Modalidades de intervención de estudiantes y
graduados durante la desperonización de la Universidad Nacional del Litoral
(Rosario, 1956)
Camila Entrocassi
Varela(*)
Resumen
En el presente artículo
analizamos una de las múltiples formas a partir de las cuales las
organizaciones estudiantiles y de graduados de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNL intervinieron en el proceso abierto por la “Revolución
Libertadora” en 1955. Cancelada la estrategia de pacificación conducida por
Lonardi, el ascenso de Aramburu impone una política de desperonización de la
sociedad, que buscó eliminar “todo vestigio del régimen depuesto” a partir de
la exclusión de sus símbolos, prácticas y principales referentes. Al interior
de las universidades, aquella política se expresó en dos dimensiones distintas.
Por un lado, a partir de la derogación de las leyes universitarias del
peronismo y la restitución de la autonomía universitaria; por el otro, a través
de las cesantías y el llamado a concursos al interior de todas las cátedras. El
Centro de Estudiantes, la Agrupación Humanista y el Colegio de Graduados
participaron activamente de este proceso, a partir de la impugnación de los
candidatos a los concursos llamados en la FFyL a principios de 1956. De esta
forma, en las páginas que siguen, analizaremos este caso como una dimensión “al
ras del suelo” del proceso de desperonización. No obstante, sostenemos que su
estudio permite poner en suspenso la antinomia peronismo-antiperonismo, al
pensar las impugnaciones como canales de intervención política y vehículos de
reconfiguración identitaria.
Palabras clave: Universidad;
Revolución Libertadora; identidades políticas; antiperonismo; concursos
docentes.
Ways
of students and graduates’ intervention during the “desperonización” of the
Universidad Nacional del Litoral (Rosario, 1956)
Abstract
In this article we analyse
one of the several ways in which students and graduates activism took part in
the “Facultad de Filosofía y Letras” (Universidad Nacional del Litoral) during
the period opened by the military coup d’état on September 16th of 1955. Once the
strategy of pacification held by general Lonardi was aborted, it started a
policy of “desperonización” of the argentine society stimulated by Pedro E.
Aramburu, who looked forward to eliminate all trace of the peronist party by
proscription and exclusion of its symbology, practices and main figures. At
University, that policy was expressed in two different dimensions. On the one
hand, by the revocation of University laws created during the peronist
government and the restitution of University autonomy; on the other hand, by
the discharged of professors and specially by the called to faculty selection
at all the Argentinian universities. The “Centro de Estudiantes de Filosofía y
Letras”, the “Agrupación Humanista” and the “Colegio de Graduados de Filosofía
y Letras” had an important participation at the faculty selection celebrated in
the early 1956 by impugning many candidates. Because of that, in the following
pages we analyse this case as “at ground level” dimention of the process of
“desperonización”. Nonetheless, we affirm that this research allows to leave
aside the antinomy peronism-antiperonism, by considering the inpugnements as
ways of political intervention and identity makers.
Key words: University;
Revolución Libertadora; political identities; antiperonism; faculty selection.
Modalidades
de intervención de estudiantes y graduados durante la desperonización de la
Universidad Nacional del Litoral (Rosario, 1956)
Notas introductorias
A fines de julio de 1965 el por entonces decano de la Facultad de
Filosofía y Letras (en adelante FFyL) de la Universidad Nacional del Litoral,[1]
Guillermo Maci, recibía en su despacho una nota donde su secretario le
informaba sobre unos llamativos documentos que habían sido hallados en un
archivo de aquella Facultad. Precisamente, se trataba de un acta de
constatación original, labrada por un escribano público de la ciudad de
Rosario, donde se dejaba oficialmente asentada la entrega de las llaves del
edificio – el mismo edificio en el cual Maci leía, imaginamos que con gran
atención, los documentos que sostenía entre sus manos – al “Teniente Coronel de
las Fuerzas de Represión, Pedro H. Hermelo”.[2]
El flamante decano – había asumido hacía poco más de un mes la conducción
de la FFyL como sucesor de Adolfo Prieto - pudo ver que la escritura tenía
fecha del 28 de septiembre de 1955. Reparando en que los sucesos narrados en
esas páginas remitían a los días posteriores al golpe militar del 16 de
septiembre de 1955, retrospectivamente arriesgamos que podría haber llamado
poderosamente la atención del decano el hecho de que quienes entregaban las
llaves al Teniente Coronel fueran cuatro estudiantes de la FFyL mandatadas por
una asamblea estudiantil celebrada en la Facultad ese mismo día. No podemos
conocer su reacción, pero si sabemos que en la actualidad esos documentos
constituyen una fuente de inconmensurable valor histórico, ya que registran uno
de los pocos momentos de la historia argentina en el cual el movimiento estudiantil
apoyó activamente un golpe militar, aliándose a las Fuerzas Armadas. En la
actualidad, esta alianza resulta casi inverosímil, si tenemos en cuenta la
particular ferocidad con la cual los gobiernos militares instaurados en 1966 y
1976 atacaron a la Universidad y a sus estudiantes, graduados y profesores.
Pero visto desde 1965, seguramente el panorama era bien distinto (Califa y
Millán, 2016).
Principalmente, porque la tristemente famosa “Noche de los Bastones
Largos” en la cual la Policía Federal desalojaba violentamente cinco facultades
de la Universidad de Buenos Aires aún no había dado por tierra con la
experiencia que diez años antes se iniciaba en las universidades argentinas y
que fue denominada como la “edad de oro” o el periodo de “modernización universitaria”
por la historiografía de la posdictadura. Lo que sí estaba en la memoria
reciente de los universitarios, en cambio, era la relación sumamente
conflictiva que éstos habían sostenido con el gobierno militar instaurado el 4
de junio de 1943, y posteriormente con los dos gobiernos de Juan D. Perón
(1946-1955). Era esa historia de conflictos y oposición al gobierno peronista–
historia que hundía sus raíces en las luchas antifascistas de la década del
treinta – la que volvía comprensible que aquel 28 de septiembre de 1955,
después de haber tomado durante días el edificio de la Facultad, dos delegadas
del Centro de Estudiantes y dos del Ateneo Universitario (luego Agrupación
Humanista) le entregasen las llaves del establecimiento a un representante de las
“Fuerzas de Represión”.
De esta manera, los estudiantes de la FFyL atravesaron el golpe del 16
de septiembre efectivamente como una “Revolución Libertadora”, ya que devolvió
a la universidad su tradicional autonomía y el cogobierno conquistado en 1918.
Sin embargo, la situación era bien distinta para otros sectores de la población
rosarina, cuya resistencia al golpe le ganó a la ciudad el mote de “capital del
Peronismo”. Difícilmente aquellas delegadas podrían haber imaginado que once
años después, un sector de aquellas Fuerzas Armadas sería el responsable de
clausurar ese proceso de modernización que con el golpe de 1955 posibilitaban,
y que terminó en la renuncia del decano Guillermo Maci y de muchos otros
prestigiosos profesores de la Facultad.
La corta vida de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL contrasta
con la intensidad de los procesos políticos que la atravesaron. Creada a
mediados de 1947 por iniciativa del diputado nacional por el peronismo Antonio
J. Benítez, vio pasar por sus aulas, entre ese año y 1955, tanto al intelectual
católico Oscar Ivanissevich como al reconocido arquitecto y constructor del
Monumento Nacional a la Bandera, Ángel Guido, y al prestigioso historiador y
presidente de la República Española en el exilio, Claudio Sánchez-Albornoz. Con
la intervención de octubre de 1955 sobrevino su reestructuración, que tuvo como
protagonistas a figuras prominentes del campo intelectual argentino como Tulio
Halperín Donghi, Adolfo Prieto, Ramón Alcalde, Reyna Pastor, Gregorio Klimovsky,
Nicolás Sánchez-Albornoz y David Viñas, entre muchos otros. Trayectorias como
la de Alberto Rex González, pionero de los estudios de antropología social y
cultural en nuestro país, reflejan incluso las continuidades entre ambos
períodos: su carrera en la Facultad inicia en 1953 y continúa luego de 1955.
La
reestructuración impuesta por el gobierno militar supuso la puesta en comisión
de todos los profesores titulares y adjuntos, la restitución de los profesores
cesanteados durante el período 1943-1946 y el llamado a concurso al interior de
todas las cátedras. En este trabajo nos centraremos en las impugnaciones a los
postulantes para cargos titulares realizadas por las organizaciones
estudiantiles y de graduados en los concursos llamados por la intervención de
la UNL a principios de 1956 en la Facultad de Filosofía y Letras, una de las
cuatro facultades ubicadas en Rosario, junto con Ciencias Médicas, Ciencias
Matemáticas y Ciencias Económicas. Las impugnaciones funcionarán para nosotros
como “lentes” a partir de los cuales podemos ver cómo los distintos actores
intervienen “al ras del suelo” (Ferreyra, 2018a) en
el proceso abierto por el golpe del 16 de septiembre y por la intervención de
las universidades y el Decreto 6.403/55, cuyo objetivo central fue la
restitución de los pilares de la universidad reformista y concomitantemente, la
desperonización de todas las casas de estudio a partir del “saneamiento”
del cuerpo docente.
En
orden de garantizar este último aspecto, en su artículo 32° preveía:
Art. 32º. – Los
profesores que se presenten al concurso deberán satisfacer los siguientes
requisitos:
Generales: a) conducta
moral inobjetable; b) título profesional universitario y el más alto grado que
esa casa de estudios otorgue, de los cuales podrá prescindirse sólo en casos en
que por las condiciones de las cátedras o por la calidad del aspirante ello
quedara justificado (…).
Especiales: a) no serán
admitidos al concurso quienes hayan realizado actos positivos y ostensibles que
prueben objetivamente la promoción de doctrinas totalitarias adversas a la
dignidad del hombre libre y a la vigencia de las instituciones republicanas; b)
no serán admitidos tampoco al concurso, quienes en el desempeño de un cargo
universitario, de funciones públicas o de cualquier otra actividad, hayan
realizado actos positivos y ostensibles de solidaridad con la dictadura, que
comprometan el concepto de independencia y dignidad de la cátedra.[3]
A
partir de la posibilidad de realizar impugnaciones por cuestiones políticas, el
Decreto 6.403/55 perseguía el fin de asegurar que los futuros Consejos
Directivos de las facultades y los Consejos Superiores de las universidades
estuvieran integrados por un nuevo cuerpo de profesores totalmente desvinculado
del movimiento político recientemente derrocado. No es desacertado entonces
insistir en la centralidad que los concursos tuvieron como mecanismo para la
reestructuración– y desperonización – de las universidades en la Argentina
posperonista, hecho que ha sido ya señalado en otras investigaciones sobre el
tema (Neiburg, 1998; Buchbinder, 2005). Lo
que creemos no ha sido suficientemente explorado, en buena medida por la falta
de acceso a las fuentes con las que aquí contamos, es la modalidad mediante la
cual los distintos actores intervinieron en el proceso abierto por los llamados
a concursos. Conscientes del alcance que para el futuro de la Universidad
tenían esos concursos, los estudiantes y graduados organizados no dudaron en
reclamar para sí un lugar en los “registros de impugnadores” que los delegados
interventores habilitaron, a tono con las disposiciones del citado decreto. En
la Facultad objeto de nuestro estudio, las organizaciones estudiantiles y de
graduados se proclamaron, todas ellas, como representantes legítimos de sus
respectivos claustros y así fueron reconocidos, sin excepción para este caso,
por las autoridades.
En este
artículo consideramos el análisis de las impugnaciones - y los concursos
docentes en las cuales ellas se enmarcan - como una dimensión privilegiada para
el estudio del proceso de desperonización “al ras del suelo”. Sin embargo,
sostenemos que el caso aquí presentado permite, a su vez, explorar modulaciones
de la conflictividad propia de la Argentina posperonista que escapan a la
antinomia peronismo-antiperonismo. En ese sentido, buscaremos demostrar la
hipótesis de que las impugnaciones efectuadas por las organizaciones
representativas de los claustros estudiantil y de graduados a los aspirantes a
concursar cargos titulares durante 1956 funcionaron, por un lado, como canales
de intervención política de los distintos actores universitarios que, muchas
veces, entraron en tensión con el proceso político del cual formaban parte – la
autodenominada “Revolución Libertadora” – al tiempo que expresaron intereses
personales y corporativos diversos y no pocas veces contradictorios con la
misión del gobierno militar y con los objetivos de las autoridades
interventoras; por el otro, afirmamos que las impugnaciones operaron como
vehículos identitarios, que por momentos reforzaron y por otros pusieron en
tensión elementos constitutivos de sus identidades políticas “previas”.
Las universidades en el
posperonismo: entre la modernización y la desperonización
Gran
parte de la bibliografía sobre la situación de las
universidades en el inmediato posperonismo destaca el protagonismo que los
estudiantes tuvieron al momento del golpe militar y en los meses
posteriores, ocupando las facultades, asumiendo el gobierno provisorio de las
universidades e interviniendo en las cesantías de los docentes directamente
ligados al peronismo. Allí aparecen con fuerza los centros de estudiantes
reformistas y sobre todo las federaciones universitarias
– en especial la FUA, la FUBA, la FULP y la FUL-, organizaciones que buscaban
representar al grueso del estudiantado de temperamento antiperonista. Nayla Pis
Diez (2018) y Laura Graciela Rodríguez (2018) han estudiado el caso de la
Universidad Nacional de La Plata, donde encontramos a un potente movimiento
estudiantil reformista al frente de la ocupación de las facultades y de
designación de delegados interventores en ellas. A su vez, las autoras destacan
el rol que los estudiantes enrolados en la FULP tuvieron en el proceso abierto
por la “depuración” y renovación del cuerpo docente. También para el caso de la
Provincia de Buenos Aires, Patricia Orbe (2008) ha analizado el impacto de la
“Revolución Libertadora” en la comunidad universitaria de Bahía Blanca, ciudad
en la cual el gobierno militar surgido de aquella creó, en 1956, la Universidad
Nacional del Sur.
El papel protagónico de los estudiantes en la denominada
“reestructuración universitaria” es destacado también para el caso de la UBA
por Federico Neiburg (1998; 1999) y más recientemente por Guido Riccono (2018).
Ambos autores han avanzado,
en sus análisis sobre el lugar que tuvo el llamado a concursos en la política
de desperonización, hacia un mayor conocimiento de las impugnaciones a los
candidatos y candidatas a los concursos, de forma que sus trabajos constituyen
dos referencias ineludibles para este trabajo.
La
irrupción de un actor novedoso en el movimiento estudiantil remite
necesariamente a la investigación que José Zanca (2018) publicó recientemente
sobre el humanismo universitario en la UBA. Al igual que en el caso aquí
estudiado, los estudiantes humanistas de aquella universidad tuvieron un rol
destacado tanto en la reestructuración universitaria como en la definición de
cómo ella debía llevarse a cabo, exhibiendo, no pocas veces, profundas
diferencias con las apreciaciones de sus pares reformistas. Para estos últimos,
el desalojo del peronismo del poder y la intervención de las UUNN significó el
retorno al control de las casas de estudio, reflejada fielmente en las
trayectorias reformistas de los seis rectores interventores designados por el
gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora”. En ese sentido, Pablo
Salomón (2018) ha estudiado los elencos de gobierno que a partir de octubre de
1955 y hasta el golpe de 1966 se hicieron cargo de la Universidad Nacional del
Litoral, develando que las nuevas autoridades compartían una similar
trayectoria en la política reformista y en la gestión de la UNL previa al
ascenso del peronismo. La misma preocupación orienta la indagación que el autor
realiza sobre la Facultad de Filosofía y Letras (2013), protagonista de este
trabajo. A partir de su estudio sobre los elencos de gobierno que ocuparon la
conducción política y académica de la FFyL desde 1955 y hasta 1966, es posible
conocer una dimensión central de la vida política e institucional de la FFyL
posperonista.
Otro núcleo
de estudios en el cual abreva esta investigación reúne aquellos trabajos que
tienen como objeto privilegiado de análisis la configuración y el devenir de
los campos académicos al interior de la Facultad. El ya clásico artículo de
Eduardo Hourcade (1994) sobre el Instituto de Investigaciones Históricas en
Rosario durante el período 1955 – 1961 aporta otra mirada a la vida de la
Facultad de aquellos años, iluminando aspectos trascendentales como son la
vinculación del Centro de Estudiantes con las nuevas autoridades así como los
perfiles académico-políticos de las figuras que se hicieron cargo del
Instituto. Siguiendo esta línea, Eduardo Garbulsky (2004) ha investigado la
producción del conocimiento antropológico-social durante el periodo 1955-1966 y
Alejandra Raffo (2011) ha hecho lo propio con el campo de la Historia.
En los
últimos años, Mariana Della Bianca (2014) y Tomás Pisano (2017) se han
preguntado también por las transformaciones en los planes de estudio de la
carrera de Historia en la FFyL, incorporando en su interpretación importantes
aspectos de la historia de la Facultad. Un último conjunto de trabajos con los
que dialoga esta investigación son aquellas biografías intelectuales inspiradas
en quienes fueron protagonistas del periodo de “modernización” de la Facultad.
Las memorias de Tulio Halperín Donghi (2008) y el prólogo que Nora Avaro (2015)
dedicó a la obra de Adolfo Prieto (ambos, decanos de la FFyL en el periodo
1957-1959 y 1959-1965 respectivamente) constituyen dos importantes referencias
para el presente artículo.
Como se
puede apreciar, este trabajo cuenta con no pocas referencias bibliográficas. Ya
sea desde la biografía intelectual, desde la historia de la historiografía o
desde el estudio de redes académicas, el pasado de la FFyL ha inspirado a
numerosos investigadores a indagar y reconstruir fragmentos de ese pasado. Sin
embargo, las preguntas han girado en gran parte alrededor y casi exclusivamente
en torno al accionar de quienes fueron ampliamente reconocidos por su aporte al
proceso de “modernización” de la FFyL. Aquí nos interesa ensayar una forma de
aproximación distinta, cuyos sujetos no son ya – o no son sólo – los
intelectuales, sino los estudiantes y graduados que intervinieron activamente
en el proceso de reestructuración universitaria iniciado con el golpe militar
de 1955. En ese sentido, si los concursos docentes de 1956 forman parte de las
condiciones de posibilidad de aquella modernización, las impugnaciones por
parte de las organizaciones estudiantiles y de graduados a los candidatos dejan
ver que, lejos de ser aquella un proceso armonioso y lineal, estuvo lleno de
conflictos, puja de intereses y no pocas contradicciones.
De opositores a oficialistas:
El Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras
Apenas
un año después de la creación de la Facultad, aquellos que cursaban el primer
año lectivo creaban en julio de 1948 el Centro de Estudiantes de Filosofía y
Letras. Las restricciones que a partir de la sanción de la ley 13.031/47
existían para la actividad política en la Universidad no impidieron que a lo
largo de la gestión peronista el CEFyL funcionase como órgano gremial,
interviniendo en aquellos asuntos que eran de interés estudiantil.
De esta
forma, la unificación de los distintos temas que se dictaban en el Seminario de
Sociología bajo el único rótulo de “Seminario de Psicología Social” en junio de
1952 suscitó una nota[4]
por parte del CEFyL dirigida al Delegado Interventor solicitando la revisión de
esa medida, la cual evidenciaba “estrechez de criterio [al] pretender embretar
a los alumnos en un determinado tema” y no hacía otra cosa que “desviar el rol
de los seminarios en la Universidad”. Al año siguiente, otra nota[5]
informaba al mismo funcionario sobre “una serie de irregularidades en el
mecanismo de la vida universitaria en lo que respecta a los horarios de clase y
a su estricto cumplimiento”, las cuales generaban un “clima de incertidumbre”
en el alumnado. A fines de 1954, la última Decana de la FFyL en ejercicio
durante el peronismo, Erminda Benítez de Lambruschini, era anoticiada por el
Centro de que las mesas de exámenes de ese año se veían afectadas por múltiples
superposiciones en días y horarios. Le solicitaban “una reestructuración de las
fechas de exámenes […] ya que resulta harto claro que en los casos mencionados
ellas significan un obstáculo para los planes de numerosos compañeros”.[6]
Los casos reseñados no dejan lugar a dudas sobre el rol activo que el CEFyL
tuvo en la política gremial de la Facultad.[7]
Movilizados
por la situación de vacío de poder creada por el derrocamiento de Perón, los
estudiantes tomaron la Facultad, en sintonía
con lo que sucedía en Buenos Aires y La Plata. Esta situación se sostuvo hasta
el día 28 de septiembre cuando, mandatadas por una asamblea estudiantil
realizada ese mismo día, dos delegadas del CEFyL y dos del Ateneo Universitario
de Filosofía y Letras entregaron las llaves del edifico al Teniente Coronel de
las “Fuerzas de Represión”.[8]
El peso específico del CEFyL a partir de ese momento irá in crescendo,
en la evaluación de profesores que luego serán dejados cesantes durante octubre
y noviembre de 1955 y más aún, durante el proceso abierto con el llamado a
concursos, tanto en la formulación de las impugnaciones como en la
participación en las comisiones evaluadoras de las mismas.
Su
creciente importancia se vio confirmada a fines de 1957, cuando, según Hilda
Habychain – secretaria de actas de la entidad durante 1956 – el centro de
estudiantes tuvo un rol fundamental en la elección de Tulio Halperín Donghi
como nuevo Decano de la Facultad.[9]
El apoyo a la candidatura del joven historiador encontraba sus condiciones de
posibilidad en los vínculos tejidos a lo largo de la década peronista entre
algunos estudiantes del CEFyL y la sede rosarina del Colegio Libre de Estudios
Superiores,[10]
y, a través de ella, con el historiador y militante socialista José Luis Romero
(Hourcade, 1994).
De esta
manera, la compartida oposición al peronismo así como la simpatía por el
Partido Socialista parecen haber vinculado a la organización estudiantil con
intelectuales socialistas de Rosario como Mario López Dabat y Juan José Bruera,
quien sería el Delegado Interventor durante el periodo 1955 – 1957. Así, si
hasta septiembre de 1955 el CEFyL había tenido una relación tensa y
confrontativa con las autoridades, a partir de la intervención de la Facultad
en octubre de ese año esa confrontación devino rápidamente en alianza. Luego de
acompañar la gestión transicional de Bruera y en vísperas de las primeras elecciones
luego del golpe, los estudiantes enrolados en el CEFyL decidieron, después de
entrevistar a todos los candidatos, “apoyar la candidatura de Tulio Halperín, y
así fue el primer decano que tuvimos. Para nosotros empezó una época de
prosperidad, porque nos convertimos en oficialistas, habiendo sido antes
opositores”.[11]
De
todas formas, el “nosotros” de Habychain no parecía representar a la totalidad
de las posiciones al interior del CEFyL. Élida Sonzogni, secretaria de cultura
de la entidad durante 1956, advertía en una entrevista realizada en 2007 que
“dentro del centro de estudiantes había distintos posicionamientos” y que ella
formaba parte de la “franja reformista” del CEFyL. De esa tendencia participaba
también Habychain, quien sostenía que “nosotros estábamos en el centro
reformista, pero dentro del centro había fracciones también. Estaban los más
radicalizados, en el sentido de los más de izquierda, y otra fracción que eran
menos drásticos. Nosotros estábamos en la fracción más radicalizada”.[12] A principios de 1956, aquella fracción, si bien
no era la única, parecía ser la posición dominante al interior de la
organización: entre los “fines generales” explicitados en el estatuto que el
Centro presentó al pedir su inscripción al registro de impugnadores, se
establecía que dicha entidad:
Tiende a una doble
acción, universitaria y social: En el nivel universitario: estrechar los
vínculos de solidaridad estudiantil, velar por los intereses del alumno y
elevar el nivel cultural de la juventud. En el orden social: fomentar la
solidaridad efectiva entre los que estudian y los que trabajan y perseguir
fines de justicia social; mediante la divulgación científica, elevando el nivel
intelectual de los obreros con el funcionamiento de escuelas y bibliotecas;
propendiendo la creación de ateneos cuyos fines se especifican en las
atribuciones del Secretario de Cultura; brindando a los obreros y a sus hijos
la posibilidad de frecuentar la Universidad, para lo cual se bregara por la
transformación del régimen económico de la sociedad actual.[13]
En los
principios sostenidos por el CEFyL es posible reconocer la fuerte influencia
ideológica de la izquierda argentina así como de la tradición reformista. Por
su parte, la intención de “elevar el nivel intelectual de los obreros” refuerza
la hipótesis de Hourcade (1994) en torno a los fuertes lazos que vinculaban a
los estudiantes que formaban parte de la conducción del Centro con el Partido
Socialista. A principios de 1956, la voluntad “racionalista” del PS adquiría
nuevos y poderosos sentidos: en un contexto en el cual los trabajadores y
trabajadoras mantenían su apoyo al líder derrocado (las elecciones a
constituyentes en julio de 1957 serían reveladoras de aquella situación), esa relación
tutelar con los sectores populares incorporaba la urgente tarea de garantizar
su desperonización.
El
diagnóstico era similar al que el partido realizara apenas se había conformado
a fines del siglo XIX. Como afirma Jeremy Adelman, el PS se autoadjudicó, desde
sus inicios, la empresa de propender a que “los sujetos políticos de la
República [reconociesen] sus verdaderos intereses para convertirse en actores
racionales de la esfera pública”, entendiendo que “el peligro residía en la
incesante amenaza de […] los instintos políticos irracionales de los
trabajadores argentinos, capturados por un sistema de creencias premodernas
como la fe en el líder carismático” (2000:271). A lo largo de la primera mitad
del siglo XX, los socialistas argentinos habían podido contemplar no sin cierto
espanto cómo ese peligro se volvía realidad de la mano de las presidencias de
Yrigoyen y Perón. Al ser desplazado este último del poder, el PS supo hacer
suya la empresa de desperonización, como una tarea cargada de sentidos pedagógicos
para con aquellos que debían conformar su base natural de apoyo.
Habiendo
dado debida cuenta de las innegables influencias que el partido de Alfredo
Palacios ejercía sobre el CEFyL, es necesario recuperar lo sostenido en torno a
su heterogénea composición, la cual no pasó inadvertida al iniciarse el proceso
de llamado a concursos en 1956: así, aquella organización fue la única que,
habiendo presentado una serie de criterios generales para la realización de
impugnaciones, modificó posteriormente esos criterios luego de que una asamblea
estudiantil de sus socios los hubiera revocado.
La
celeridad con la cual la comisión directiva del Centro se dispuso a entregar a
las autoridades interventoras su posición ante los concursos determinó que
dicha entrega se hiciese incluso antes de que cerrase el periodo de
inscripción. Este hecho revela que el CEFyL, aun sin conocer quiénes serían los
inscriptos e inscriptas a los concursos (ya que el primer pliego de
impugnaciones fue presentado el 9 de marzo y el llamado a concursos cerraba el
día 20) decidió hacer explícitos los criterios que consideraban básicos para
formar parte de la universidad posperonista. En ella, sostuvieron que no debían
ingresar:
a)
Quienes colaboraron manifiesta y abiertamente en la obra de destrucción
totalitaria del régimen.
b)
Quienes fomentaron la formación, integraron o colaboraron en entidades
gremiales totalitarias creadas con el único fin de ayudar a la política de
sojuzgamiento desconocedora de otras entidades verdaderamente democráticas y
representativas.
c)
Quienes han sido separados de sus cargos por incapacidad moral o científica o
quienes sin estar convencidos por el planteamiento ideológico de la dictadura,
aprovecharon de sus beneficios.
d)
Quienes no reúnan condiciones morales, públicas o privadas, intachables.[14]
La
inspiración con el Art. 32° del Decreto 6.403/55 citado anteriormente era
clara, aunque no directa. Incluso, esta no sería la última palabra del CEFyL
con respecto a los requisitos que los candidatos a los concursos debían cumplir
para participar en ellos. Como señalábamos anteriormente, pocos días después de
esta primera presentación, sus socios se reunieron en asamblea y decidieron
modificar los criterios de impugnación. El 20 de marzo, día que cerraba la
inscripción a los concursos, las autoridades interventoras recibieron una nueva
carta firmada esta vez por la secretaria general del CEFyL, donde la dirigente
le comunicaba al delegado interventor que:
El criterio de
impugnaciones a los concursantes a cátedras sostenido por esta entidad y que le
fuera notificado con fecha de 9 del corriente
ha sido revocado en Asamblea Gral. Extraordinaria de sus asociados; dicha
Asamblea resolvió que serán pasibles de impugnación por parte del Centro de
Estudiantes:
a)
Quienes hayan sido condenados por la justicia por delitos cometidos en su
función pública bajo el régimen depuesto.
b)
Quienes hayan hecho uso indebido de la cátedra desvirtuando su función docente.
c)
Quienes colaboraron en la persecución contra los estudiantes y utilizaron su
afiliación gremial universitaria en la consecución de situaciones personales
ventajosas (las negritas son nuestras).”[15]
Una
lectura de las notas del 9 y 20 de marzo permite advertir rápidamente las
notables diferencias entre ambas. Sólo once días separaban a las dos
presentaciones, y sin embargo parecían provenir de dos organizaciones bien
distintas. En un primer momento, el CEFyL parecía orientar su política de
impugnación en un sentido identificado con lo que María Estella Spinelli ha
llamado el antiperonismo radicalizado
(2005), al que define como “la propuesta maximalista de exclusión total del
peronismo del juego político” (2005:133). Aquellas organizaciones y partidos
políticos que consideraron a la desperonización como un paso inevitable para la
futura construcción de un orden democrático - y que por ende buscaron la
eliminación total del peronismo en tanto identidad política - formaban parte de
aquella propuesta, que tuvo como principales protagonistas a los “antiperonistas
de la primera hora” (2005:134) que conformaron la Unión Democrática en 1945:
los socialistas y los demoprogresistas.
Aquí se
abre una línea interpretativa interesante de ser explorada, ya que nos
permitiría comprender por un lado, el fuerte tono antiperonista de la primera
presentación y por el otro, el hecho de que al realizarse una asamblea
estudiantil se moderasen los criterios de impugnación sostenidos por la
conducción del Centro. Los contactos que desde su creación en 1948 el CEFyL
sostenía con la sede rosarina del CLES y por su intermedio con intelectuales
socialistas de Rosario así como el hecho señalado por Hourcade (1994) en torno
a las influencias del Partido Socialista en los dirigentes del Centro podrían
estar funcionando como los vectores de interpretación del pasado en la nota del
9 de marzo, donde la política de impugnación no emana de una asamblea
estudiantil de los socios sino de la conducción del Centro. Allí, ese pasado
aparecía bajo el término de “dictadura”,
en la cual se había
llevado adelante una “obra de
destrucción totalitaria”. Según esta visión, en la universidad el peronismo habría estimulado la
creación de “entidades gremiales totalitarias” cuyo principal fin fue el de
“sojuzgar y desconocer” la legitimidad de las organizaciones verdaderamente
democráticas, espacio en el cual el CEFyL se adjudicaba un lugar. Estos y otros
tópicos como el de la inmoralidad[16]
y el de la incapacidad científica, si bien no eran privativos del Partido
Socialista, conformaban el universo discursivo de aquel y por ende del espacio
del antiperonismo radicalizado.
En este
artículo nos interesa ensayar una interpretación en torno al viraje en la
política de impugnación del CEFyL que atienda a las implicancias identitarias
que aquel tuvo para los estudiantes asociados al Centro. Si, en efecto, una
parte importante de la identidad política de las organizaciones estudiantiles y
de graduados en 1956 abrevaba en una posición confrontativa con el peronismo y
con su política hacia la Universidad, la discusión sobre los criterios a partir
de los cuales se impugnaría a los candidatos a concursos adquiría el carácter
de un debate sobre la radicalidad de esa confrontación y sobre la posibilidad
de incluir (o no) a aquellos que se habían sentido identificados con el
“régimen depuesto”. Ese combate en torno al pasado se cifraba, ante todo, en
una disputa por el presente: en juego estaban no sólo espacios académicos,
políticos e institucionales, sino la definición misma de lo que debía ser la
Universidad posperonista. En ese debate, el CEFyL intervino en un primer
momento como una organización fervientemente antiperonista: aquellos candidatos
que estuviesen vinculados de alguna forma con el peronismo aparecían como
cómplices de una “obra de destrucción totalitaria”. A su vez, sobre ellos
recaía la presunción de una conducta inmoral y por lo tanto, contradictoria con
el “rol ejemplificador” que cumple un profesor universitario.
Estas
consideraciones no resistieron, sin embargo, la presión ejercida por una
asamblea estudiantil que se realizó días después de la primera presentación: si
la impugnación al oportunismo y al “abuso de la función docente” durante el
peronismo se mantienen, la “voluntad maximalista” desaparece. Ya no son todos
los candidatos peronistas (o los sospechados de serlo) los cómplices de una
obra de destrucción del país y de la Universidad, sino sólo aquellos que “hayan sido condenados por la justicia por delitos cometidos en su función pública”.[17]
De esta forma, al comparar ambas presentaciones es evidente que la
política de impugnación del CEFyL, al “bajar” a las bases, pierde radicalidad. Mientras
las reivindicaciones vinculadas al reformismo prevalecen – la defensa de la
cátedra y la agremiación libre de los estudiantes – el tono antiperonista se
modera volviéndose más bien conciliador, o en términos de Spinelli, se vuelve
un antiperonismo tolerante (2005).
Desde una perspectiva como la asumida en este trabajo, que concibe a las
identidades políticas como entidades móviles, heterogéneas y sobre todo, situadas, este viraje en las
impugnaciones presentadas por el CEFyL tiene importantes consecuencias
identitarias: si en sus estatutos y en su primera presentación domina una
posición asociada al Partido Socialista y por ende a un antiperonismo
radicalizado, a partir de la política de impugnación modelada por sus asociados
reunidos en asamblea se empezó a configurar una identidad más bien tolerante y
conciliadora con el peronismo, que sin embargo no abandonaba el antiperonismo.
Así parece confirmarlo Hilda Habychain, quien al referirse al rol que el Centro
tuvo en el proceso abierto por la intervención de la Facultad y la revisión del
cuerpo docente señala que en aquellos meses entre 1955 y 1956:
Se
trabajó bastante, se hicieron evaluaciones de los docentes en asambleas de
estudiantes, y en la mayoría de los casos los profesores fueron repudiados. No
solo por el compromiso con el peronismo,
sino más que eso por la mediocridad profesional. Porque hubo casos de profesores que a pesar de ser peronistas, de estar
embanderados, fueron rescatados como docentes valiosos. Que aportaban. Más
que lo político, mezclado con lo
político estaba el repudio por ser malos docentes (las negritas son
nuestras).[18]
Al referirse al rol jugado por el CEFyL en la evaluación de los posibles
candidatos a decanos al mediar el año 1957, Habychain sostenía que:
Los candidatos eran todos docentes acá [en la Facultad]. Halperín fue
uno, [Orestes] Frattoni, que era de Letras […] y [Jaime] Bernstein que era de
Psicología y viajaba. Y Halperín también viajaba. Los docentes de acá de
Rosario no tenían demasiadas posibilidades de candidatearlos. Un docente que venía del período anterior y que
fue rescatado por la asamblea docente, por ser reconocido por su idoneidad como
docente era Arturo Castellanos, de Letras. Pero después en el momento de elegir
como posible candidato a decano no tenía
el signo político. Lo aceptábamos por su idoneidad como docente, pero no
era considerado (las negritas son nuestras).[19]
De los recuerdos de Habychain sobre aquellos años y en particular su
caracterización sobre los docentes que “venían del período anterior” se
desprenden numerosos elementos pasibles de ser analizados. La complejidad de la
relación entre la memoria y la historia sobre el tema ha sido ya señalada por Hernán
Comastri, quien ha demostrado cómo el discurso historiográfico dominante sobre
la universidad durante el peronismo ha impregnado las memorias y sobre todo las
interpretaciones que sobre aquella persisten hasta hoy en día (2015) Sus
investigaciones sobre los discursos e imaginarios sociales referidos a la
política académica y científica del primer peronismo constituyen un importante
aporte a la necesaria revisión del consenso historiográfico en torno a una
situación de estancamiento o incluso retroceso académico durante los dos
primeros gobiernos de J. D. Perón. En ese sentido, Comastri ha señalado cómo a
partir de publicaciones como la de Tulio Halperín Donghi sobre la historia de
la Universidad de Buenos Aires (1962), las memorias de aquellos que transitaron
la universidad peronista “tomaron forma académica”, dificultando una
interpretación más ajustada de la situación de la ciencia y el conocimiento en
la Argentina peronista.
Lo que nos interesa señalar aquí es cómo en el testimonio de la
entrevistada aparece, bastante soterradamente, una valoración positiva de
quienes “a pesar” de ser peronistas debían ser aceptados en la universidad
posperonista debido a su “idoneidad como docentes”. Este gesto de revisión y de
“impugnación selectiva” de los candidatos que habían ejercido durante el
peronismo (que, por otro lado, eran la abrumadora mayoría) tuvo como condición
de posibilidad el abandono de toda posición de corte maximalista, como la
sostenida por la primera presentación del 9 de marzo. De esta forma, las
impugnaciones del CEFyL funcionaron como canales de intervención política que
buscaron desplazar sólo a aquellos docentes que evaluaron como escasamente
formados para la docencia universitaria. Debido a la oposición política que las
y los estudiantes asociados al Centro mantenían con el peronismo desde su
creación en 1948, la identificación de la “mediocridad profesional”[20]
con la identidad peronista no estuvo ausente en la política de impugnación de
aquella organización. Sin embargo, como lo confirma el testimonio de Habychain,
ello no impidió que varios docentes vinculados al peronismo fueran “rescatados”[21]
y por ende no recayeran sobre ellos las impugnaciones del CEFyL. Además, las
mismas operaron como vehículos identitarios que reforzaron el carácter
democrático y “basista” del centro de estudiantes, por un lado, y por el otro
confirmaron su identidad reformista y por ende la alianza por ellos sostenida
desde octubre de 1955 con las nuevas autoridades surgidas de la intervención de
la Facultad.
La Agrupación Humanista de
Filosofía y Letras: Entre la desperonización y la despolitización
Por más
de una razón las seis universidades argentinas intervenidas en octubre de 1955
no podrían volver a ser idénticas a aquellas anteriores al ascenso del
peronismo. El surgimiento de un nuevo actor en el movimiento estudiantil a
principios de la década del cincuenta representaba una razón no menor: la
emergencia del humanismo universitario, primero en algunas facultades de la
UBA, y luego en otras universidades – entre ellas y con gran protagonismo, en
la UNL – trastocó los esquemas con los cuales se venía organizando el activismo
estudiantil, hasta ese momento dominado por militantes comunistas, socialistas,
radicales y anarquistas. De esta forma, desde principios de 1952 los
estudiantes reformistas asociados al CEFyL tuvieron que compartir el espacio
político con los militantes agrupados en el Ateneo Universitario de Filosofía y
Letras, denominación que los estudiantes católicos reemplazarían a partir de
1956 por el de “Agrupación Humanista de Filosofía y Letras”. Ese espacio se
volvió cada vez más disputado entre ambas organizaciones, las cuales declararon, en su inscripción al registro de
impugnadores a principios de 1956, la misma cantidad de socios.[22]
Sin embargo, el creciente protagonismo de los humanistas en la Facultad ya
había sido confirmado en los sucesos de septiembre de 1955, cuando dos
estudiantes humanistas participaron de la delegación de “estudiantes
democráticos”[23]
que entregaron a las Fuerzas Armadas las llaves del edificio de la Facultad.
José Zanca (2018) publicó
recientemente un trabajo de investigación sobre este nuevo actor del movimiento
estudiantil universitario de los 50’ y los 60’. Zanca caracteriza al humanismo
como una corriente estudiantil que reunía mayormente a estudiantes inspirados en
el pensamiento de intelectuales católicos antifascistas como Jacques Maritain y
Emmanuel Mounier (2018). De esta forma, las posiciones políticas de los
humanistas universitarios se inscribían, al igual que la de los reformistas, en
la lucha antifascista que se remontaba a la década del treinta y que había
encontrado en el ascenso del peronismo la confirmación de un diagnóstico
compartido en torno a la emergencia de un fascismo vernáculo. Sin embargo, los
acuerdos entre humanistas y reformistas nacían y se agotaban en el
antifascismo, como se dejó ver luego de los primeros conflictos en mayo de 1956
en torno a la posibilidad que abría el Decreto 6.403/55 de que universidades
privadas – entre ellas, católicas – expidieran títulos habilitantes. Para los
estudiantes humanistas, el monopolio del Estado sobre las universidades
defendido por los reformistas iba en contra de las libertades que decían
defender en otros aspectos y confirmaba que aquellos habían hecho de la Reforma
del ‘18 una forma de “fe religiosa” (Mauro y Zanca, 2018:115).
A
través de la inscripción del Ateneo al registro de impugnadores podemos conocer
su estatuto, donde quedan asentadas no sólo las directrices generales que
organizan su funcionamiento interno sino también las referencias ideológicas
que hacen a su identidad política. En ese sentido, en el artículo 2º de su
estatuto afirman que “en todas las actividades [el Ateneo] se rige por el
humanismo integral social cristiano”, al que definen como:
la filosofía social de
inspiración cristiana conforme a los siguientes principios demostrados
racionalmente: 1- la sociedad debe ser teocéntrica, personalista, comunitaria y
pluralista; 2- de acuerdo con el principio pluralista debe reconocerse en la
sociedad varias sociedades autónomas: Iglesias, Estado, Profesión (intelectual
y manual), Universidad, Escuela, Familia; 3- la Universidad es la sociedad que
tiene por fines investigar, enseñar y difundir la Verdad.[24]
Luego
de explicitar qué es el “humanismo integral social cristiano”, se detienen a
clarificar frente a quiénes el humanismo se configura identitariamente como
tal:
esta denominación [la de
humanistas integrales] implica el rechazo de las siguientes ideologías [que]
aunque pretendieran inspirarse en el cristianismo o tener un carácter
“humanista”, comunismo, socialismo, fa[s]cismo, neofa[s]cismo, nazismo,
nacionalismo, que establezca la primacía de la Nación sobre Dios, la persona
humana o la Comunidad Internacional.[25]
En esas
breves líneas se manifestaban a la vez los puntos de encuentro y las
limitaciones en sus posibles alianzas con el reformismo estudiantil de la
Facultad, identificado con el CEFyL. Como se afirmó anteriormente, si la lucha
contra el “fascismo y el nacionalismo criollos” obligaba a los humanistas a
aunar fuerzas con todos aquellos que defendieran una sociedad pluralista y
democrática, la centralidad que los humanistas le daban al plano religioso– a
partir de la afirmación de que la sociedad debe ser, antes que nada, teocéntrica
y que por lo tanto ni la Nación ni cualquier otra idea debe primar sobre Dios -
así como su declarado anticomunismo y su oposición al socialismo ubicaba a
aquellos a gran distancia del laicismo y las posiciones de izquierda de los
estudiantes agrupados en el Centro.
Como
veremos, estas diferencias se hicieron visibles en el proceso de sustanciación
de los concursos en 1956, ya que los criterios de impugnación no fueron los
mismos que los del CEFyL: en efecto, si ambas organizaciones compartían ciertos
vectores de lectura del pasado – herencia de las identidades antifascistas
forjadas en los treinta y reforzadas durante las dos presidencias de Perón –
las definiciones en torno a lo que debía ser la universidad en el presente
pusieron en tensión los acuerdos entre humanistas y reformistas.
La
política de impugnación de la Agrupación Humanista de Filosofía y Letras es
analizada a partir de una nómina presentada a las autoridades de la Facultad en
la que casi veinte candidatos y candidatas a concursos son impugnados por
diferentes motivos. A grandes rasgos, las impugnaciones de los estudiantes
humanistas respondían a tres variables: 1) la carencia de título universitario,
2) la vinculación manifiesta con el peronismo y 3) la “partidización” de la
Universidad, de la cual era responsable el peronismo pero también el
reformismo. Si la objeción a la presentación de quienes habían tenido vínculos
probados con el régimen peronista era un rasgo compartido con el CEFyL, las
otras dos variables, y en especial la tercera, fueron privativas de la política
de impugnación de los humanistas. Amparados en el Decreto 6.403/55, que
habilitaba la posibilidad de impugnar a quienes no tuvieran título
universitario ni tampoco acreditasen idoneidad particular en la materia a concursar,
los estudiantes de la Agrupación Humanista utilizaron esa posibilidad como un
arma para confrontar a varios candidatos que formaban parte del espacio
vinculado a las autoridades interventoras y por ende, al CEFyL.[26]
Esta política de confrontación hacia aquellos que formaban parte del núcleo
académico-político de la intervención permitió a la Agrupación diferenciarse
identitariamente tanto del centro de estudiantes reformista como de las
autoridades interventoras, utilizando para ello una de las posibilidades de
impugnación abiertas por la estrategia de desperonización que el CEFyL, por el
contrario, decidió no utilizar.
¿A qué
se debía esta voluntad de los humanistas de desmarcarse de las autoridades
interventoras, de los docentes “recién llegados” y de los estudiantes
reformistas? La hipótesis con la que trabajamos en esta investigación explora
la posibilidad de que esta disputa entre humanistas y reformistas articulara
elementos políticos, identitarios y también de intereses en conflicto. En esta
clave, los enfrentamientos en torno a la posibilidad abierta por el Art. 28°
del citado decreto que reconocía a los títulos expedidos por universidades privadas,
donde aquellos elementos confluyen indefectiblemente, constituyen un factor
central para explicar esa disputa. En efecto, en mayo de 1956, mientras se
iniciaban los concursos en la FFyL, los primeros choques entre opositores y
defensores del artículo 28° conocidos como el conflicto de la Laica o libre atravesaban a las
universidades argentinas, dejando como saldo más importante las renuncias del
Ministro de Educación, Atilio Dell’Oro Maini y del Rector Interventor de la
UBA, José Luis Romero (Califa, 2009).
Los
humanistas de la FFyL se incorporaron a las filas de quienes defendían “la
libre”, posición a la cual ya adscribían en el estatuto presentado al momento
de inscribirse en el registro de impugnadores: en su artículo 6°, reivindicaban
la libertad de enseñanza, de agremiación y de investigación y bregaban por un
“régimen universitario democrático” integrado por estudiantes, docentes y
graduados y en el cual “las universidades libres creadas por iniciativa privada
y colocadas a cargo de asociaciones religiosas o filosóficas deberán tener las
autoridades y profesores que designen esas asociaciones por el modo que ellas
determinen”.[27]
La oposición que los estudiantes, profesores y
autoridades reformistas mantenían a la posibilidad de que los títulos expedidos
por las universidades privadas fueran reconocidos oficialmente era interpretada
por los humanistas como un atropello a la libertad de enseñanza y por ende
contraria a los principios democráticos que debían regir la vida universitaria
durante el posperonismo. En su opinión, los detractores del artículo 28°, en su defensa a ultranza del laicismo,
no hacían más que fortalecer el monopolio del Estado sobre los estudios
superiores y confirmar que el legado político del reformismo se había vuelto,
varias décadas después, esencialmente conservador. Como
señala Zanca (2018), para los humanistas la Reforma del ‘18 había
posibilitado a la universidad avanzar en importantes aspectos técnicos que
hacían a su gobierno y funcionamiento, pero hacia mediados de siglo ese
carácter progresista se había agotado y sólo quedaba de ella su “mística”
(2018:39), es decir, su carácter político. A partir de este último aspecto es
posible introducir la tercera variable en la política de impugnación de la
Agrupación Humanista, aquella que objeta la “partidización” de la Universidad.
Federico Neiburg (1999) ha
señalado como, en un contexto particular como
era el del inmediato posperonismo, la politización de la Universidad aparecía
como una consecuencia inevitable pero sobre todo necesaria para avanzar en la
reestructuración de las casas de estudio. La posibilidad abierta por el Decreto
6.403/55 de impugnar a los candidatos a los concursos por cuestiones políticas
es probablemente el síntoma más claro en ese sentido. Para los aspirantes a las
cátedras, y sobre todo para quienes no gozaban de sendas trayectorias político
– intelectuales ligadas a las revistas Imago Mundi, Contorno y Sur
y a los cursos dictados por el Colegio Libre de Estudios Superiores (Neiburg, 1998), la exaltación en sus currículum de trayectorias políticas
opositoras al peronismo constituía un recurso clave en pos de mejor
posicionarse en los concursos.
En esa
situación parece haberse encontrado Diógenes Hernández, candidato a los
concursos de las materias de Griego I, II y III. El reconocido militante del
radicalismo santafecino fue uno de los impugnados por la Agrupación Humanista,
la cual alegó “falta de ética elemental por
manifestar su afiliación y actuación dentro de un partido político entre sus
antecedentes”[28]. Al parecer, al inscribirse al concurso, Hernández evaluó
conveniente suplir su carencia de título universitario (por la cual también fue
impugnado) con la exaltación de las “credenciales antiperonistas” (Fiorucci, 2011) que
tenía a su favor, siendo Hernández un militante de la Unión Cívica Radical. Sin
embargo, los humanistas consideraron la actitud del candidato como una muestra
de su falta de ética al sugerir se evalúe como un antecedente el hecho de
integrar las filas de un partido político. De esta forma, la política de
impugnación de los humanistas continuaba y reforzaba ciertos elementos
identitarios contenidos en su estatuto, en el cual reivindicaban la “apoliticidad
de partidos en la Universidad” y advertían que un requisito indispensable para
ser miembro de la comisión directiva era el de “no ser dirigente de partidos u
otras entidades políticas”.[29]
Los
desacuerdos se neutralizaban, sin embargo, cuando de oponerse al peronismo se
trataba. Como ha señalado José Zanca, “la purga del cuerpo de profesores
encontró, nuevamente, a humanistas y reformistas unidos, aun cuando los
primeros manifestarían en muchos casos su disgusto frente a algunas de las
expulsiones” (2018:52). Desconocemos, para el caso de la FFyL, cuáles fueron
los debates que atravesaron las cesantías dispuestas por la intervención de la
Facultad durante octubre y noviembre de 1955. De lo que sí podemos dar cuenta,
en cambio, es de la política de impugnación llevada adelante por la Agrupación
Humanista, la cual reprodujo, “al ras del suelo”, la estrategia de
desperonización dictaminada por el gobierno militar. Sin embargo y al igual que
en el caso del CEFyL, dicha política no se expresó en una voluntad de objetar a
todos los docentes provenientes del periodo anterior, sino sólo a aquellos que
públicamente adhirieron al gobierno del líder derrocado. En su presentación de
los candidatos impugnados, podemos leer que:
Los concursantes que
fueron asistentes a los Congresos de Filosofía de Mendoza (1949) y el Congreso
de Psicología de Tucumán (1954) serán considerados impugnados por esta
Institución si en las actas de dichos Congresos constaran públicas
manifestaciones de adhesión al régimen depuesto por parte de los mismos.[30]
De esta manera, la Agrupación
Humanista descartaba, al igual que el CEFyL, una política de impugnación
maximalista con respecto a los candidatos a los concursos de 1956. La razón de
ello estribaría en que, al igual que los estudiantes agrupados en el Centro,
los humanistas deseaban “conservar” a no pocos profesores con los cuales habían
tejido fuertes lazos académicos y personales durante el periodo anterior.
Asimismo, operaron como canales de intervención política que permitieron a
aquella objetar ciertos aspectos de la política reformista tanto de las
autoridades interventoras como de sus pares del CEFyL. Por último, las
impugnaciones fueron vehículos identitarios que reforzaron los rasgos
apoliticistas y academicistas contenidos en su estatuto.
El Colegio de Graduados
de Filosofía y Letras: unidad y organización contra el “tren de los lunes”
Una de las medidas del peronismo más sentidas por los universitarios fue
la eliminación del gobierno tripartito de las casas de estudio. A partir de la
ley 13.031 aprobada por el Congreso en 1947, se establecía que las facultades
serian gobernadas por el Decano y un Consejo Directivo compuesto por diez
nombres designados únicamente por el claustro de profesores, quedando por fuera
del nuevo esquema tanto estudiantes como graduados. Sin embargo, esto no
impedía que los egresados se organizasen en función de sus intereses como
claustro: en nuestra Facultad, dicha organización no se hizo esperar.
El 13 de julio de 1953 se constituyó el Colegio de Graduados de
Filosofía y Letras, reuniendo a las y los egresados de las primeras cohortes,
que según estadísticas de elaboración propia (Bianchi y Entrocassi Varela,
2019) datan de 1951 y 1952. Dos años después y como producto del golpe
militar del 16 de septiembre, los afiliados se reunían en asamblea a fines de
noviembre con el objetivo de formar una comisión provisoria que se hiciera
cargo del Colegio luego de la renuncia presentada por la comisión anterior, la
cual evaluaron como positiva y necesaria para “lograr la ansiada unidad de
todos los graduados por sobre las divergencias personales […] en estos momentos
trascendentales de reestructuración democrática de la Universidad”[31].
Para los integrantes del Colegio – al igual que para las otras organizaciones
estudiantiles y de graduados – la autodenominada “Revolución Libertadora”
aparecía como un momento auspicioso y plagado de oportunidades, en la cual los
graduados tenían:
una gran misión por
cumplir [...], no solo asumiendo nuestra representación y asegurando nuestra participación
en el gobierno de la Universidad, sino también realizando una labor gremial,
cultural y de extensión universitaria que contribuya a la consolidación de
legítimas aspiraciones de todos los universitarios: autonomía de la
Universidad, gobierno de la misma por profesores, graduados y alumnos,
periodicidad de la cátedra, provisión de las mismas por concursos públicos de
títulos, antecedentes y oposición.[32]
El comunicado que se labró luego de aquella asamblea a fines de
noviembre de 1955 funcionó como una especie de “segunda acta de fundación” a la
hora de presentar la documentación necesaria para inscribirse al registro de
impugnadores. En esa oportunidad, la comisión provisoria que tomó la conducción
del Colegio envió a sus afiliados copias del acta para que tomasen conocimiento
de las últimos acontecimientos; para aquellos egresados que aún no formaban
parte de la entidad, se adjuntaba una ficha de agremiación a través de la cual
podían asociarse. El hecho de que el comunicado estuviera pensado, entonces,
como forma de captación de nuevos asociados invita a reflexionar en torno a la
insistencia que en ella se hace sobre la necesidad de lograr la unidad de los
graduados por sobre las divergencias políticas en un contexto donde la
política, como demostró Neiburg (1999), lo impregnaba todo.
En efecto, si para el Colegio la política era causa de división y
dispersión, se debía a que por un lado no había consenso al interior de él, y
por el otro porque se presumía que no lo había por fuera de él, entre los
graduados de Filosofía y Letras: la presencia de humanistas y reformistas en la
comisión directiva del Colegio bien puede explicar el primer aspecto. En cuanto
al segundo – las identidades políticas de los graduados y graduadas de la FFyL,
tanto los afiliados como los no afiliados – cabe la posibilidad de interpretar
la ausencia de un contenido marcadamente antiperonista en el acta como un gesto
de apertura hacia aquellos que se sintieran identificados con el movimiento
político recientemente derrocado, o que en todo caso no acordaran con una
posición radicalmente antiperonista. En ese sentido, si la comisión directiva
que había asumido provisionalmente la conducción del Colegio parecía acordar en
la defensa de los principios de la tradición reformista, decidió a su vez
evitar en su discurso cualquier referencia al “régimen depuesto”, como sí lo
hicieron todas las otras organizaciones estudiantiles y de graduados de la
FFyL. De esta forma, la identidad política del Colegio se cifraba en la
defensa de los intereses de claustro, lo que la obligó a “negociar” con esa
otra identidad tan presente en ese momento en la universidad, el antiperonismo.
La política de impugnación del Colegio fue definida a partir de
sucesivas asambleas de sus asociados, y en la última de ellas redactaron el
pliego que presentaron a las autoridades interventoras. En él, los graduados
establecieron que:
El
Colegio no efectuará impugnaciones de
carácter político o ideológico, porque entiende que planteos de este tipo
no corresponden en absoluto a la función y actividad universitaria. Nuestra
declaración de principios así lo establece: “No nos separan nuestras posibles
divergencias políticas o religiosas, que planteamos en otros campos de nuestra
actividad, porque en lo fundamental coincidimos”. Y más adelante: “Deseamos una
Universidad en la que se investigue y en la que no exista más pasión que la del
estudio y la ciencia.” (De la Declaración del 21/8/1954). El Colegio solo
realiza impugnaciones basadas en la carencia de título habilitante y, sin
entrar a juzgar directamente los méritos de los concursantes, cuando la falta
de antecedentes científicos elementales y mínimos por parte de alguno de estos
comprometa, por su aceptación a concurso, la jerarquía primera y la dignidad
fundamental de la cátedra y de la función universitaria (las negritas son
nuestras).[33]
Ignorando las disposiciones que en el artículo 32° del Decreto 6.403/55
habilitaban la impugnación política, el Colegio ofrecía una interpretación
excepcional de esa normativa, distinta a las de todas las otras organizaciones
de la Facultad y al parecer, ausente también en las Facultades de Filosofía y Letras
de la UBA y la UNLP (Pis Diez, 2018; Riccono, 2018). Al abstenerse de realizar
objeciones a los concursantes por cuestiones “políticas o ideológicas”, el
Colegio no hacía sino ir en contra de la estrategia política que tenía a los
concursos docentes de 1956 como una instancia fundamental: la desperonización.
¿Se debería entender por ello que los graduados coaligados en esta entidad no
eran antiperonistas?
La presencia tanto en la comisión fundadora de 1953 como en la
provisoria de 1956 de dirigentes reformistas y humanistas[34] cancela o por lo menos
pone en duda la posibilidad de responder positivamente aquella pregunta. Por lo
tanto, es necesario explorar otras líneas interpretativas que permitan explicar
por qué una organización que reivindicaba los principios reformistas, que
estaba conducida por dirigentes antiperonistas y que inscribía su accionar en
una coyuntura dominada por el consenso “desperonizador”, decidió abstenerse de
intervenir en ese sentido.
Una de esas líneas debe necesariamente incorporar lo señalado
anteriormente en torno a la diversidad de posiciones políticas en su interior,
que exigía la elaboración de un discurso lo suficientemente amplio como para
contener en su seno tradiciones reformistas y humanistas. Sin embargo, una
explicación más ajustada de la particular política de impugnación del Colegio
abreva en otra de las dimensiones a la que también se ha hecho referencia
anteriormente: el peso que tuvieron en la identidad política de esa entidad los
intereses de claustro, por sobre los más propiamente ideológicos o
político-partidarios.
Así lo sostiene la nueva comisión directiva del Colegio, cuando al
finalizar su presentación de impugnaciones sostiene que el criterio de objeción
a aquellos candidatos que no posean título habilitante:
se
fundamenta también en la declaración de principios de este Colegio cuando
expresa: “procurar por todos los medios a nuestro alcance la defensa de los
intereses de los asociados, y en forma
especial la justipreciación real y efectiva de sus títulos, y más adelante:
‘si defendemos la valorización de nuestros títulos es porque lo creemos justo,
no porque lo creamos ganancioso’ (las negritas son nuestras).[35]
Si para los estudiantes-
tanto del CEFyL como de la Agrupación Humanista - la desperonización funcionaba
como una estrategia de jerarquización académica de la FFyL, para los graduados
de la FFyL, por el contrario, esa estrategia no parecía tener nada que ofrecer:
quienes integraban el Colegio eran mayormente jóvenes profesores que habían
iniciado sus carreras profesionales en los años finales del gobierno peronista
(recordemos que las primeras cohortes de la FFyL datan de 1951 y 1952) y por lo
tanto carecían del capital social, político e intelectual que detentaban aquellos
que se incorporaron a la FFyL a partir de las designaciones interinas
realizadas por las autoridades interventoras a partir de octubre de 1955. El
único capital con el que contaban los graduados era el de sus títulos
habilitantes expedidos por la Facultad, y no dudaron en intentar hacerlos
valer. En otras palabras: utilizaron las impugnaciones como vehículos de
defensa de sus intereses profesionales o si se quiere, corporativos.
De esta forma, a partir
de la intervención del Colegio de Graduados de Filosofía y Letras podemos ver
“la otra cara” del proceso que Eduardo Hourcade reconstruyó como de
“implantación” de figuras foráneas al campo intelectual rosarino luego del
“vacío total” dejado por la depuración del cuerpo docente en 1955 (1994).
Aquel “tren a Rosario”
que los días lunes traía desde la ciudad de Buenos Aires a prestigiosos
docentes entre los que se contaba a Tulio Halperín Donghi, David Viñas y
Gregorio Klimovsky, comportaba también una fuerte competencia poco favorable
para los jóvenes graduados asociados al Colegio, deseosos ellos también de
ocupar esos espacios. Esta hipótesis abriría la posibilidad de que otro tipo de
conflictos, por fuera de la antinomia peronismo-antiperonismo, estuvieran
atravesando a la Facultad en los años posperonistas. En ese sentido, el
conflicto que a lo largo de 1956 y 1957 el Colegio sostuvo con uno de los
profesores vinculados a al núcleo interventor, el socialista Boleslao Lewin, es
representativo de cómo los graduados reaccionaron a la llegada “masiva” de docentes
provenientes de Buenos Aires, y pone en escena nuevas dimensiones de análisis
que permiten complejizar la mirada sobre la FFyL posperonista. Frente a esa
reacción, las autoridades interventoras respondieron rechazando todas y cada
una de las impugnaciones a los candidatos carentes de título universitario,
resguardando, de esa manera, a aquellos concursantes que formaban parte de su
espacio académico y político.
Notas finales
En este artículo hemos ensayado una
interpretación sobre las identidades políticas antiperonistas en la
Universidad desde una perspectiva “al ras del suelo”. A través del análisis del
perfil identitario y del accionar de las organizaciones estudiantiles y de
graduados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL, buscamos reconstruir
una cara local del proceso de reestructuración universitaria que afectó de
forma simultánea a las seis universidades nacionales existentes en 1955. El locus
a partir del cual examinamos el antiperonismo universitario en Rosario ha
sido el de la participación del Centro de Estudiantes, de la Agrupación
Humanista y del Colegio de Graduados en el proceso abierto por el llamado a
concursos docentes a principios de 1956.
Las tres organizaciones representativas de los
estudiantes y graduados de la Facultad no dudaron en reclamar para sí un rol
destacado en ese proceso, inscribiéndose en el registro abierto por las
autoridades interventoras para impugnar a los candidatos a los concursos. Como
intentamos demostrar aquí, las impugnaciones funcionaron como canales de
intervención política para la defensa de intereses tanto personales como
corporativos, por un lado, y por el otro fungieron como vehículos identitarios
que reforzaron o pusieron en cuestión rasgos constitutivos de identidades
políticas previas. Al analizar detalladamente ambas dimensiones, hemos visto
que cada organización asignó a esa funcionalidad sentidos y objetivos diversos,
tensionados tanto por lecturas disimiles del periodo que acababa de cerrarse
pero sobre todo por diferentes intereses en el presente posperonista. De esta
forma, un análisis del proceso de desperonización de las universidades desde
una perspectiva “al ras del suelo” permite visualizar, en sintonía con lo que
ya ha sido planteado por César Tcach (1994) y Silvana Ferreyra (2016) que aquel fue mucho más complejo y contradictorio que el mero
enfrentamiento entre dos campos identitarios antagónicos.
Bibliografía
Avaro, N. (2015). Prólogo: Biografía intelectual
de Adolfo Prieto. Pasos de un peregrino. En: A. Prieto. Conocimiento de la Argentina. Estudios literarios
reunidos.
Rosario: Editorial Municipal de Rosario.
Bianchi, S., Entrocassi Varela, C. (2019). Las jovencitas
irrumpen en la universidad. Una aproximación cuantitativa a la presencia de
las mujeres en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL (1947-1966).
Ponencia presentada en las XVII Jornadas Interescuelas/Departamentos de
Historia, Catamarca, Argentina.
Buchbinder, P. (2005). Historia de las
universidades argentinas. Buenos Aires: Sudamericana.
Califa, J. S. (2009). El movimiento estudiantil
reformista frente al primer episodio de la laica o libre (mayo de 1956). Sociohistórica,
Cuadernos del CISH. Segundo Semestre. (26), 51-79. Recuperado de: https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/n26a02/306
Califa, J. S. y Millán, M. I. (2016). La represión a las universidades y
al movimiento estudiantil argentino entre los golpes de Estado de 1966 y 1976. HIB: Revista de Historia Iberoamericana,
9(2), 10-38. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7052673
Comastri, H. (2015) La política científica en el primer peronismo. Discursos e imaginarios
sociales (1946 – 1955) (Tesis de Doctorado), Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.
Della Bianca, M. (2014). Campo Académico y Contextos políticos. Rupturas y continuidades en el
diseño de los planes de estudio de la Carrera de Historia de la UNR (Tesis
de Maestría), Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario,
Rosario, Argentina.
Ferreyra, S. (2016). Junta Consultiva y
Comisiones Investigadoras en la Provincia de Buenos Aires: usos de la escala
para pensar el conflicto peronismo-antiperonismo. Páginas, Revista de la
Escuela de Historia 8(16),
44-60. Recuperado de: http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/210/246
Ferreyra, S. (2018a). El peronismo
denunciado. Antiperonismo, corrupción y comisiones investigadoras en el golpe
de 1955. Mar del Plata: Eudem/Grupo Editor Universitario.
Ferreyra, S. (2018b). Las comisiones
investigadoras de 1955 y el peronismo: hacia una genealogía de la acusación de
corrupción política en Argentina. Ponencia presentada en Congreso LASA,
Barcelona: España.
Fiorucci, F. (2011). Intelectuales y
peronismo 1945 – 1955. Buenos Aires: Biblos.
Garbulsky, E. (2004) La producción del
conocimiento antropológico-social en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional del Litoral, entre 1956-1966. Vínculos y relaciones
nacionales. Cuadernos de Antropología Social (20), 41 – 60. Recuperado
de: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/4643/4140
Halperín Donghi, T. (2008). Son memorias.
Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Hourcade, E. (1994). La Historia como Ciencia
Social en Rosario entre 1955 y 1961. En: F. Devoto (comp.). La
Historiografía Argentina en el siglo XX. Buenos Aires: Centro Editor de
América Latina.
Lobato, M.Z. (2000). El progreso, la modernización y sus límites. Buenos Aires:
Sudamericana.
Martínez Mazzola, R. (2011). Nacionalismo,
peronismo, comunismo. Los usos del totalitarismo en el discurso del Partido
Socialista Argentino (1946-1953). Prismas,
Revista de Historia Intelectual (15), 105-115.
Mauro, D., Zanca, J. (2018). La reforma universitaria cuestionada.
Rosario: HyA Ediciones.
Nállim, J. (2014). Las raíces del antiperonismo. Orígenes históricos e ideológicos.
Buenos Aires: Capital Intelectual.
Neiburg, F. (1998). Los intelectuales y la
invención del peronismo. Buenos Aires: Alianza.
Neiburg, F. (1999). Politización y universidad.
Esbozo de una pragmática histórica de la política en la Argentina. Prismas.
Revista de Historia Intelectual (3),
51-72.
Orbe, P. A. (2008). Autonomía, reestructuración
institucional y “desperonización”: El impacto de la 'Revolución Libertadora' en
la comunidad universitaria bahiense (1955-1957). Sociohistórica, (23-24), 137-162. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4381/pr.4381.pdf
Pis Diez, N. (2018). Universidad, política y radicalización en el posperonismo: el caso de
la Universidad Nacional de La Plata y su movimiento estudiantil reformista
(1955-1966) (Tesis de Doctorado), Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
Pisano, T. (2017). Un modelo de historiador para la democracia: la reorganización de la
carrera de Historia en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario
(1984-1985) (Seminario Regional). Facultad de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina.
Raffo, A. (2011). Experiencias desde el Litoral:
La formación universitaria en historia frente a los vaivenes políticos e
institucionales del siglo XX. Clío &
Asociados (15), 212-232. Recuperado de: https://www.clio.fahce.unlp.edu.ar/article/view/clion15a13/5156
Riccono, G. (2018). La Universidad de Buenos Aires de la
Revolución Libertadora a la Noche de los bastones largos. Redes y trayectorias
docentes (Tesis de Doctorado), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Rodríguez, L.G. (2018) “La Libertadora y el
proceso de desperonización en la Universidad Nacional de La Plata (1955-1957)”,
Hilos Documentales / 1(1). Recuperado
de: https://revistas.unlp.edu.ar/HilosDocumentales
Salomón, P. (2013). Elencos de gobierno de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNL en los años sesenta. ¿Quiénes la
gobiernan? Ponencia presentada en: XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos
de Historia, Mendoza, Argentina.
Salomón, P. (2018) Elencos de gobierno y
reestructuración universitaria: la Universidad Nacional del Litoral entre 1955
y 1966 (Tesis de Maestría), Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe,
Argentina.
Sigal, S. (1991). Intelectuales y poder en la
década del sesenta. Buenos Aires: Puntosur.
Spinelli, M.E. (2005). Los vencedores
vencidos. El antiperonismo y la “revolución libertadora”. Buenos Aires:
Biblos.
Tcach, C. (1994) Partidos y pactos políticos en
la Córdoba Libertadora (1955-1958). Revista Estudios (3), 17-30.
Recuperado de: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/view/399
Zanca, J. (2018). Los humanistas
universitarios. Historia y memoria (1950-1966). Buenos Aires: Eudeba.
Recibido: 22/12/2019
Evaluado: 19/03/2020
Versión Final: 27/03/2020
(*) Estudiante avanzada en Historia. Ayudante alumna en Introducción a la Problemática Histórica e Historia Argentina III (Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario –UNR-). Centro Latinoamericano de Investigaciones en Historia Oral y Social (CLIHOS-UNR). Argentina. E-mail: camilaentrocassi@gmail.com . ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8575-6023
[1] En la actualidad, la Facultad lleva el nombre de “Facultad de Humanidades y Artes” y depende de la Universidad Nacional de Rosario, creada en 1968.
[2] Nota 823/1965, Caja Década de 1950, Programa de Preservación Documental.
[3] Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 6.403 del 23 de diciembre de 1955, en: Poder Ejecutivo Nacional, Boletín Oficial, 3 de enero de 1956.
[4] Expte. 4441, Caja Década de 1950, Programa de Preservación Documental.
[5] Expte. 4993, Caja 4800 – 4999, Programa de Preservación Documental.
[6] Nota del 10/11/1954, Expte. 6403, Caja 6400 – 6499, Programa de Preservación Documental.
[7] Luego del golpe de 1955 y durante el proceso de reestructuración universitaria, similares conflictos de carácter institucional y académico concitarán la intervención tanto del Centro como también de la Agrupación Humanista, lo que invita a reflexionar en torno a las continuidades entre la actividad de los estudiantes antes y después de la caída del peronismo.
[8] Nota 823/1965, Caja Década de 1950, Programa de Preservación Documental.
[9] Entrevista a Hilda Habychain realizada por Alejandra Raffo (2011).
[10] Sobre el Colegio Libre de Estudios Superiores, ver Neiburg (1998).
[11] Entrevista a Hilda Habychain realizada por Alejandra Raffo (2011).
[12] Entrevista realizada a Élida Sonzogni por Alejandra Raffo (2011)
[13] Estatuto del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Expte. 7752, Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.
[14] Nota del 9/3/1956, Expte 7752 Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.
[15] Nota del 20/3/1956, Expte 7752, Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.
[16] Es posible encontrar una referencia al lugar que el Partido Socialista ha dado a la acusación de “inmoral” al peronismo en el trabajo de Martínez Mazzola (2011).
[17] Nota del 20/3/1956, Expte 7752, Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.
[18] Entrevista a Hilda Habychain realizada por Alejandra Raffo (2011).
[19] Entrevista a Hilda Habychain realizada por Alejandra Raffo (2011).
[20] Entrevista a Hilda Habychain realizada por Alejandra Raffo (2011).
[21] Entrevista a Hilda Habychain realizada por Alejandra Raffo (2011).
[22] De hecho, la Agrupación Humanista superó en cantidad de socios (153) al Centro de Estudiantes, el cual informó 150. Ver: Inscripciones al registro de impugnadores, Expte. 7752, Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.
[23] Nota 823/1965, Caja Década de 1950, Programa de Preservación Documental.
[24] Estatuto del Ateneo Universitario de Filosofía y Letras, Expte. 7752, Caja 7700-7799, Programa de Preservación Documental.
[25] Estatuto del Ateneo Universitario de Filosofía y Letras, Expte. 7752, Caja 7700-7799, Programa de Preservación Documental.
[26] Las impugnaciones por parte de la Agrupación Humanista a dos figuras directamente relacionadas con las autoridades interventoras, Boleslao Lewin y Gregorio Klimovsky, son representativas en ese sentido. Ambos fueron impugnados por los humanistas por carencia de título universitario y ambas impugnaciones fueron rechazadas por el delegado interventor.
[27] Estatuto del Ateneo Universitario de Filosofía y Letras, Expte. 7752, Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.
[28] Impugnaciones efectuadas por la Agrupación Humanista de Filosofía y Letras, Expte. 7752, Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.
[29] Estatuto del Ateneo Universitario de Filosofía y Letras, Expte. 7752, Caja 7700-7799, Programa de Preservación Documental.
[30] Impugnaciones efectuadas por la Agrupación Humanista de Filosofía y Letras, Expte. 7752, Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.
[31] Comunicado emitido por la comisión provisoria del Colegio de Graduados de Filosofía y Letras el 35 de noviembre de 1955, Expte. 7752, Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.
[32] Comunicado emitido por la comisión provisoria del Colegio de Graduados de Filosofía y Letras el 35 de noviembre de 1955, Expte. 7752, Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.
[33] Impugnaciones efectuadas por el Colegio de Graduados de Filosofía y Letras, Expte 7752, Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.
[34] Entre las figuras que formaron parte de la fundación del Colegio de Graduados en 1953 están: María Saldaño del Valle, quien integraba también el Partido Reformista de Egresados Reformistas (PREU, vinculado al Partido Socialista) y que en su presentación al concurso de Introducción a la Historia resaltó su actuación opositora al peronismo; Clara Passafari de Gutiérrez, reconocida dirigente humanista y también declarada opositora en su apelación a las impugnaciones realizadas en su contra. Esta última formó parte también de la comisión directiva del Colegio en 1956. David Wagner formó parte tanto del Colegio como del PREU.
[35] Impugnaciones efectuadas por el Colegio de Graduados de Filosofía y Letras, Expte 7752, Caja 7700 – 7799, Programa de Preservación Documental.