Movimiento Mujeres en Lucha, la resistencia a los remates rurales[1]

Ricardo Daniel Calzolari[2]

Introducción

Iniciando los años 90 se podía ver en los comercios de los pueblos del departamento Constitución anuncios de remates rurales. Muchos de ellos llamaron mi atención y los fui guardando. Algunos de ellos alcanzaban una longitud 1,00 m. de largo (tres hojas oficio) llenas del detalle de todo lo que contenía ya que se remataban varias chacras juntas. Supe entonces apriorísticamente que algo muy grave estaba ocurriendo.

A la hora de concluir esta Investigación (abril del 2002) la perspectiva de la década Menemista es mucho más nefasta, seguidora a pié juntillas de las políticas neoliberales que concentran el capital y excluyen cada vez más capas sociales.

El presente trabajo es un acercamiento a la reacción de un sector: el pequeño productor rural. Las problemáticas que tendremos que revisar son: el latifundio, la estructura económica, política y judicial que favorece a los remates, la resistencia a estos y la ideología que domina al sector y fundamental: ¿por qué en esta coyuntura la mujer tiene un protagonismo tan particular?

El gobierno de Carlos Menem anuncia en 1992, a través de su funcionario Ingaramo, que 200.000 productores rurales tendrían que desaparecer porque el tamaño de sus campos no era viable económicamente[3]. Cuando esta inviabilidad digitada desde el poder comienza a impactar al sector, la resistencia también se manifiesta.

El MOVIMIENTO DE MUJERES EN LUCHA (MML) es nuestro objeto de estudio por su singular protagonismo; nuestra fuente documental será principalmente los artículos periodísticos.

El MML supone el ensanchamiento y la profundización de las luchas populares, en defensa de la pequeña propiedad agraria en el proceso de concentración, su nombre prefigura algunas concreciones en este sentido, a saber: es un movimiento con una dinámica creciente (abarca todo el territorio nacional), plantea un nuevo posicionamiento en lo que respecta a la figura masculina no la de una independencia que la lleve a competir con la misma sino la de una nueva autonomía en el campo de las luchas sociales.

Capitalismo agrario dependiente

Se nos hace necesario retrotraernos a la formación de los estados nacionales y su lenta pero inexorable inserción en la división internacional del trabajo. En la segunda mitad del siglo XIX el capital imperialista encontró en Argentina excepcionales condiciones potenciales para desarrollar actividades ganaderas y agrícolas que generaran las materias primas requeridas por los centros hegemónicos de poder.

El ámbito rural estaba dominado por una oligarquía terrateniente, pronta a convertirse en burguesía agraria, que mediante un arraigado sistema de apropiación de la tierra, impidió al capital inglés actuar libremente en el campo, este no tuvo otro camino que negociar con esta burguesía que no aspiraba a otra cosa que desempeñar el papel de socio minoritario en la estructura dependiente que adquiría el país.

El pacto entre nuestra emergente burguesía agraria con el capital monopólico internacional se consumó en la división de roles de uno y otro. El sector terrateniente argentino se encargó de la producción agropecuaria sin modificar en nada el régimen de la tierra. El capital monopólico internacional se encargó de vehiculizar el excedente generado en el campo y profundizar los lazos de dependencia con el estado argentino, Gastiazoro afirma que el capitalismo nunca marchó contra el latifundio, operó dentro de la gran propiedad territorial en unión con el capital extranjero[4]. Así, en este contexto de condicionamientos externos y asentimientos internos nace la agricultura en el ultimo tercio del siglo XIX. En un sistema diseñado y comandado por el latifundio, la inserción de la pequeña propiedad así como la de la pequeña producción, es una contradicción directa a este sistema. En efecto el arrendatario de campo, el colono, el mediero, el productor familiar independiente (generalmente inmigrante europeo) ingresa a la producción sin controlar tierras, capital, mercado, ni siquiera el propio proceso productivo. Bajo estas condiciones, la pequeña producción, y a su vez el excedente creado por ella, es utilizado para pagar la renta terrateniente y aumentar las ganancias a un nivel extraordinario del capital monopolista.

Es un régimen de producción dirigido y articulado por el gran capital, ubicado en la esfera de la circulación y con un pacto de no-agresión con la oligarquía terrateniente, por esto los productores no son agentes originarios del capital, en todo caso, son un soporte del verdadero inductor de capitales.

Volviendo al tema de la propiedad territorial, el pequeño productor debe convenir con el gran propietario todo lo concerniente a condiciones de uso y explotación de la tierra, características y volumen de la renta. Dado el poder del terrateniente, este exige y maneja a voluntad los cánones del arrendamiento. Con lo cual extrae una masa mayor de excedente. Esto queda reflejado con claridad en los contratos de arrendamiento, donde se fijaban el numero de caballos, perros, y gallinas como así también caminos por los que podía transitar, pero quizás el elemento más vergonzante sea las trampas jurídicas con las que se lo podía desalojar en cualquier momento.

La larga puja entre la necesidad de recaudar fondos públicos junto al deseo de obtener grandes propiedades por un lado y las ideas de Rivadavia sobre la pequeña propiedad por el otro terminó favoreciendo a los grandes terratenientes, una constelación de leyes lo hicieron posible, por ejemplo la ley de 1867 prohibía la renovación de los contratos de arrendamiento celebrado según la ley de 1857 y ordenaba la venta de todas estas tierras incluidas en sus contratos, del mismo modo, los subarrendatarios recibían los mismos derechos sobre todos los terrenos que ocupaban. Y se ordenó que todas las tierras no compradas se vendieran en una subasta pública en parcelas que no excedieran a una legua, de esta manera antes de que aparecieran en escena un gran número de inmigrantes ansiosos de solicitar pequeñas parcelas, el latifundio ya se había consolidado.[5]

Antecedentes de la lucha agraria. El grito de Alcorta, sus consecuencias

J. R. Scobie señala que: “durante muchos años el pequeño agricultor fue apolítico. El aislamiento, el analfabetismo y la inestabilidad dificultaban la organización o la acción política, cuando no la hacían imposible. El agricultor inmigrante tendía a aferrarse a su anterior nacionalidad y a evitar enredarse en el campo traicionero e incomprensible de la política local. Su principal aspiración era que lo dejaran en paz” pero esta no es una aspiración simple.[6]

La cosecha de 1910-1911 fue sumamente escasa tanto de lino como de maíz, al ser liquidada, la mayoría de los agricultores no alcanzó a cubrir los gastos contraídos en este periodo, de manera que los saldos negativos de cada liquidación iban a engrosar las deudas pendientes de años anteriores, sobre todo con el almacén de ramos generales (casi siempre perteneciente al terrateniente) que así aumentaba su poder sobre sus clientes y permanentes deudores.[7]

Se registran en ese mismo período, no obstante lo calamitoso de la situación, la exigencia de aumentos por parte de los terratenientes en arrendamientos y aparcerías. Así se fue incubando la rebelión, entre los hombres que comenzaron a reunirse y estaban al frente: Domingo Arfinetti, Francisco Bulzani, Luis Ricovelli, Francisco Capdevila, Francisco Peruggini, y el cura párroco José Netri.

La jornada del 25 de junio de 1912 fue algo mas que una asamblea agraria, constituyó un importante acontecimiento nacional, por sus inmediatos resultados y por sus proyecciones, en los múltiples aspectos sociales del quehacer agrario del país.

Los reclamos en la ocasión fueron: 1º) Contrato escrito y por un plazo mínimo de cuatro años, 2º) Arrendamientos y aparcería: en el primer sistema, pagar un máximo de 25.00 pesos por cada cuadra y por año, con pagos semestrales; en aparcerías, abonar el 25 % de la producción puesta en parva y troje y como salga, 3º) Absoluta libertad de: trillar y desgranar con la máquina que el locatario disponga; vender, comprar, asegurar su sementeras donde más le convenga al agricultor, 4º) Derecho de disponer gratuitamente del 6 % de la totalidad de la tierra, 5º) Suspensión inmediata de todo juicio de desalojo y formal compromiso de no tomar represalias por la actitud de resistencia de los agricultores en la presente emergencia.

Este es uno de los procesos históricos en la formación del pequeño y mediano productor y su lucha. El fruto del Grito de Alcorta es un hito en la historia del agro argentino obteniendo un alto porcentaje de respuesta a sus demandas y dando a luz el gremio del sector la Federación Agraria Argentina.

Participación de la mujer, nace el Movimiento de Mujeres en Lucha

En 1995 surge el Movimiento de Mujeres en Lucha, en Winifreda una pequeña localidad a 40 km de la capital de la Pampa, donde se le intenta rematar a Lucy de Cornelis su propiedad rural. Ante la inminencia de la ejecución la futura dirigente toma la decisión de plantear el problema del endeudamiento bancario y el peligro de despojo en los medios de comunicación. Así comienzan a agruparse las mujeres del sector que compartían situaciones similares. Ellas declaran “el esfuerzo de los hombres necesitaba un apoyo más notorio que el familiar. Las mujeres vinculadas al campo a través de sus afectos decidieron integrar esta nueva organización” este “apoyo más notorio” es un salir a la lucha por el interés de su clase ampliando las posibilidades de éxito que se alejan notablemente en este año.[8]

Sus reclamos son: =Suspender embargos y ejecuciones en forma inmediata. =Refinanciación de los créditos en pesos y a tasas internacionales. Sobre la base de garantías ya existentes, englobando todas las deudas con plazos no inferiores a 20 años y dentro de las condiciones de cada producción. =Que se reanalice la situación de muchos productores, creada por haber recibido cédulas hipotecarias rurales. Ante su imposibilidad de pago, y la refinanciación inadecuada que ofrece el Banco Nación, se solicita un plazo no inferior a 10 años y a tasas iguales a la de las deudas. =Que se analice la legitimidad de la deuda desde su origen y los pedidos de concursos y quiebras que presentaron las empresas o personas físicas desde 1989 a esta parte y que no tiene precedentes históricos. =Apoyar las iniciativas que impulsen leyes de alivio financiero y reclamar la sanción de una ley antimonopolio.

En la emergencia del MML concurrieron elementos como la caída de los precios de los productos primarios, lo que generó la agudización ya existente entre las distintas facciones sociales que componían el sistema productivo; un proceso de ruptura con las representaciones corporativas previas (FAA[9]) sin llegar a la ruptura formal definitiva con las mismas.[10]

En líneas generales, la historia del MML (entendida como proceso) se despega en un ámbito más general que refiere a la lucha de clases en la Argentina, dicho proceso no se agota en el periodo referido (ni comienza en este periodo). En los hechos que tuvieron lugar en Alcorta, en 1912 la familia chacarera actuó en conjunto pero nos gusta reflejar la actividad de la mujer en un hecho que el libro editado en el 75º aniversario del “grito de Alcorta” la FAA rescata mostrándonos a la mujer agraria. Llamada MARIA ROBOTTI de BULZANI, esposa del presidente de la comisión organizadora del “grito" y posteriormente de la huelga, este hecho le gano cierta popularidad e impidió que se perdiera, ocurrió así: En la chacra que ocupaba con su familia, allí se organizaban frecuentes reuniones de agricultores. En ocasión en que una de ellas tenía lugar en el patio de su casa un grupo de vecinos discutían sobre los hechos que afligían a la colonia, mientras cebaba mate escuchaba las quejas y lamentos de los atribulados agricultores. Como no veía surgir una actitud decisiva, a pesar de los intentos que hacia su esposo, ella se plantó ante aquellos hombres y les dijo “para resolver el problema de la chacra es necesario tomar una actitud valiente. Deben declarar la huelga general, de lo contrario, de nada valen los lamentos, ni las blasfemias[11]. “De mí parte la declaro ya: ¡no cebo mas mates, ni prepararé la cena! Dijo, mientras se quitaba el delantal que siempre llevaba.” No podemos decir de ninguna manera que este hecho sea determinante de lo que luego ocurriría, pero sí muestra que en los agravamientos de los conflictos sociales se suceden cambios dentro de un sector solo a través del nuevo posicionamiento de los actores sociales.

Para 1997 (dos años después de su nacimiento) el MML había conseguido detener 228 remates en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y la Pampa. Esta cifra muestra como la furia concentradora del capital cuenta con una “justicia a su medida”.

Las políticas neoliberales constituyen precisamente una gran ofensiva del capital contra el trabajo. Para equilibrar sus cuentas, los poderes públicos endeudados han aceptado reducir los gastos sociales y de inversión y recurrir a nuevos préstamos para poder hacer frente al aumento de las tasas de interés: esto genera lo que comúnmente se denomina efecto "bola de nieve", hecho que se produjo en los cuatro puntos cardinales del planeta durante las décadas del 80-90. El efecto "bola de nieve" consiste en el aumento mecánico de la deuda ocasionado por el efecto combinado de las altas tasas de interés y de los necesarios nuevos préstamos destinados al pago de anteriores empréstitos, este proceso que empuja a recurrir a nuevos prestamos se reprodujo hacia el interior de la sociedad, siendo el sector agrario uno de los mas afectados.

La metodología usada por el MML es descripta por una de ellas: ”Nosotras solo vamos cantando el Himno Nacional y rezando, esto genera una situación en la que el martillero no sigue hablando, y en general recibe la orden del juez de parar el remate”[12]. También suelen arengar pacíficamente a los posibles compradores, cantar y rezar.

Este método no es un delito pero traba el accionar concentrador del capital, por eso se lo trata de encuadrar en un hecho delictivo, como lo hizo la jueza Adriana Cuaranta del juzgado en lo Civil y Comercial de Cañada de Gómez en 1998, quien ordenó en dos oportunidades la represión policial y en una de ellas la detención y el procesamiento de una de las dirigentes del movimiento Ana Galmarini mientras intentaban impedir un remate en Las Parejas. Fueron acusadas de “impedir el ejercicio de las funciones públicas”. Este cargo no tiene demasiado asidero por lo que el abogado del MML Ricardo Dagotto presentó un recurso de nulidad en el que declara: “Se acusa de intimidación pública a quienes a viva voz exigen que se paren las subastas frente a las fuerzas policiales armadas hasta los dientes y resulta que la policía, la justicia y las políticas de gobierno no persiguen a la usura, que es la esencia del modelo, sino que se descarga contra sus víctimas”[13].

Las Leyes y su aplicación para ser válidas tienen que ser justas y respetar los derechos a vivir, a trabajar, a mantener con dignidad una familia. Usarlas contra esos derechos vuelve ilegítima cualquier represión y torna justa y obligatoria la protesta de los afectados y del pueblo. Este es el pequeño espacio de legitimidad jurídica desde donde resisten al modelo y la pretensión de la política neoliberal es quitárselo.

El 15 de diciembre del 98 es citado el Ministro de Defensa Jorge Domínguez para que dé cuenta ante la Comisión de Defensa, por el espionaje llevado a cabo sobre el MML y diez periodistas que investigaban sobre las privatizaciones. Entendemos que para detener las luchas sociales en esta “democracia formal” siguen intacto el aparato y los métodos de la dictadura.[14] En 1988 el Congreso Nacional sancionó la ley de Defensa Nacional que pretendía dejar atrás la de Seguridad Nacional. Y por la cual las cuestiones de políticas internas del país no podrán constituir en ningún caso, hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares.

El indignado reclamo del MML incrementa la repercusión pública y en consecuencia el titular de la Fuerza Aérea, Brigadier General Rubén Montenegro, resolvió separar de sus cargos a los miembros que realizaron la inteligencia, Brigadier José Agustín Vanden Panhuyen y Comodoro Jorge Alberto López.

La defensa del Banco Nación

Como parte de las políticas bajadas por el Departamento de Estado norteamericano durante los años 70 se desarticulan los cuadros militares políticos y sindicales de los sectores populares, que resistían desde la clandestinidad y fueron vencidos por los gobiernos militares. La represión se extendió a toda la sociedad y no quedó sector a lo largo y a lo ancho del país sin “desaparecidos” comenzando por los obreros, los intelectuales siguiendo por los artistas, trabajadores sociales, sindicalistas y aún personas a las que no se la podía vincular con ninguna actividad política.

Estas 30.000 desapariciones generan en sí misma un debilitamiento en la resistencia a las políticas de entrega y es también una herida social que a través del dolor y el temor continúa aún hoy causando este efecto de debilidad y dificultad para la resistencia.

En 1993 el ministro de economía Domingo Cavallo, a quien le fue posible privatizar todo el patrimonio nacional, llamándolo con desdén “las joyas de la abuela”, había solicitado al gobierno norteamericano un pormenorizado informe de nuestro sistema financiero, lo cual da cuenta de la exacerbada obsecuencia con que se promueve desde el seno del estado la dependencia, sobre la que se trazó esta gestión de gobierno. El informe presentado por el experto Gerald Corrigan llamado “informe Blanco” recomendaba privatizar las entidades financieras en poder del estado, aduciendo que estos provocaban distorsiones y desigualdades en el resto del sistema. El recambio ministerial no impidió que Roque Fernández retomara la recomendación y relanzara la idea de la privatización del Banco Nación[15].

En rechazo a su venta el MML abrazó simbólicamente junto a otros sectores de la producción esta entidad. Para esa fecha ya era de conocimiento público que las privatizaciones llevadas a cabo con la excusa de amortizar la deuda externa, no se utilizaron para tal fin sino por el contrario esta sigue creciendo.

El Banco Nación (BN) es el único instrumento de desarrollo. Esta entidad permitió históricamente por medio de créditos a treinta años acceder a la tierra. Si bien el crédito de fomento ha desaparecido el BN es el único que aún puede llevarlo adelante y sigue siendo el principal sostén financiero de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).

El BN en 1998 tenía 11 millones de hectáreas hipotecadas pertenecientes a productores que solicitaron créditos hipotecarios, esto representa más de un tercio de toda la superficie cultivada del país. Para esa fecha el 67 % de los productores estaban endeudados y en los 7 años que llevaba el gobierno menemista estas deudas se quintuplicaron.

La estabilidad con recesión, el afán de seguir produciendo y proveerse de tecnologías adecuadas llevó al endeudamiento puesto que la caída de la rentabilidad agropecuaria y los desmesurados costos financieros eran insalvables.

El Estado cede a la oferta capitalista de concentrar capitales sacrificando al sector de pequeños y medianos productores. En Argentina existían 390.000 productores agropecuarios que en su mayoría eran clientes de bancos. La Sociedad Rural estimaba que el endeudamiento en todo el país sumaba 8.000 millones de dólares distribuidos 6.000 con el Banco Nación y 2.000 con Bancos provinciales, privados y acopiadores, con una tasa de interés que es del 15 %, promedio.

Para reembolsar la deuda pública el gobierno comprime especialmente el presupuesto fiscal cuya estructura ha evolucionado regresivamente en el transcurso del decenio 80-90 de tal modo que la parte de los ingresos fiscales procedente de los impuestos a los réditos del capital disminuyen y se acrecienta, en cambio, la proporción de los ingresos provenientes de los impuestos al trabajo asalariado y de los impuestos indirectos masivos a través de la generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA). A esto se agrega una política de elevadas tasas de interés que acrecienta la recesión interna.

Aumento del latifundio y extranjerización de la tierra

Aunque no existan datos oficiales debido a que no se hizo la medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), prevista por decreto presidencial para el año 1998, una encuesta en la empresa Mora y Araujo muestra que en los últimos cinco años desapareció un 30 % de explotaciones rurales de pequeños y medianos productores en la pampa húmeda[16].

Según fuentes del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, el censo de 1999 no se realizó porque el gobierno nacional no incluyó las partidas correspondientes en el presupuesto. De ahí que en Santa Fe no existan datos actualizados sobre la distribución de las tierras, a causa de que esa encuesta es una tarea que realiza el Indec en colaboración con el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec).

En cuanto a la labor del organismo santafesino, las inundaciones impidieron la realización del censo agropecuario, ya que muchas rutas estaban anegadas y el mal estado de los caminos de acceso a los campos imposibilitaba el traslado del personal.

El último censo elaborado por el Indec en el 88 destaca una concentración de tierras en manos de unos pocos, en el norte santafesino, en los departamentos San Justo, San Cristóbal, Vera, Garay, General López, General Obligado y Las Colonias. La medición muestra que grandes latifundios se extienden por el norte provincial, ya que 19 propietarios tienen más de 10 mil hectáreas cada uno, con una población rural de 104.125 personas (el 10 % de los habitantes santafesinos), distribuidos en 6.928.421 hectáreas (casi el 50 % del total de la provincia) en el norte provincial. Consultado por El Ciudadano acerca de la extensión de campo que tiene cada uno de estos propietarios, el organismo se negó a dar la información amparándose en el secreto estadístico.[17]

En la provincia hay 36.862 propietarios con 11.074.241 hectáreas distribuidas entre personas físicas, sociedades de hecho y anónimas, cooperativas, institutos privados sin fines de lucro y entidades públicas. Hay 4.724 dueños de parcelas de 10 a 25 hectáreas, mientras que 32.785 propietarios poseen campos con más de 500 hectáreas.

En la franja de propiedades que llega a las 10 mil hectáreas el último censo señala que hay 4.018 propietarios y con más de esa cantidad las tierras están divididas en solo 19 personas. Otro dato que se destaca es que de las 36 cooperativas existentes, ninguna supera las 500 hectáreas y todos estos emprendimientos suman un total de 3.409 hectáreas.

Un nuevo censo demostrará la enorme concentración económica y la creciente desaparición de las pequeñas y medianas empresas, esta situación se puede confirmar con el enorme éxodo de pobladores de la zona del norte de la provincia hacia las grandes ciudades. Por su parte la presidenta de MML Lucy de Cornelis, denunció ese mismo año a través de una carta abierta que se estaba asistiendo a la extranjerización de la tierra.

Algunos ejemplos que podemos dar (muchas operaciones de este tipo simplemente no se conocen) son:

* El Conde Federico Zichy Thyssen nacido en Alemania y descendiente de la familia fundadora de la acería más grande de Europa, tiene grandes extensiones de campo en Argentina, cinco estancias en total. En San Luis, habilitó 5.000 hectáreas para coto de caza de ciervos colorados. El casco donde comanda su imperio terrateniente está ubicado en Arrecifes, provincia de Buenos Aires, donde sobre 1000 hectáreas de las mejores tierras de Argentina tiene el aras “Cura Malal”. Allí cría caballos de raza, más de 80 mil cabezas de ganado vacuno, y para completar, cuatro estancias en Paraguay.

* El multimillonario George Soros (en su patrimonio aparece la propiedad de casi 400 mil hectáreas, lo que equivale a veinte veces la superficie de la Capital Federal y 170 mil cabezas de ganado (Clarín, 4 de julio de 1997) quien es catalogado como el principal ganadero de la Argentina.

* Una empresa italiana compró, en una sola operación, 340 mil hectáreas en la provincia de La Rioja con el pueblo Jague incluido. La empresa se llama Nettis Impiante y tiene sede en la italiana ciudad de Bari. Factura unos 15 mil millones de dólares anuales en negocios mineros, petrolíferos y gasíferos. Pagaron un dólar por cada una de las 340 mil hectáreas, y dicen querer usarlas para safaris exóticos. Además de esta enorme compra de todo un pueblo, se hicieron de otras 76 mil hectáreas en la zona de Cantinzanco, un valle que está a pocos kilómetros de Nonogasta.

Mientras se fomenta y facilita la compra regalada de grandes extensiones de nuestro suelo y se intenta privatizar el BN, se llevaba a remate a miles de pequeños y medianos agricultores endeudados. Son las dos caras de la política pro-terrateniente de estos gobiernos.

En síntesis el Estado les quita a los trabajadores y pequeños productores para darles a los dueños del capital internacional. Es exactamente lo inverso de una política distributiva que debiera ser la principal preocupación de los poderes públicos.

La lucha continúa, piquetes[18]

Las Mujeres en Lucha de la zona santafesina, que asumieron desde el inicio de la gestación del movimiento un rol destacado, estuvieron al frente de los reclamos del sector participando activamente del paro agrario y enfrentando subastas, algunas de las cuales llegaron a convertirse en verdaderas puebladas.

El 16 de octubre del 2001 comenzaba el paro nacional agropecuario convocado por las tres entidades del agro -FAA, CRA y Coninagro- y las integrantes del MML de la provincia armaban su piquete (lo que significó para ellas una nueva modalidad de lucha y un nuevo escenario). El corte, en la ex ruta 9 entre General Lagos y Alvear a la altura de la entrada del puerto privado de la empresa Dreyfus[19] (a 30 km de Rosario), fue uno de los tantos piquetes que hubo en la provincia, estuvo organizado por las mujeres del movimiento junto a los productores de la filial Arroyo Seco de la FAA y la corriente interna Chacareros Federados. La elección del sitio no fue casual, la firma de Dreyfus es un lugar emblemático ya que por allí se ingresa a los puertos privados y los productores que se manifestaron son chacareros que tienen entre 2, 3 y 10 hectáreas.

Como cada año, el 2000 no fue la excepción, se sucedieron los remates a pequeños y medianos productores de la zona agobiados por los intereses usuarios y la creciente crisis que azota al sector. Las Mujeres en Lucha de la provincia asistieron a cada pedido, logrando suspender la ejecución judicial o evitando por otros medios, que el chacarero en cuestión sea despojado de su patrimonio. En julio se logró detener el remate de 30 hectáreas pertenecientes a un productor de la localidad de Salto. En octubre, ante la convocatoria de un productor de General Lagos, el movimiento asistió nuevamente para detener la ejecución de 5 hectáreas de las once que posee Ángel D’Ercoli. El juzgado de Roldán fue otro de los visitados este año. En este caso para evitar que Armando Martín les fuesen rematadas sus herramientas. El acto fue un éxito y gracias a la solidaridad de amigos y allegados, el productor pudo salvar sus tres tractores y un par de herramientas que utiliza para elaborar fardos. En Casilda –donde también se asistió a la subasta de una casa- aconteció una particular situación; ante la presencia del MML junto a organizadores como Asuserfi y el Movimiento en Defensa de la Vivienda Única, no solo se suspendió el remate sino que además el acreedor accedió a refinanciar el pago en base al capital original y a cobrar de acuerdo a las posibilidades de la propietaria del inmueble en cuestión.

Muchos fueron los remates que se evitaron este año producto de la organización resistencia del movimiento, pero el aspecto a resaltar en este periodo es la extensión de esta modalidad en la familia chacarera que no se resigna a ser avasallada. En este sentido, las paradas de remate han pasado a ser –en muchos casos- verdaderas puebladas. Un caso especial fue el de Zavalla, donde más de 250 personas acompañaron al productor al juzgado para evitar que los usureros se queden con sus tierras.

“La gente se organiza para resistir, lo de Zavalla fue una pueblada”.

Sin embargo, mas allá de las ilusiones que muchos alentaban, luego de un año del gobierno de la Alianza –que acompaño sus promesas electorales con lemas tales como “otro país es posible”- la realidad es la misma que antes, o peor aún, pues durante el 2000 se agravaron las penurias de los pequeños y medianos chacareros sin que al gobierno hiciera algo concreto ante esta situación de crisis y ruina de las familias agrarias; con la secuela inevitable de la desocupación, éxodo y despoblamiento rural.

La situación terminal de numerosas Pymes agropecuarias argentinas, y la ausencia de políticas para aliviar siquiera en parte, contrasta así con los 360 mil millones (mil millones diarios) que principalmente la Unión Europea, EEUU, Japón gastan en proteger y sostener a sus agricultores y ganaderos; basados en razones de interés nacionales, como la defensa del territorio, la preservación del medio ambiente, la sostenibilidad de la producción agraria, la conservación de la estructura social, rural y la neutralización de éxodo a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, con sus secuelas de hacinamiento y degradación.

Y no es que dichas razones no sean válidas, y menos aún que no sean válidas para ser aplicadas en Argentina, sino que aquí no resultarían “viables” (dicen los teóricos económicos de afuera y sus representantes y los conciliadores de adentro).

En estas condiciones se ha hecho imposible pagar las cuotas de los préstamos contraídos con los Bancos y las Cooperativas y se evidenció la ineficacia y lo tardío de los planes de refinanciación que implementó Menem en julio del 99 y De la Rua en el 2000, esta última realizada por Christian Colombo (desde el Banco Nación) con el apoyo de dirigentes como Bonetto (desde la presidencia de FAA y el Banco Nación). Esta nueva refinanciación abarcó cerca de 20 mil productores que no pueden pagar la compra del bono porque la situación ha continuado empeorándose.

Al contrario de lo que afirman imprudentemente algunos voceros y propagandistas del gobierno o de los vendedores de insumos y maquinarias, los pequeños y medianos productores no están bien. En todo caso algunos pocos privilegiados dueños de grandes extensiones y acceso fluido a bancos y tasas preferenciales podrán “estar bien”. Pero el campo también son los pequeños y medianos productores. Están en crisis, endeudados, inundados, con sequías, con maquinarias obsoletas, sin capital de trabajo y por todo ello muy lejos de “salvarse” gracias al hipotético pequeño repunte de los precios de algunos de los granos.

Muchos se han transformado en mini-rentistas por no poder operar independientemente sus explotaciones y como un paso, desgraciadamente, hacia la salida definitiva del sector, que no es más que la deserción forzada a sus propias historias, familias y tradiciones.

Al mismo tiempo, ratificando aquello de que mientras hay lucha hay esperanzas, el MML ha continuado dando batalla, creciendo y expandiéndose a nuevos lugares. Impulsado por la profundización de la crisis, los renovados remates y ejecuciones hipotecarias y otras formas en que son diariamente agraviadas como productores y argentinas. Así, a los remates que han logrado impedir en las provincias de Santa Fe, Formosa, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, se han agregado en los últimos años las experiencias desarrolladas en el Chaco, Mendoza, Villa Ocampo y Santiago del Estero, por numerosas mujeres agrarias que han contribuido, con su aparición y empuje a proyectar aun más al MML.

Con la ratificación de las grandes líneas de la política menemista y el “blindaje” otorgado por los acreedores para asegurarse sus cobranzas, parecería ser que las explotaciones pequeñas y medianas van a seguir desapareciendo. Solo otra política especialmente diseñada para el salvataje y sostén de las Pymes agrarias podría impedir la ruina de miles de chacareros pobres y medios en todo el país, muchos de los cuales ya se hallan en situación terminal.

El MNL ante las políticas económicas internacionales

El MML deja ver en las declaraciones de sus líderes la comprensión de la realidad en lo que hace al ajuste estructural y lo que este conlleva. Comprende dos grandes tipos de medidas. Las primeras a aplicar son las medidas de “shock” (generalmente, devaluación de la moneda y alza de las tasas de interés). Las segundas son las reformas estructurales (privatizaciones, reforma fiscal, etc.).

Es posible afirmar que hubo y hay por parte de la banca privada, del Banco Mundial y de los gobiernos del Norte[20], la puesta en marcha de un complot; no queda más que analizar las políticas seguidas por el Banco Mundial y los principales gobiernos de los países industrializados en materia de préstamos a la periferia con las condiciones impuestas para otorgar los mismos, para advertir que no están desprovistos de ambiciones territoriales. Argentina es un claro ejemplo. Como país endeudado ha transferido al capital financiero del Norte.

Las políticas de ajuste han significado el progresivo abandono de elementos claves de la soberanía nacional, lo que ha desembocado en una acrecentada dependencia de los países más industrializados y sus multinacionales. Los países que aplicaron el ajuste estructural no han podido sostener de manera durable una tasa de crecimiento elevada. En todos han aumentado las desigualdades sociales. Ninguno de los países “ajustados” ha sido la excepción. Los nuevos préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir de 1982, persiguen tres objetivos: 1) favorecer las reformas estructurales que impone el ajuste; 2) asegurar el reembolso de la deuda contraída; 3) permitir progresivamente el acceso de los países endeudados a los préstamos privados a través de los mercados financieros.

La devaluación impuesta por el FMI desde los años 70 ha llegado en la actualidad a tasas de 40 a 50%. Tiende a hacer más competitivas las exportaciones del país considerado de manera a aumentar las entradas de divisas necesarias para el reembolso de la deuda y aumenta ganancias para el sector de la oligarquía terrateniente. Otra de las ventajas no despreciable si uno se ubica en el punto de vista del FMI y de los países más industrializados es: la disminución de los precios de los productos exportados por el Sur. La gestión encabezada por De la Rua hizo su particular contribución al agravamiento de las dificultades que atraviesan los sectores de la producción nacional.

Mas allá de sufrirlos junto a toda la sociedad, las mujeres del MML saben enumerar y entender los efectos negativos: una explosión de los precios de los productos importados en el mercado interno lo que no hace sino deprimir la producción interna porque los costos de producción aumentan tanto en la agricultura como en la industria y en el artesanado (ya que incorporan muchos insumos importados como resultado del abandono de las políticas “autocentradas”) mientras que la capacidad adquisitiva de los consumidores se estanca (el FMI prohibe toda indexación de los salarios). La devaluación implica un aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos porque los capitalistas al disponer de liquidez han tomado la precaución de comprar divisas extranjeras. En el caso de una devaluación del 50% el valor de su liquidez se duplica.

Otras específicas medidas de ajuste para los países de la Periferia son: la supresión de los subsidios a ciertos bienes y servicios de base y la contrarreforma agraria. En la mayor parte de los países del Tercer Mundo, se subvencionan los alimentos básicos (el pan, la tortilla, el arroz...) para impedir grandes subas de precios. Situación similar suele ser la del transporte colectivo, el agua, la electricidad. El FMI y el Banco Mundial exigen sistemáticamente la supresión de tales subsidios. Esto implica el empobrecimiento de los más pobres y a veces las reacciones de los hambrientos.

Además no ignoran que en cuanto a la propiedad de la tierra, el FMI y el Banco Mundial han lanzado una ofensiva de largo aliento que tiende a hacer desaparecer toda forma de propiedad comunitaria. Ya han obtenido la modificación de un artículo de la Constitución mexicana que protegía los bienes comunales (denominados ejido). Una de las grandes canteras en las que trabajan estas dos instituciones, es la de la privatización de las tierras comunales o estatales en el África subsahariana. En Argentina tenemos nuestra propia experiencia como consecuencia de esta misma política internacional.

Los planes de ajuste estructural y otros planes de austeridad constituyen una máquina de guerra cuyo objetivo es destruir todos los mecanismos de solidaridad colectiva (desde los bienes comunitarios hasta los sistemas de jubilación por reparto) y someter a todas las esferas de la vida humana a la lógica mercantil.

El sentido profundo de las políticas de ajuste estructural es la supresión sistemática de todos las barreras históricas y sociales al libre desplazamiento del capital para permitirle lograr la concreción de su lógica de provecho inmediato cualquiera fueren los costos humanos o ambientales. Esto cobra su real dimensión en la etapa imperialista del Capitalismo.

Conclusión

El Movimiento de Mujeres en Lucha es parte de un conflicto de carácter universal, la lucha de clases. En Argentina, estas adquieren las particularidades de los estados periféricos, en los años 90 con las políticas macroeconómicas y sectoriales del Menemismo primero y continuadas luego por la Alianza y De la Rua después, la subordinación del país al FMI y otros usureros internacionales. El ajuste estructural alcanza a los pequeños y medianos agricultores. En la resistencia a estas políticas surge el MML. Este Movimiento de Mujeres no ha recibido el rechazo sino mas bien la bienvenida de los hombres del sector que no las cuestionan. Aun cuando “van un paso adelante” tomando novedosamente los medios de comunicación, los juzgados y los remates rezando y cantando mezclando el grito y la furia con la súplica, como no saben hacerlo los hombres, quizás estemos hoy sorprendidos como aquellos otros hombres, en la chacra de Alcorta, cuando la vieron a María tomar la iniciativa, de declarar la huelga tirando el delantal.

En un ámbito social mucho más amplio, la mujer le esta diciendo al hombre qué hacer. Pero no se trata de éxitos feministas y fracasos machistas, ellas luchan por los intereses de su clase, que es la misma a la que pertenecen sus esposos (no podría ser de otra manera). Queda demostrado “el ensanchamiento y la profundización” que el MML significa en las luchas populares, este surgimiento de la mujer con una particular forma de lucha, atacando con efectividad los actos de remate que son el momento crucial de la fase terminal en el proceso de endeudamiento y despojo de los pequeños y medianos productores, cuando el capital se adueña y concentra.

Con toda la repercusión y el éxito que se le reconoce al movimiento, las políticas económicas que siguen estrangulando al sector son de tipo estructural, mientras que la resistencia a los remates rurales es de tipo coyuntural. Es de esperar que las líderes y un grupo impreciso del sector, pero creemos no pequeño, adopten medidas tendientes a construir un conjunto de mecanismos de control del capital que junto con otros sectores sociales pueda poner la prioridad en los “valores humanos” por sobre los “valores del mercado”. De allí la importancia de crear colectivamente, mediante la solidaridad, nuevas redes de lucha ciudadana, Las múltiples resistencias pueden desembocar en un nuevo y emancipador proyecto.

Bibliografía

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Fuentes: Diarios de distintas provincias argentinas. Revistas argentinas de publicación semanal. Revista del Movimiento de Mujeres en Lucha.

Capitalismo agrario dependiente

Notas