Trabajadores e instituciones laborales en Tucumán. El Departamento Provincial de Trabajo durante la entreguerra

 

 

María Ullivarri^(*)

 

 

Resumen        

 

El objetivo de este trabajo es analizar la trayectoria del Departamento Provincial de Trabajo (DPT) de la provincia de Tucumán durante el período de entreguerras. El análisis tendrá dos ejes fundamentales, las prácticas institucionales y las demandas obreras. Parto de pensar que las instituciones son solo la cristalización de las disputas. Por eso los verdaderos constructores de la trama de este relato son los funcionarios del gobierno y los trabajadores de la provincia que, a partir de una conjunción entre la dinámica política, los cambios operados al interior del mundo obrero y los alcances de la regulación, dieron forma a la compleja y serpenteante trayectoria de esta institución y de la idea de derechos laborales.

 

Palabras clave: Tucumán; Departamento de Trabajo; entreguerras; política laboral.

 

 

 

Workers and labor institutions in Tucumán. The Department of Labor during the interwar period

 

Abstract

 

The aim of this paper is to analyze the trajectory of the Provincial Department of Labor (DPT) of the province of Tucumán during the interwar years, having as an axis of analysis the institutional practices and the workers' demands. I understand that the institutions are only the crystallization of disputes, so the true builders of the plot of this story are the government officials and the workers of Tucuman who, from a conjunction between the political dynamics, the changes operated within the world worker and the scope of regulation, shaped the complex and serpentine trajectory of this small institution and the idea of labor rights.

 

Key words: Tucumán; Departament of Labor; interwar years; labor policy.

 

 

 

 

Trabajadores e instituciones laborales en Tucumán. El Departamento Provincial de Trabajo durante la entreguerra

 

Introducción

 

La cuestión social obligó al Estado nacional y a los estados provinciales a pensar nuevas estrategias para lidiar con los problemas más tangibles del mundo del trabajo. En un proceso de delimitación de áreas de intervención, una de esas respuestas fue el esfuerzo por reglamentar los espacios laborales (Poy, 2018). Las propuestas más relevantes estuvieron vinculada a la creación de instituciones capaces de regular las relaciones entre patrones y obreros, como el Departamento Nacional de Trabajo (DNT) fundado en 1907 (Lobato, 2007; Suriano, 2000; Suriano y Lvovich, Daniel 2006; Lobato y Suriano, 2014). Este ordenamiento pretendía definir un marco regulatorio de obligaciones y normas, así como también las formas toleradas de conflicto y los mecanismos mediante los cuales los trabajadores debían expresar sus propios intereses.

Pero el DNT tenía jurisdicción sobre la Capital Federal y los Territorios Nacionales. Las provincias debieron crear sus propias instituciones. Y aunque gran parte de las competencias en materia de regulación laboral, como la legislación sobre contrato de trabajo y salarios, eran incumbencia del Congreso Nacional y quedaron al margen de las facultades de los organismos y las legislaturas locales, los gobiernos provinciales podían regular algunas normas y velar por la aplicación de las leyes a través de cierto poder de policía. Por otro lado, aunque a partir de los años veinte existió un consenso sobre el carácter nacional de la legislación del trabajo y a principios de los treinta se pensó al Congreso Nacional del Trabajo como una instancia ordenadora, las esferas de competencia laboral en las provincias debieron consolidarse, mayormente, a fuerza de prueba y error (Diez, 2002; Rubinzal, 2012). Germán Soprano (2008) señala que es necesario pensar en las difícultades de la realidad operativa de estas agencias en los vastos territorios del país. Por eso, las explicaciones a ese incipiente proceso de intervención estatal deben buscarse en su heterogeneidad y teniendo en cuenta los tintes regionales (Mackinnon, 2001; Ortiz Bergia, 2009, Barandiaran, 2008; Barandiarán, 2017; Bejar, 2000. Bohoslavsky, 2005).

Estas reflexiones parten de un creciente interés en los estudios sociales sobre el Estado, sus funcionarios, los saberes y las prácticas que permiten abordar la dinámica vivida de las políticas públicas en términos de conflictos, diseño e implementación (Berrotarán, 2003; Biernat y Ramacciotti, 2012; Daniel, 2012; González Bollo, 2008, 2014; Lobato y Suriano, 2014; Luciani, 2014; Lvovich y Suriano, 2006; Ortiz Bergia, 2015; Persello, 2015; Plotkin y Zimmermann, 2012). Esos “estudios del Estado desde dentro” contemplan algunos cruces con la historia social del trabajo porque las oficinas estatales comienzan a ser pensadas como arena de disputas (Bohoslavsky y Soprano, 2009; Lobato y Suriano, 2014). Este proceso es más claro a partir de los años treinta, cuando la literatura coincide en señalar que se aceleró el proceso de construcción de un Estado orientado a dar soluciones en materia laboral y social. No solo por la ampliación de la estructura técnico burocrática, sino que también por el proceso paralelo que implicó la dinamización del mundo del trabajo, el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de nuevas demandas, que impulsaron al Estado a dar respuestas más precisas para las necesidades de la población, pero que también incidieron en las demandas de los actores hacia el Estado (Di Liscia, 2007; Ortiz Bergia, 2009; Ramacciotti y Biernat, 2012; González Bollo, 2008; Gaudio y Pilone, 1983, 1984; Doyon, 2006; Del Campo, 2005; Torre, 2006; Horowitz, 2004; Rubinzal, 2012). En esa dirección, hay una mirada general que apunta a pensar al Estado y a sus prácticas como una construcción colectiva, heterogénea y quizás desordenada y no como una voluntad unívoca (Bohoslavsky, 2005). Allí, cruzado por la porosidad de los intercambios con otras esferas sociales, por la superposición de funciones y los vaivenes organizativos, el Estado se va haciendo en la práctica (Luciani, 2014). Por eso, resulta difícil concebir una institución si no es desde lo dramático de su trayectoria, desde sus dificultades operativas, hasta los pormenores de la consolidación de sus competencias, sus articulaciones con otras agencias, su legitimidad frente a su población objetivo, etc.

En ese universo, el propósito de este trabajo es analizar el espacio de acción del Departamento Provincial de Trabajo (DPT) de la provincia de Tucumán durante la entreguerra, pero más concretamente durante los años treinta, cuando comienza a aparecer como un actor activo, para intentar reconstruir sus políticas y analizar su vínculo con los trabajadores con el Estado. El trabajo sobre este tipo de agencias permite problematizar el modo en que el funcionariado de segunda línea y el funcionariado técnico trabajó en la puesta en práctica de una política orientada a acercar a los trabajadores al Estado, pero también sirve para pensar los sentidos que el Estado tenía para los trabajadores. El artículo tendrá como eje de análisis las prácticas institucionales y las demandas obreras, porque parte de suponer que las configuraciones políticas y económicas de los estados provinciales dieron forma a las lógicas de las políticas laborales, en tanto las posibilidades estuvieron vinculadas a las disputas por el poder entre los agentes involucrados.

 

El Departamento Provincial de Trabajo. Origen y estructura

 

En 1916 asumió el gobierno de Tucumán el radical Juan Bautista Bascary rodeado de acusaciones sobre el uso de “prácticas demagógicas” que estaban directamente vinculadas con el creciente interés del Estado por vincularse con los trabajadores (Bravo, 2009; Falcón, 1996). El cambio en las formas de la política que produjo la Ley 8.871 (Ley Sáenz Peña) fue convirtiendo al Estado en un árbitro de intereses en pugna (Halperin Donghi, 2000). En la provincia uno de los espacios creados para organizar esa puja de intereses fue el Departamento Provincial de Trabajo (DPT). El gobernador lo puso en funcionamiento el 10 de diciembre de 1917 mediante un decreto que transformaba la antigua Oficina de Estadística y del Trabajo en un organismo para dar solución a “la creciente complejidad de los problemas relativos al trabajo; la necesidad de disponer de datos y antecedentes relativos al tema y la reglamentación provincial de la ley nacional sobre accidentes de trabajo” (Landaburu, 2014a:126). Pero esa transformación fue nominal, porque la dependencia siguió funcionando con el mismo personal (dos funcionarios) y el mismo presupuesto que su predecesora.^[1]

A pesar de ello, la transformación de la oficina fue una acción simbólica del gobernador en un momento de crisis política. Este decreto lo ponía en línea con la voluntad del gobierno nacional de alejarse de los acuerdos sostenidos por el sistema de alianzas previo a 1912, que había asegurado la protección de la industria azucarera, principal empleadora de la provincia. A partir de allí el radicalismo tucumano empezó a avanzar sobre los enclaves azucareros y a profundizar la puja por los recursos entre industria y Estado, intentando anclar el enfrentamiento político en un marco de regulación de leyes de carácter social. Parte de ese trabajo se encomendó a la nueva repartición a partir de forjar una herramienta de inspección y control que pudiera insertarse en los espacios cerrados de los ingenios, fábricas y talleres de la provincia.

Con esa impronta, muy rápidamente el DPT se convirtió en el blanco de las críticas, porque hacía “cuestión de gobierno, de tiranía, de lo que es una cuestión particular, privada y librada a lo que las partes convengan.”^[2] Aferrados al carácter privado de las relaciones laborales, los industriales y plantadores de la provincia estaban dispuestos a resistir los intentos del gobierno por regularlas. Pero el principal argumento utilizado por sus detractores fue que el organismo estatal había sido creado mediante un decreto firmado por el gobernador en el período en el que estuvo suspendido de sus funciones por la Legislatura, sin atribuciones de mando y firma.^[3] La aparente frágil legalidad que provenía de ese decreto fue utilizada para deslegitimar cualquier participación del DPT en los conflictos hasta por lo menos la primera mitad de los años treinta.^[4] En 1925 podían leerse en sus memorias que “se presentan dificultades con ciertos patrones que niegan legalidad a la existencia del Departamento por el hecho de haber sido fundado por decreto del PE en vez de serlo por ley. Basándose en esta circunstancia niegan facultades al Departamento para hacer cumplir las leyes y aplicar multas por infracciones a ellas.” ^[5]

El DPT estaba organizado en dos secciones principales: Dirección e Inspección. El Director debía, “ofrecer su mediación para solucionar los conflictos del trabajo” en la provincia, designar delegados e inspectores honorarios, aplicar penas ante el incumplimiento de las leyes, resolver las excepciones al descanso dominical y estudiar los resultados de la aplicación de las leyes laborales. La inspección, por su parte, tenía a su cargo “el registro de sociedades patronales y obreras, el estudio de las condiciones morales e intelectuales de obreros y empleados, la implantación de sistemas de seguridad en los locales de trabajo y la vigilancia del empleo de mujeres y niños en la industria y el comercio” (Landaburu, 2014a). Asimismo, como su propósito también estaba relacionado con la obtención de información, la oficina de Estadística continuó con sus anteriores funciones. Finalmente, con el propósito de administrar el flujo de mano de obra, se organizó un Registro de Colocaciones que incluso en 1929 intentó extenderse al contrato de zafreros, pero en la práctica sus alcances reales nunca excedieron la ubicación de servicio doméstico y algunos jornaleros. Sus temas de incumbencia eran, en cierto sentido, plenamente administrativos.

A partir de 1918 Darío Prada Salgado asumió su dirección. De orientación social cristiana y perteneciente al círculo de amigos del gobernador, logró aumentar el número de empleados y estructurar un régimen de inspectores obreros. Intentó también trabajar en la organización sindical y crear una Cámara del Trabajo (Landaburu, 2014a). Los esfuerzos orientados a organizar sindicatos tenían que ver con la idea de controlar el conflicto mediante la organización “que actuara en armonía con la gestión del poder público, en el estudio y solución de los problemas sociales y como árbitro amistoso”.^[6] Más temprano que tarde Prada Salgado fue identificado como un “organizador de huelgas”, con la anuencia del gobernador.^[7] En una nota el industrial García Fernández comentaba que “Es únicamente con fines políticos que está promoviendo el movimiento obrero en la provincia”.^[8]

El radicalismo en el gobierno (1917-1930) priorizó una agenda política y social que con los distintos gobernadores fue continuó tomando forma de disputa (y negociación) entre gobierno e industria azucarera y el conflicto se trasladó a las instancias legislativas con los intentos de aprobar leyes de salario mínimo en 1923, 1929 y 1940, leyes de conchabadores, las leyes de jornada legal sancionadas en 1923 y los esfuerzos por reglamentar las leyes nacionales (Landaburu, 2014a; 2014b; Lenis; Ullivarri, 2013; Ullivarri, 2014) y las leyes de asistencia médica en 1925.^[9] En sus Memorias de 1926 el DPT comentaba que la mayoría de las leyes obreras sancionadas por el Congreso Nacional no habían sido reglamentadas para su aplicación en la provincia y que ese problema dificultaba el trabajo de la repartición.

El gobernador radical Miguel Campero había prometido ante la Asamblea Legislativa de 1925, ampliar las funciones del DPT , porque -dijo- estas no podían limitarse solamente a la solución de los conflictos entre patrones y obreros, sino que debían tender a aumentar cada día sus informaciones estadísticas referidas a las condiciones de vida de los trabajadores (Landaburu, 2014a). Pero las dificultades del radicalismo para transformar decisiones políticas en prácticas concretas y en cambios en las relaciones de producción fueron constantes (Halperin Donghi, 2005; Suriano, 2012; Garguín, 2000) y esto fue mucho más claro en relación a la industria azucarera. En ese sentido, la industria ejercía una suerte de dominación política y económica en la provincia. Por lo tanto, cualquier intento de encontrar una solución a los problemas obreros y sociales debía estar a tono con la “buena voluntad” de los empresarios. Legislar o intervenir en ese mundo era mover las piezas de un complejo engranaje que sostenía la economía provincial y hacía girar la rueda de una cadena de proveedores y trabajadores (Sánchez Román, 2005). Frente a lo que consideraban “obrerismo radical” y a la par de una retórica que destacaba la inviabilidad de las mejoras sociales impulsadas por el Estado, un conjunto importante de empresarios supo aprovechar sus recursos y se atrincheró en reclamos judiciales o en desobediencias lisas y llanas. Por tal motivo, cada reglamentación implicaba largos y tensos conflictos y no de todos ellos salió victorioso el Estado (Ullivarri y Lenis, 2013).

Esa disputa sin embargo, potenció el rol del DPT registrandose un aumento del número de denuncias sobre incumplimiento de leyes. Pero los esfuerzos por disputar con normas los espacios laborales desnudan que el mundo del trabajo seguía siendo bastante ajeno a la legislación e incluso algunos trabajadores consideraban que muchos de sus problemas eran una “fatalidad inexorable” (Barrancos, 1996).

El 6 de septiembre de 1930 se quebró el orden constitucional y un gobierno de facto asumió la dirección del país terminando con 13 años de gobiernos radicales. Sin embargo, en cierta línea de continuidad con los intentos originales del DPT, a los pocos días, el interventor de la provincia invitó a los representantes de los principales sindicatos obreros a presentar sus peticiones al Ministro de Gobierno y allí se exhibió al DPT como el garante de sus derechos.^[10] Los trabajadores pidieron por la libertad de los detenidos y el cumplimiento de leyes y pliegos, todos ellos producto de “largas luchas y sacrificios, que ahora se violan abiertamente,”^[11] y las crónicas informan que fueron escuchados con atención. En ese conjunto de sindicatos faltaban los trabajadores azucareros, que constituían la mayor masa laboral de la provincia, pero que recién tenían una muy incipiente organización (Ullivarri, 2015).

El director del DPT quería ofrecer un canal de comunicación y habilitar un espacio institucional de demanda para los sindicatos. No obstante, sugirió limitar los reclamos a “a lo justo y prudente.”^[12] Esa apertura no implicaba un permiso, porque se aclaró que no se toleraría ningún intento de perturbar el orden.^[13] La invitación oficial limitaba la protesta “dentro del margen estricto de la ley” pero ofrecía un canal institucional al problema obrero a través del DPT. La propuesta estaba alineada con la orientación que Eduardo Maglione sostenía desde el DNT. En Buenos Aires consideraban que podía trabajarse con sindicatos dispuestos a negociar (Rubinzal, 2012; Magliore, 1931).

Pero la mirada de Magliore abarcaba todo el sistema de relaciones laborales del país y por eso una sus preocupaciones más importantes fue la descordinación de los organismos de trabajo. Por eso, un gobierno de facto presentaba, para él, la posibilidad de articular una política uniforme con todas las provincias a través de sus interventores sin tener que negociar con gobernadores de distinto signo político. Pero en la provincia el gobierno local se mostraba más preocupado por obtener proyección nacional que por participar en la política local y poco o nada intervenía en asuntos laborales.^[14] Sin embargo, un funcionario nuevo estaba a cargo del DPT, se llamaba Ernesto Rusiñol Frías quien adquirió cierta autonomía del gobierno y se encolumnó atrás de la propuesta que venía desde Buenos Aires. En ese escenario de displicencia política y fuertemente vinculado con Maglione, los esfuerzos de este funcionario se centraron en una ardua campaña para fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral que había sido la principal demanda obrera. Rusiñol Frías afirmó que “las leyes obreras de horario máximo, salario mínimo y descanso dominical serán estrictamente respetadas” y expresó que deseaba “mantener un contacto estrecho y permanente con el trabajo y el capital, a fin de que la legislación social se haga efectiva.”^[15]

El nuevo director intentó poner en vigencia las leyes nacionales que todavía no habían logrado reglamentarse en la provincia (como la del trabajo de menores y mujeres y la de pago en moneda nacional), y consiguió sistematizar el procedimiento de trámites para accidentes de trabajo. Asimismo, creó una biblioteca para propiciar un espacio de “cultura y educación” de las clases trabajadoras “instruyéndolas en sus verdaderos derechos, como así también en sus deberes". Esta suerte de esfuerzo por generar espacios laborales con consciencia de derechos, también pretendía facilitar los trabajos de inspección y las tareas de oficina, convirtiendo a los trabajadores en los garantes de las leyes.^[16] La estrategia no prosperó, pero la biblioteca legal de consulta permanente continuó funcionando hasta 1943.^[17]

Los desvelos de Rusiñol Frías deben entenderse dentro de un particular escenario que se debatía entre la institucionalización de la demanda y la represión. Sandra McGee (2005) y Joel Horowitz (2004) señalaron que los primeros meses del gobierno de facto estuvieron signados por dos tendencias muy claras al interior de la coalición gobernante. Una de ellas partidaria de resolver las disputas entre capital y trabajo mediante la conciliación y reprimir solo a los más combativos. La otra, partidaria de la represión lisa y llana, fue la que logró imponerse tras la renuncia de Eduardo Maglione en mayo de 1931.

En ese contexto, la organización de los trabajadores, especialmente de aquellos dispuestos a negociar, se convirtió en otra de las patas del proyecto institucional de los Departamentos Provinciales (Matsushita, 1983; Rubinzal, 2012). Incluso se especuló con la idea de promover la incorporación corporativa del trabajo organizado, por medio de una ley de asociaciones profesionales (Korzeniewicz, 1993; Gonzalez Bollo, 2002). En esa dirección y como parte del plan inicial, Teodoro Berón de Astrada, inspector del departamento tucumano, elaboró un detallado informe sobre la realidad sindical, donde se explicaba la dificultad de “encontrar soluciones individuales efectivas”. El informe recomendaba la organización de los empleados de comercio “por sus condiciones políticas casi neutrales lo que evitaría convertir a la organización gremial en un escalón de aventuras o ambiciones políticas.”^[18] El escenario “patriótico” de la Revolución permitiría, según señalaba el inspector de la repartición, alejar “el fantasma de la politiquería”, la lucha en las calles y contener administrativamente la problemática laboral.

Pero las dificultades para aunar criterios sobre qué hacer con los trabajadores y cómo contener el malestar generado por la crisis, fue una constante. La tensión entre organizar, institucionalizar o reprimir era un problema que heredaban los tucumanos de discusiones nacionales, pero que no dejaba de tener sentido también en la provincia. Quizás en su deseo más cercano a la institucionalización, el director se encontró solo. El gobierno se sentía más cómodo con un escenario autoritario y allí los intentos de negociar acuerdos y convencer sobre su voluntad de diálogo, no eran muy fértiles. Tampoco fue fácil porque en esa coyuntura crítica, hubo un rechazo masivo de los sindicatos a los intentos estales de canalizar a través de vías institucionales el conflicto que antes era vis a vis con los patrones. Algunas respuestas sindicales tildaron a estos intentos estatales de constituir “una habilidosa demagogia obrerista” que, en realidad “interviene para evitar y descomponer todos los movimientos a punto de iniciarse contra la ofensiva patronal”. Por su parte, muchas organizaciones obreras denunciaron que estas políticas conciliatorias no eran más que intentos “de fascistización del movimiento sindical, uno de cuyos objetivos fundamentales es llegar a la liquidación de las huelgas y a la implementación del arbitrage (sic) obligatorio.”^[19]

La denuncia no se alejaba demasiado de la realidad en la medida en que había existido una extendida voluntad de forzar la conciliación mediante la fuerza (Ullivarri, 2010). El DPT, de todas formas, destacaba que todo lo haría “dentro de los principios rígidos e insalvables del imperio y cumplimiento de la ley, con espíritu de tolerancia y ecuanimidad pero dentro del respeto absoluto del orden y principio de autoridad.”^[20]

Había una brecha entre la propuesta y las prácticas de los trabajadores. Una brecha que podía pensarse como lógica en tanto el gobierno buscaba evitar los conflictos obreros. Estas propuestas dificultaron en todo el territorio nacional los canales y repertorios tradicionales de expresión y protesta obrera, especialmente los vinculados al uso del espacio público o aquellos que el gobierno consideraba “extralegales.” En este sentido, el jefe de la policía tucumana declaró “Que vería con agrado que se pusiera la mejor buena voluntad para dar solución antes que se provocara un conflicto que la policía y el gobierno estarían en el deber de combatirlo en defensa de los bien entendidos intereses del país.”^[21] En este esquema planteado por los funcionarios laborales del gobierno de facto, los intentos de mantener una política laboral centrada en lo institucional y compelida con represión, hacían aguas en el crítico contexto político y económico de los primeros años de la década, donde la desocupación, el malestar laboral y el hambre se extendían.

 

Los primeros conflictos

 

En Tucumán el mayor porcentaje del empleo estaba concentrado en la industria azucarera. Por eso, si algo se quería cambiar, debía empezarse por ahí, aunque bien conocidos eran los recelos con los que los industriales azucareros miraban las leyes que intentaban regular las relaciones al interior de sus fundos. Por eso no fue menor que el primer desafío a la política de no conflicto que intentó imponer el DPT viniera de un ingenio. Los trabajadores del ingenio El Manantial fueron a la prensa a contar que les adeudaban sus salarios. Recalcaron que habían concurrido a "golpear las puertas del Departamento de Trabajo en busca de que intervenga [...] sin haberlo logrado."^[22] El pacto propuesto por el DPT había sido quebrado porque las autoridades no habían entendido la inmediatez de su pedido. “Las familias obreras, señor, estamos con hambre en el Ingenio Manantial. Es menester que se nos pague lo que nosotros hemos trabajado” –dijeron–.^[23]

Apenas un tiempo después, En una reunión en el DPT entre Sastres y patrones, las autoridades trataron "la conveniencia de que los propietarios de sastrerías cumplen el pliego de condiciones que fuera firmado el año 1921 con la Sociedad de Obreros Sastres y anexos".^[24] Los metalúrgicos, por su parte, declararon la huelga. Explicaron que “si no nos pagan no tenemos otros medios que hacer una huelga forzosa.”^[25] Afirmaron que “el Departamento de Trabajo no puede o no quiere tomar la cosa como es debido obligando al patrón que pague lo que es justo”.^[26] De este modo, visibilizaron las falencias de la propuesta estatal y dejaron al descubierto que el problema del trabajo, por lo menos en esa coyuntura crítica, excedía los cauces administrativos.

Esto fue especialmente claro cuando las patronales metalúrgicas respondieron que no pagaban porque no tenían dinero debido a que trabajaban para los ingenios y estos estaban atrasados en los pagos. Otras patronales alegaban que no tenían competitividad porque estaban pagando mano de obra “encarecida por los malos gobiernos, que han contemplado solamente esa parte del pueblo, olvidando los intereses del capital y del pequeño industrial."^[27] De esta forma, durante la crisis, la caída de los ingresos y las dificultades generales de la economía sirvieron de excusa válida para justificar los atrasos en los pagos y los despidos.

Resulta interesante que en las explicaciones de los huelguistas aparezcan menciones al DPT. Esto permite suponer que algo del trabajo realizado alcanzó a algunos grupos de trabajadores. Pero en ese contexto hostil, el DPT intentó sin demasiado éxito funcionar como un espacio de contención del conflicto. Fuera de allí, en un escenario económico de crisis y de ilegitimidad política, el plan del gobierno de facto estaba apoyado en mecanismos de control social respaldados por la vigencia del estado de sitio y la ley marcial que difícilmente compatibilizaban con los discursos de conciliación.

Frente a las consecuencias de la crisis, las organizaciones obreras intentaban explicar la situación y responder de alguna forma. La FORA llamaba desde su órgano de prensa de no dejarse arrebatar las conquistas, porque los patrones “Valiéndose de la situación de emergencia planteada por el gobierno provisional [...] disminuyen los salarios y empeoran las condiciones de trabajo."^[28] O los albañiles, que comentaron que los patrones actuaban, en su mayoría, “amparados por el estado de sitio y la ley marcial”.^[29] Es decir, apadrinados por mecanismos del mismo Estado desconocían acuerdos firmados y derechos adquiridos, mientras el mismo Estado, a través del DPT intentaba canalizar institucionalmente el conflicto.^[30]

Es cierto que el DPT intentó evitar este tipo de maniobras y acató la circular del DNT mediante la cual “ha prevenido a las empresas que deben atenerse a los pliegos de condiciones firmados con sus obreros e invita a los gremios obreros para que formulen las violaciones a esos contratos o compromisos, ante la inspección general.”^[31] Sin embargo, sus esfuerzos no tenían muchos frutos. El DNT y los DPT debían sostener una suerte de “continuidad legal” porque era deber del Estado frenar las prácticas instaladas, decía un inspector del DPT, no en términos “de una lucha contra el capital […] sino de colaboración amplia y leal con el mismo en forma de que desarrolle sus actividades dentro de un marco de inteligencia simpática y no impuesta por la fuerza que siempre ha obtenido el más rotundo de los fracasos pese a los éxitos momentáneos de que pudiera alardear.”^[32]

El tono suplicante se vinculaba con su incapacidad operativa y, fundamentalmente, con el desencuentro que su política tenía respecto a la política más general del gobierno. En efecto, la existencia de un proceso de profundización de la explotación era reconocido por los funcionarios de los organismos estatales quienes mediante solicitadas sugerían a industriales, comerciantes y productores “no aprovechar las circunstancias presentes para modificar fundamentalmente las condiciones de trabajo anteriores a la Revolución.”^[33]Aunque debido a la situación económica del país, aceptaban “el derecho de ajustar a esa realidad las modificaciones indispensables en las condiciones de trabajo, pero estas deben realizarse serena y paulatinamente por aproximación y convicción con los obreros y de una manera racional e inteligente, tratando de no provocar sino de alejar y evitar en lo posible toda clase de conflictos y de aumento de la desocupación.”^[34]

En este contexto y a pesar de los intentos gubernamentales de contener el problema obrero, el creciente número de conflictos y huelgas, que en su mayoría se prolongaron por la intransigencia patronal, desbordaron los canales acordados por el gobierno. A mediados de 1931 el DPT ya no podía atender los reclamos mientras que en los espacios laborales se registraban cruzamientos de brazos, boicots, huelgas y protestas.^[35] Un tiempo después Rusiñol Frías confesó que el DPT era solo “un amigable componedor”. La frase caló hondo en un contexto de malestar, pero el funcionario sugirió que era “erróneo exigir a esta oficina que dé plazos perentorios y emplace al pago de haberes a los patrones, cuando sus funciones son limitadas y esos emplazamientos atañen a una misión exclusiva de la justicia."^[36]

Más temprano que tarde se hizo evidente la inviabilidad de los procedimientos propuestos por el DPT. Estos intentos, además, estaban limitados por la carencia de un corpus normativo, jurídico y fundamentalmente político, que diera sustento a la propuesta y el modelo de institucionalización del conflicto fracasó. En septiembre de 1931 Rusiñol Frías abandonó la institución y fue reemplazado por Humberto Vera, quien había sido su inspector general. Unos meses después el gobierno de facto llamó a elecciones en el contexto de un régimen que se desmoronaba.

Con el nuevo gobierno a cargo de un partido provincial –Bandera Blanca- asumió un nuevo director. Jorge Schendan no presentó ninguna propuesta de trabajo, aunque intentó trabajar en las propuestas del gobierno, que en un escenario de crisis económica, estaban más orientadas a la asistencia social. Bandera Blanca trabajó sobre proyectos de pensiones a la maternidad y a la vejez y una ley protectora de la familia y del trabajo de mujeres y niños. También abogó por una ley de jubilación de empleados de la industria azucarera (Parra, 2006). A pesar de ello, las vicisitudes de la crisis económica y el estado financiero de la provincia obligaron al nuevo gobierno a achicar los gatos reduciendo el personal de la repartición.^[37] En un escenario social, político y económico muy complejo, el DPT fue diluyéndose para convertirse solamente en agencia de colocación y estadística destinada a trabajar para el censo nacional de desocupados de 1932 y, temporalmente, en la implementación de la ley de sábado inglés.

 

La búsqueda del consenso

 

El lugar desdibujado que tenía el DPT dejaba al descubierto la existencia de una brecha muy amplia entre el campo legal de regulación laboral, las posibilidades del Estado para garantizar espacios laborales regidos por leyes protectoras y la constitución de una esfera de derechos asociados al trabajo. En esta dirección, es importante entender que todavía en la década de 1930 las prácticas laborales eran tenidas como inscripciones del ámbito privado. Esto quería decir que las relaciones de trabajo, así como las condiciones en las que éste se desarrollaba, no eran establecidas y reguladas por el Estado, sino que eran definidas por los criterios personales de los empleadores. La provincia de Tucumán había hecho, a partir del liderazgo del empresariado azucarero, una bandera de la disputa por evitar la injerencia del Estado en sus territorios (Lenis, 2016). Por ello, ante cualquier norma que tuvieran que cumplir, se esforzaban en dejar sentado que era aceptada solo como concesión y no como parte de una legislación de cumplimiento forzado (Landaburu, 2014a).

Sin embargo, tanto la mirada básicamente administrativa que el Estado tenía sobre la legislación laboral, así como también la tensión entre la contención y la exclusión, que habían sido configurantes de la relación Estado/trabajadores durante los primeros años de la década, estaba comenzando a cambiar. A fines de 1934, una fracción de la Unión Cívica Radical –la Concurrencista– ganó las elecciones para la gobernación.^[38] Con un eje muy sólido en la cuestión social, el candidato Miguel Campero volvía a ser gobernador y cerró su campaña diciendo que "El cumplimiento de las leyes obreras se vincula con la adecuada organización del Departamento del Trabajo, al que hay que asignarle facultades que lo hagan un organismo capaz de dirimir los conflictos que se le presentan."^[39] Tiempo después afirmó su voluntad de "legalizar la situación del Departamento Provincial del Trabajo, cuya creación se haría así sobre bases modernas y serias, transformándose de repartición meramente burocrática, en una de significación social importante."^[40] En ese mismo sentido, el senador nacional radical Manuel García Fernández, consideraba indispensable que “ya saneadas las finanzas y encauzada la administración, se hagan cumplir estrictamente las leyes obreras y se oriente en un sentido más eficaz la acción del Departamento Provincial de Trabajo para que deje de ser un organismo burocrático.^[41] Posteriormente, Manuel Andreozzi, Ministro de Gobierno durante la gestión de Miguel Critto, con profundas preocupaciones por las condiciones de vida de la población trabajadora que plasmó en varios libros, señaló que “Si el Departamento de Trabajo ha de ser solo una agencia de colocaciones, no interesa al gobierno. Si los obreros no han de tener aquí la efectiva solución de sus conflictos, tampoco interesa mantenerlo.” Esta repartición debía “ser la oficina tutelar de los derechos obreros, a la par de un laboratorio en el que se recojan y utilicen las modernas iniciativas aplicables a nuestro ambiente de lo que se ha llamado con razón "el nuevo derecho."^[42]

En ese sentido, la UCR se afirmaba en una disputa continua por la lealtad de las clases trabajadoras y gustaba de presentarse como artífice de una política tendiente a favorecer a los más desprotegidos, a partir de esfuerzos por regular las relaciones entre el capital y el trabajo, por actualizar la legislación obrera y consensuar una esfera de derechos (Lichtmajer, 2016).^[43]

Pero estas políticas requerían un poco más que discursos. En 1936, el director escribió en las Memorias que el DPT todavía cumplía el papel de “amigable componedor, por venir careciendo de los imperativos legales que su existencia requiere para salir de vegetativa” y solicitó a la Legislatura que aprueben los proyectos enviados por la repartición.^[44] Martín Manso, su director, llamaba también la atención sobre la necesidad de reforzar personal y presupuesto, porque el “incremento adquirido por la industria y el comercio de Tucumán y las leyes emergentes de dicha expansión, característica de toda la República, han extendido y complicado la acción de este Departamento.”^[45] Al año siguiente, en las mismas memorias el director comentaba que porque “Centeneras (sic) de peones se presentaron en queja contra sus patrones por la rebaja que se les hacía de sus jornales. Todo el personal del Departamento debió multiplicarse.”^[46]

Pero crecimiento económico que acompañó la salida de la crisis del treinta y la incorporación de una masa laboral importante, sobre todo en las zonas azucareras, fueron dificultades reales para el DPT que funcionaba con una planta de empleados que todavía seguía siendo insuficiente.^[47] Pero también existían serios problemas para garantizar los acuerdos y las leyes. Muestras de ello abundaron, ya que si bien en numerosas oportunidades el Estado forzó a las patronales a concertar mejoras, terminado el conflicto los acuerdos no se cumplían, las leyes no se respetaban y la firma de un pliego de condiciones no garantizaba su acatamiento. La reiteración de los pedidos de intervención al DPT sobre un mismo conflicto eran frecuentes, y hubo demandas que se repitieron en todos los pliegos del mismo sindicato a lo largo de toda la década. Las solicitudes más frecuentes encontradas en los pliegos eran el cumplimiento de la ley de jornada laboral –exigido también al Estado–, el aumento de salarios y el reconocimiento del sindicato.^[48] Este último, por lo general, era el reclamo más resistido por los patrones junto con la agremiación obligatoria y, en un caso más extremo, un pliego de condiciones fue devuelto por la patronal por “tener de faltas de ortografía.”^[49]

En ese sentido, los empleadores no acogieron armónicamente las leyes ni los decretos en vigencia y mucho menos toleraron la sanción de nuevas normas. Por eso no se puede negar que el trabajo del DPT fuera arduo y que existiera una creciente preocupación por la regulación del mercado de trabajo.^[50] Uno de los intentos por subsanar su debilidad fue pedir alguna suerte de regulación, “ya que los departamentos del trabajo de toda la República contaban con su ley constitutiva, y que muchas provincias habían reformado las leyes de creación (Buenos Aires, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca y otras).” Señalaron, además, que en 1935 se había enviado a la Legislatura un anteproyecto de ley que no se había tratado.^[51]

Pero se necesitaba una voluntad política clara que permita llevar adelante una política social y laboral acorde a aquella sostenida discursivamente por el ala del radicalismo concurrencista y que pudiera garantizar el cumplimiento de las normas. Como señala Ernesto Bohoslavsky (2005:113) durante este período existió una intención de diagramar y contener a la sociedad, pero que de esa voluntad política se hayan desprendido “aparatos estatales eficaces y correctamente financiados, es harina de otro costal.”

La tónica del relato construía un Estado con “planificación social” y “función tutelar” que ambicionaba revertir la situación que, hasta el momento, habían venido mostrando los trabajadores: una desesperanza dolorosa respecto a posibles respuestas concretas y la evidencia de la carencia de expectativas sobre las demandas presentadas al Estado y frente a las patronales. La tardanza en la gestión, así como también la imposibilidad operativa de lograr el cumplimiento de las normas o la aplicación de sanciones eran problemas nucleares en la acción del Estado y allí radicaban muchos de los sentimientos de frustración expresados por los trabajadores. La pobreza en recursos humanos y materiales fue la norma de los Estados provinciales. Sin embargo, esta interpelación discursiva que, en definitiva no había trasformado demasiado las reglas del juego, en cambio, si habilitó nuevas prácticas obreras. Los trabajadores comenzaron a convertirse en demandantes de nuevos espacios de regulación laboral que trascendían lo administrativo y alcanzaban una esfera superior de sentidos sociales: la de los derechos sociales.

 

La demanda por derechos

 

A mediados de 1937 el senador socialista Alfredo Palacios llegó a la provincia para recoger datos sobre las condiciones de vida de la población trabajadora. En sus conclusiones destacó “la acción oficial procurando enderezar la curva de destinos tan tristes” pero –continuó- “poco a nada vale que el Estado se inquiete por mejorar la afrentosa situación de esta gente, ya que choca con la indiferencia obstruccionista del capital, atento solo a su designio lucrador.” (Palacios, 1938: 88-89) Este diagnóstico resumía una parte central de la dinámica política de la provincia y describía que a pesar de la voluntad del DPT, había grandes dificultades para implementar las políticas de protección social y laboral (Golbert, 2004; Ramacciotti y Biernat, 2012; Suriano y Lvovich, 2006).

El gobierno trabajaba en mejorar algunas leyes y reglamentaciones, muchas veces sin éxito. Sin embargo, las políticas de la UCR se sostuvieron sobre el incrementó del diálogo con los trabajadores a partir de sus organizaciones que iban creciendo en tamaño y en actividad. Los sindicatos atravesaban un proceso de reacomodamiento y fortalecimiento que, de alguna manera, los estaba forzando a reformular sus vínculos internos y a repensar las relaciones con el Estado. Por consiguiente, tanto para el gobierno como para las organizaciones obreras, un nuevo escenario exigía, o por lo menos inducía, a renovar sus modos de articulación.

En ese sentido, el discurso de los gobernadores radicales había construido las expectativas y había autorizado nuevos repertorios. Desde el DPT, los proyectos, las arengas y algunas acciones, la actividad gubernamental respecto al problema obrero parecía ser intensa y se había comenzado a legitimar un nuevo rol social para los trabajadores. A pesar de ello, existía una brecha muy grande entre los discursos estatales y las prácticas reales y la certeza de que la desidia estatal era la causa del problema estaba muy arraigada entre los trabajadores. Por eso ahora, decía el director del DPT Martín Manso, los trabajadores deseaban “la consagración de los derechos que les acuerdan las leyes sociales, y una garantía –de parte del Gobierno– en la defensa de sus intereses. Con este sazonado criterio, exigen soluciones inmediatas, sin reparar si el caso lo tutelan claramente las leyes, o si el Departamento tiene atribuciones para exigir al patrón el acatamiento de sus resoluciones.”^[52]

Esta posibilidad de demandar con alguna expectativa de reciprocidad también se visibilizaba en las entrevistas que sostenían los dirigentes obreros con el gobernador para expresarle “el deseo de que el Departamento Provincial de Trabajo hiciera efectiva las multas que aplica” comenzaron a volverse más frecuentes.^[53] Estaba claro que el incremento de la cantidad de multas aplicadas –muchas de ellas resueltas por militantes sindicales enrolados como inspectores ad honorem del DPT– no se condecían con el bajo porcentaje de infracciones cobradas.^[54] En 1931 se labraron 91 actas de infracción con multa, de las cuales se cobró solo el 11,3% de ellas. En cambio, en 1939 se aplicaron 621, pero el porcentaje de cobro estuvo apenas sobre el 1,2% de ellas.^[55] Asimismo, la mayoría de las multas correspondían a leyes de fácil control, como la de apertura y cierre del comercio o la que forzaba a los patrones a rubricar sus libros. Leyes como las de jornada de trabajo, trabajo de menores o pago en moneda nacional, eran constantemente violadas, según denunciaban los trabajadores, pero no se refleja en las actas labradas sobre su incumplimiento (Ullivarri, 2010).

Los trabajadores buscaban explicaciones y denunciaban que muchas de estas falencias operativas estaban vinculadas con “el perdón hecho sistemático en el Departamento Provincial de Trabajo (que) es el mejor conducto para viciar el ambiente relajado ya por el incumplimiento de las leyes obreras.”^[56]

Pero el DPT en muchas oportunidades explicó que debía desestimar muchas denuncias e infracciones “por estar viciadas de nulidad y haberse errado el procedimiento, en unas y en otras, por la manifiesta mala fe con que fueron levantadas". Asimismo, también se defendía explicando que los usos y costumbres tenían un sentido fundamental en las relaciones laborales. Así, por ejemplo, durante las huelgas de los ingenios que pedían la fijación de precios en las proveedurías, muchas veces el DPT enviaba un proyecto de ley de regulación, pero admitía que el Estado forzosamente debía tolerar ese problema de aparente trasgresión legal, ya que en el fondo, la práctica del endeudamiento no constituía “sino la intención de proporcionar elementos indispensables para el trabajador y los suyos, poniéndolos a cubierto de la abusiva indigencia temporaria en que los colocaría su escasez de recursos.” La práctica estaba muy arraigada y, por consiguiente, su extinción era compleja.^[57] En ese cruce entre costumbres y norma el DPT se movía incómodo, y esto era mucho más claro en los espacios azucareros. Por eso el gobernador reguló las normas para la actuación de los inspectores del DPT a fin de evitar la invalidación de la multa por fallas en el procedimiento.^[58]

A pesar de ello, la percepción respecto a que su funcionamiento dependía de la acción de sus funcionarios estaba muy arraigada entre los militantes sindicales, por ello sus empleados fueron constante objeto de crítica y la racionalidad técnica de esa oficina era puesta en cuestión desde diversos ángulos. Independientemente de las acusaciones recibidas, existía algo más nodal que estaba en la base del problema. Esta repartición, como toda oficina estatal, estaba siempre sujeta a los recursos escasos y a las dificultades para la acción. El mismo DPT en sus memorias solía destacar los inconvenientes encontradas para la realización de su trabajo no solo porque, y especialmente en épocas de zafra, éste se multiplicaba y eran desbordadas sus posibilidades de acción, sino también porque la institución seguía careciendo de facultades para imponer soluciones debido a su status jurídico tan endeble.^[59]

Las tensiones entre instituciones y trabajadores permiten ver que a pesar de las dificultades que tenía todo intento de cambio que pretendiera transformar las relaciones laborales y mejorar las condiciones de trabajo, había una mirada desafiante sobre el proceso de regulación laboral. La presentación de proyectos y los debates sociales que provocaron algunas leyes, como la de trabajo a domicilio de 1942, donde las costureras y los sastres salieron a recorrer los despachos y las calles (Ullivarri, 2018), permiten inferir que a partir de mediados de los años treinta los temas vinculados a la normativa laboral se politizaron en el marco de la ampliación de la idea de derechos sociales, que se inscribía en la construcción de una nueva relación entre Estado, sociedad y capital. En ese escenario, algo del ordenamiento jurídico e institucional del mundo del trabajo que se discutía públicamente comenzó a establecerse como un elemento constitutivo de la cultura y la experiencia de los trabajadores, especialmente los agremiados, conformando un nuevo eje de lucha sustentado “una cultura de derechos” o “consciencia legal” que reforzaba el sentido de inclusión y de reconocimiento de los trabajadores (Fortes, 2001; Merry, 1990). Es decir, como señala Mirta Lobato (1997), esa noción de derechos fue la que propició la demanda de ciudadanía social tan tempranamente como en los años previos al peronismo.

En este escenario el DPT comenzó a adquirir otro sentido para los trabajadores, porque la institución estatal y la norma dejaron de aparecer como ajenas al campo social y los espacios jurídicos y administrativos comenzaron a ser concebidos como escenarios habilitados para la lucha. Esto también explica por qué los trabajadores comenzaron a demandar cambios profundos en la arquitectura institucional de ese estado.^[60] El presidente de la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC), Bernardo Berenguer señalaba que era fundamental “colocar al frente de esa repartición a personas honorables, al completo servicio de las partes y no al de los intereses creados.”^[61] Por eso desde el sindicato de Comercio que llevaba adelante el mayor peso de la campaña por la reforma se señaló “que la acción de esta repartición pública es totalmente nula, sin que llegue a justificar ni en parte la partida elevada por supuesto que para su sostenimiento fija el presupuesto de la provincia. Creemos que se impone una revisión total de esta oficina.”^[62]

Esta última nota contó con el aval de varios sindicatos que, en conjunto con el delegado local de la CGT, decidieron “Dejar expresa constancia de que el Departamento Provincial de Trabajo por su estructura y procedimientos no ofrece garantía a los derechos de la clase trabajadora” y que, en consecuencia, era “un anhelo de los organismos presentes de que esta oficina pública sea reformada en forma tal que la clase trabajadora tenga intervención directa en los problemas que a ella le competen.”^[63] A partir de ese deseo de intervenir en lo “que le compete” se organizó una intensa campaña pro reforma del Departamento con actos y mítines y se barajó, asimismo, la idea de presentar un proyecto de ley orgánica para el DPT escrito íntegramente por los trabajadores.^[64] Incluso en tono desafiante, los dirigentes llegaron a proponer su eliminación por “la ineficacia del mismo y lo innecesario de su existencia” y ahorrarse “$60.000 anuales” del presupuesto provincial.^[65]

Esta idea de “conquista del Estado” asimismo reflejado con la presencia de trabajadores en las salas de la Legislatura presionando a los diputados o senadores por la reglamentación o sanción de una ley.

Esta arquitectura discursiva, jurídica e institucional planteada a partir de la interacción Estado/sindicatos admitió y conformó al obrero organizado como un factor de poder con intereses genuinos y, por eso mismo, los trabajadores, con su intervención pública, contribuyeron a su propio fortalecimiento y redefinieron sus propias bases de legalidad y legitimidad (Fortes, 2001). Eran, en tal sentido, demandas moralmente motivadas ya que se sostenían en nociones de derechos adquiridos que, en el marco de un renovado vínculo con el Estado, ahora podían defender sentándose en el despacho del gobernador a exigir su cumplimiento. Allí el diálogo, la posibilidad de acceder a un funcionario de alto rango, permite suponer que los dirigentes sindicales se apropiaron de ese campo legal, lo hicieron propio, lo articularon con su lenguaje y le dieron un lugar en sus formas de lucha, en sus discursos y en sus prácticas.

 

A modo de cierre

 

Resulta difícil reconstruir la historia de una institución estatal sin apelar a los usos que de ella hicieron los destinatarios de sus políticas. Existe un cierto consenso respecto a que la consolidación de “lo social” o “lo laboral” como problema ha sido el producto de negociaciones y disputas entre la sociedad y el Estado. Los modelos de seguridad social tienen un componente central: están construidos a partir del resultado de las tensiones y pujas de intereses que moldean la forma en la que estos se desarrollan. En un espacio regional dominado por intereses tan poderosos como los de la industria azucarera, la tarea de atravesar legalmente las fronteras de los territorios del trabajo se volvía difícil. Sin embargo, a partir de la labor del funcionariado, la voluntad de acompañamiento del gobierno, el DPT fue forjando nuevas posibilidades y prácticas políticas. Paralelamente, también el Estado fue habilitando diferentes demandas que dieron paso, lentamente, a la consolidación de una esfera de “lo laboral” en la provincia, que trascendía las instituciones, pero donde se iban concertando formas de regulación por las cuales las relaciones de producción –y de reproducción– debían estar organizadas.

El proceso fue acompañado del incremento de la sindicalización, la movilización y la demanda obrera que caracterizó a los años treinta, que sirvió como contraparte perfecta para articular un escenario de demandas por derechos laborales. Y aunque a mediados de 1943 el DPT, que simbólicamente encarnaba la protección del Estado, todavía seguía siendo un espacio administrativo entre otros, a donde los trabajadores iban a buscar soluciones, su participación en el entramado de sentidos sobre la conciencia de los derechos laborales no puede ser soslayada.

Sobre este campo de fuerza, en términos de la metáfora thompsoniana, mutuamente Estado y sindicatos fueron modelando sus formas de acción, sus interacciones y prácticas donde se articularon las esperanzas, los intereses y los deseos de los actores que intervinieron. El giro emprendido por los gobiernos radicales construyó la idea de que el Estado era un lugar para ir a buscar beneficios –para los trabajadores y para las organizaciones– pero, asimismo, que era también era un espacio para ocupar. En tal sentido, las acciones obreras no solo comenzaron a involucrar al Estado como agente, sino también como territorio físico. La aparición de los obreros agremiados en las oficinas gubernamentales –que en algunos casos fue casi diaria– y los sitios de toma de decisiones, impugnó en cierta forma la idea de un Estado árbitro y se transformó en un territorio de disputa.

Como dijimos, si juzgamos los proyectos, los discursos y algunas acciones, la actividad gubernamental respecto al problema obrero parecía ser intensa. Discursiva y simbólicamente se había legitimado un nuevo rol social para los trabajadores y se habían abierto importantes canales de comunicación que moldearon su experiencia. Más allá del malestar y de la sensación de desamparo muchas veces experimentada, en las oficinas estatales se construyó una plaza donde las tácticas, las estrategias y las argucias de los dirigentes crearon vínculos, relaciones, expectativas y experiencias. Esta tensión entre derechos adquiridos y arbitrio patronal, en conjunto con la lucha por el reconocimiento, conformó una dinámica de resistencia y reconciliación con el Estado que aceleró y multiplicó el proceso de demandas. En un contexto de lucha donde la mayoría de los pliegos presentados a la patronal comenzaba demandado el reconocimiento del sindicato, algo de esta repentina “legalidad” comenzó a modificar los repertorios tradicionales. Calles y oficinas fueron escenarios de acción cada vez más frecuentes para la búsqueda de beneficios.

Y aunque al promediar los años treinta la acción del DPT fue volviéndose más enérgica y llegó incluso a citar patrones que no concurrían a las reuniones de conciliación enviando a la policía a traerlos por la fuerza, cada ley debía ser defendida con campañas, protestas y huelgas. Y muchas veces fue la propia acción de los sindicatos la que generó las inspecciones, las denuncias de violaciones y siguió de cerca los procesos y expedientes. Había, en efecto, una brecha muy grande entre los discursos estatales y las prácticas reales. Pero su intervención tuvo el propósito de constituir y regular formalmente los diversos sectores sociales a partir de una idea de orden social y político diferente a aquel caracterizado por la explotación y el maltrato en los lugares de trabajo y la violencia y la represión de los primeros treinta o la disociación entre discurso y práctica de los años veinte.

 

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Recepción: 24/12/2018

Evaluado: 23/04/2019

Versión Final: 07/06/2019