Violencia estatal y paraestatal sobre trabajadores
bancarios en Mendoza (1972-1977)
Laura Mercedes Rodríguez Agüero(*)
Resumen
Este
trabajo se propone, en primer lugar, ensayar algunas pinceladas sobre el
funcionamiento y características de las Comisiones Gremiales Internas de los
dos principales bancos de Mendoza entre 1972 y 1976 (banco Mendoza y de
Previsión Social). En segundo lugar, analizar de qué manera el aparato terrorista
paraestatal y estatal actuó sobre los trabajadores bancarios. Para ello nos
basamos en entrevistas, en declaraciones testimoniales brindadas en el contexto
de los Juicio por Delitos de Lesa Humanidad de Mendoza y en diarios de la
época. El recorte temporal elegido se
ubica entre el Mendozazo (1972), cuando se produjeron las elecciones y puesta
en marcha de las CGI, y el primer año de la dictadura (1976-1977) cuando se
produce la mayor parte de los secuestros de trabajadores.
Palabras clave: represión; bancarios; historia reciente.
State and parastatal violence against bank workers in
Mendoza (1972-1977)
Abstract
This work intends, first, to test some brushstrokes on the functioning
and characteristics of the Internal Trade Commissions of the main banks of
Mendoza between 1972 and 1976 (Banco Mendoza and Social Security). Second,
analyze how the parastatal and state terrorist acted on bank workers. For this
we rely on interviews, testimonial statements provided in the context of the
Trial for Crimes of Lesa Humanidad de Mendoza and in newsppers. The temporary
period elected is between Mendozazo (1972), when the elections took place and
the start of the CGI, and the first year of the dictatorship (1976-1977), when
most of the kidnappings of workers took place.
Key words: repression; working class; recent history.
Violencia estatal y paraestatal sobre trabajadores
bancarios en Mendoza (1972-1977)
El desarrollo de investigaciones sobre la clase obrera
argentina durante la segunda mitad del s. XX ha tenido un significativo
desarrollo en los últimos años. Numerosos trabajos se han centrado en el ciclo
de protestas 1955-1976 y han demostrado cómo el proceso de industrialización
sustitutiva de importaciones llevó a que la clase trabajadora tuviera un
significativo lugar en la estructura social y cómo los intentos de la clase
dominante por superar el modelo generaron constantes enfrentamientos con la
clase obrera.[1] A su
vez, se ha abordado el desarrollo de instancias de representación directa y la
proliferación en los lugares de trabajo de comisiones internas y representantes
“combativos” que impulsaban políticas de confrontación con la patronal y las
dirigencias conciliatorias.[2]
Además ha habido una prolífica producción sobre los esfuerzos de la patronal y
las dirigencias por frenar el crecimiento de esas corrientes, y sobre el
accionar represivo de las fuerzas armadas y de seguridad sobre cuerpos de
delegados y comisiones internas.[3] Sin
embargo, la mayor parte de las investigaciones ha analizado experiencias de
organización y militancia de una clase trabajadora industrial localizada en
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, quedando sin explorar experiencias de este
tipo en una parte significativa del territorio nacional.
En este contexto disciplinar, nos proponemos analizar un sector
poco estudiado y un espacio provincial también escasamente abordado, que además
tiene características diferentes a las de los escenarios recién descriptos, ya
que en Mendoza no hubo industrialización sustitutiva de importaciones, ni una
clase obrera industrial como en el centro del país.[4] Esta situación sin embargo,
no implicó que la provincia fuera ajena
al ciclo de protestas, y desde fines de la década del 60, ante las medidas económicas y
la política represiva de la “Revolución Argentina”, trabajadores/as de
distintos gremios y estudiantes protagonizaron acciones de protesta contra la
dictadura de Onganía y la intervención del Gral. Blanco. Los primeros años de
la década del 70 estuvieron marcados por una creciente movilización social en
la que se manifestaron contratistas de viña que reclamaban ser reconocidos como
trabajadores dependientes y percibir los beneficios sociales de los
trabajadores rurales; estudiantes universitarios que en un principio
cuestionaron los exámenes de ingreso para terminar oponiéndose abiertamente a
la dictadura de Onganía a través de tomas y manifestaciones en las calles;
docentes que en reclamo por mejores condiciones de trabajo protagonizaron
numerosos paros y multitudinarias movilizaciones durante los años 70´, 71´ y
72´, obreros del cemento, municipales, telefónicos, metalúrgicos, ferroviarios,
petroleros, bancarios, trabajadores de la salud, empleados públicos, entre
otros.
El 4 de abril de 1972 se produjo el punto más alto del
ciclo de protestas –el Mendozazo- cuando miles de trabajadores/as y estudiantes
llevaron la lucha a las calles. Ese día se produjo una multitudinaria
movilización y la respuesta por parte del gobierno no se hizo esperar. En la
mañana del 4 fueron brutalmente reprimidos/as trabajadores/as de la educación
frente a su sede gremial y trabajadores de la CGT que estaban concentrados
frente al local de la misma. Luego, el enfrentamiento se trasladó a Casa de
Gobierno. El saldo fue de un muerto y cientos de heridos y detenidos. El
conflicto se extendió por varios días y provocó la renuncia del interventor
Gabrielli y la suspensión de los aumentos de tarifas.
El Mendozazo fue uno de los hechos que terminó de minar
al desgastado gobierno de facto, y que llevó a los militares a barajar la
posibilidad de levantar la proscripción del peronismo. Así fue que luego de 18
años, el 25 de mayo de 1973 a nivel nacional asumía la
fórmula peronista Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima; y a nivel provincial
Alberto Martínez Baca, quien contaba con el apoyo de la tendencia
revolucionaria del peronismo, y Carlos Mendoza, representante de la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) y la derecha peronista, asumían como gobernador y
vice. Al igual que en otras provincias donde el gobernador estaba ligado a la
izquierda peronista, el hostigamiento por parte del peronismo ortodoxo fue
constante. En abril de 1974 comenzó a organizarse el juicio político contra
Martínez Baca a partir de un supuesto ilícito contra la empresa Bodegas y
Viñedos Giol en el que estaba implicado el hijo del gobernador. A principios de
junio, y luego de una larga sesión de la Cámara de Diputados, Martínez Baca
cesaba temporalmente en sus funciones y en agosto era separado del cargo.
Luego de su destitución asumió la gobernación por un
lapso de dos meses Carlos Mendoza y posteriormente -hasta el golpe militar de
marzo de 1976- la provincia sufrió las intervenciones federales de Antonio
Cafiero, Luis María Rodríguez y finalmente del general retirado Pedro León
Lucero. Durante esos dos años (1974-1976) comenzó un brutal proceso de
violencia paraestatal, y a través de los comandos parapoliciales CAM (Comando
Anticomunista de Mendoza) y Comando Moralizador Pío XII, se produjeron una
enorme cantidad de atentados con bombas y asesinatos.[5]
En Mendoza, uno de los sectores de trabajadores más
castigados por la represión paraestatal y estatal fue el bancario. Desde el
primer secuestro del integrante de la Comisión Gremial Interna (CGI) del Banco
de Previsión Social (BPS) Pablo Marín, en enero de 1975, hasta su desaparición
definitiva, en noviembre de 1977, fueron numerosos los trabajadores víctimas de
la represión. De hecho podemos afirmar que prácticamente todos los integrantes
de las CGI de los bancos Mendoza y de Previsión Social fueron secuestrados y en
algunos casos asesinados-desaparecidos por la dictadura.
Este trabajo se propone dar cuenta del proceso de
radicalización política y movilización social ocurrido en la provincia a través
de la reconstrucción de ciertas instancias de representación sindical directa.
Para ello, en primer lugar, ensayaremos algunas
pinceladas sobre el funcionamiento y características de las Comisiones
Gremiales Internas (CGI) de los dos principales bancos de Mendoza entre 1972 y
1976 (banco Mendoza y de Previsión Social). En segundo lugar, analizaremos de
qué manera el aparato terrorista paraestatal y estatal actuó sobre los
trabajadores bancarios. Para ello partimos de la hipótesis de que la brutal
represión que éstos sufrieron tuvo que ver, por un lado, con el grado de
organización y movilización que habían logrado, con la radicalización política
alcanzada y con la presencia de militantes de organizaciones político militares
en las CGI. Por otro lado, los bancos Mendoza y de Previsión Social eran los dos
pilares de la economía provincial razón por la cual, el grado de radicalización
política y las contantes medidas de protesta impulsadas desde las CGI, se
convirtieron en una seria preocupación para las fuerzas de seguridad y para el
poder político y económico local.[6]
Para el desarrollo de esta investigación nos basamos en
entrevistas, en declaraciones testimoniales brindadas en el contexto de los
Juicio por Delitos de Lesa Humanidad de Mendoza[7] y en
diarios de la época. El recorte temporal elegido se ubica entre el Mendozazo,
cuando se produjeron las elecciones y puesta en marcha de las CGI, y el primer
año de la dictadura, cuando se produce la mayor parte de los secuestros de trabajadores.
Las Comisiones Gremiales Internas de los bancos de Previsión Social y
Mendoza
El Mendozazo tuvo profundas implicancias organizativas
para los trabajadores/as bancarios/as. Por un lado se fortalecieron las
Comisiones Gremiales Internas, que encararon sostenidos planes de lucha que las
enfrentaron con la conducción de la Bancaria; y por el otro se realizaron
tareas de tipo político-ideológico a través del impulso de una revista y una
escuela propias.[8]
Respecto del desarrollo de instancias de representación directa,
Victoria Basualdo ha señalado que desde mediados de los 60 comenzaron “a
hacerse visibles movimientos de oposición en el seno de los grandes
establecimientos fabriles” y que en ese contexto de confrontaciones las
comisiones internas y los delegados estaban en el centro del conflicto. La
existencia de delegados “combativos” en los lugares de trabajo que enfrentaban
a la patronal, a las corrientes conciliadoras y al poder político, señala
Basualdo, constituyeron un desafío tanto para las líneas sindicales
predominantes como para el control que la patronal ejercía sobre el proceso de
producción.[9]
En cuanto a la existencia de las CGI en este sector, Omar
Acha señala que fueron una peculiaridad del gremio bancario. Estas instancias
de representación directa, a nivel provincial, sólo se dieron en este gremio.
Luis Ocaña, ex integrante de la CGI del Banco de Previsión Social (BPS),
militante del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército
Revolucionario del Pueblo), comenta: “En el caso del BPS fue el primero,
nosotros empezamos desde el banco, en el 72, 73 a exigir al gremio, al
secretariado provincial la elección de CGI, eso nos llevó un proceso
interesante… primero todo fueron negativas pero no podían negarse, a ese rol de
las CGI lo jugaba un tipo nombrado por el secretariado general y la patronal,
ponían un delegado sindical… Fue así que empezamos primero en el BPS a exigir
que se llamara a elecciones, la patronal respondió formando una lista de
oposición, pero nosotros ganamos. Las CGI eran elegidas por las bases, eran un
grupo de 15 personas (secretarios, vocales, etc.). Eran un problema para la
burocracia sindical y la patronal. No podían negociar tranquilos…”.
Respecto de las características centrales de estas
instancias representativas, Victoria Basualdo ha señalado que: “Los delegados
son los representantes de los trabajadores en los distintos establecimientos
laborales con diez o más trabajadores. La cantidad de delegados permitidos se
encuentra regulada por la legislación y tiene relación con la cantidad de
trabajadores del establecimiento. En términos generales, los trabajadores
deben, para ser candidatos a delegados, estar afiliados a la organización
sindical legalmente reconocida (con personería jurídica) correspondiente a su
rama de actividad, presentarse a elecciones convocadas por el sindicato y
acreditar una determinada antigüedad en el establecimiento en cuestión”.[10]
En la misma dirección que Basualdo, Luis Ocaña señala que
efectivamente “siempre estuvo en los estatutos la posibilidad de movilizarse
para que los trabajadores promovieran la elección de las comisiones internas”.
Sin embargo, “dependía del ánimo de los sindicatos y del estado de movimiento e
inquietud que hubiese en los empleados” para que se produjera el llamado a
elecciones.[11]
El Mendozazo implicó un quiebre en ese estado de
“movimiento e inquietud” descripto por Ocaña. En los días previos a este hecho,
en marzo de 1972, los bancarios se plegaban de manera total a un paro general
declarado por la CGT. Vicente Antolín, integrante de la CGI del Banco Mendoza y
militante de Montoneros y de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP)
-agrupación que devino luego en Movimiento Sindical del Peronismo Auténtico-
recuerda cómo el 4 de abril “el banco quedó vacío”. Según Antolín este sector
tuvo una participación muy activa, “la columna bancaria fue muy importante en
la marcha, movilización del Mendozazo”.[12] También
señala que si bien ya se venía trabajando en la conformación de las CGI, el
Mendozazo probablemente haya acelerado ese proceso que decantó en la
constitución de las comisiones internas y cuerpo de delegados. También José
Lozano, delegado del BPS y secretario de Acción Social del gremio, resalta la
participación de bancarios en el Mendozazo y el alto grado de compromiso de
gran parte del sindicato en las luchas de la época “en realidad habían varios
sectores que habíamos comenzado a tener algún grado de conciencia de que cuanto
más unidos mejor éxito podíamos alcanzar (…) era generalizado, empleados
públicos, gráficos eran varios sectores que tomábamos como iniciativa salir a
la calle”.[13]
Lozano aclara que esas grandes movilizaciones se
produjeron hasta “noviembre, diciembre del 75” cuando el jefe de policía
Santuccione “creó el Comando Pio XII que mataba gente de todos colores por
cuestión de prostitución y por cuestiones políticas (…) tuvimos que tomar
algunas precauciones diferentes a las que veníamos teniendo”.[14]
Ocaña señala cómo este contexto de radicalización
política fue propicio para ir ganando el apoyo de las bases, conformar
comisiones internas en todos los bancos y también en la toma de conciencia de
los bancarios de su condición de trabajadores: “La idea del bancario era de la
aristocracia obrera. Nuestra primer huelga decidimos venir a trabajar de
vaquero, alpargatas y camisa sin corbata, fue un éxito…si proponíamos tomar el
sindicato por las armas no nos seguía nadie, pero ir de alpargatas era un
éxito…fue en el 72, con los aires del Mendozazo que pudimos hacerlo. Eso nos
permitió llegar a otros bancos”.[15]
Respecto de la idea de los bancarios como aristocracia
obrera, Acha señala que hacia fines de la década del 50 estos trabajadores ya
estaban integrados a las prácticas de la clase obrera argentina: “Seguían
vistiendo de traje y corbata pero se había profundizado el desplazamiento en el
mundo del trabajo que había comenzado durante el peronismo”.[16]
Acha relaciona este proceso con la mecanización del trabajo financiero, a
través de la cual se había expropiado a los bancarios de sus saberes
específicos y se los había convertido cada vez más en proletarios.
También señalando la importancia del Mendozazo en este
proceso, Ocaña comenta: “Para el aniversario del BPS…, que se celebraba
todos los años en el banco, se hacía en la terraza una fiesta a la que iban los
jefes con sus esposas de tapado de piel… llega ese aniversario (después del
Mendozazo) siendo nosotros CGI y armamos una vaquita de todos los empleados y
en la estanciera de Pablo Marín, desaparecido, vamos a comprar mortadela y pan.
Hicimos la fiesta en el subsuelo con 750 empleados, obligamos a los jerarcas a
bajar… ahí se entregaba medallas a los empleados más viejos y alcahuetes, y
nosotros hicimos medallas de cartón forradas en papel dorado y las entregábamos
a los empleados mas nuevos… todos esos gestos iban prendiendo en el resto de
los bancarios de Mendoza. Nos tenían simpatía, y eso nos permitió recorrer
todos los bancos de la provincia e impulsar la elección de CGI y trabajar
políticamente en todos los bancos. No se salvó ninguno. El Mendoza fue el más
complicado porque es muy grande, logramos mucha empatía entre las CGI. Eso hizo
que al agudizarse la situación económica y política, en la Asociación Mendocina
de Box reuniéramos a 3500 bancarios para declarar una huelga”.[17]
Todos coinciden en señalar la notable participación de
los trabajadores en estas instancias organizativas. Antolín comenta: “Hubo
importantes niveles de participación, tanto en las asambleas de los bancos
Previsión y Mendoza, que eran los motores de la Bancaria, como en las asambleas
generales que se hacían en la Asociación de Box que eran muy masivas. Había
mucho fervor, mucho entusiasmo”.[18]
También Alberto Córdoba, quien era delegado por la
sucursal Villa Nueva del Banco Mendoza y militaba en la Juventud Trabajadora
Peronista, señala: “Había mucha participación, la CGI movilizaba muchos
compañeros (…) también era toda una época en la que había muchas ganas de
participar y aportar, aportar cada uno desde lo suyo”.[19]
Respecto de la composición del gremio en ese momento hay
que señalar que a nivel provincial, la Asociación Bancaria estaba, desde 1971,
en manos de una heterogénea agrupación (‘Movimiento Bancarios Unidos’)
encabezada por Alberto Surballe. La comisión directiva a cargo de Surballe fue
la encargada de terminar de conformar Comisiones Gremiales Internas y cuerpos
de delegados en los bancos, las cuales impulsaron la organización en cada lugar
de trabajo. Comenta Ocaña: “Surballe era el secretario general, era peronista,
el hecho de permitir la elección de CGI le daba cartel de tipo que estaba en la
línea de lo que se estaba viviendo en el peronismo que se decía revolucionario.
Él por lo menos no fue oposición, sabía que íbamos a ganar. Cuando tuvimos en
el BPS nuestra CGI pudimos actuar en otros bancos, primero desde afuera, para
esa época empezaban a pulular organizaciones de izquierda, todas las CGI tenían
militantes de izquierda (PC, PCR, PRT), las acciones eran de lo más interesante
para la época… típicas de fines de los 60 y 70”.[20]
En la misma dirección que Ocaña, Burgos enfatiza la
armónica convivencia al interior de las CGI “Nosotros teníamos una convivencia
muy buena, unos veníamos del peronismo revolucionario y otros de la izquierda
trotskista, maoísta, comunista, todos integrábamos la comisión gremial”.[21]
También Coco Yañez, integrante de la CGI del BPS y militante de la JTP, comenta
“Teníamos buena convivencia con discusiones fuertes pero con muchísimo respeto.
Teníamos una manera de funcionamiento bastante asambleística y muy democrática,
no se imponía en número, se discutían todas las medidas”.[22]
El desarrollo de las CGI, que fue en ascenso, llevó a que
fueran impulsados una serie de planes de lucha decididos en plenarios por
delegados de base, muchos de los cuales fueron desautorizados por el secretario
general Surballe. En abril de 1974 se desarrolló una histórica jornada de
protesta cuando las CGI de varios bancos privados y del Banco de Previsión
Social, desconociendo a la conducción del gremio, declararon un paro con
manifestación desde el día 9, que se extendió por una semana y terminó
exigiendo la renuncia de la Comisión Directiva encabezada por Alberto Surballe.
En el marco del Pacto Social, el paro fue levantado debido a que el ministerio
de trabajo de la Nación así lo dispuso. Sin embargo, al producirse las primeras
negociaciones, las comisiones gremiales internas y cuerpos de delegados
volvieron a manifestar su malestar con la conducción e incluso intentaron estar
presentes en las mismas, alegando que “la Asociación Bancaria no les inspiraba
confianza”.[23]
Respecto del vínculo entre las CGI y la conducción del gremio la situación era
compleja, ya que si bien Surballe era peronista, no pertenecía al núcleo
justicialista de derecha de la CGT y las 62 Organizaciones que eran quienes
históricamente habían conducido al movimiento obrero mendocino. Sin embargo, a
medida que la conflictividad se fue agudizando, el secretario general comenzó a
tomar medidas de tipo coercitivas y se alineó en más de una oportunidad con la
CGT para enfrentar a las CGI. En el marco del plan de lucha de marzo-abril de
1974 por ejemplo, cuando el secretariado desconoció el paro decretado por el
plenario de CGI, Surballe impulsó la expulsión de José Lozano, secretario de
Acción Social, por haberse plegado a la huelga.
Durante lo que resta de 1974, en los meses de mayo, julio
y octubre se realizaron nuevos paros. Hacia fines de ese año, a raíz de los
atentados sufridos por miembros de las CGI, las medidas de fuerza se
incrementaron. Recordemos que en junio de 1974, el gobernador Martínez Baca
había sido destituido y se había producido un marcado avance de la derecha
peronista sobre el gobierno provincial. A su vez, a nivel nacional ya estaba
actuando la Triple A, y tal como señala Basualdo, el enorme crecimiento de las
instancias de representación gremial directa comenzaron a tener una brutal
respuesta por parte del dispositivo represivo que se estaba poniendo en marcha.
Esta autora también menciona que las acciones represivas aplicadas para esta
época, “no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones
políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron
transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales
de poder”.[24]
En este contexto fue que se desató un proceso de
violencia paraestatal, dirigido a impartir el terror y a desarticular el
combativo movimiento de protesta en el que los/as trabajadores/as eran
protagonistas. En esta coyuntura, los sectores más radicalizados como
bancarios, fueron blanco privilegiado de los comandos paraestatales. La
ofensiva sobre los/as militantes de base se tradujo en atentados con bombas,
detenciones y asesinatos, perpetrados por el
CAM (Comando Anticomunista Mendoza) y el Comando Moralizador Pío XII.
Este proceso represivo en el año
1975 registró un salto cualitativo. A comienzos de ese año, el gobierno dispuso
que las FFAA debían encargarse de reprimir al “enemigo interno”. En esa
dirección, en febrero se puso en marcha el Operativo Independencia que inició
el aniquilamiento de la compañía de monte del ERP en Tucumán. Pero la represión
no se dirigió sólo hacia las organizaciones armadas. En marzo, un enorme
operativo en el que participaron todas las fuerzas de seguridad y
organizaciones parapoliciales asaltaron Villa Constitución, donde el año
anterior se había producido el Villazo, deteniendo a la comisión directiva de la
UOM y dejando un saldo de detenidos y desaparecidos.[25]
En Mendoza, a comienzos de 1975,
la violencia paraestatal daba sus primeros pasos contra el sector bancario. En enero había sido
secuestrado –y liberado gracias a la presión de sus compañeros- Pablo Marín,
integrante de la CGI del Banco de Previsión Social y militante del PRT-ERP.
Respecto del secuestro de Marín, Ocaña relata: “En un momento dado secuestran a
Pablo Marín… nos enteramos, presentamos recursos... estaba detenido en juzgados
federales. El juez le da la libertad entonces se lo llevan de vuelta al penal
en un celular … como el asunto era dudoso, unos 50 nos paramos en la puerta de
la cárcel, y no salía... a las 3 hs salió el celular…ahí va dijimos y lo
seguimos … ahí mientras, aunque no había celulares, uno corrió al BPS, otro al
Mendoza, otro al Regional... éramos todos solidarios, los compañeros
abandonaban el banco y se venían… incluso yo gritaba, el flaco está ahí
adentro!”.[26]
Una
vez liberado, Marín fue llevado por sus compañeros al banco, donde la asamblea
reunida pudo comprobar el estado en el que se hallaba: “Salió todo golpeado,
torturado, de ahí lo llevamos en andas al BPS e hicimos una asamblea
denunciando eso. Eso hizo que al poco tiempo Santuccione le dijera, donde te
encuentro sos boleta y chau, se tuvo que ir. A partir de ahí empezaron a
cambiar nuestros métodos por la represión”.[27]
Pese a esta primer “advertencia”,
que implicó el secuestro de Marín, y la inusitada violencia desplegada por los
comandos paraestatales, que apuntaba a amedrentar a los trabajadores, los
bancarios continuaron adelante con su lucha, que durante los últimos meses de
1975, se fue tornando aún más aguda.
Lucha, vigilancia y represión (1975)
Durante la primera mitad de 1975, fueron numerosas las
protestas por parte de diferentes sectores de trabajadores. En julio se produjo
el “Rodrigazo”, cuando en respuesta al tarifazo del ministro Celestino Rodrigo,
se llevaron a cabo dos huelgas generales que paralizaron el país. En ese
candente clima social, los bancarios impulsaron distintas
medidas de lucha: en mayo en reclamo por representación de los bancos oficiales
en las paritarias, y durante el Rodrigazo, por la homologación de los convenios
colectivos firmados.
Cuentan ex bancarios que en ese
tenso clima, la vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad y servicios de
inteligencia era permanente. Señala Roberto Burgos: “Es algo que nosotros
sabíamos, había policías de civil en el banco que eran del D2 y nos tenían re
fichados a todos, estaban para botonear nomás, no para custodiar el
banco de los ladrones, era para botonear lo que había adentro. Convivían con nosotros día a día. Eran custodios de civil, todos sabíamos
que iban a hacer ahí, eran épocas donde estábamos todos muy jugados”.[28]
Estos custodios mencionados por Burgos, a partir de la
información que obtenían, abrían legajos de los “sospechosos”, y luego
planeaban y llevaban a cabo los operativos de secuestros.
Otro delegado bancario, Hermes Ocaña, delegado gremial
del Banco de Previsión Social recordó en su declaración el 2 de setiembre de
2014, en el marco del IV Juicio por delitos de Lesa Humanidad –la Megacausa-
que “antes del golpe, en el Banco se había formado un grupo de seguridad
bancaria, pero que no era precisamente para seguridad del banco, sino para
hacer inteligencia”.[29]
Aseguró que sus integrantes eran policías del D2 e identificó a varios de
ellos. También Alberto Córdoba comenta “Había gente que trabajaba en el banco
que sabíamos que pertenecían a los servicios o a la policía, en ese momento no
nos importaba porque tampoco sabíamos lo que se venía. En la parte de personal
había un gerente de personal que era colaborador”.[30]
Por su parte David Blanco, quien
integraba la CGI del Banco Mendoza y militaba en la Juventud Peronista (JP)
describe haber vivido “un ambiente de miedo” ya en esa época: “A
la salida de las asambleas sindicales, siempre aparecían estos autos (…) había
ostentación de armas de autos que pasaban a la salida de las asambleas, y había
mucho miedo pero la gente seguía. No se veía, no se vislumbraba la magnitud que
iba a tener después del golpe militar; si bien todo el tema de López Rega tuvo
todo un anticipo de esto. Fue un anticipo grave, pero no se veía que la
magnitud...”.[31]
En
la misma dirección Antolín comenta: “cuando hacíamos asamblea en el banco la
policía se apostaba afuera, había niveles de represión importante. Cuando
entrabábamos ya empezaba a ser vigilado el ingreso de los empleados, con qué
bolsos ibas…podías ser sospechoso, era muy notable”.[32]
También Lozano recuerda
la permanente vigilancia: “venía un gordito y nos decía que lo mandaban a tomar
lectura y a botonear, él mismo se identificaba cumpliendo esa tarea”.[33]
Comenta Lozano que cuando fue detenido se sorprendió de la abultada información
que tenían de él: “me leyeron la ficha de todas las intervenciones desde que yo
era delegado, que fue a los pocos meses de entrar, creo que en el 70. Me
comentaron todas las exposiciones que yo había hecho en las asambleas. Tenían
un sistema de información bastante aceitado”.[34]
En el último tercio de
1975, el creciente poder de las CGI, el malestar de los trabajadores debido al
empeoramiento de la situación económica y la agudización de la violencia por
parte de las organizaciones parapoliciales, fue tensando aun más la situación.
Para el mes de octubre,
varios miembros de la Asociación Bancaria y delegados fueron víctimas de la
represión paraestatal. Anselmo Barredo (secretario administrativo del sindicato
y director gremial del banco Mendoza) y Luis Ocaña sufrieron atentados con
bombas en sus domicilios. Por su parte Francisco De Robledo (secretario de
organización) y Fuad Surballe (secretario general), fueron detenidos. También
fue desvalijada la casa del delegado del BPS y militante del PST Felipe
Cervine. Frente a esta situación La Bancaria envió un comunicado a los medios
repudiando los atentados, exigiendo la libertad de los detenidos y anunciando
un paro para el 14 de octubre de 10 a 11 horas.
En el Banco de
Previsión, una asamblea que determinó el cese de la atención al público, se
expidió sobre la bomba colocada en la casa de Ocaña, y emitió un comunicado en
el que repudiaba “la agresión sufrida por nuestro compañero por parte de los
verdaderos enemigos de la clase trabajadora” y denunció “las reiteradas
amenazas y presiones ejercidas contra los miembros de este cuerpo de
delegados”.[35]
La persecución de delegados provocó en todos los casos rápidas reacciones por
parte de las CGI, y medidas de lucha como huelgas y movilizaciones en apoyo a
los militantes perseguidos.
Sobre el atentado con
bomba en su casa, Ocaña señala: “Un día en el ascensor del banco había un
anuncio: “o se van o los matamos a todos”, no le dimos bola, serán unos locos
dijimos. A las 2 de la mañana me ponen una bomba, y me llevan preso. Yo había
alcanzado a sacar los chicos, estaba lleno de policías el techo de mi casa
apenas explotó la bomba. En la casa de adelante vivía un suboficial mayor del
ejército, le afanaron el banderín, los sables cruzados, esto fue en noviembre
del 75. A las 7 de la mañana vinieron 400, 500 compañeros y me llevaron en
andas como a Marín. Y a la noche ametrallaron la ventana de mi casa. El gerente
de personal del banco me dijo, Cebolla tomátela porque te han venido a buscar”.[36]
Pese a las amenazas, los
atentados y la advertencia de los propios jefes, Ocaña volvió al banco y ese
mismo día fue secuestrado: “Desaparecí 3 días y cuando volví, a la salida me
secuestraron... Esto es para explicar, graficar, cómo pasamos de la rebeldía
ante la cosa impuesta, de los sanguches de mortadela a una bomba en la puerta
de la casa”.[37]
En el mes de noviembre,
el conflicto entre las CGI y la conducción del gremio se fue tornando más
complejo. Frente a la pasividad del secretariado, que además mantenía cerrado
el gremio, las Comisiones Gremiales Internas y cuerpos de delegados de los
bancos de Previsión, Crédito de Cuyo, Nación, Mendoza, Hipotecario, Regional de
Cuyo, BUCI, Los Andes, City, Hispano, Popular, Londres, Italia, Español,
Agrario y Desarrollo, establecieron, en un plenario de 3000 trabajadores, un
plan de lucha que contemplaba paros progresivos entre el 14 y 21 de noviembre,
con suspensión parcial de actividades a partir de ese día. Pedían la derogación
de la cláusula que permitía que los aumentos dados antes y después del acta de
reajuste, firmada por la Asociación Bancaria, fueran absorbidos. En esa misma
asamblea, realizada el 13 de noviembre, se expulsó al secretariado de la
seccional Mendoza y se estableció que la mesa del plenario se hiciera cargo de
la conducción del gremio hasta que se llevara a cabo un nuevo proceso
eleccionario en un plazo no mayor a 90 días.
Las medidas de protesta
fueron declaradas ilegales por el ministerio de Trabajo, que a través de una
resolución expresaba que las empresas bancarias habían denunciado por “abandono
de tareas” al personal, a la vez que intimaban al mismo “a deponer las medidas
adoptadas en forma inconstitucional y sin la participación de la entidad
gremial que legalmente los representa (...) la cual no avala la medida
dispuesta”[38].
Los trabajadores eran intimados a presentarse a trabajar “a partir de las 7
horas del día 18 de noviembre, bajo apercibimiento de ley”.[39]
El diario Mendoza señalaba al respecto, que la ilegalidad de la medida
podía derivar en posibles cesantías de aquellos/as trabajadores que habían adherido.
Por su parte la
Asociación Bancaria, que había desautorizado las medidas, prohibido asambleas y
cerrado con candado el local del gremio, a través de una solicitada, repudiaba
el paro y revocaba el mandato de los integrantes de las CGI díscolas: “… ante
las reiteradas violaciones al Estatuto cometidas por los delegados gremiales y
las comisiones gremiales internas (...) se resolvió revocar el mandato de las
siguientes comisiones internas y cuerpos de delegados:
CITY-MENDOZA-REGIONAL-NACIÓN-BUCI-LONDRES-ESPAÑOL Y CRÉDITO DE CUYO”.[40]
Frente a la tensa
situación que se estaba viviendo, la CGT, a través de su titular Carlos
Mendoza, salió en defensa de la entidad gremial y llamó a la “reflexión” a los
trabajadores, señalando que “existe una organización sindical a través de la
cual se deben encauzar las preocupaciones vigentes”.[41]
El paro fue cumplido de manera parcial, pero a partir de ese momento se
prohibió a la “autodenominada Mesa Representativa de las Bases” reunirse en
asamblea.
Las crónicas de los
diarios de la época señalan cómo estas medidas de fuerza eran acompañadas por
enormes operativos policiales. La zona de los bancos, relataba Los Andes,
estaba atestada de “uniformados de infantería, patrulleros del cuerpo de
caballería, etc., con armas cortas y largas”.[42]
También, señalaba el diario, se hallaban policías fuera de las entidades y
dentro de las mismas, agentes de civil.
Pese a la prohibición,
el 19 de noviembre un multitudinario plenario al que asistieron todos los
bancos de Mendoza excepto Galicia, City Bank y Caja Nacional de Ahorro y
Seguros, decidió que las medidas de fuerza fueran suspendidas, pero se mantenía
el estado de alerta y se facultaba a la mesa normalizadora para realizar paros
sorpresivos en caso de que trabajadores fueran despedidos o castigados. También
se resolvió: “Realizar un plebiscito de todo el gremio mendocino, a través de
escribanos y en los lugares de trabajo, para ratificar la separación de los
dirigentes anteriores (...), exigir un reajuste automático, según el alza del
costo de vida (…) formular voto de repudio al “empresario Carlos Mendoza” por
la actitud frente al conflicto bancario”.[43]
El plenario también
resolvió el quite de colaboración a las empresas y “no recibir ni por caja ni
por cámara cheques de los bancos City Bank y Galicia” debido a “la actitud
patronal y persecutoria hacia sus empleados”.[44]
A su vez se intimaba a la patronal a reconocer a las CGI que habían sido
desconocidas a partir del conflicto.
En relación
con las tensiones que se vivieron entre las comisiones internas, cuerpos de
delegados y el gremio, Vicente Antolín señala que “los niveles de
cuestionamiento eran altos, de alguna de esas asambleas tuvo que salir
disparando la comisión directiva de La Bancaria…”.[45] Vicente también recuerda un episodio ocurrido en el
contexto de estas luchas en el que forzaron a la patronal a escuchar sus
reclamos: “a raíz de un conflicto
salarial mientras el directorio estaba reunido se le puso bombitas de olor en
las cañerías de la ventilación, porque no querían atendernos, se habían
encerrado y no querían atendernos… y bue… tuvieron que abrir las puertas para
atendernos”.[46]
También Burgos
recuerda anécdotas similares: “teníamos conflictos grandes… hacíamos asambleas
donde uno se paraba ante el mostrador para hablar delante de la jerarquía del
banco, o íbamos al directorio en el tercer piso y le hacíamos una asamblea ahí
adentro”.[47]
Pese al agudo
enfrentamiento de las CGI con la conducción del gremio y la CGT, el gremio no
fue intervenido, tal como ocurrió con otros como el de contratistas de viña y
estatales. En este caso la estrategia aplicada fue el “terror”.
La actitud persecutoria
por parte de las patronales y la policía es recordada vívidamente por los
bancarios de la época. Felipe Cervine recuerda “comenzó una dura y siniestra
represión. El jefe de policía Vicecomodoro Santuccione, forma la Triple A
mendocina: el comando Pío XII”.[48]
José Lozano señala que a principios de octubre de ese año, Santuccione lo citó
junto a otros dos bancarios en su oficina, y les advirtió que de continuar con
las movilizaciones “los liquidaría”. Comenta Lozano: “el gerente general me
hizo llamar a la casa matriz nueva en España y Gutiérrez y cuando llegué a la
gerencia me detuvieron, entonces argumenté que iba al baño para avisarle a los
compañeros que me llevaban y justo después apareció Ocaña y Cervine y se juntó
toda la gente en la puerta de la oficina”.[49]
El episodio, que es
descripto por Lozano como una puesta en escena del jefe de policía, comenzó
cuando ellos entraron a su oficina “Santuccione estaba de espalda, puso un
disco de música clásica, y mirando el techo nos empezó a decir: fulano de tal,
fulano de tal, como diciendo los conozco, sé que usted es fulano de tal. No nos
decía el nombre como modo de saludo sino como para que supiéramos que él nos
conocía”.[50]
A continuación
Santuccione les comentó estar al tanto de que ellos estaban en una medida de
fuerza, y les advirtió que “desde hace un tiempo a esta parte, desde río San
Juan hacia el sur, se han creado fuerzas parapoliciales para combatir todo este
tipo de manifestaciones”.[51]
Y luego los increpó: “ustedes habrán visto lo que ha venido ocurriendo aquí en
el Challao, [donde aparecían personas asesinadas a diario] y nos advirtió que
íbamos a correr igual suerte si no cambiábamos nuestra pelea. Y nos dio toda
una lección de todo lo que él se proponía para que en Mendoza no hubiera gente
indeseable ni por cuestiones morales ni por cuestiones políticas o gremiales”.[52]
Las palabras del jefe de
policía no tardaron en hacerse realidad. El 8 de diciembre, volviendo en auto de San Rafael junto a su
esposa Laura Botella y su sobrino, Osvaldo Jara, Lozano se detuvo en una
estación de servicio para cargar nafta y hacer compras, y al regresar ni sus
familiares ni su coche estaban allí. Comenzó entonces una búsqueda desesperada
en las comisarías de la zona, ya que los empleados de la estación le habían
comentado haber visto un operativo policial. Finalmente, en una de las tantas
dependencias a las que acudió, fue detenido y trasladado a Mendoza en un
patrullero donde también estaba su sobrino. El destino de ambos, y de su esposa
Laura fue el Centro Clandestino de Detención (CCD) D2, lugar en el que fueron sometidos a
torturas.
A partir de diferentes
testimonios sabemos que la represión paraestatal tuvo como uno de sus blancos a
miembros de las comisiones internas. En setiembre había sido detenido Vicente
Antolín, quien fue llevado al D2, donde recibió golpizas y picana. Luego de
permanecer 10 días en el D2 fue
trasladado primero a la penitenciaría provincial y más tarde a la U9 de La
Plata. Desde la U9 pasó a Caseros, donde recuperó su libertad en 1980.
Hacia fin de año se produjeron
nuevos episodios violentos. A la detención de Lozano se sumó la desaparición de
José Vila, miembro de la Comisión Gremial Interna del Banco Mendoza y militante
del PRT-ERP. Estos hechos motivaron nuevas medidas de protesta a partir del 10
de diciembre, las que fueron levantadas al día siguiente debido a que se
consiguió una audiencia con la Secretaría General de la Gobernación para
conocer los cargos contra Vila y Lozano. Vila, quien fue secuestrado en el
banco Mendoza, en un operativo presentado como un supuesto “rescate de sus
compañeros de organización”, continúa desaparecido.
También en diciembre fue
secuestrado –y continúa desaparecido- Napoleón Araneda, bibliotecario y
trabajador del Banco Mendoza. Sabemos por Daniel Ubertone, compañero de Napoleón
y militante de la JTP, que Araneda, quien se desempeñaba en tareas de
mantenimiento, en una oportunidad sorprendió a todos tocando el piano y a
partir de ese momento fue pasado a la biblioteca de dicha entidad, lugar en el
que se desempeñó hasta el momento de su secuestro el 12 de diciembre de ese
año.
Una vez en dictadura
fueron detenidos prácticamente la totalidad de los bancarios que fueron parte
de las CGI y tuvieron militancia gremial: Daniel Ubertone, Alberto Córdoba,
David Blanco, Eduardo Morales, Anselmo Barredo, Roberto Burgos, Jorge Capella,
Osvaldo Capitani, Enrique de Robledo, Arturo Galván, Héctor García, Hermes
Ocaña, Felipe Cervine, Mario Santos. Y desaparecidos/as Pablo Marín, Ricardo
Sánchez Coronel, Jorge Daniel Collado, Leonor Mercuri, Marta Saroff y Sabino
Rosales, cuyo cuerpo
fue encontrado en 2011 en una fosa común en el cementerio de la Capital de
Mendoza.
Respecto
de las posibles causas que expliquen por qué el ensañamiento de la violencia
paraestatal con los bancarios, vale la pena mencionar que Santuccione, jefe de
las bandas parapoliciales que llegó con la intervención de Antonio Cafiero,
parece haber sido designado por José Lopez Rega según un testimonio que pudimos
recoger. En una entrevista a Carlos Mendoza, vicegobernador a cargo de la
gobernación (1974), debido al juicio político al que estaba siendo sometido el
gobernador en ese momento, señala que la designación de Santuccione fue
responsabilidad de López Rega, quien lo designó desde Buenos Aires. Mendoza
sostiene que en el velorio de Perón, él tuvo una conversación con López Rega:
“el brujo me pide que ellos designarían quién manejaría en Mendoza el banco de
Previsión, Giol y sobre todo el jefe de policía (...) A la semana mandaron el
decreto de intervención a la provincia de Mendoza, vino Cafiero y vino
Santuccione, el jefe de policía que habían puesto de allá”.
Resulta
iluminador el testimonio de Mendoza sobre los lugares que debían ser
intervenidos: aquellos en los que estaban siendo afectados los intereses de la
burguesía vitivinícola y que resultaban de interés estratégico para la economía
provincial como bodegas y viñedos Giol y el banco de Previsión. A su vez, en un
contexto de purga del aparato del Estado de personas consideradas
“subversivas”, los miembros de las CGI de los dos principales bancos estatales
que además eran militantes de la izquierda peronista o marxista, se
convirtieron en “enemigos” a ser “aniquilados”.
La dictadura y la persecución a las CGI. El horror del
D2 (1976-1977)
Como ya señalamos, la violencia paraestatal comenzó
antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Durante los últimos meses de
1975, a los efectos de coordinar la “lucha antisubversiva”, las FFAA habían
dividido el país en cinco zonas. Mendoza integraba
la denominada “Zona 3", que correspondía al Comando del III Cuerpo del
Ejército con sede en Córdoba. De esta manera la provincia quedó bajo el mando
de Luciano Benjamín Menéndez, uno de los más brutales exponentes de la cúpula
militar. Por otro lado, el tristemente célebre jefe de policía Santuccione,
quien había encabezado la represión paraestatal, continuó en su cargo hasta
fines de 1976. Con el advenimiento de la dictadura, el interventor Lucero fue
reemplazado por el segundo comandante de la VIII Brigada de Infantería de
Montaña coronel Tamer Yapur, responsable de las primeras medidas del gobierno
militar en la provincia hasta abril de 1976, momento en que se hizo cargo del
gobierno como interventor el brigadier retirado Jorge Sixto Fernández. En
Mendoza el saldo de desaparecidos/as fue de más de 200 personas.
Apenas
ocurrido el golpe de Estado se produjeron nuevas detenciones. El 26 de marzo
fue el turno de Roberto Burgos, quien luego de sufrir un allanamiento, por
consejo de una conocida, se presentó voluntariamente al Liceo donde quedó
detenido: “Fueron a mi casa, me allanaron pero no me encontraron ahí…y resulta
que mi madre tenía una parienta que trabajaba en el comando, la llama y le
pregunta y le dice: no puede salir por ningún lado, está todo cercado, las fronteras…
lo mejor es que se presente en el Liceo que va a quedar blanqueado. Y tenía
razón, me salvé por eso. Ella dijo que serían unas 48 hs…se hizo más
largo…fueron 6 meses”.[53]
Burgos
permaneció un tiempo en el Liceo hasta que fue trasladado a la Compañía de
Comunicaciones debido a que “los padres de los liceístas se quejaban de cómo
podían tener ahí subversivos. Ahí nos cuidaba un grupo del ejército que acababa
de llegar de Tucumán con el Tte. Migno al frente”.[54] Roberto Burgos menciona las diferencias entre “el
Liceo y la VIII de Comunicaciones” en comparación con el D2: “en el Liceo y la
octava no fue tan terrible, teníamos relatos de gente que venía del D2 y la
cosa fue tremenda…nos contaban que estaban viendo cosas muy fuleras, picanas,
violaciones a las mujeres”.[55] Uno de los que llegó con esas “noticias” fue otro
bancario, Hermes Ocaña, quien fue detenido junto a sus compañeros Arturo Galván
y Horacio Lucero. Según Hermes relató en el marco de la Megacausa, los tres
trabajadores fueron convocados por un comisario Sánchez a la oficina de
Personal del Banco y los trasladaron en un vehículo particular primero a
Investigaciones y luego al D2, donde fueron interrogados bajo tortura. Luego
fue trasladado a la Compañía de Comunicaciones, donde “también había
interrogatorios a diario y muchas veces mediante tortura”.[56] De ahí fue llevado a Campo Los Andes y luego a la
Penitenciaría, lugar del que salió en libertad el 11 de marzo de 1977.
En
el caso de Burgos, quien estuvo 6 meses privado de la libertad, el lugar de
cautiverio fue el Liceo, probablemente debido a la situación particular de su
detención, ya que la mayor parte de los trabajadores fue a parar al
Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza, el tristemente célebre
D2, hoy Espacio Provincial de la Memoria. Al respecto, el fiscal del IV Juicio
por delitos de Lesa Humanidad, Dante Vega, ha señalado que los detenidos “con
cierta posición institucional (políticos, profesionales, intelectuales,
periodistas, abogados, médicos, actores, etc.) o económica fueron trasladados
al Liceo Militar, al Casino de la Compañía de Comandos y Servicios (en el caso
de las mujeres) y a la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8”.[57] Sin embargo, agrega Vega, “el grueso de los
militantes políticos de izquierda, los dirigentes estudiantiles, sindicalistas
o delegados gremiales (…) pasaron por el D2 donde fueron brutalmente torturados
antes de ser recluidos en la penitenciaría provincial o desaparecieron”.[58]
Es
decir que la mayor parte de los bancarios que fueron secuestrados, antes y
después del golpe, fueron alojados en ese CCD, el cual desde su inauguración en
los tempranos 70, tuvo la misión de recopilar datos obtenidos a través de la
vigilancia y la infiltración de agentes en actividades gremiales. Sus patotas
eran las encargadas de realizar los secuestros y cometer todo tipo de vejámenes
contra los hombres y mujeres que por allí pasaron.
Uno
de los bancarios que pasó por ese CCD y en su declaración en la Megacausa
relató varios de los brutales mecanismos que se aplicaban ahí, fue José Lozano,
quien habló acerca de los diferentes métodos de tortura aplicados sobre los
hombres y mujeres allí detenidos. Lozano comentó que tuvo que ser reanimado con
masajes cardíacos por un médico, quien advirtió a los torturadores que, de
seguir con la sesión moriría. Luego de aproximadamente una semana en el D2, el
circuito de detención ilegal de Lozano, su compañera Laura y su sobrino
Osvaldo, continuó en la Compañía de Comunicaciones, donde los interrogatorios y
torturas también estaban a la orden del día, pero, según el testigo, con alguna
disminución de intensidad. Su tercer lugar de detención fue la Penitenciaria
Provincial, lugar al que también fue a parar Laura. En septiembre de 1976 fue
traslado a la Unidad 9 de La Plata, ciudad en la que recuperó la libertad en
junio de 1979. También Luis Ocaña, quien había sido secuestrado antes del
golpe, pasó por el D2 (y otros centros clandestinos) hasta su traslado primero
a la Penitenciaría Provincial, luego a la U9 de La Plata y finalmente a
Caseros. En 1982 fue liberado y partió al exilio en Francia.
Durante
1976 se produjeron nuevos secuestros. El 2 de junio fue detenido David Blanco,
el 4 Ricardo Sánchez Coronel y el día 7 Héctor García, los tres delegados del
Banco Mendoza.
Blanco
fue trasladado al D2 donde se lo sometió a un interrogatorio bajo intensas
torturas que pudo relatar con valentía durante el I Juicio por delitos de Lesa
Humanidad. En los interrogatorios le preguntaban sobre sus compañeros de
militancia y sobre la actividad gremial. Luego de su paso por numerosos penales
del país, el 2 de diciembre de 1983 recuperó la libertad.
Ricardo
Sánchez Coronel, quien era delegado gremial y militante del peronismo
montonero, en cambio corrió otra suerte. Fue secuestrado en su lugar de
trabajo, el Banco de Mendoza, por personas vestidas de civil el 4 de junio, y
hasta el día de hoy continúa desaparecido. Por testigos que declararon en el
marco de los Juicios, se conoce que estuvo en el D2, donde fue salvajemente
torturado. En el mes de julio de ese año, el Comando de la VIII Brigada de Infantería
de Montaña con la firma de Tamer Yapur, Jefe del Estado Mayor, informó al
presidente del Directorio del Banco Mendoza los nombres del personal bancario
que se hallaba detenido, y en
relación a Sánchez señaló que fue detenido el 10 de junio y que se “había
fugado”.
Héctor García, secuestrado en su domicilio, fue
llevado al D2 donde fue sometido torturas que, en su caso, le produjeron un
tumor en el brazo. Luego fue trasladado a la Seccional 6ta y de allí pasó a la
Penitenciaría en enero del ’77. Sometido a Consejo Guerra, fue condenado a 4
años de prisión y trasladado a otros penales hasta que quedó en libertad el 17
de diciembre de 1980.
A
medida que avanzaba el primer –y más cruel- año de dictadura la represión se
tornaba más virulenta. Entre el 30 y el 31 de julio, otros dos delegados del
Banco Mendoza, Daniel Ubertone y Alberto Córdoba, fueron detenidos.
Ubertone,
militante de la Juventud Trabajadora Peronista, fue secuestrado en el amanecer
del 31 de julio, en una parada de micro, en Godoy Cruz. Encapuchado, fue
trasladado al D2, sometido a golpes y torturas con picana hasta el 14 de
octubre, fecha en que pasó “en depósito” a la Unidad Regional 1 de la policía
de Mendoza. En ese lugar advirtió la presencia de otros bancarios como Alberto
Córdoba, David Blanco y Eduardo Morales. En los interrogatorios, señaló Daniel,
querían datos sobre Sabino Rosales, delegado también del Banco Mendoza que se
encontraba prófugo. Ubertone, al igual que la mayor parte de los bancarios
detenidos, estuvo preso toda la dictadura, lapso en el que pasó por las
penitenciarías de Mendoza, Sierra Chica, la U9 de La Plata, Caseros y Rawson de
donde salió en libertad en diciembre de 1983.
En
el caso de Córdoba, el secuestro se produjo el 30 de julio cuando manejaba por
la costanera y se le interpusieron algunos autos de los que bajaron personas
con barbas y cabellos largos y postizos. Córdoba fue sacado de su vehículo y
maniatado fue llevado al D2, donde fue interrogado bajo tortura. Comenta
Alberto: “Me sacan la ropa, quedo desnudo y me hacen acostar en una cama
metálica, ahí me atan y empiezan con la sesión de tortura que era pasarte
electricidad por las partes más sensibles del cuerpo, después golpes, patada en
la cabeza. El interrogatorio se basaba en que yo dijera nombres de los
integrantes de la CGI. Después me llevan al calabozo y luego de un rato traen a
otra persona que era Daniel Ubertone, por suerte estábamos vivos. Con el paso
de las horas me encontré con otras personas del banco, David Blanco, Héctor
García. Allí nos tienen hasta el 12 de octubre. Para nosotros fue eterno estar
ahí… porque vivíamos la violencia a diario”.[59]
En
octubre fue trasladado, junto a otras dos personas a la Comisaría Séptima,
luego a la Penitenciaría Provincial y a continuación a las cárceles de Sierra
Chica y Caseros donde le otorgan, en septiembre del 81, libertad vigilada. En
1984 es reincorporado al banco Mendoza: “Me reincorporan junto a otros
compañeros, Ubertone, García, Capitani, y vuelta al mismo lugar en que estaba.
Para mí fue una reivindicación muy importante porque me encontré con los mismos
compañeros, fue muy lindo el reencuentro”.[60]
Una
vez de vuelta en su lugar de trabajo, Córdoba fue elegido nuevamente delegado
de la sucursal Villa Nueva del Banco Mendoza.
Dos
trabajadoras bancarias víctimas del terrorismo de Estado de quienes no tenemos
registro de que hayan tenido actividad gremial pero que fueron militantes son
María Leonor Mercuri y Martha Saroff de Lerouc. La primera, que era militante
del PRT-ERP y estudiante de la Escuela de Servicio Social, trabajaba en el
Banco de Desarrollo y en setiembre de 1976 fue secuestrada y se encuentra
desaparecida. Marta Saroff era estudiante de ciencias políticas, militante de
la Juventud Peronista y trabajó hasta abril de 1975 en el Banco Los Andes de
Palmira, San Martín. Fue secuestrada en noviembre de 1976, en el mismo
procedimiento en el que secuestraron y asesinaron a su compañero Alfredo. Sus
restos fueron entregados a la familia.
Por
último, en el transcurso de 1977 se produjeron las desapariciones de Osvaldo
Sabino Rosales y de Pablo Marín. El primero, quien había sido integrante de la
comisión interna del Banco Mendoza y militante Montonero, fue acribillado el 17
de enero por la espalda en la puerta de la casa que compartía con otro
desaparecido, Ricardo González, en Dorrego. Su cuerpo fue hallado en mayo de
2011 en el cuadro 33 del cementerio de Mendoza por el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF). Pablo Marín fue secuestrado el 6 de noviembre de
1977 en Buenos Aires y desde ese momento se encuentra desaparecido.
Algo
que vale la pena señalar, es que el Terrorismo de Estado también afectó a
aquellos que no fueron secuestrados. Un caso que ilustra esta situación es la
de Coco Yañez quien siguió en su puesto de trabajo hasta 1977, momento en que
renunció y partió al exilio. Coco recuerda el lapso comprendido entre el golpe
y su renuncia como un “largo invierno”. “La situación a partir del
golpe fue brava, la sensación de los que quedamos afuera era la de estar dentro
de una cápsula, algunos compañeros no te hablaban (…) nos convertimos en parias
en nuestro trabajo”.[61] A esta situación se sumaba un permanente
hostigamiento que Coco describe claramente: “Yo trabajaba en la sucursal que
está en el poder judicial…y tenía mi escritorio con llaves. A veces llegaba y
abría y me encontraba con boletines del ERP, la revista Descamisados y yo
decía: qué hago con esto?. Si entraba la policía te llevaba inmediatamente. Lo
que llamaba la atención era que los cajones estaban cerrados con llave…
entonces, ¿qué hacía yo? Le avisaba a un compañero que me cubría, me metía todo
eso abajo del saco (…) iba un baño rompía todo y lo tiraba. Pasaban diez días y
otra vez, así me pasó diez veces, era un jueguito de desgaste”.[62]
Yañez
también señala la solidaridad de los compañeros en esos difíciles momentos.
Tanto recaudando fondos para ayudar a las familias de los detenidos como en
cuestiones referidas a la seguridad. Sobre esto último él comenta que muchas
veces a la salida del banco algunos compañeros lo seguían en autos por las
dudas que lo detuvieran. Tenían una red de contactos con algunos abogados con
quienes contar en caso de que eso ocurriera.
Otro
elemento brutal del proceso represivo que hemos descripto, radica en el hecho
de que los trabajadores que fueron secuestrados por el Estado terrorista,
además fueron dejados cesantes. Roberto Burgos señala que a él se le aplicó un
inciso del “decreto 176 que establece la cesantía por factores reales o
potenciales de perturbación en el organismo”. Antolín, al ser detenido en
democracia bajo la ley 20840, fue dejado cesante recién al año.
“Cometen
el error de acordarse de dejarme cesante un año después porque Persio era en
ese momento el presidente. Él pensando que yo podía salir en el corto plazo no
me deja cesante, después viene el golpe y quedo… y en algún momento el gerente
de personal dijo ya está y me echan con una recomendación muy especial en el
legajo de que no vuelva a pisar mas el banco”.[63]
En
el caso de desaparecidos como Sánchez Coronel, la empresa decide dejarlo
cesante una semana después de ser detenido, “por injurias graves a la empresa y
pérdida de confianza en el empleado”, y en setiembre le envía un telegrama en
el que señala: “frente a detención de que fuera objeto por parte de autoridad
pública... el Directorio del Banco ha resuelto en sesión del 16/8/76 su
cesantía con efecto al día 10 de junio de 1976”.[64] Lo llamativo es que en la mayor parte de los casos,
la patronal hace responsable a los trabajadores por su situación de detenido
desaparecido.
Algunas notas finales
En un contexto disciplinar
dominado por investigaciones que han estudiado experiencias organizativas de
una clase obrera industrial ubicada en el centro del país, en este trabajo de
carácter descriptivo, intentamos aportar al conocimiento de la conflictividad
laboral de una región considerada periférica, y con características
particulares. Esta primera aproximación apuntó a reconstruir el funcionamiento
de las CGI de los bancos Mendoza y de Previsión Social y principalmente a mostrar
de qué modo el terror estatal y paraestatal actuó sobre las instancias de
representación directa de los dos principales bancos provinciales.
Esta investigación ha tenido
distintas motivaciones. En primer lugar, consideramos una tarea urgente
rescatar experiencias como las protagonizadas por bancarios mendocinos quienes
desarrollaron una enorme fuerza organizativa que se manifestó en el
surgimiento y desarrollo de una intensa actividad gremial que tuvo como pilar a
las comisiones internas. Los trabajadores, a través de las CGI, debatían en
cada banco, diversos aspectos de la vida gremial, hecho que garantizaba la
masividad de las medidas. Ninguna medida que no fuera avalada por las CGI era
llevada a cabo. Los plenarios generales, realizados en la Federación Mendocina
de Box, contaban con la presencia de 3500 trabajadores hacia 1975.
En segundo lug
En tercer lugar, entendemos que
el terrorismo de Estado también apuntó a interrumpir la transmisión de la
memoria de experiencias como las analizadas en este trabajo. Y en ese sentido
creemos que la realización de entrevistas a los actores de la época,
sobrevivientes del terror, aporta una dimensión fundamental a este intento de
reconstrucción de las experiencias protagonizadas por las CGI en los años
previos al golpe de Estado. Las fuentes orales aportan valiosa información que
intentó ser silenciada por los dispositivos represivos estatales y
paraestatales y permite acceder a ciertos aspectos de la dinámica sindical que
los diarios de la época, únicos documentos disponibles, no muestran.
Finalmente, en vistas a d
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(años 1972-1976)
Mendoza, Mendoza
(años 1972-1976)
Entrevistas
Daniel Ubertone. Entrevista
realizada por Daniel Flores y Pablo Miranda. Espacio Provincial de la Memoria,
ex D2, Mendoza, marzo de 2016.
David Blanco. Entrevista
realizada por Natalia Baraldo. Mendoza, Junio de 2002.
Felipe Cervine. Entrevista
realizada por Natalia Baraldo (vía correo electrónico). Octubre de 2012 y
Agosto de 2016.
José Lozano. Entrevista
realizada por Laura Rodríguez Agüero (vía telefónica), Mendoza, junio de 2016.
Luis Ocaña. Entrevista
realizada por Laura Rodríguez Agüero, Mendoza, marzo de 2013.
Roberto Burgos. Entrevista
realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario
Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, junio de 2016.
Vicente Antolín. Entrevista
realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores y Pablo Miranda. La
Bancaria, Mendoza, junio de 2016.
Coco Yañez. Entrevista
realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario
Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, setiembre de 2016.
Alberto Córdoba. Entrevista
realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario
Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, setiembre de 2016.
Declaraciones testimoniales en IV Juicio contra
Delitos de Lesa Humanidad. TOF N° 1 Mendoza.
Declaración
de Vicente
Antolín, audiencia 30, 29/7/2014. Disponible en
https://juiciosmendoza.wordpress.com/audiencia-30-tres-companeros-antes-del-golpe/[Consulta:
25/02/2017].
Declaración de José Lozano,
audiencia 83, 2/6/2015. Disponible en https://juiciosmendoza.wordpress.com/audiencia-83-las-comisiones-internas-como-objetivo/
[Consulta: 5/05/2017].
Declaración de Ramón Córdoba,
audiencia 138, 19/4/2016. Disponible en
https://juiciosmendoza.wordpress.com/audiencia-138-alegatos-santoni-iv-las-evidencias-del-horror-en-el-d-2/[Consulta:
2/04/2017].
Declaración de Daniel
Ubertone, audiencia 83, 2/6/2015. Disponible en https://juiciosmendoza.wordpress.com/audiencia-83-las-comisiones-internas-como-objetivo/
[Consulta: 9/08/2017].
Declaración de Hermes Ocaña,
audiencia 37, 2/9/2014. Disponible en
https://juiciosmendoza.wordpress.com/audiencia-37-imputados-implicados/[Consulta:
4/08/2017].
Declaración de Héctor García,
audiencia 44, 30/9/2014. Disponible en
https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/09/30/audiencia-44-demasiado-miserables/[Consulta:
11/09/2017].
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/juicios/mendoza/querella_sanchezcoronel.htm
/[Consulta: 11/09/2017].
Recepción:
03/06/2018
Evaluado:
08/10/2018
Versión Final:
25/10/2018
(*) Licenciada y Profesora en Historia (Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo). Doctora en Historia (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata). Investigadora Asistente de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Profesora titular cátedra Historia Argentina Curso de nivelación del Programa de Becas Escuelas Rurales y Pueblos Originarios, Universidad Nacional de Cuyo. Argentina. E-mail: lrodriguezaguero@gmail.com
[1] SCHNEIDER Alejandro. “Dinámica del movimiento sindical, 1955-1973” en Archivos del movimiento obrero y la izquierda, año 1, N°2. Buenos Aires, 2013.
[2] BASUALDO Victoria, “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”, en Engranajes, 2006, FTIA, n ° 5, p. 1-21.
[3] No sería posible nombrar toda la bibliografía dedicada a estos temas por lo que sólo nombraremos a aquellas que han resultado aportes decisivos a este trabajo: JAMES Daniel, “Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y limitaciones de la actividad gremial en Argentina”, en: Desarrollo Económico Vol. 21, No. 83, Oct-Dic. 1981, p. 333.; LORENZ Federico, Los zapatos de Carlito. Una historia de los trabajadores navales de Tigre en la década del setenta, Buenos Aires, Norma, 2007; SANTELLA Agustín y ANDÚJAR Andrea, “El Perón de la fábrica éramos nosotros”. Las luchas metalúrgicas de Villa Constitución. 1970-1976, Buenos Aires, Desde el subte, 2007; WERNER Ruth y AGUIRRE Facundo, Insurgencia obrera en la Argentina. Clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda, 1969-1976, Ediciones IPS, 2007; BASUALDO Victoria, “Complicidad patronal-militar…,op. cit, p.22 ; LOBBE, Héctor, La guerrilla fabril, Buenos Aires, Ediciones RyR, 2006; ÁGUILA, Gabriela y VIANO, Cristina, “Algunas reflexiones en torno a los trabajadores de la zona norte del Gran Rosario en la primera mitad de los años setenta. Un estudio de caso”, en: Anuario, 1995-1996, n° 17, UNR, Rosario, p. 179-198; SLATMAN, Melisa, RODRÍGUEZ, Florencia y LAZCANO, Natalia, “Las Coordinadoras Interfabriles de Capital y el Gran Buenos Aires (1975-1976): un estado del arte”, en: Theomai, 2009, n° 19, p. 1-11. 62; GHIGLIANI, Pablo, “Los dilemas de la democracia sindical: la Federación Gráfica Bonaerense 1966-1975”, en: Relatos de las Luchas Obreras, Buenos Aires, 2009.
[4] Mendoza además presentaba una serie de rasgos singulares dados tanto por las condiciones físicas y espaciales de un territorio desértico como por la forma en que el mismo fue ocupado, por un considerable retraso industrial en relación a los grandes centros urbanos y por la presencia de un Estado fuerte regulador de la economía. El proteccionismo estatal y la resistencia por parte de la fracción hegemónica de la burguesía local, la vitivinícola, frente a la posible entrada de capitales extranjeros -ya que su estrecha relación con el Estado le aseguraba su tasa de ganancia y le permitía mantenerse al margen de las innovaciones tecnológicas propias del período sustitutivo- explica en parte el trayecto diferenciado de la provincia durante esta época. Durante la segunda etapa de la ISI, a diferencia de lo que ocurría a nivel nacional, la industria aceitera fue la única que presentó intervención del capital extranjero. En este marco podemos afirmar que debido a las características señaladas, en Mendoza no se produjo un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, sino que se consolidaron las actividades agroindustriales orientadas al mercado interno, bajo la protección del Estado. Al respecto ver RODRÍGUEZ AGÜERO, Laura, Ciclo de protestas, experiencias organizativas y represión paraestatal: Mendoza, 1972-1976 [en línea]. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica, 2013. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.889/te.889.pdf
[5] RODRÍGUEZ AGÜERO, Laura, “Centralización de la represión, violencia paraestatal y redes internacionales represivas en la Mendoza predictatorial”; en: Cuadernos del CISH: Sociohistórica, N° 33, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, segundo semestre 2014.
[6] En el caso de Mendoza, la intervención del Estado provincial en el desarrollo local, fue deliberada durante la segunda mitad del s. XX. Su papel regulador y de corte intervencionista fue fundamental en el desarrollo económico provincial, a través de instituciones estatales que promovían el crédito y políticas de promoción dirigidas. Este “Estado empresario” en 1954 había adquirido Bodegas y Viñedos Giol, estatizada completamente en 1964, y en 1971 había comprado la envasadora de tomates La Colina, la cual se incorporó a Giol, con lo cual el Estado pasó a regular las dos principales ramas de la agroindustria: la vitivinícola y la conservera. A su vez a través de los dos bancos provinciales, Mendoza y de Previsión Social, pero sobre todo a través de este último, el Estado regulaba la estructura productiva provincial a través a través de créditos y políticas de subsidios. al respecto ver RODRÍGUEZ AGÜERO, Laura, Ciclo de protestas…op. cit. 45
[7] Disponibles en http://juiciosmendoza.wordpress.com y en http://juiciosmendoza.blogspot.com.ar
[8] En mayo de 1973, el gremio comenzó a editar una revista denominada ´Democracia Sindical’ y emprendió una experiencia de educación de adultos que se materializó en la Escuela Sindical Bancaria (ESB). En Mendoza, los inicios de esta experiencia se dieron en la comisión interna del Banco de Previsión Social, cuando en el subsuelo del banco se dictaban clases de apoyo para que los empleados que no tenían título secundario, pudieran obtenerlo. Frente a las dificultades de los trabajadores para aprobar materias libres en secundarias comunes, en enero de 1973 surgió la ESB, que contó con 243 inscriptos, todos ellos afiliados al gremio. Al respecto ver BARALDO Natalia “Apuntes sobre la organización y luchas bancarias en Mendoza entre 1969 y 1974, en RODRÍGUEZ AGÜERO, Laura, BARALDO Natalia, LOZANO Pablo, Hacia adentro. La Bancaria seccional Mendoza. Acuarelas de sus luchas y sus desaparecidos 1974-1977, Ediciones la Bancaria, 2017.
[9] BASUALDO Victoria, “Complicidad patronal-militar…”, op. cit., p.24.
[10] BASUALDO Victoria, “Complicidad patronal-militar…”, op. cit., p. 26.
[11] Luis Ocaña. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Mendoza, marzo de 2013.
[12] Vicente Antolín. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores y Pablo Miranda. La Bancaria, Mendoza, junio de 2016.
[13] José Lozano. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero (vía telefónica), Mendoza, junio de 2016.
[14] Ibídem.
[15] Ocaña Luis, Entrevista…op. cit..
[16] ACHA Omar, “Curso acelerado para asaltar bancos (1948-1959)”; en: Relatos de luchas 1. Contribuciones a la historia del movimiento obrero, Buenos Aires. Desde el Subte, 2009, p.23.
[17] Ocaña Luis, Entrevista…op. cit.
[18] Antolín Vicente, Entrevista….op. cit.
[19] Alberto Córdoba. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, setiembre de 2016.
[20] Ocaña Luis, Entrevista…op. cit..
[21] Roberto Burgos. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, junio de 2016.
[22] Coco Yañez. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, setiembre de 2016.
[23] Mendoza, Mendoza, 10/4/1974.
[24] BASUALDO Victoria, “Complicidad patronal-militar…”, op. cit..
[25] El Villazo se produjo en marzo de 1974, en Villa Constitución, Santa Fe, cuando los trabajadores metalúrgicos declararon una huelga en repudio de la intervención de la regional de la UOM que pretendía expulsar a los delegados de izquierda surgidos de una asamblea de base. La huelga tuvo el apoyo de otros gremios y finalizó en un triunfo, ya que el sindicato fue devuelto a los trabajadores. Ver al respecto SANTELLA, Agustín y ANDUJAR, Andrea, El Perón de la fabrica éramos nosotros. Las luchas de Villa Constitución 1970-1976, Bs. As. Editorial Desde el Subte, 2007.
[26] Ocaña Luis, Entrevista…op. cit.
[27] Ibídem.
[28] Burgos Luis, Entrevista…op. cit.
[29] Declaración de Hermes Ocaña, audiencia 37, 2/9/2014. Disponible en https://juiciosmendoza.wordpress.com/audiencia-37-imputados-implicados/[Consulta: 4/08/2017].
[30] Córdoba Alberto. Entrevista…op.cit.
[31] David Blanco. Entrevista realizada por Natalia Baraldo. Mendoza, Junio de 2002.
[32] Antolín Vicente, Entrevista…op. cit.
[33] Lozano José, Entrevista…op. cit.
[34] Ibidem
[35] Mendoza, Mendoza, 18/11/1975.
[36] Ocaña…op. cit.
[37] Ibídem.
[38] Mendoza, Mendoza, 18/11/1975.
[39] Ibídem.
[40] Ibídem.
[41] Ibídem.
[42] Los Andes, Mendoza, 22/11/1975.
[43] Mendoza, Mendoza, 20/11/1975.
[44] Ibídem.
[45] Antolín Vicente, Entrevista….op. cit.
[46] Ibídem.
[47] Burgos Roberto, Entrevista…op. cit.
[48] Felipe Cervine. Entrevista realizada por Natalia Baraldo (vía correo electrónico). Octubre de 2012 y Agosto de 2016.
[49] Lozano José. Entrevista…op. cit.
[50] Ibídem.
[51] Ibídem.
[52] Ibídem.
[53] Burgos Roberto. Entrevista…op. cit.
[54] Ibídem.
[55] Ibídem.
[56] Ibídem.
[57] VEGA Dante, “Las dos fases del terrorismo de Estado en Mendoza”, en: VVAA El libro de los juicios, Mendoza, EDIUNC, 2014, p. 98.
[58] Ibídem.
[59] Alberto Córdoba. Entrevista…op. cit.
[60] Ibídem.
[61] Coco Yañez. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, setiembre de 2016.
[62] Ibídem.
[63] Burgos Roberto. Entrevista…op. cit.
[64] http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/juicios/mendoza/querella_sanchezcoronel.htm /[Consulta: 11/09/2017].