De las políticas de olvido a la apertura de causas y movilizaciones por el pasado

Justicia, Historia y Memorias. Rosario y los Juicios por la Averiguación de la Verdad Histórica

Laura Luciani(*), Romina Rosso Ponce(**), Cecilia Wingerter(***)

Del Juicio a las Juntas a las ‘políticas de olvido’

En la compleja transición a la democracia iniciada a fines del año ‘83, los juicios por los crímenes de lesa humanidad fueron el puntapié inicial para comenzar a hablar del pasado dictatorial. Los primeros meses del gobierno democrático estuvieron marcados por una serie de medidas tendientes por un lado a juzgar los crímenes contra los derechos humanos y por el otro, integrar a las Fuerzas Armadas a la democracia recién establecida, equilibrio difícil, renuente. A la vez que Raúl Alfonsín dictaba la nulidad del decreto de auto-amnistía que promulgara la última Junta Militar (marzo de 1983, y que consistía en un auto-perdón dictado por los propios militares), decretaba también la conformación de una Comisión de Investigación (CONADEP) para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura; el informe final emitido por la Comisión en septiembre de 1984, titulado Nunca Más, generó un impacto en la sociedad que sumado a las presiones de organismos de derechos humanos llevó a que el gobierno impulsara el inicio del proceso penal contra las tres primeras Juntas militares y, fundamentado en la teoría de los dos demonios, extendiera el enjuiciamiento sobre los responsables de las organizaciones armadas. Meses éstos caracterizados por un fuerte rechazo del horror que la dictadura había provocado y la búsqueda inquebrantable de justicia y verdad.

Luego de la ‘teatralización’ de los juicios en el fuero militar -en la cual la mayoría de los acusados fueron sobreseídos-, del informe de la CONADEP y del decreto 158 que establecía el enjuiciamiento a los integrantes de las tres primeras Juntas, comenzó el juicio oral y público el 22 de abril de 1985. El 9 de diciembre del mismo año se dictó sentencia[1]. Con el juicio, el gobierno de Alfonsín, intentaba clausurar el pasado pero tropezó con un poder judicial con visos de autonomía, en tanto la Cámara Federal de Apelaciones dictaminó en el punto 30 de la sentencia que debían ser juzgados los responsables directos (oficiales superiores a cargo de los comandos de zona y subzona de defensa y de los que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones) de los crímenes cometidos durante la última dictadura.

La instancia del Juicio a las Juntas que significó llevar a los militares ante un juez civil provocó múltiples repercusiones. Desde el Ejecutivo se iniciaron disposiciones tendientes a interferir en los dictámenes y medidas tomadas por el Poder Judicial. Una de las primeras decisiones a este respecto fueron las ‘Instrucciones a los Fiscales Militares’ de fines de abril del ’86 que favorecían a todos aquellos militares que demostraran que habían cumplido órdenes. Las ‘Instrucciones…’ generaron enérgicos rechazos por parte de los organismos de derechos humanos y los partidos políticos y esto obligó al estado a buscar otros resquicios para lograr lo que llamaba la ‘reconciliación nacional’ que consistía en ‘cerrar’ las cuestiones relativas a la última dictadura militar. Los proyectos de ley de ‘Punto Final’ y ‘Obediencia Debida’[2] iban claramente dirigidos a ese fin. Si bien fueron igualmente cuestionadas, Alfonsín logró la aprobación de ambas leyes entre diciembre de 1986 y junio de 1987 respectivamente. Sin embargo debido a las fuertes presiones políticas y sociales que hacían escuchar sus reclamos de justicia y verdad las leyes fueron sancionadas con dos excepciones: secuestro de menores y la usurpación de la propiedad privada, intersticios por donde la justicia y la verdad buscarían abrirse camino en los años siguientes.

Este conjunto de normas originadas desde el Ejecutivo ocasionaron el surgimiento de una serie de levantamientos militares[3] cuyos objetivos iban desde reivindicaciones de la lucha anti-subversiva hasta los quiebres al interior del ejército pero sobre todo, procediendo de aquella manera los miembros de las FFAA se pronunciaban en contra de las decisiones de la Justicia que los citaba a declarar y si se negaban a presentarse era librada una orden de arresto y a continuación conducidos a los Tribunales.

‘Punto Final’, ‘Obediencia Debida’, fueron leyes de impunidad, de silencio, de cierre sancionadas por un gobierno democrático que buscaba de esa manera clausurar el pasado traumático, de horror, de dolor; leyes cuestionadas, rechazadas, discutidas desde sectores sociales y judiciales. Pero en nombre de la tan ansiada ‘reconciliación nacional’, del fortalecimiento de la democracia y del estado de Derecho el siguiente gobierno, el de Carlos Menem, dictó leyes de amnistía, de perdón. Así los indultos presidenciales de 1989 y 1990 incluyeron a los ex comandantes, a otros militares que habían actuado durante el gobierno dictatorial, a los procesados por los alzamientos militares del ‘87, ‘88 y ‘89 y a numerosos líderes de organizaciones armadas.

Vista en retrospectiva toda esta larga cadena de idas y venidas, de marchas y contramarchas hicieron que hasta mediados de la década del 90 -en que una nueva avalancha de acontecimientos viniera a ‘reavivar la memoria’- existiera la idea de que quienes habían sido encontrados culpables estaban ahora en libertad; que el gran número de denuncias, investigaciones, procesos que se iniciaban en los primeros años de la democracia habían decaído y no llegaban a los resultados esperados…

El derecho a la Justicia había sido avasallado y negado a todas aquellas víctimas (familiares de detenidos/desparecidos, sobrevivientes de centros clandestinos de detención –CCD-, etc.) de la represión del estado inconstitucional de 1976-1983, sin embargo ello no provocó que su lucha incansable por saber el derrotero y destino final de sus familiares declinara. Si ese derecho se lo habían negado, el derecho a la Verdad como parte inseparable del derecho a la Justicia no. Los interrogantes por saber ¿qué pasó con los desaparecidos?, ¿dónde están sus cuerpos?, ¿cómo fueron asesinados, dónde, por quiénes? se mantendrían vigentes.

Hacia mediados de la década del noventa se reabrió el debate en la sociedad con respecto a los sentidos que adquiría la última dictadura. Aparecieron así nuevos relatos y miradas sobre ese pasado, que confluyeron con las batallas libradas por los organismos de derechos humanos en pos de estimular nuevas acciones que buscaban reabrir causas judiciales que hasta el momento parecían selladas.

Una primera oleada de discusiones en el seno de la sociedad la abrieron las polémicas declaraciones de un ‘arrepentido’[4], el ex marino Adolfo Scilingo, quien reveló entre otras cosas cómo se desaparecía a los detenidos ilegales de la ESMA. Así una nueva generación comenzaba a escuchar relatos sobre los ‘desaparecidos’, y viejas generaciones lo escuchaban ahora desde la voz de uno de los perpetradores. Una de las Madres de Plaza de Mayo reflexionaría: “la ironía es... que creen al victimario y no le creen a la víctima”[5].

Esas declaraciones atravesaron nuevamente a la sociedad y a las instituciones, especialmente a las Fuerzas Armadas que se fragmentaron en sus posiciones con respecto al pasado; el comandante en jefe del Ejército, en ese entonces Martín Balza, realizó una autocrítica que admitía que se habían cometido delitos por parte de esta fuerza. Sin embargo al interior de la institución hubo disidencias con respecto a esta declaración marcando las diferentes posiciones. En la sociedad, se tradujeron en tibios apoyos a Balza y en pedidos de posiciones más críticas de parte de las FFAA, especialmente solicitadas por organismos de derechos humanos.

La vigésima conmemoración del golpe encontraría entonces un panorama relativamente diferente al de años anteriores, las discusiones parecían asentadas en algunos espacios, especialmente en los organismos que pujaban por nuevas estrategias de lucha contra la impunidad, pero también con una sociedad que no podía negar las declaraciones de represores ni a los represores mismos con los cuales convivían[6]. A ello se sumarían los inicios de causas judiciales en el extranjero. España fue un caso paradigmático en tanto el 24 de marzo de 1996 el fiscal Carlos Castressana y una asociación pro derechos humanos creada por argentinos radicados allí, presentó el caso a la justicia española con el objetivo de buscar una forma de justicia alternativa ante la ausencia de posibilidades en el propio país. La diferencia con otras causas como la iniciada contra Astiz en Francia, es que esta denuncia no se radicó sólo por la desaparición de españoles sino “por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos a lo largo de las dictadura contra decenas de miles de ciudadanos, entre los cuales había españoles y descendientes de españoles”[7]. El juez Baltasar Garzón esgrimió como argumento los convenios internacionales firmados por España para dar curso a la denuncia; el objetivo último: que en Argentina se agitase el debate sobre el tema ante la falta de juzgamiento[8]. A los juicios españoles le seguirían otros pedidos de procesamientos y extradiciones de Italia, Francia, Alemania que junto con el caso Pinochet en 1998 van a repercutir en la esfera pública internacional pero también nacional: “los juicios internacionales cuestionan las decisiones nacionales y se oponen a la conspiración de silencio pretendidamente creadas por decretos y leyes. Así contribuyen a preservar jurídicamente y reproducir la memoria de las víctimas, más allá de las fronteras nacionales”[9].

A estos juicios se unieron otras estrategias ‘locales’ de intentos de corroer la impunidad dada por los indultos como fue la apertura de causas por la apropiación de bebés que no estaban previstas dentro de los perdones otorgados. Si bien estas causas se iniciaron en 1996, recién dos años después se dictaría prisión preventiva a varios militares por este delito reimpulsando la justicia[10] y reabriendo nuevamente el debate en torno a las Leyes y Decretos.

De hecho 1998 fue un año en donde desde los campos de la justicia y las memorias se reactivaron los debates sobre el pasado. En enero, la presentación de un proyecto aliancista por la derogación de las Leyes impulsó un fuerte debate en el seno de la sociedad pero específicamente en las instituciones involucradas y en el ámbito político. Las discusiones en torno a este proyecto llegaron al punto de ‘obligar’ a muchos políticos a posicionarse, el partido Justicialista propuso debatirlas en el Congreso -a fin de ‘quebrar’ a la recientemente creada Alianza-, y el ex presidente Alfonsín debió ratificar la ‘necesidad’ de promulgar las Leyes en tanto se estaba “caminando al borde del abismo”[11]. Las Fuerzas Armadas por su parte rechazaron de plano este proyecto en tanto sostenían que intentaba “reabrir viejas heridas, contrariando la voluntad de pacificación de la mayoría y la política de conciliación avalada por todos los sectores de la sociedad a través de la historia de los últimos años”[12].

En ese mismo mes de enero el represor Astiz volvió a estar en el centro de las discusiones al hacer declaraciones en la revista Tres Puntos en donde reivindicó la tortura y la desaparición como métodos represivos[13], siendo luego separado de su cargo por apología del delito. A estos hechos se sumaron otros ejes de discusión como las reactualizadas causas en el extranjero y un proyecto del presidente Menem de derrumbar la ESMA que provocó la reacción de organismos de derechos humanos, una amplia movilización hacia el lugar y un debate intenso en la opinión pública sobre qué hacer con un lugar que simbolizaba ese pasado de horror[14]. En marzo, en la fecha conmemorativa, al tiempo que los organismos de derechos humanos y unas quince mil personas marchaban a la Plaza de Mayo, el Congreso derogaba las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en un claro acto que pretendía ser político y simbólico pero que no tendría consecuencias jurídicas en tanto no se anulaban las leyes.

Así desde 1995 el campo de lucha entre las políticas de ‘unidad y pacificación’ del gobierno menemista y las diversas estrategias de movilización y lucha en el espacio social[15] marcaron un período de álgidas discusiones, idas, vueltas y búsquedas de grietas por las cuales buscar que ‘verdad y justicia’ no fueran sólo consignas del pasado. En este contexto una de las luchas llevadas adelante en el espacio jurídico nacional fueron los Juicios por la Averiguación de la Verdad Histórica. Estas nuevas causas iniciadas hacia mediados de la década del ’90 tuvieron como objetivo por un lado mantener en movimiento la maquinaria judicial, aún luego de las leyes y decretos, y a su vez ayudar en el debate social sobre la falta de justicia ante crímenes de lesa humanidad.

Derecho a la verdad: de las políticas de olvido a la apertura

de las causas por Averiguación de la Verdad Histórica

Analizaremos en primera instancia dos casos a nivel nacional cuya relevancia no debemos descartar: los casos Lapacó y Urteaga, ambos presentados por familiares de desaparecidos en pos de averiguar las circunstancias de la desaparición. Ambos casos no fueron los únicos presentados en estos años, sin embargo los fallos fueron simbólicos en tanto marcaron un ruptura con períodos precedentes.

El primer caso sobre Averiguación de la Verdad que tuvo repercusión fue el caso Lapacó que se inició en 1995 cuando Carmen Aguiar Lapacó en el marco de la causa penal “Suárez Mason, Carlos Guillermo s/ homicidio privación ilegítima de la libertad” solicitó a la Cámara Federal de la Capital librase los oficios necesarios para averiguar sobre el destino de su hija Alejandra desaparecida en 1977 en Capital Federal. Si bien en un primer momento la Cámara dio lugar al pedido considerando que el derecho a conocer la verdad era legítimo y ello no se contradecía con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ni con los indultos, posteriormente alegaba que el pedido excedía su jurisdicción. Asimismo se derivó la presentación al ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos, intentando cerrar las posibilidades judiciales. Lapacó presentó entonces el caso a la Corte Suprema quien en agosto de 1998 rechazó el recurso presentado en tanto consideraban:

"La realización de las medidas requeridas implicaría la reapertura del proceso y el consecuente ejercicio de actividad jurisdiccional contra quienes han sido sobreseídos definitivamente por las conductas que dieron lugar a la formación de la presente causa (...) Carecería de toda virtualidad la acumulación de prueba de cargo sin un sujeto pasivo contra el cual pudiera hacerse valer"[16].

Ante este veredicto, se presentó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tanto se consideraba que el estado argentino violaba los acuerdos establecidos en el marco internacional[17]. Si bien el caso Lapacó no tuvo resultados positivos en materia judicial abrió nuevos caminos tanto en el plano social, generando movilizaciones de organismos de derechos humanos que ratificaban el derecho a saber el paradero de los familiares desaparecidos, como en el plano judicial en tanto esta estrategia iniciada se multiplicó en distintas regiones del país solicitando a las Cámaras Federales dar curso a estos nuevos juicios que buscaban ‘saber la verdad’ sin implicancias de sentencias penales; asimismo generó un intenso debate en torno a las actuaciones de las Cámaras Federales y la misma Corte Suprema.

Otro caso resonante fue ‘Urteaga’ cuyo derrotero marcó diferencias notables en relación al anteriormente mencionado. Facundo Urteaga presentó el pedido de habeas data para averiguar dónde se encontraban los restos de su hermano, Benito Urteaga, del cual sólo sabía por información periodística, que habría sido abatido en julio de 1976. Así se presenta una acción de amparo de habeas data contra el estado Nacional, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La posibilidad de realizar este pedido se sostuvo en la aplicación del art. 43 incluido en 1994 en la Constitución Nacional que expresa que “toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes”. Este nuevo pedido judicial se diferenciaba del anterior en tanto que no había una causa penal abierta, ni era una demanda contra personas concretas sino que basándose en la posibilidad de amparo de habeas data se solicitaba averiguar sobre una persona desaparecida. El Juzgado en 1º Instancia rechazó el pedido argumentando en primer lugar que la persona solicitante de datos sólo podía hacerlo si se referían a ella misma, y que para esta solicitud específica existía el habeas corpus. Cuando el caso es presentado a la Corte Suprema -luego de que la Cámara de Apelaciones ratificara el fallo de los Tribunales Inferiores- ésta con el voto de sus nueve miembros dicta un fallo a favor argumentando que el pedido de habeas corpus -que implica reclamar la protección de la libertad física de la persona- no es factible en un caso de desaparición que lleva más de 20 años y especialmente cuando por fuentes periodísticas se reconoce su fallecimiento. Así el fallo Urteaga, dictaminado dos meses después que el Lapacó por los mismos jueces sentaría un precedente en la justicia argentina otorgando la posibilidad por intermedio del habeas data de averiguar hechos vinculados al terrorismo de estado. Es claro que en este caso la interpretación del artículo 43 aparece como un punto determinante para que este fallo se diera a favor del solicitante, en la medida que se contempló como prioritario el derecho de la familia de recabar información sobre la persona desaparecida[18].

Con el fallo del caso Urteaga y la resolución de la Cámara de Diputados de la Nación que autorizó a las Cámaras Federales a que se constituyeran como jurisdicción competente, se iniciaron estas investigaciones convocando testigos y solicitando información a aquellos organismos públicos o privados que pudieran tenerla. A sabiendas que no habría imputaciones ni condena, porque lo prohibían las leyes de impunidad, el fin último era conseguir la anulación de estas leyes y poder juzgar a los responsables del terrorismo de estado.

En este sentido, estos juicios creados con ayuda de juristas, abogados, fiscales y jueces se conformaron como un nuevo modo de lucha dentro del marco judicial. Siguiendo los planteos de Jelín podemos considerar a quienes llevan adelante estas nuevas acciones como ‘emprendedores de la memoria’:

“La idea de emprendedor, aquí elegida, no tiene por qué estar asociada con el lucro económico privado, sino que podemos pensar en emprendimientos de carácter ‘social’ o colectivo. Lo importante en este punto, y es algo que quiero rescatar y conservar, es que el emprendedor se involucra personalmente en su proyecto, pero también compromete a otros, generando participación y una tarea organizada de tipo colectivo. A diferencia de la noción de ‘militantes de la memoria’ (...), el emprendedor es un generador de proyectos, de nuevas ideas y expresiones, de creatividad -más que de repeticiones-.”[19]

Quienes llevaron adelante estas causas sabían cuál era el objetivo, cuál era la competencia jurídica, pero no estaba definido el procedimiento, porque éste no existía. De este modo cada jurisdicción implementó un procedimiento ‘sui generis’[20]. Siguiendo esta línea en diversas ciudades -Bahía Blanca, La Plata, Córdoba, Santa Fe, etc.- se iniciaron los Juicios por la Averiguación Histórica en las Cámaras Federales respectivas.

Los Juicios por la Averiguación de

la Verdad Histórica en clave regional

En tanto existieron estas particularidades nos interesa detenernos específicamente en cómo se iniciaron las causas en Rosario, cuáles fueron aquellas que pusieron en marcha estos nuevos procedimientos de los cuales se desprendieron otras generando nuevas posibilidades y esperanzas en el ámbito jurídico, cada una con sus singularidades y características. Asimismo también nos centraremos en marcar uno de los debates más contundentes construidos desde la opinión pública que refiere a la importancia de documentación vinculada a la dictadura, su relevancia para estas causas judiciales y además en los debates en torno al pasado constituyéndose en uno de los nudos de conflicto en relación a qué preservar de esos documentos, cómo preservarlos y para qué. Por último nos detendremos brevemente en una causa particular iniciada en el 2002 en relación a posibles enterramientos clandestinos en el cementerio de la localidad de San Lorenzo en tanto consideramos que a partir de ella se abren nuevos espectros de singularidad en el marco de estos procesos judiciales a partir de la convocatoria de cientistas sociales como peritos en causas por violaciones a los derechos humanos.

En Rosario, la Cámara decidió que fueran los Tribunales de Primera Instancia quienes se encargasen de su tramitación. La primera presentación en esta ciudad se realizó en noviembre de 1998 con la búsqueda de la ‘verdad histórica’ en relación al destino de Daniel Gorosito, desaparecido en la ciudad el 28 de octubre de 1976. Esta medida la llevó adelante la Dra. Matilde Bruera patrocinando a la compañera de Gorosito, Élida Luna, miembro de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas. El recurso legal utilizado fue el habeas data, que en palabras de la letrada es “un recurso jurídico sencillo, ágil y rápido que aparece en el artículo 43 de la Constitución Nacional sancionada en 1994, por el cual los organismos oficiales y privados están obligados a brindar toda la información que posean sobre una persona.”[21]

En mayo de 1999 se inició otra investigación sobre el destino de un desaparecido pero con características distintas a la anterior. Dora Rosa Taganone, esposa de Carlos José María Fernández, desaparecido el 4 de septiembre de 1976 en la ciudad de Teodelina, presentó ante el Consulado de España de Rosario un pedido para que el juez Baltasar Garzón investigase la desaparición de su esposo, que era descendiente de españoles. La presentación solicitaba que se impute del delito de privación ilegítima de libertad a Galtieri, jefe del Segundo Cuerpo de Ejército en la fecha de la desaparición. En forma paralela a esta denuncia, la Sra. Taganone inició una causa por Averiguación de la Verdad Histórica en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario a cargo del Dr. Omar Digerónimo, también patrocinada por la Dra. Bruera. El hecho tuvo además sus particularidades porque a los veinte días del secuestro de Fernández apareció publicado en distintos diarios de la ciudad un comunicado del Segundo Cuerpo de Ejército que describía un ‘enfrentamiento’ en la ciudad de Paraná el 26 de septiembre de 1976, entre fuerzas de seguridad y ‘delincuentes subversivos’ entre los que aparecía como abatido el nombre de Fernández. La familia viajó a Paraná a reclamar ante el Ejército que si bien reconoció su muerte nunca entregó los restos. A partir de ese momento comenzó un recorrido de la familia por cementerios, dependencias del Ejército y la Justicia sin demasiado éxito para averiguar datos sobre la muerte y recuperar el cuerpo. La estrategia de la abogada patrocinante era lograr que la justicia local avanzara en la investigación, y con esos datos ampliar la denuncia del caso ante el juez Garzón.[22] Con respecto a la recuperación de los restos de Fernández, a partir de declaraciones extraoficiales de los empleados del cementerio de Paraná a la Sra. Taganone -que le aseguraban que su esposo había sido enterrado en la tumba Nº 71- el juez Digerónimo hace un pedido a la Dirección de Cementerios de la Municipalidad de Paraná para revisar los registros de inhumaciones del lugar y así poder confirmar dichas versiones. El informe entregado al juez expresaba que en la fecha 24 de septiembre de 1976 habían sido enterrados dos NN en las tumbas números 71 y 74 y que la orden de sepultura la había emitido el Segundo Cuerpo de Ejército. Estos datos coincidían con la fecha de la muerte de Fernández y su compañero Osuna publicada en un comunicado oficial, y a las presunciones de la familia sobre el enterramiento de los cadáveres en el Cementerio de Paraná. La medida tomada por Digerónimo consistió en iniciar las gestiones para realizar las exhumaciones e identificación de los restos. Por una cuestión jurisdiccional, al Juzgado Federal de Paraná le correspondió llevar adelante las actuaciones referidas al respecto, para lo cual se solicitó la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense [23].

Tanto para la investigación sobre la desaparición de Gorosito y para la investigación sobre la muerte de Fernández se solicitaron testigos -compañeros de celda de Gorosito en un caso, y en el otro al periodista que narra el ‘enfrentamiento’ en el que cae Fernández en un libro que analiza la represión en Paraná y a cinco testigos de su secuestro en el lugar de trabajo- y se libraron oficios para obtener datos en registros públicos, como es el caso del Cementerio de Paraná. La estrategia de los abogados patrocinantes fue establecer un período de recolección de documentación y presentación de casos, para luego impulsar las citaciones de los represores a declarar. A estas dos presentaciones le siguieron otras con características similares, que lentamente aceitaron los oxidados engranajes de la justicia local, buscando no sólo reconstruir el pasado, sino también un objetivo irrenunciable, el derecho a la justicia: castigo y condena a los culpables de crímenes de lesa humanidad.

En noviembre de 1999 el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe a cargo de Roberto Rosúa, permitió a la prensa local recorrer las instalaciones del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II con asiento en Rosario que funcionaba en calle San Lorenzo y Dorrego. Esta dependencia de la policía provincial funcionó como CCD durante la dictadura y es hoy el símbolo de la represión en la ciudad. Según el ministro “existe la voluntad de mantener el sitio tal como lo recibimos para preservar la verdad histórica, en este caso desde el punto de vista físico”.[24] Algunos organismos de derechos humanos avalaron la visita a ese predio, “es importante que se conozcan estos lugares y que hablen los que estuvieron allí”, opinaba Mariana Hernández de APDH Rosario.

Si bien la visita operaba como activador de memorias reconociendo los espacios en donde habitaba el horror, para aquellos que estaban impulsando las causas sobre Averiguación de la Verdad Histórica significaba una invitación a indagar al estado sobre la existencia de archivos que contuvieran datos sobre los desaparecidos. A pocos días de la visita de periodistas al lugar y ante el pedido de los abogados patrocinantes de las causas, el juez Carrillo (a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de la ciudad) ordenó una inspección del lugar. En el procedimiento estuvieron además del personal del juzgado, familiares de desaparecidos y abogados. Entre los materiales hallados se secuestró una ficha con nombres de partidos políticos que contenía un rubro denominado ‘subversivos’ y números de expedientes. Al terminar el juez precisó que no habían encontrado nada de interés, salvo “un cartoncito con nombres y números cuyo significado yo no estoy en condiciones de precisar”[25] y que habían documentado con fotos y filmaciones todo el procedimiento. Para la prensa, el juez se mostró evasivo al ser consultado sobre la posibilidad de pedir la apertura de otros archivos al señalar que tales elementos “ya fueron revisados por la Justicia cuando se instruyó el expediente Feced”[26]. En días posteriores una nueva inspección al Servicio de Informaciones -coincidiendo con los preparativos de mudanza a un nuevo edificio para la Jefatura de Policía- se encontró documentación que refería al período 1970-1978. En ella se halló un libro que oficiaba de Memorándum de la Sección Rastros del 25 de febrero al 28 de septiembre de 1977, una de cuyas notas con fecha 2 de abril de 1977 daba cuenta de la posible identificación de un cadáver masculino que se hallaba en el depósito de la morgue de la Escuela de Policía, catalogado como ‘elemento subversivo’. La fecha coincidía con la de la desaparición de Osvaldo Vermeulen, la cual estaba siendo investigada en una causa tramitada en el Juzgado Federal. Inmediatamente se solicitó el secuestro del material y se precintó el lugar para evitar que ‘desaparezcan’ los elementos encontrados.

El hallazgo de documentos en la sede de la Jefatura de la Unidad Regional II provocó conmoción en las altas esferas del poder provincial. El jefe de la policía de esa dependencia fue separado de su cargo por informar a la prensa local sobre lo encontrado. El Ministro de Gobierno de la provincia puso a disposición de los dos Juzgados Federales, donde se tramitaban las causas sobre Averiguación de la Verdad Histórica, toda la ayuda necesaria para investigar los archivos policiales. “En Jefatura hay un depósito muy grande. Allí deber haber cosas descartables y también material importante. Ofrecí a los jueces toda la colaboración del ministerio para preservarlo”, estas fueron algunas de las declaraciones del ministro sobre el tema[27]. Asimismo ordenó al jefe de la policía provincial y a los 19 titulares de las Unidades Regionales a preservar todos los lugares donde haya documentación relacionada al período de la dictadura con guardia e informar de cualquier hallazgo a la justicia. Estas medidas del ministro no son sólo un gesto político, él mismo fue citado a declarar como testigo por la desaparición de Daniel Gorosito por haber estado detenido con él en el presidio de Coronda.

A principios del 2000 uno de los objetivos principales de los abogados fue poder acceder a la ‘causa Feced’ que constaba de 42 cuerpos. En esa causa estaban los testimonios recogidos por la CONADEP sobre el accionar represivo que diagramaran en forma conjunta el Segundo Cuerpo de Ejército y la policía rosarina, donde Agustín Feced (por entonces jefe de la U R II) comandó los grupos de tareas.[28] El pedido formal se realizó a la Cámara Federal de Rosario donde estaba archivada desde la promulgación de las leyes de impunidad. En la opinión de los abogados, “habida cuenta que fue la propia Cámara la que decidió que sean los jueces de primera instancia los que investiguen las presentaciones por el destino final de los desaparecidos, tiene que ser la misma Cámara la que tiene que remitirles los elementos básicos”.[29] Finalmente la Cámara Federal de Apelaciones cedió ante las presiones de abogados, organismos derechos humanos y concejales de la ciudad y entregó una copia del expediente al Museo de la Memoria de la ciudad en tanto era considerado el organismo más ‘autorizado’ a tal fin.

En este mismo sentido, en marzo del 2000 los altos mandos del Ejército ordenaron la búsqueda de documentación sobre la represión en unidades y organismos de esa fuerza en todo el país. En Rosario, donde se encuentra la sede del Segundo Cuerpo de Ejército, la orden se cumplió sin problemas, el Gral. Pacífico Britos -en ese entonces Jefe del II Cuerpo- afirmó a la prensa que “la información que podemos dar es que hemos cumplido con la orden que se trasladó desde los altos mandos”. Asimismo declaró: “lo que hizo el Ejército es una contribución a lo que la Justicia está haciendo para aclarar el pasado. Estamos a disposición de los señores jueces” pero además agregó que “hay mucha cosas que se escapan por el tiempo transcurrido”. Si bien el Ejército se mostró dispuesto a colaborar con la justicia, fue el propio Juzgado Federal -a cargo del juez Carrillo- quien puso trabas en la búsqueda de documentación que pudiera aportar datos para las investigaciones, considerando “abstracta” la solicitud de familiares y letrados de allanar las dependencias del Ejército para revisar sus archivos. El juez fundó su opinión en las declaraciones del Gral. Britos, que le habría informado que no había ninguna documentación relevante para determinar el destino de los desaparecidos[30].

Para los abogados patrocinantes reconstruir la verdad no sólo significaba develar el pasado, además era una forma de mantener viva la discusión en el tribunal y era una estrategia para reunir prueba -la prueba colectada- ante la posibilidad de que se reabrieran los juicios penales. En este contexto la búsqueda y preservación de archivos articula diferentes expectativas, especialmente cuando son documentos de las fuerzas de seguridad en tanto:

“Para las víctimas, estos documentos funcionan como llaves para la memoria, ya que permiten la reconstrucción de un fragmento de sus vidas y muchas veces recomponen las identidades quebradas por la situación extrema que vivieron durante los años de represión política. En segundo lugar, estos documentos sirven para asignar responsabilidades a quienes torturaron, mataron, secuestraron, desaparecieron, así como aquellos que dieron las ordenes e implementaron políticas represivas. En el plano jurídico estos documentos aportan pruebas. En tercer lugar, estos documentos son fuentes para la investigación histórica de lo ocurrido.”[31]

En este sentido, estos debates y discusiones entre abogados/ jueces/ organismos/ sociedad sobre qué hacer con los documentos encontrados, las causas que se tramitaron hasta la promulgación de las leyes, la información recolectada por la CONADEP constituyen un punto más en la álgida discusión sobre la construcción de ese pasado, qué considerar relevante o sin importancia, qué nos ‘evidencia’ ese pasado de horror en lo jurídico pero también en el plano social. Qué resguardar y cómo, se presentan como interrogantes necesarios en una sociedad en donde la impunidad tiene su vigencia: en tanto las posibilidades de condena sean sólo un horizonte lejano, los debates alimentan las luchas.

Debemos recordar que este tipo de discusiones sobre la preservación de acervos documentales se suman a otras que también ayudan a ‘activar’ las memorias en torno al pasado. Es así como no podemos dejar de mencionar las distintas posiciones que se abren a partir de la creación del Museo de la Memoria en 1998 y su posible emplazamiento en el edificio que fuera sede del Segundo Cuerpo de Ejército[32], la vigencia de diferentes organismos de derechos humanos que presionan y se movilizan, la relevancia de los actos en fechas conmemorativas, etc. en tanto forman parte de estas luchas en los diversos espacios en que ellas se llevan a cabo pero que exceden el marco de esta propuesta.

A fines del año ’99 y principios del 2000 se tramitaban una docena de causas “de la verdad” (entre ellas las iniciadas por las desapariciones de Hugo Parente; Alejandro Pastorini, Ángel Seggiaro, Ernesto Traverso, Juan Carlos Gesualdo) en los Juzgados Federales Penales a cargo de los Doctores Carrillo y Digerónimo. Todas apuntaban a investigar la operatividad de los CCD de la región del Gran Rosario: el Servicio de Informaciones, la quinta de Funes, La Calamita y La Intermedia. Las investigaciones a diferencia de lo que sucedía en la ciudad de Santa Fe, fueron impulsadas sin la participación de los fiscales federales.

En diciembre del 2002 se inició una nueva causa a raíz de las denuncias realizadas por tres vecinos de la ciudad de San Lorenzo sobre posibles enterramientos clandestinos en el cementerio de esta localidad, presumiblemente ocurridos durante la última dictadura militar. Según versiones periodísticas la denunciante declaró haber visto ‘una tarde del ’76 a personas con ropas militares arrojando bolsas a una fosa en el ala nordeste del cementerio’[33]. Varias cuestiones se tornan significativas con respecto a esta causa. La primera, que quienes realizaron la denuncia podrían considerarse ‘testigos indirectos’ y no familiares afectados por el terrorismo de estado. Otro hecho significativo es que se potencia luego de esta denuncia la asociación de este hecho a la desaparición de 17 sanlorencinos vinculados a la columna Sabino Navarro ocurrida entre diciembre del 75 y julio del ’76, hecho por el cual la presión de organismos de derechos humanos de esta localidad se mantiene como una constante desde sus inicios. Por último, la necesidad del juzgado de solicitar ayuda ‘técnica’ para dar curso a la denuncia, esto es, el pedido de integración de cientistas sociales como peritos, especialmente historiadores y antropólogos. En general a quienes se llamaba para la investigación e identificación de restos óseos era a los integrantes del EAAF, como sucedió en el caso Fernández anteriormente mencionado. Sin embargo en esta causa, el juzgado convoca además a un antropólogo y una historiadora, que si bien investigaban estos temas lo hacían en el ámbito académico. Así, en el 2004 quedaron designados como peritos el licenciado en antropología Juan Carlos Nóbile, quien desarrolló los trabajos de prospección y excavación en el terreno; el EAAF y la licenciada Gabriela Águila quien coordinó los trabajos de investigación histórica[34].

El peritaje histórico se planteó desde un principio respetando los saberes propios de la disciplina. En este sentido la pericia implicó la reconstrucción histórica no sólo de lo sucedido en la ciudad de San Lorenzo sino que además incluyó una reconstrucción más amplia que intentaba desentrañar y entender la lógica de la represión que se circunscribía a Rosario y el Cordón Industrial, pensar en una lógica más acotada era imposible.

Plantear esta estrategia de trabajo implicó analizar la acción represiva del estado previa a marzo del ‘76 marcando una línea de continuidad con esos meses precedentes e incorporar además la dimensión de las acciones de las organizaciones político-militares en este espacio regional.

El abordaje de la investigación supuso retomar herramientas teórico-metodológicas propias de la disciplina. A partir de esto, las fuentes elegidas para trabajar fueron documentos escritos y entrevistas. Los primeros, de amplia gama, abarcaron desde la prensa local (La Tribuna y La Capital desde 1975 hasta 1983, registrando básicamente las páginas policiales), las actas de defunción y libros de cementerios (particularmente se relevaron los casos de NN y muerte violenta) de los departamentos Rosario, San Lorenzo e Iriondo durante el período ya mencionado y causas judiciales. Paralelamente al trabajo con las fuentes escritas se planteó la necesidad de realizar entrevistas que pudieran ayudar a la investigación. Los universos de entrevistados se constituyeron en cuatro grupos: familiares de desaparecidos, sobrevivientes de los CCD, militantes políticos de aquella época y quienes fueron testigos involuntarios (desde empleados de cementerios hasta ocasionales visitantes del lugar).

La consideración de los aportes específicos de las disciplinas sociales nos interesan particularmente en tanto remiten a la posibilidad legitimante del conocimiento, específicamente el conocimiento histórico.

¿Qué aportes puede realizar la historia en el ámbito jurídico cuando lo que allí se investiga son las violaciones de los derechos humanos durante el terrorismo de estado? Es posible pensar que la investigación tiene la doble perspectiva de mantenerse en el marco jurídico sin olvidar sus bagajes teóricos-metodológicos que la constituyen epistemológicamente y por lo cual ha sido llamada a ‘decir algo’ sobre ese pasado, como voz ‘autorizada’. Asimismo esta nueva posibilidad que fue excepcional en sus inicios puede constituirse en una herramienta más de la cual valerse la justicia al mismo tiempo que puede ayudar a la renovación de las discusiones en torno al rol de la disciplina misma. En este sentido retomamos las palabras de Cristina Godoy:

“... las ventajas del protagonismo del historiador en la corte tribunalicia son principalmente tres:

- agitar la memoria salvaje –por ejemplo los Juicios por la Verdad- sacudiendo la ‘comodidad’ en que el historiador se atrinchera esperando el paso del tiempo para hacerse cargo de una remota responsabilidad ético-social.

- difundir la Historia ante la opinión pública, sustrayéndola del remanso hermético del claustro académico, cuando, siguiendo a Ricoeur, los actores [en este caso los historiadores] vienen a ser sus propios testigos.

- El texto de los folios al que cualquier sistema judicial se aboca será con el tiempo una memoria que la historia recuperará en formas diversas.”[35]

Obviando esta última ‘ventaja’, lo que aquí se presenta es la posibilidad de pensar otra faceta de la historia en su compromiso con la sociedad que (nos) vuelve a los historiadores sujetos de acción. Asimismo, esta renovación en ambos campos -el jurídico, el histórico- no nos debe hacer olvidar los objetivos propios de cada uno en tanto:

“la certeza del derecho requiere una delimitación del objeto del discurso; la conciencia histórica exige una siempre abierta contextualización (...) Del juez esperamos que cierre el caso con un juicio unívoco y definitivo: ‘La Casación cierra un capítulo de historia’; pero la sentencia es a su vez sólo un parágrafo del capítulo que querría cerrar”.[36]

La investigación sobre el cementerio de San Lorenzo derivó en el hallazgo de restos óseos que sumado a la reconstrucción histórica logró la positiva identificación de un joven militante del PRT-ERP cuya desaparición fue denunciada por su familia en marzo de 1975. El paso siguiente condujo a la restitución de los restos a sus padres por parte del juez Sutter Schneider[37] en abril de 2006, con este acto la justicia parecía dar respuesta a los interrogantes de una familia que por más de 30 años buscaba averiguar qué pasó.

La investigación histórica colaboró para dar esa respuesta, sin embargo con ello no buscaba cerrar el pasado, por el contrario, iniciaba nuevos interrogantes. Si la justicia intentaba conocer el modo en que el terrorismo de estado se había hecho efectivo sobre un cuerpo sin identidad, la Historia no sólo ayudaba a develarla, buscaba además comprender cómo eso fue posible. Comprender no significa perdonar sino dar dimensión humana al horror, saber que el terrorismo de estado es posible.[38]

Algunas consideraciones finales

En el año 2003, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final argumentando que el mismo órgano que las dictó tenía facultades para anular un acto anterior. Este hecho generó intensos debates en el ámbito jurídico. Por un lado los abogados querellantes sostuvieron que la anulación era constitucional y las Leyes inconstitucionales; por el otro, los defensores de los represores plantearon exactamente lo contrario. Estas dos posturas llegaron a la Corte Suprema de la Nación, la cual en el año 2005 pone fin a la discusión cuando declaró la inconstitucionalidad de las Leyes, dejando sin validez la otra postura: si eran inconstitucionales las Leyes la discusión sobre su nulidad no tenía ningún sentido.

La declaración de la Corte propició nuevos debates que si bien se enmarcan en los tecnicismos jurídicos no debemos negarlos. Uno de esos debates gira en torno a la idea de ‘la cosa juzgada’; abre la discusión sobre si es posible volver a juzgar a quienes ya fueron enjuiciados, sentenciados y además sobreseídos. El planteo que utiliza la defensa de los represores es que este elemento jurídico es un derecho; no se puede juzgar dos veces a una persona por algo cuando ya hubo sentencia y además fue sobreseída, como en estas causas. Sin embargo quienes batallan por la defensa de los derechos humanos, sostienen que los que cometieron delitos de lesa humanidad no pueden ampararse en este derecho, porque en estos casos ‘la cosa juzgada’ es para ellos írrita, o sea fraudulenta, nula. Esos argumentos se sustentan en el hecho de que los juicios que se iniciaron en los ’80 estaban atravesados por un conjunto de medidas políticas que manipulaban el derecho a la justicia.

Actualmente el debate entre los especialistas del derecho[39] es qué hacer con los juicios sobre la Averiguación de la Verdad Histórica, o sea, cómo utilizar toda la prueba recolectada en estos últimos años en juicios con condena penal ya que en ellos la prueba se construye con el ‘control de la defensa’. Como hemos mencionado, las causas sobre Averiguación de la Verdad Histórica se caracterizaron por no tener imputados y por lo tanto tampoco defensa. En este sentido el planteo fuerte de los represores es que las pruebas construidas no tienen validez.

Más allá de todas estas discusiones sobre tecnicismos jurídicos consideramos que los juicios iniciados luego de los indultos se constituyeron en una estrategia que, sumados a las intensas movilizaciones de organismos de derechos humanos que pretendían mantener vigente la memoria, lograron erosionar las bases de esas leyes de impunidad. Los ‘juicios por la verdad’, a su vez, contribuyeron significativamente en otra cuestión: la posibilidad de armar una narración pública sobre el pasado antes fragmentada desde el silencio y el ocultamiento: “Los juicios por la Verdad histórica integran una trama circular de precedentes, sentencias judiciales de cada caso particular que sumados han concurrido a sancionar el derecho, a saber, el derecho a la verdad y han conformado un relato ampliado sobre la historia de los desaparecidos”.[40]

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Acervo documental

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Páginas web:

www.cels.org.ar

www.clarin.com.ar

www.eaaf.org.ar

RESUMEN

Justicia, Historia y Memorias. Rosario y los Juicios por la Averiguación de la Verdad Histórica

Este artículo pretende abordar los aportes realizados por los ‘Juicios sobre la Averiguación de la Verdad Histórica’ en el plano jurídico nacional y local. Asimismo nos interesa pensar la relación entre los juicios y las luchas de organismos de derechos humanos luego de promulgadas las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los posteriores indultos, en tanto en la búsqueda del fin de la impunidad conforman el marco en que se desarrollarán las batallas por la construcción de sentidos del pasado. Por último reflexionaremos sobre el rol de la disciplina histórica y su compleja relación con la justicia y la construcción de memorias sobre el pasado dictatorial.

Palabras clave: dictadura - democracia - justicia - memorias - disciplina histórica - organismos de derechos humanos

ABSTRACT

Justice, History and Memories. Rosario and the ‘Juicios por la Averiguación de la Verdad Histórica’

This article tries to approach the contributions made by ‘Juicios sobre la Averiguación de la Verdad Histórica’ in the juridical national and local plane. Also we are interested to think the relation between the judgments and the struggles of Organisms of Human Rights after promulgated the ‘Punto Final’ and ‘Obediencia Debida’ laws and the later pardons, while in the search of the end of the impunity conform the frame in which the battles by the construction of senses of the past will be developed. Finally we will reflect about the role of the historical discipline and its complex relation with the justice and the construction of memories about the past dictatorial.

Key words: dictatorship - democracy - justice - memories - historical discipline - Organisms of Human Rights

Notas