñaron importantes funciones políticas en los aparatos del Estado o ejercieron el total control en connivencia con las clases dominantes.

Las FF.AA conforman una institución fuertemente ideologizada, con un fuerte interés de participar en la política, concepción de la cual se desprende su intervencionismo. Lo planteado contribuye a la dilucidación de una cuestión central en nuestro trabajo el considerar que las FF.AA constituyen uno de los factores más importantes en la alineación política de las sociedades que trabajamos. Ellas ocupan un espacio sin el cual no puede comprenderse el plano y el proceso político de esas sociedades, entendiendo que están más o menos profesionalizados y que se enfrentan a una realidad política, tan cambiante, como la de la transición.

Interesa aquí apreciar algunos rasgos de la ideología militar y su conjunto de códigos de valores que los respectivos regímenes consolidan y que estarán presentes durante los procesos de la transición. A los militares les cuesta perder la función hegemónica, el protagonismo, que cumplían, el sentirse el centro del Estado, el alma del franquismo o del Proceso de Reorganización Nacional, por consiguiente, les parece justo mantener y/o reclamar atribuciones y funciones. Las transiciones heredan unas FF.AA formadas casi monolíticamente, identificadas con los respectivos regímenes y prácticamente aisladas, intelectual y socialmente, del mundo civil. El sentirse capacitadas como las mejores para captar las 'esencias de la patria' justificará para sí mismas la habilitación de intervención, no admitiendo por supuesto la movilización de las masas, sino la rebelión de sus cuerpos, porque estas masas tienen que encuadrarse y someterse a la férrea disciplina militar. Y es que las FF.AA prefieren la sumisión, el acatamiento, siendo estos la transposición a la política de su modelo de sociedad: sumisión civil ante el poder militar. Se erigen en defensoras de las históricas esencias patrias frente a los gobiernos y estados, instituciones accidentales, que frecuentemente actúan contra dichos principios. Así, algunos portavoces del ejército español, en su momento, aplaudieron la toma del poder por parte de los ejércitos de diversos países del Tercer Mundo, defendiendo la implantación de un régimen militar autoritario.

Con esta formación e ideología, las FF.AA tenían que adecuarse y comprender los cambios que encaminaban hacia un nuevo modelo de sociedad y estado. Una muestra de desconfianza de los integrantes de las FF.AA hacia el mundo civil la tenemos en el libro "Vencer", obra que curiosamente tendrá un sonado éxito en los ejércitos de América Latina, en el que se dice que los enemigos de la patria están siempre al acecho, llamando a que ningún militar explique fuera del cuartel sus actividades en el mismo, siendo preciso detener a personas sospechosas y ponerlas a disposición de sus jefes. Por tanto, el soldado ha de actuar de policía frente a la población civil, a la que a priori se la considera sospechosa, y ponerla a disposición no de la policía, sino de la superioridad militar.^[8]

Apreciemos el caso del ejército español. Este tratará de intervenir en la política del régimen e incidir en la evolución del mismo. Esta presión política que el ejército efectúa, se realizará dentro de los estrechos y sutiles márgenes que el régimen permite y en el marco del equilibrio de poderes e influencias que se darán entre las distintas familias políticas del régimen, así como bajo la atenta y reguladora mirada de Franco. De esta manera, las presiones políticas del ejército formarán parte de las combinaciones necesarias de fuerzas y de contrapesos que entre los distintos grupos políticos existan.^[9] Según la afirmación de Fraga Iribarne no puede existir un ejército mudo y apolítico, no se puede discutir el derecho y la absoluta necesidad de que los militares se ocupen y se preocupen de la política. Aclarando que la intención del mencionado político, al escribir esto, era la de abogar por el acercamiento del ejército a los problemas públicos, y, con ello, introducir en él nuevos aires de discusión y reflexión que le distanciaran algo de su mera condición de mudo y ciego defensor del régimen franquista, en su vertiente más inmovilista.^[10]

En el caso de los ejércitos latinoamericanos, paradojalmente, estos se fueron inclinando a una especialización exclusiva antiguerrillera de la mano de una pretendida defensa de la seguridad nacional y continental, se enfrentan a sus propios compatriotas, siendo estos los sujetos que sustituyen al enemigo extranjero. Los generales argentinos hablan poco de sus vencedores ingleses, pero bastante de sus vencidos guerrilleros; en Chile, durante el golpe militar, los presos políticos se transformaron en prisioneros de guerra. El auténtico nacionalismo se va tornando en un pálido patriotismo, que degenera rápidamente en absurdo patrioterismo a base de símbolos repetidos majaderamente y se termina por considerar altamente beneficioso para la nación ceder a las presiones de grandes empresas internaciones que intervienen descaradamente en los asuntos internos de estos países.^[11]

 

El papel jugado por el ejército en la vía argentina a la democracia

La transición democrática se inició con el retiro del Proceso Militar -el régimen más autoritario que ha tenido la Argentina en su historia impregnado del espíritu de la pseudo‑teoría de la seguridad nacional- debiendo ser el punto de llegada la consolidación de una democracia moderna, con una constitución económica y moral consistente con ese propósito.

En la década del 70, las respuestas de la militancia guerrillera, la militarización de la vida pública sumergieron al país en la cultura de la violencia que condujeron al derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel Perón, muy inoperante y desprestigiado por cierto, dando inicio al denominado Proceso de Reorganización Nacional.

El gobierno militar embarcó al país en una política de apertura comercial y anti inflacionaria que estaba diseñada para alterar drásticamente la matriz dirigista prevaleciente desde la década de 1930. Al fracaso del programa económico confluyeron los permanentes conflictos internos de las FF.AA; tras expulsar al general Viola, el general Galtieri intentó una fuga hacia adelante que la derrota frente a Gran Bretaña impidió que alzara vuelo, precipitando una aguda crisis política, viéndose obligados los militares a llamar a elecciones y entregar el gobierno al político civil menos atrayente para la cúpula militar, Raúl Alfonsín del partido radical, triunfante en las elecciones. El resultado de las urnas hicieron inútiles las negociaciones que, previo a las elecciones, habían mantenido algunos líderes peronistas e integrantes de la cúpula militar. El gobierno militar se autodestruyó irremisiblemente tras la aventura/debacle de las Malvinas, confluyendo con el agotamiento provocado por su desacertada política económica y por las flagrantes y públicas violaciones de los derechos humanos, abriendo una turbulenta transición hacia la democracia.

Dan cuenta de esta situación, expresiones como la del escritor argentino David Viñas: "Cuando los elementos populares van teniendo éxito, los elementos represivos de la sociedad argentina se crispan", recogidas en el Video Malajunta (Producción de Eduardo Aliverti y Crears Producciones, Argentina, 1996). En este Video, distintos pensadores y políticos se explayan acerca de la patología de la sociedad argentina que hizo posible el terrorismo de Estado. Uno de los fiscales del Juicio a los Comandantes en Jefe del Proceso, el Dr. Julio César Strassera, acertadamente calificó al secuestro como "una manera de imponer el terror", lo que nos lleva a la cuestión de la violencia. Se recoge en ese Video (también en distintas publicaciones periodísticas), palabras que el General Videla, en una u otra forma, repitió: "Es la voluntad de Dios demostrar de lo que es capaz el Ejército Argentino". Es decir, la misión divina y redentora de las FF. AA. Para él, toda manifestación de la sociedad civil, por ejemplo, lo actuado por el equipo de fútbol argentino participante en el Mundial 78, debía moldearse de acuerdo a los cánones militares de disciplina, orden, reconocimiento del sistema de autoridad. Es el mismo sucesor de Videla en el gobierno, el General Viola, quien afirma que "hay que borrar cualquier sensación de que la Argentina no respeta los derechos humanos", generada por una propaganda hostil que se mueve tanto a nivel interno como internacional. La peor especie de nacionalismo primó y fue utilizado como propaganda oficial durante la guerra de las Malvinas, los medios de difusión repetían: "Argentinos a vencer, cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro".

El arranque para el cambio producido fueron: el desprestigio profesional por la derrota de la Guerra de las Malvinas donde la carne de cañón fueron los jóvenes conscriptos sin preparación militar y apoyo técnico, donde las fuerzas militares actuaron sin coordinación conjunta perdiendo efectividad las acciones que emprendían las distintas armas, donde lo más granado de la oficialidad se retiró desvergonzadamente (caso del Capitán Astiz, tristemente célebre represor); el fracaso económico por la desastrosa política económica del Proceso llevada a cabo por el Ministro Martínez de Hoz y su equipo; el descrédito ético‑moral por la guerra sucia con sus campos de tortura, miles de desaparecidos y expatriados internos y externos.

No dejemos de señalar que la peor receta para los ejércitos politizados de la zona es el inmovilismo conservador, pues las medidas económicas añejas y las sumisiones a los intereses de las empresas monopólicas los conducen fatalmente a contradicciones del calibre de la derrota argentina en las islas Malvinas, abandonada esa nación latinoamericana por su aparente socio (Estados Unidos) en el contexto de la seguridad ampliada.^[12]

Abordemos en el contexto de la transición las relaciones cívico‑militares. Hay que tener presente que la transición democrática fue sacudida por el problema militar. Se suceden de 1984 a 1990: los juicios a las juntas militares, los procesos por las violaciones a los derechos humanos, los tres levantamientos militares y los resultados de las negociaciones cívico-militares. Esto último sobre todo, sintetizado en la célebre frase pronunciada por Alfonsín frente a la multitud reunida en Plaza de Mayo a la espera de los acontecimientos -multitud que congregaba a mujeres y hombres de todas las edades, a familias enteras- al pactar con el grupo militar sublevado en Semana Santa, esa frase "Felices Pascuas" daba por terminado el conflicto. En realidad, lo retiraba de la esfera de decisión popular y lo ubicaba en negociaciones a puerta cerrada. La estrategia adoptada acarreó efectos muy negativos: actuó como un balde de agua que enfrío el sentido de la participación política en aquellos sectores de la clase media que siempre se manifestaron comprometidos en el plano político.

El levantamiento de Semana Santa durante el gobierno de Alfonsín, al que hemos hecho referencia, puede aproximarnos a la clave para comprender el papel del ejército en la primera etapa de la transición. Se inicia, el 14 de abril de 1987, como consecuencia de la negativa del Mayor Ernesto Barreiro de presentarse ante la justicia de la provincia de Córdoba, para responder por sus actos durante el PRN. Esta negativa no era la primera que se producía, pero la oposición no pudo ser frenada agravándose cuando a los pocos días se acopla un nuevo foco de rebelión, la Escuela de Infantería de Campo de Mayo bajo las órdenes del Teniente Coronel Aldo Rico. Los militares rebeldes, los "carapintadas"^[13] demandaban una "solución política" al problema de los juicios, en otros términos, una amnistía. Esa semana, la ciudadanía reunida en las plazas cabildeaba y sostenía, con su presencia mayoritaria, a la democracia. La sociedad civil rechazaba de esa manera el posible retorno de los militares en la escena política.

Sin embargo, la forma en que se puso fin a la rebelión determinaría los pasos y el rumbo que el conflicto cívico-militar seguiría. El gobierno no pudo imponerse sobre los rebelados cediendo ante sus pretensiones, acuerdo que, aunque negado por sus principales protagonistas, comenzó a ser conocido posteriormente. Esto trajo aparejado graves consecuencias, en particular afectando la credibilidad que se tenía del gobierno y provocando una creciente apatía política de la ciudadanía que se sintió profundamente defraudada. A su vez, la rebelión puso de manifiesto las desavenencias y desacuerdos existentes en el interior del ejército y, en particular, el descrédito y la debilidad del Comandante en Jefe.

El Acta de Compromiso Democrático que los partidos firmaron el 19 de abril establecía en el Punto 3 "Que la reconciliación de los argentinos sólo será posible en el marco de la Justicia, del pleno acatamiento a la ley y del debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos pasados".^[14] Reaparecía de esta manera "la obediencia debida", ahora consensuada por el gobierno con la mayoría de los partidos y otras organizaciones de la sociedad civil.

Un nuevo factor de conflicto quedaba incorporado a los ya existentes respecto a la cuestión militar: la situación de los militares rebelados. La cuestión queda focalizada en los sectores "carapintadas" de las FF.AA, sobre todo concentrados en el ejército y en fuerzas de gendarmería, en las relaciones con la cúpula militar y la política desplegada por el gobierno de Alfonsín. Uno de los primeros hechos a señalar es el pase a retiro del Jefe del Estado Mayor del Ejército, Gral Héctor Ríos Ereñú, reemplazado por el Gral. Dante Caridi, quien tampoco contaba con la anuencia de los "carapintadas". El Ministerio de Defensa hace llevar a juicio militar al Teniente Coronel Rico y a los otros cabecillas del levantamiento de Semana Santa a pesar de declararse competente un juez federal .^[15] Se sostiene así la estrategia del gobierno de no permitir que la situación saliera de la esfera estrictamente militar con el objetivo de que las resoluciones se resolvieran internamente y no sacudieran a la muy sensibilizada opinión pública. La Jefatura del Estado Mayor, respondiendo al generalato, penalizó a los sublevados con pase en disponibilidad, iniciando sumarios y manejando a través de la Junta de Calificaciones los ascensos y destinos.

La inquietud dentro de las FF. AA estaba latente y se producen otras dos sublevaciones, Monte Caseros y Villa Martelli, que sacuden el último período del gobierno de Alfonsín. En estos, como en el levantamiento de diciembre de 1990, "los rebeldes mantuvieron su demanda de que la sociedad reconociera y revindicara 'la legitimidad política y moral de la lucha antisubversiva.' Sin embargo, las tres rebeliones se iniciaron como consecuencia de la disconformidad de los sectores 'carapintadas' ante los castigos que la cúpula castrense les impuso."^[16]

Hoy por hoy se sostiene, con respecto a las relaciones cívico‑militares, que en la mesa de las negociaciones se logró un intercambio: el indulto a los condenados y acusados tanto por las violaciones a los derechos humanos como por su participación en los levantamientos, a cambio de un compromiso de obediencia militar al poder civil. La última sublevación de los "carapintadas" acaudillada por el coronel Seineldín en diciembre de 1990, no entró en la negociación porque ésta contemplaba las situaciones pasadas, pero no las desobediencias presentes o futuras. Se incluyeron también, provocando protestas de distintos sectores del ejército, entre otros: el desmantelamiento del Proyecto Cóndor (misil balístico) y la aceptación de salvaguardias nucleares ratificando el Tratado de Tlatelolco y el Tratado de No‑Proliferación respondiendo en gran medida a la presión externa proveniente de los Estados Unidos; la desestructuración de la industria militar argentina que tuvo su punto de partida en el primer gobierno peronista de 1946; la eliminación del servicio militar obligatorio; la disminución del número de efectivos; la reducción muy drástica del presupuesto militar; la participación de contingentes de las fuerzas armadas argentinas en operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en distintos lugares del mundo. Una mezcla pragmática de concesiones simbólicas y privaciones materiales, en un esfuerzo de institucionalizar medidas de construcción de confianza y mecanismos de seguridad.

En el desarrollo de este proceso, un clivaje decisivo significó la declaración por televisión del Jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, general Martín Balza, de la desobediencia debida respecto a órdenes inmorales: Nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes y reglamentos militares. Quien lo hiciera incurre en una inconducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. Expresó claramente: "Delinque quien vulnera la Constitución Nacional. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien cumple órdenes inmorales. Delinque quien, para cumplir un fin que cree justo, emplea medios injustos, inmorales". Esta declaración pública (realizada en un programa televiso de un periodista político de alta audiencia) colaboró en el cambio de contenido en las relaciones entre civiles y militares y en la apreciación tan negativa heredada del Proceso militar que el conjunto de la sociedad tenía de las FF.AA.

El gobierno de Menem tuvo la capacidad de reprimir el último alzamiento carapintada comandado por el Coronel Seineldín, que hemos mencionado. En el Documental sobre el levantamiento del Batallón 101 de Arsenales de Villa Martelli, acaudillado por el mencionado Coronel, realizado por el Partido Comunista Argentino, las imágenes y las expresiones que se escuchan fueron también documentadas por otros órganos de prensa, y transmitidas en directo por TV. Los civiles que se encontraban frente al Batallón intentando entrar, no estando armados y sólo tirando piedras, gritaban: "Si se atreven les quemamos los cuarteles", "Cagones de Malvinas", "Cobardes" y otro epítetos de más subido tono, "El pueblo unido jamás será vencido" (consigna de la década del 70), "Van a pagar con sangre la sangre del pueblo", "Los ingleses nos trataron mejor que estos hijos de puta", "Nos cagaron de hambre y ahora nos cagan a tiros", "Paredón, a todos los milicos que vendieron la nación". Estos civiles se encontraron entre dos líneas, la de los sublevados carapintadas concentrados dentro del Batallón, y la de los denominados leales que respondían al Jefe del Ejército, general Caridi, columna de tanques apostados enfrente a una distancia prudencial que actúo de mera espectadora, como desfilando, no tomando posición de ataque. A esta columna le increpaban: "Como son lo mismo no se tiran", "Están parados acá haciendo una obra de teatro". Esos hombres y mujeres de distintas edades fueron reprimidos por las fuerzas policiales, no por los militares. En los intervalos de los enfrentamientos, grupos familiares se paseaban observando y vendedores ofertaban sus productos, voceando sobre todo helados. Eran días de altas temperaturas no sólo climáticas, sino políticas. Aparte de esta insinuada pintura impresionista, ésta fue una de las situaciones de mayor peligro de la transición.

Neutralizado política y militarmente el sector militar liderado por el Coronel Seineldín, la cuestión que se presenta es qué evita que el generalato, frente a la ausencia de la amenaza interna a la fuerza militar, vuelva lentamente a ocupar un espacio de poder y terminar cumpliendo el viejo papel golpista.

La estrategia política del ejército no es atribuible sólo y exclusivamente a factores circunstanciales. La gestión de los militares durante el Proceso de Reorganización Nacional implicó un altísimo desgaste del que todavía no se han repuesto, y estos conflictos entre el generalato y los "carapintadas" son sólo una manifestación. En primer lugar, la sistemática violación de los derechos humanos realizada en contra del campo popular originó un profundo resentimiento en la población hacia las FF.AA. El proceso judicial respondió en gran medida al clamor de justicia que caracterizó al proceso electoral por el que FF.AA. abandonaron el poder. En segundo lugar, la profunda crisis socioeconómica en la que desembocaron las políticas aplicadas por los militares no sólo produjo resentimiento sino que alejó a los importantes grupos de la burguesía que, tradicionalmente, constituyeron el eje de la alianza político‑económica que dio sustento social a los gobiernos de las FF.AA. Estas, a partir de las políticas que implementaron, dejaron de mostrarse previsibles y se constituyeron en una fuente de incertidumbre para los intereses de aquellos grupos. En tercer lugar, la debacle de Malvinas, además de constituir un nuevo factor de enfrentamiento con los civiles en general, fue otra palpable muestra de lo riesgoso que podía ser el comportamiento de los militares para con la burguesía y para los tradicionales aliados internacionales como los Estados Unidos.

La aventura de Malvinas condujo a profundos clivajes internos: por una parte, la ruptura de las relaciones interfuerzas, visualizada durante la última etapa del Proceso, cuando la Armada se retira de la Junta Militar negándose a dar su apoyo a la designación del General Reynaldo Bignone como presidente; y, por otra, el corte drástico entre los generales que habían tenido responsabilidad en las políticas y acciones de las FF.AA y los oficiales subalternos que habían cumplido acciones directas durante la represión como en Malvinas. La acusación principal de éstos en contra del generalato se centra en la deficiente planificación, coordinación y ejecución de las acciones de combate en el Atlántico Sur y en la actitud burocrática y corrupta durante la Dictadura, haciendo perder a la FF.AA un momento que podría haber sido para ellas histórico.

Los levantamientos señalados se producen en un contexto caracterizado por el descrédito y aislamiento de las FF.AA no sólo del conjunto de la sociedad sino también de sus tradicionales compañeros de ruta, por la reducción de sus presupuestos como consecuencia de las políticas implementadas desde la situación del gobierno democrático, y por el enfrentamiento interno que la asignación de responsabilidades por la derrota en Malvinas había generado. La ruptura de la cadena de mandos fue una consecuencia y un acelerador de las crisis militares. La solidaridad y apoyo que concitaron, en un primer momento, los carapintadas sumado al desprestigio del generalato encontraron un nuevo escenario para los conflictos militares.

A diferencia de anteriores enfrentamientos internos de las FF.AA producidos en décadas pasadas ‑entre azules y colorados, entre liberales y conservadores‑, en donde más allá de quien resultase vencedor, la institución se mantenía incólume, estos conflictos afectaban a la institución misma, a la pertenencia y respeto a las jerarquías de sus integrantes. Un posible triunfo carapintada implicaba la remoción de la mayoría del personal superior, por el contrario, un triunfo del generalato llevaba a la baja de gran cantidad de los cuadros subalternos. Criteriosa y estratégicamente, los conflictos internos fueron resueltos, sin embargo, los profundos y trágicos desaciertos del accionar de gobierno de las FF.AA durante el PRN siguen siendo la causa fundamental de su aislamiento social y político.

El sector victorioso del ejército contra los "carapintadas" ha manifestado en distintas declaraciones afirmando que si la prioridad es la institución, no están en condiciones de correr los riesgos propios de la intervención política. Su subordinación a la Constitución y a las leyes democráticas sabemos que no deriva para el conjunto de las FF.AA de nacientes valores democráticos sino del reconocimiento de que si ciertos límites son traspasados se pone en peligro la supervivencia del actor como tal. Su gestión de gobierno las hizo entrar en profunda crisis, acentuada por las derivaciones políticas y legales que tuvo y tiene la lucha política ligada a los derechos humanos, una crisis aún no resuelta, que hace prever que, por lo menos a mediano plazo, el actor militar no cuenta con capacidad de cuestionar al poder constitucional y, por ende, mantiene su subordinación a éste. Aún más, varios factores confluyen colaborando en la neutralización política de las FF.AA: la no existencia de amenazas provenientes del bloque comunista dada la histórica derrota experimentada; las vías diplomáticas instrumentadas en la solución de litigios limítrofes, en particular con Chile; los acuerdos de integración con Brasil a partir del Mercosur, disminuyendo la competencia militar entre ambos en el Cono Sur; el desmantelamiento del aparato industrial militar y la reducción de unidades y personal por razones de déficit fiscal aducidas por el actual gobierno justicialista.

El gobierno de Alfonsín se enfrentó en la cuestión militar a un grave dilema para la transición democrática: ¿Cómo subordinar efectivamente los militares al poder constitucional mientras al mismo tiempo se respondía a las demandas de justicia por las flagrantes violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la última dictadura? Lo iniciado durante el Gobierno de Alfonsín, la Ley de Obediencia Debida, concluye con Menem, y la Ley de Punto Final, resultados de oscuros pactos con los militares. Se concede el indulto por las violaciones a los derechos humanos a cambio de la subordinación al poder civil. La ecuación de este último pacto ha sido juzgada como éticamente indigna y reprobable, aunque los resultados políticos estén a la vista. En las tres sublevaciones militares que debió atravesar el gobierno radical (una en 1987 y dos en 1988), Alfonsín nunca contó con una fuerza leal dispuesta a reprimir a los sediciosos (Episodio del General Alaiz que enviado desde Rosario a reprimir el levantamiento producido en Villa Martelli, Buenos Aires, llegó cuando todo había terminado retrasando premeditamente la marcha, siendo calificado en los términos más suaves de 'tortuga').

Los militares argentinos y sus acólitos civiles fueron incapaces, en comparación por ejemplo con el caso chileno, de estructurar el proceso de transición ofertando condiciones más favorables para el desempeño del primer gobierno civil que les siguió. Esto hizo factible el procesamiento a las juntas militares visto positivamente por el conjunto de la sociedad argentina, a pesar de los posteriores retrocesos y desfalcos a la sociedad que significaron la Ley de Obediencia Debida y de Punto Final. Considerando los efectos inmediatos y mediatos, las respuestas militares a los procesos judiciales fueron vistos como factores desestabilizadores del sistema democrático, pero al mismo tiempo fueron factores discordantes dentro del seno de las FF.AA enfrentando en algunos casos al generalato y a los oficiales subalternos.

 

El papel jugado por el ejército en la vía española a la democracia

El Video sobre Franco "Después del mito", seriamente realizado, nos permite sintetizar varias cuestiones de importancia acerca de la participación de las FF.AA, en particular del ejército, en la vida política española. Asi como para Argentina hemos caracterizado el accionar de aquellas durante el PRN, para España también hay que caracterizar a las FF.AA que estarán, quiéranlo o no, comprometidas en el proceso de la transición. ¿Por qué comprometidas? En el sentido de que su herencia estaba signada por haber sido uno de los pilares del régimen. Uno de los actores principales de la transición, el rey Juan Carlos, opinaba que se daba cuenta que la clave estaba en el ejército y que era necesario que él se integrara a sus fuerzas para poder contar con él.^[17]

A través del video extractamos los principios que el Caudillo sostiene frente a los soldados en la Academia de Toledo: "Deber, honor, valor y patriotismo". Como Director de la Academia Militar de Zaragoza los valores que trata de inculcar a los cadetes son los de "Sacrificio por el país y amor a la responsabilidad". Estas mismas palabras la hemos escuchado de los militares argentinos. Pero a los comandantes del Proceso argentino no les precede ninguna campaña militar, en cambio Franco emerge de la campaña del norte de Africa con una aureola de fama, no sólo por su coraje sino porque trasciende, en el imaginario de la tropa, que estaba bajo la protección divina que hacía desviar las balas para él destinadas. Los principios mesiánicos y fundamentalistas del franquismo "Patria, religión y familia", del sentido dado a la guerra contra la República "Conquistar y purificar", "Cruzada sagrada", y de la figura simbólica de Franco "Caudillo de Dios y de la Patria", "El primer vencedor del bolchevismo en el mundo" (Franco pensaba de si mismo que era el bien y el destino de España; según palabras de su confesor "Se creía un enviado de Dios, padre de todos los españoles") encuentran su parangón en los principios del Proceso militar argentino.

Otra comparación más, el franquismo tenía como enemigos a los ateos, liberales, republicanos, izquierdistas y masones (persiguiendo con saña a estos últimos que son los que han descendido a los infiernos, los anticristos, los antiespañoles), el Proceso argentino, con espíritu de cruzada, atacó a los antipatria, a todo lo que significaba una idea de cambio, de renovación.

Pensemos que las FF.AA si bien mantienen en todo espacio y en todo tiempo una primacía del espíritu de cuerpo, no conforman un todo homogéneo, como hemos expresado. Hubo, hay y habrá siempre integrantes que se diferencian. Sirve de ejemplificación las conversaciones personalmente mantenidas, a fines de marzo de 1996, con un Capitán retirado de ejército, N.S., de un poco más de 80 años en el momento de las conversaciones. Militar de carrera, gallego, oficial nacionalista durante la guerra civil. Actuó, entre otras campañas, en Asturias y en el frente del Ebro. Su discurso es coincidente en forma y contenido con la doctrina peronista de la década del 50. El principal enemigo de la Patria, de la Nación: el gran capital. Aquélla debe estar unida para enfrentarlo. En esto el papel del estado es esencial, un estado benefactor que debe mantener una armonía entre las clases, actuar como fuerza que equilibra los conflictos; pero el Ejército, según este militar retirado y de ahí su diferencia con el franquismo, no debe participar en la represión, serían otras las fuerzas que en caso de necesidad deben actuar. El Ejército tiene como misión fundamental la defensa de la patria frente al enemigo exterior. Este militar recibe periódicamente las revistas de las FF.AA. pero admite que no las lee, no sabemos si por su edad, aunque se mantiene lúcido y activo, o por otros motivos. Enterado perfectamente de la situación vivida por Argentina durante el Proceso, condenó taxativamente la actuación de los militares.

Este testimonio oral nos permite vivenciar y, al mismo tiempo, aproximarnos a una síntesis de las posiciones principales existentes acerca de la función que debían cumplir las FF.AA en el cambio político. Para los integristas, siguen siendo la columna vertebral de la Patria, pretenden de esta manera asignarles el papel de guardianes del orden establecido -entiéndase del franquismo- sin admitir ninguna modificación o alteración. Serían, pues, el garante de que la sucesión de Franco se produjese de acuerdo con lo previsto y sin ninguna rectificación ulterior, asegurando de esta forma la continuidad del régimen en una nueva etapa que, bajo estas condiciones, tendría que mantener los principios y leyes fundamentales de neto corte autoritario. Para los aperturistas, las FF.AA son la institución que desde el comienzo del reinado pueden permitir una evolución institucional hacia las formas de democracia censitaria, de libertades más efectivas que las existentes en ese momento, pero limitadas de hecho a los grupos que entran dentro del bloque del poder; o, a lo más, admitiendo algunas asociaciones políticas más o menos liberales o pretendidamente social‑demócratas. Por último, para los partidarios de una democracia de sufragio universal basada en los partidos políticos y las demás libertades, tienen la función de participar como importante pieza reguladora del cambio a lo largo del período de transición, reguladora en el sentido de que la democratización pudiera producirse sin convulsiones posibilitando que la sociedad asimile, progresivamente, las instituciones democráticas.^[18]

Entre setiembre y diciembre de 1976 apuntó ya el que podía ser peligro esencial para la naciente democracia española: una parte del ejército. Las reticencias del general De Santiago, considerado la máxima institución intelectual de las Fuerzas Armadas, frente a los contactos con la oposición sindical (Comisiones Obreras) por parte del ministro Enrique de la Mata, supusieron su abandono de la cartera de defensa y de la responsabilidad vicepresidencial, a caballo entre el cese y la dimisión, tras una tensa conversación con Suárez.

De Santiago nucleará a los militares descontentos, es el líder del bunker militar y toda reforma que Suárez, el nuevo jefe de gobierno, emprendiera encontraría en él a un enemigo declarado. Suárez quiere emprender las reformas y para ello necesita la neutralidad de los militares. En reuniones con Suárez, algunos integrantes del bunker, como el ex ministro y capitán general de Cataluña, Francisco Coloma Gallegos, elogian al franquismo y expresan sus dudas sobre el rumbo que parece pretende darse a la política de "nuestra Patria". Frente a esta posición, Suárez promete que no permitirá desórdenes públicos, que legalizará las centrales sindicales y, más adelante, los partidos políticos, al mismo tiempo que tranquiliza a los sectores recalcitrantes diciendo que no se dejará presionar para permitir la participación de un Partido Comunista legalizado en las elecciones generales que se celebren, resultantes de la ley de Reforma Política que elevará a las Cortes. De todas maneras, y no convencido, el 22 de setiembre, De Santiago presenta su dimisión a Suárez. Aparece, en esos momentos, un apasionado artículo de Antonio Izquierdo en El Alcázar, en defensa de Santiago, con el título de "Sólo un hombre": "Todos los indicios hacen suponer ‑escribe‑ que no ha querido prestar su aquiescencia a un decreto‑ley que destruía, sin paliativos, la Organización Sindical del régimen de Franco. No es una retirada, es un paso al frente".^[19]

Es importante transcribir parte de la carta que envía De Santiago a sus compañeros de armas, recibiendo fuertes adhesiones: "la evolución política de nuestra Patria está discurriendo por unos cauces y con un planteamiento con el que no me siento identificado (...) El Gobierno prepara una disposición posiblemente con el rango de decreto‑ley a la que me he opuesto infructuosamente, por la que se autorizará la libertad sindical, lo que supone, a mi juicio, la legalidad de las centrales sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes cometidos en la zona roja, y de las CC.OO., organización del Partido Comunista".^[20]

Reemplazado Santiago por Gutiérrez Mellado, sobre éste comienza una campaña de desprestigio que se vuelca sistemáticamente en los periódicos ultras. Gutiérrez Mellado cubrirá un papel decisivo en el gobierno respecto a las cuestiones militares, su actuación le valió la inquina de los sectores más reaccionarios, dentro y fuera del ejército. Sin embargo, el mismo proceso que se estaba viviendo extendía un halo protector a figuras como la de este general que, formadas en el franquismo, se jugaron por el cambio de régimen. Como Vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado, se constituyó en uno de los pilares del proceso de transición, enfrentó las intentonas golpistas, rehabilitó a militares que habían sido sancionados por Franco (teniente general Manuel Díez Alegría y el general Aranda) y encaró la primera reforma militar de la transición que tocará a fondo la estructura heredada del régimen franquista.

Estas reformas creaban una Comisión delegada de Asuntos Militares para tratar con carácter de urgente los problemas que aquejaban a las FF.AA; se configuraban los cargos del Estado mayor, de los ejércitos de Tierra y Aire, la Junta de Jefes del Estado Mayor y consejeros superiores de los ejércitos; se trataba el problema de los objetores de conciencia por motivos religiosos; se planteaban los condicionamientos y limitaciones para la intervención en actividades políticas de los componentes profesionales o no de las FF.AA.; se reorganizaba el Estado Mayor Central del ejército y, en consecuencia, la general de dicho Ministerio; se actualizaban y regulaban las diversas escalas de los cuerpos de suboficiales y especialistas de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire; se especificaban los planes de dotación y armamento; se revisaba la jurisdicción del Código de Justicia Militar y de la Ley Orgánica de la Defensa; se definía la política de Defensa como parte integrante de la política general; se reconsideraban los tiempos mínimos de permanencia en filas de los soldados, asegurando el grado necesario de instrucción y la capacidad operativa de las unidades; se actualizaban los centros de enseñanza en todos los niveles; se reorganizaban las industrias e investigación tecnológica relacionada con la Defensa; etc. Estas reformas, expresaba Gutiérrez Mellado, "son factores esenciales para lograr el fin único de los ejércitos: asegurar su capacidad en la defensa de la Patria". En síntesis, lograr la fijación de los objetivos de las FF.AA acoplados armónicamente al plan nacional.^[21] ¿Qué significa este gran paso dado por Gutiérrez Mellado? Por un lado, un acoplamiento al proceso de democratización y, por otro, el tratar de lograr adhesiones de determinados sectores de las FF.AA. que percibían la necesidad de introducir cambios a la vieja estructura heredada del franquismo.

La segunda gran crisis militar de la transición española se produce al legalizarse el PCE, una de las decisiones de mayor riesgo de la transición, asumida personalmente por Suárez. Los altos mandos se habían manifestado desde un principio contrarios a tal medida, afortunadamente, las FF.AA carecían de una cabeza dirigente y de una definida y clara voluntad política. Las poderosas fuerzas supervivientes del régimen franquista y la mayoría del gobierno se oponían a la legalización. La estrategia del Carrillo, máximo dirigente político del PC, y el convencimiento de Suárez de abrir las puertas a la democracia a través de la vía electoral hacen a la decisión de legalizarlo asumida prácticamente en forma personal por el jefe de gobierno. Cunde la irritación entre los militares. El almirante Pita da Veiga, ministro de Marina, dimite, actitud que sorprende al gobierno que ubicaba al almirante como liberal y reformista convencido. Existía un resentimiento anterior de éste con Gutiérrez Mellado. Lo reemplazará, en una hábil jugada, el almirante Pascual Pery Junquera, enfrentado a Pita, quien se vió obligado a pedir el retiro. Si bien Junquera no aprobaba la legilización del PC, lo ubicaba como un hecho inevitable.

Después de una agitada semana, las FF.AA se aquietan, acatando a los mandos naturales. Sin embargo, la nota hecha pública del Ministro del ejército del gobierno de Suárez, Félix Alvarez Arenas, del 14 de abril de 1977, dirigida a todos los generales, jefes, oficiales y suboficiales, informándoles de que el Consejo Superior del Ejército considera que la legalización del Partido Comunista de España es un hecho consumado que admite disciplinadamente; pero, consciente de su responsabilidad y sujeto al mandato de las Leyes, expresa la profunda y unánime repulsa del Ejército ante dicha legalización y acto administrativo llevado a efecto unilateralmente,^[22] está señalando el escaso margen de acción del gobierno para encarar las reformas que la transición imponía dentro de las filas de las FF.AA. Opina Tusell que "esta crisis parece haber tenido un componente más personal que ideológico, más de defensa de los intereses de cuerpo corporativo porque siendo la marina el arma más conservadora estaba mayoritariamente en contra de la legalización pero no se mantuvo en una posición cerrada sino que de hecho se contentó con mayores presupuestos".^[23]

A posteriori, se producen otros significativos hechos. Un grupo de militares, alguno ex ministros -Pita de Veiga, De Santiago, Alvarez Arenas, Milans del Bosch, Prada Canillas y Coloma Gallegos- decidieron exigirle al rey que efectivizara un golpe de estado para constituir un gobierno de salvación nacional presidida por De Santiago y con Fraga ocupando la cartera de Hacienda. Esto fue informado por Diario 16. Con habilidad Suárez, desactiva el golpe, modificando los destinos. Se le quitó el mando de la poderosa División Acorazada Brunete, control del cinturón madrileño, al teniente general Milans del Bosch, relevado por el general Pascual Galmes, y se asciende a militares democráticos leales al Rey, entre otros a Gabeiras como Jefe del estado mayor del Ejército y a Quintana Lacaci en capitán general de la I Región Militar.^[24] El no castigar en el momento preciso a los complotados, en el denominado complot de Jativa, traerá consecuencias posteriores.

El 17 de noviembre de 1978 en el Arsenal de Cartagena donde se celebraba una reunión con cerca de mil generales, jefes, oficiales y suboficiales de todas las FF.AA, Gutiérrez Mellado es tratado de traidor por el General Atarés. Opinión gritada a voces por algunos de los presentes que la Constitución era divorcista y atea, la mayor mentira, vivando a Franco, acusando el jefe de la Tercera Zona de la Guardia Civil, el general Juan Atarés Pena, a Gutiérrez Mellado de "traidor, masón, cerdo, cobarde, espía", actitud apoyada por el teniente general Jaime Milans del Bosch. El consejo de guerra al que fue sometido Atarés, por su acto de indisciplina, lo absolvió, dejando abierta la puerta para futuras intentonas golpistas.

Atarés y Bosch eran emergentes de aquellos sectores de las FF.AA. que conservaban "un sentido del deber y del ideal patriótico típico del fascismo sociológico imperante durante toda la era franquista. No veían con buenos ojos el emerger de la sociedad civil y el ocaso del sistema de vida militar".^[25] Otro militar, un teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, adquiría cada vez más notoriedad. Por actos anteriores, ya se había detectado la actitud antidemocrática de Tejero, lo que había obligado a su cambio de destino en distintas ocasiones.

Distintos grupos de filiación franquista, entre otros de guerrilleros de Cristo Rey, intentaban boicotear todo acto o manifestación de tinte progresista, provocando disturbios, agrediendo a los participantes. Los sectores más reaccionarios del ejército contaban con la difusión de sus principios en distintos medios de prensa, El Alcázar, El Imparcial, Fuerza Nueva.

Los militares golpistas frente a la reestructuración de los cuadros emprendida por Gutiérrez Mellado, entienden que rápidamente deben infiltrarse en las nuevas estructuras, solicitando destinos en puestos claves ‑en los estados mayores de las cabeceras regionales y en los servicios de información militares‑ y siguiendo un plan preconcebido y previamente discutido en estas denominadas charlas de café. Entendiendo que esto se había logrado, se pone en marcha la Operación Galaxia que debía tener lugar en esa fecha del 17 de noviembre, tres semanas antes de que se produjera el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978. Informantes del gobierno, que asistían a las reuniones preparatorias del golpe, habían alertado al gobierno, pero también a los miembros de la oposición. Nos referimos en particular al aviso realizado por Felipe González, informado a su vez por miembros de la UMD, de un posible golpe a realizar el 17 de noviembre de 1978. Diario 16, hace pública el mismo día 17 la intentona golpista, con un contundente encabezado en primera página "Abortan un descabellado complot militar", denuncia también realizada dos días después por El País, acusando de cómplice a El Imparcial. A las caras visibles de la Operación Galaxia, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina y el Capitán de la Policía Armada, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, acusados de rebelión, se les abre un procedimiento judicial por vía militar.

A su vez, el búnker estratégicamente expresa que ésta era una operación pensada y montada por el mismo Gobierno con la finalidad de justificar la reforma depuradora de las Fuerzas Armadas y del Orden Público, declarar la ilegalidad de Fuerza Nueva, Falange Española y amordazar a las fuerzas nacionales (según lo publicado en El Alcázar) mientras que la oposición entiende que debían profundizarse las reformas para transitar un camino más seguro hacia la democracia. Las penas mínimas a las que fueron condenados Tejero e Ynestrillas, hace que acertadamente Diario 16 opine que éstas se contradice con los considerandos recogidos por el consejo de guerra, "esperemos que con ese riesgo tan barato, al juego no le salgan otros partidarios deseosos de probar suerte", haciendo alusión a las expresiones del Capitán Ynestrillas acerca de que se había demostrado con las penas impuestas "que todo fue un juego" del gobierno.

Antes del 23 de febrero de 1981, las intentonas golpistas fueron varias. En una entrevista realizada a Jaime Milans del Bosch, publicada por el ABC, el 23 de setiembre de 1979, se sintetiza esta posición: "El Ejército deberá intervenir cuando se evidencie que las leyes, la acción policial y la judicial son insuficientes".^[26] Frente a esas intentonas ¿Qué actitud asumió la opinión pública española? ¿Indiferencia, pasividad, ignorancia de que significaban un retorno a tiempos pasados? Carles Clemente sostiene que "en aquellos años, la sociedad permanecía generalmente en actitudes pasivas en todos los sucesos que calificaban, a lo sumo, de rabietas malhumoradas o de charlas de café".^[27] Esto obliga a una profunda indagación y a cuestionarse hasta qué punto habían calado en el conjunto de la sociedad española los cambios que debían asumirse para afrontar la transición. Una sociedad sometida a tantos años de silencio y amordazamiento, un paquete tan bien anudado, haciendo referencia al sentido de la expresión de Franco, que costaba desarmar. El tomar conciencia, el posicionarse ideológicamente en un contexto, donde según las opiniones recogidas y encuestas de opinión, se visualiza la inclinación centrista de la mayoría de la población.

¿Quién movió los hilos del golpe del 23 F de 1981? Un golpe precedido de una multifacética actividad pública fascista, de una profusa campaña panfletaria, de una sistemática difusión propagandística llevada a cabo a través de El Alcázar, o El Imparcial. Resurgieron las acciones de los civiles fascistas instigando al golpe a los militares al que mucho no tenían que empujar. Podemos mencionar entre otros, de lo que podría conformar una larguísima lista, a: Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, Jaime Milans del Bosch, Iniesta Cano, Alfonso Armada, otros que se escondían con el seudónimo periodístico de Almendros.

La ultraderecha no salía de su asombro de los magros resultados alcanzados en las elecciones del 77 y del 79, a pesar del repunte logrado en esta última. ¿Qué salida le quedaba? "Según lo recogido de Fuerza Nueva: ¿Qué importa tener dentro de cuatro años, si esto antes no se ha ido al garete, en vez de un diputado, cinco o diez? ¿Podríamos de este modo salvar a España? desde luego, no. Fuerza Nueva tiene que propiciar, para el mejor servicio de la Patria, una línea de acción al margen del cáncer democrático parlamentario. Debe propiciar la formación de élites de mando y organizarse militarmente, aun cuando sea en la clandestinidad, para lograr mover al Ejército y junto al mismo dar el necesario golpe de Estado que se hace ya imprescindible si no se quiere la destrucción de España".^[28]

No es el caso relatar el desarrollo de los sucesos del 23 de febrero de 1981, pero vale hacer algunas consideraciones:

- El Bando Rebelde del Capitán General de Valencia, Jaime Milans, leído por todas las emisoras de la ciudad ocupada por los tanques, parecía casi una réplica, en contenido y en forma, de la declaración de guerra firmada por Franco, del 18 de julio de 1936.

- El fracaso del golpe se debió no a la inoperancia, no al silencio de las supuestas unidades comprometidas, ni a la lealtad al Rey de los mandos militares superiores de las FF.AA, en particular de la Guardia Civil y del Ejército, sino "en gran medida a las divisiones existentes en el ala dura del ejército. Las posteriores investigaciones oficiales demostraron que habían confluido en el golpe varias conspiraciones teniendo éstas diferentes objetivos políticos e integrantes"^[29]

- La opinión pública fue puesta inmediatamente sobre aviso por la decidida acción de los medios de comunicación que prácticamente transmitieron en directo el golpe y que con boletines de noticia la mantenían informada. Esto, 'colmó el vaso' y la hizo salir de su inercia política, manifestándose en contra de los golpistas.

Corrió una versión de que siendo una "situación militar", la Junta de Jefes Militares (JUJEM) sugería que era su deber asumir el poder. El Rey rechaza esta idea y sostiene mantener la continuidad civil, designando un gobierno integrado por Secretarios de Estado y Subsecretarios bajo la Presidencia del Secretario de Estado para la Seguridad. De los once capitanes generales de las regiones militares, el que se había sublevado abiertamente era Miláns, tres manifestaron abiertamente su lealtad a la Constitución y el resto, o sea la mayoría, se había mostrado vacilante de un modo o de otro.^[30] Después de la declaración del Rey por televisión, a la 1,14 de la madrugada del 24 de febrero, los rebelados atrincherados en el Congreso estaban cada vez más aislados. El golpe fracasó, ¿esto significó la finalización del problema militar?

En su libro autobiográfico y justificativo de su participación en el golpe del 23‑F Al servicio de la Corona, Alfonso Armada manifiesta su inocencia. La pregunta que surge de sus declaraciones en el juicio que se le siguió es si el Rey estaba detrás del golpe. Joaquín Bardavío desestima esta posible participación Buscar sofisticadas explicaciones (respecto a la implicancia del Rey)... era como decir que un ingeniero de caminos quiere agrietar una presa para demostrar que su construcción puede aguantar la presión de millones de toneladas.^[31]

En España, los militares durante la transición no manifestaron abierta y públicamente una mayoritaria voluntad de protagonismo político. Las crisis militares se sucedieron y, sin embargo, se mantuvo la fidelidad a un sistema institucional que evolucionaba desde una legalidad a la otra contando con la voluntad de la ciudadanía e instrumentando pausada y metódicamente las reformas que encaminaban a la democracia. En realidad, los temores a una intervención militar siempre estuvieron presentes y alentados por todos aquellos elementos contrarios a ese sistema. La paradoja de la situación española consistió en que precisamente durante la dictadura de Franco, para evitar una posible oposición militar, las FF.AA fueron adquiriendo una voluntad de no intervención en la vida política, al mismo tiempo que en términos generales permanecían aisladas y encerradas en sí mismas manteniéndose detrás de las bambalinas. Los golpistas fueron minorías no articuladas entre sí, como se demostró en el 23 F, y aún más resulta muy difícil pensar que, de haber triunfado este golpe, hubieran podido mantener su proyecto político englobado en su proyecto nacional.^[32]

 

Algunas reflexiones finales

Los procesos históricos guardan una especificidad que es preciso respetar, y con ello no pretendo diluir las comparaciones que puedan establecerse. Retomando las cuestiones inicialmente planteadas, el problema central acerca de la participación de los militares en los procesos de transición democrática conduce a reflexionar acerca que sólo el mantener la democracia en un entorno tan difícil representa un gran paso hacia adelante.

Durante este camino hacia la afirmación y consolidación de la democracia, las FF.AA tendieron a constituirse de manera muy distinta a la que habían heredado. En ella, hubo actores destacados con capacidad y voluntad políticas de encaminar los cambios internos, la modificación de la estructura de recursos, y sobre todo, la transformación de las relaciones con otros actores de la política y con la sociedad civil. En esta transformación política se lograron ciertos consensos implícitos: el respeto a la seguridad jurídica y a las libertades individuales, a una vida política regida por las leyes constitutivas de la nación, permitiendo el libre juego de los partidos y dirimiendo sus aspiraciones a través de elecciones.

Es importante señalar que por primera vez, después de un largo tiempo, después de las traumáticas experiencias históricas vividas, se ha dado la sucesión democrática de los distintos gobiernos tanto en España como en Argentina. En este sentido se alcanza uno de los tradicionales indicadores para medir la estabilidad del régimen político. Pero todavía, en la opinión pública existe una cierta disociación entre la evaluación de la situación económica y el valor de las instituciones políticas democráticas, todavía el principio de legitimidad política es puesto en cuestión por la perfomance económica, el lograrlo significa aproximarse mucho más a la consolidación democrática.

 

Abril 1997

 

Notas