Criminalidad y extranjeros: ¿víctimas o victimarios? Una visión desde las elites santafesinas (1880-1900)(*)

María Gabriela Micheletti(**)

Introducción

El fomento inmigratorio fue uno de los postulados de la política nacional que mayor consenso suscitó en el seno de las elites dirigentes argentinas de la segunda mitad del siglo XIX.[1] El arribo de inmigrantes, necesario para poblar el país y poner en marcha el modelo de economía agroexportadora y, por ello mismo, defendido con ardor por personas de variada extracción política y desde distintos ámbitos, traía anexos, no obstante, diversos problemas sociales de difícil solución.[2]

Una de las principales causas de preocupación para las elites era la comprobación acerca de que, junto a los elementos honestos y trabajadores inmigratorios deseados, se colaban una serie de “indeseables”: enfermos, ancianos, menesterosos, miembros de grupos étnicos despreciados y, también, delincuentes y criminales. Pero también era un punto a tener en cuenta la manera en que se garantizaría la seguridad personal de los nuevos habitantes que se radicaban en estas tierras. Las vinculaciones existentes entre “inmigración” y “criminalidad”, entonces, se constituyeron en un objeto de consideración para gobernantes y pensadores.[3] En este artículo se indagan comportamientos y percepciones despertados por dicha cuestión en las elites dirigentes santafesinas durante las dos últimas décadas del siglo XIX. El recorte cronológico fija como fechas límites al año 1880, ya que a partir de entonces el fenómeno inmigratorio se hizo más masivo y, por ende, más evidentes sus efectos sobre el cuerpo social, y al momento del cambio de siglo, cuando la relación entre los extranjeros y la criminalidad se revistió de nuevas connotaciones políticas e ideológicas que condujeron a la sanción de una legislación específica al respecto (vg., Leyes de Residencia y de Defensa Social).[4]

La hipótesis de trabajo se centra en determinar si todos los sectores de la elite santafesina evaluaron de similar manera la relación entablada entre extranjeros y criminalidad, o si en ello se vieron influenciados por su propia posición política e ideológica.

Antes de avanzar, se hace preciso, entonces, establecer una somera caracterización de las elites santafesinas finiseculares. Por “elites” se entiende, para esta investigación, a las minorías que concentraban en la provincia el poder político, económico y sociocultural –que no siempre ni necesariamente deben aparecer concentrados en una misma persona pero que, en Santa Fe, y a fines del siglo XIX, generalmente así ocurría-, integradas por los hombres de gobierno y líderes políticos (oficialistas y opositores) y por los máximos referentes del mundo de la cultura. Esas elites estaban compuestas por un núcleo de familias distinguidas, vinculadas por densas redes de parentesco –situación que aparecía especialmente acentuada en la capital, pero que también alcanzaba a la ciudad de Rosario y al resto de la provincia-, a las que se sumaban algunos otros individuos que, en base a mérito y esfuerzo propio, habían logrado alcanzar prestigio y ser aceptados por dicho círculo. Es decir que, en las elites santafesinas, se entremezclaban linaje y cualidades personales, y ellas fijaban pautas en determinados aspectos de la vida social, política, espiritual o cultural, ejerciendo una función rectora desde esos distintos planos sobre el conjunto de la sociedad.[5]

Por sus características un tanto diferentes, es posible distinguir a la elite –o elites- propia de la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia, de la elite perteneciente a Rosario y el sur provincial.[6] En la ciudad capital, familias de larga trayectoria en la historia política santafesina monopolizaban casi en su totalidad los cargos de la administración pública provincial; propietarias de tierras localizadas principalmente en la región central y, en menor medida, norte, de la provincia, se dedicaban a la cría de ganado vacuno y a la colonización agrícola. La capital era el baluarte del oficialismo, ya se tratase del iriondismo, en los primeros años de la década del ’80, o del galvismo y el leivismo, en los años siguientes, de modo que prácticamente todos los miembros de su elite eran oficialistas.[7] También era Santa Fe el bastión del catolicismo provincial, la ciudad en la que los sentimientos religiosos aún permanecían firmes a pesar del espíritu laicista de la época. La elite de Rosario, en tanto, tenía una base mucho más abierta que la de Santa Fe. Ante la escasa presencia de familias tradicionales en dicha ciudad, se conformó un núcleo con prestigio social a partir de aquellos que lograron alcanzar una alta posición económica en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX. Su origen era fundamentalmente comercial y extranjero; si bien se debe aclarar que los comerciantes, eran a la vez, en buena medida, propietarios de tierras, dedicándose muchos de ellos a negocios especulativos y de colonización. A ese núcleo primero de comerciantes y propietarios se sumaron, un poco más tarde, profesionales, para atender a las necesidades siempre crecientes de una ciudad en expansión acelerada. En política, la elite de Rosario adhirió, en su mayoría, a las facciones de la oposición provincial: al liberalismo y, más tarde, también al civismo y al radicalismo. En sintonía con las ideas liberales, el catolicismo era débil en la ciudad de Rosario, en tanto que las logias masónicas contaron con singular importancia, lo mismo que el movimiento asociacionista.[8]

El sistema de justicia y seguridad pública en Santa Fe

El tratamiento de la criminalidad obliga a caracterizar, al menos a simples rasgos, al sistema de justicia y seguridad pública existente en Santa Fe en las dos últimas décadas del siglo XIX.[9]

La justicia santafesina era administrada, a principios de los ’80, en sucesivas instancias, por los jueces de paz, los jueces de primera instancia y la Cámara de Justicia. El año 1887 constituyó un importante momento organizativo en la estructuración del poder judicial, a través de la sanción de la Ley Orgánica de Tribunales, que significó tanto una complejización de las instancias como un incremento del funcionariado.[10] Fueron creadas dos Cámaras de Apelaciones –una en Santa Fe y otra en Rosario- y una Corte Suprema de Justicia en reemplazo de aquella última.[11] Pero la crisis financiera afectó a este poder, y fue difícil encontrar jueces –incluso en provincias vecinas- que se avinieran a cobrar los magros sueldos que se les adjudicaban.[12] Las deficiencias en la administración judicial resultaron notorias, al punto de llevar a declarar en 1892, al ministro de Agricultura, Justicia e Instrucción Pública Gabriel Carrasco, que “la justicia es cara, tardía y dudosa en los tribunales de la provincia”.[13]

En cuanto a la policía, se encontraba bajo las órdenes de los jefes políticos, funcionarios que estaban al frente de cada departamento bajo la dependencia directa del ministro de gobierno. Desempeñaba funciones de seguridad pero también políticas y “la fuerza en su conjunto estaba orientada institucionalmente a reprimir la oposición”.[14] En general, los policías poseían muy poca instrucción y bruscos modales y, con frecuencia, eran reclutados entre el sector de los “vagos y malentretenidos”.[15]

Las autoridades judiciales y policíacas de la zona rural santafesina gozaron de muy mala prensa durante todo el período. El cuestionamiento de jueces de paz[16], jefes políticos y comisarios de campaña fue constante en el periodismo, que criticó su falta de idoneidad y sus actividades políticas:

"Basta entre nosotros el prestigio del paisano grosero y sin educación, sobre media docena de infelices, para que ello equivalga a un título meritorio y se le confíen sagrados intereses cuya importancia no conoce.

No se busca en esos funcionarios el buen criterio, la razón, el juicio, sino simplemente el influjo que puedan tener entre algunos desgraciados campesinos, para llevarlos inconscientemente a formar en la masa de los electores permanentes del gobierno."[17]

Las denuncias contra los jueces de paz –que ocupaban el último escalón del sistema judicial y que también cumplían funciones policiales- eran tantas y tan evidentes, que el mismo gobierno se vio obligado a admitir que la organización de la justicia de paz, “obra de la necesidad más que de la conveniencia, no corresponde en absoluto a nuestros adelantos”, y que se hacía necesario que el juez no tuviera funciones políticas y actuase “desligado de todo compromiso que le impida ser equitativo”.[18] En cuanto a las fuerzas policiales, objeto de tantas críticas y definidas como “el refugio de lo que la sociedad desecha y las cárceles no recogen”[19], también generaban dificultades a la misma elite gobernante debido a su dudosa procedencia.[20]

Así constituido a fines del siglo, y con las falencias apuntadas, estaría en Santa Fe el sistema judicial y policial encargado de lidiar con la cuestión planteada en torno a los extranjeros y la criminalidad.

Extranjeros víctimas

Al estudiar la relación entre inmigración y criminalidad, se debe comenzar por distinguir los dos sentidos en los que la misma puede entenderse. El primero, aquél por el cual los extranjeros son los sujetos pasivos sobre los cuales se perpetran los actos delictivos. El segundo, aquél que los presenta como sujetos activos de los hechos criminales. Tanto el uno como el otro –valga la obviedad- encontraron concreción en la realidad social santafesina decimonónica.

Durante el período comprendido entre 1880 y 1900, la política santafesina se desenvolvió a través de la puja entre dos grandes facciones: el oficialismo autonomista (en sus sucesivas versiones iriondista, galvista y leivista) y la oposición liberal (a la que más tarde se sumaría el civismo), y la identificación de los extranjeros como víctimas de delitos fue usual en los órganos de prensa adscriptos a esta última.

El periodismo que respondía a la elite política opositora –que tenía su bastión, como se ha señalado, en la ciudad de Rosario- asumió la permanente misión de noticiar casos en los cuales residentes extranjeros resultaban lesionados en sus intereses materiales o en su integridad física.[21] Como la visión que presentaba a los extranjeros como víctimas era un argumento propio de la oposición, esa imagen sería más fuerte en Rosario, en donde dicha oposición contaba con mayores medios para su prédica, a través de consolidados periódicos que gozaban de una fuerte inserción local y regional, como La Capital y El Municipio, y en donde, además, el importante colectivo de origen inmigratorio radicado en ella y su zona de influencia multiplicaba –en relación, por contraste, con la ciudad capital- el número de los casos a denunciar. La intencionalidad de esas denuncias resulta clara: además de la de defender un segmento de la población muy apreciado por los liberales[22], ellas permitían inculpar a la elite capitalina gobernante por la inseguridad existente en la provincia en general y, en particular, en la campaña poblada por colonos inmigrantes.[23] Estos últimos se presentaban como un segmento de la población especialmente expuesto a sufrir las consecuencias del bandolerismo rural, un problema de vieja data común a toda la región pampeana, que había encontrado en los nuevos habitantes de las hasta entonces casi desérticas extensiones múltiples potenciales víctimas.[24] Mientras las autoridades locales subalternas poco hacían para evitar que esos hechos ilícitos se produjeran, el reproche de la prensa se haría oír con insistencia durante todo el período objeto de estudio: “Mal, muy mal está la justicia de jurisdicción superior, pero está mucho peor la justicia inferior. Esos jueces de paz son no solamente la rémora, sino el insalvable obstáculo que impide el desarrollo material de nuestras colonias, en gran parte.”[25] Sólo hacia el fin del siglo, con un cambio de orientación política en el gobierno santafesino[26], la prensa hasta entonces opositora se mostraría confiada en la superación de los males que habían aquejado por décadas a los pueblos de campaña[27], en tanto que restaba responsabilidad al ejecutivo provincial con respecto a los crímenes aún existentes para atribuírsela a las autoridades locales encargadas de llevar a la práctica los propósitos de orden y garantías individuales sostenidos por el gobierno.[28] Reflejo de la preocupación del nuevo gobierno por reducir la criminalidad en la campaña fue un proyecto del ejecutivo tendiente a eliminar la posibilidad de libertad provisoria bajo caución en los casos de delito y hurto, y que, acogido favorablemente por la Legislatura, fue convertido en ley en diciembre de 1898.[29] La situación de inseguridad que debían afrontar en la campaña los extranjeros inmigrantes, no obstante, seguía dejando que desear, según el juicio emitido para entonces en su tesis ante la Universidad de Buenos Aires por Antonio Cafferata:

"Por lo demás, el mejor medio de atraer la inmigración es garantir absolutamente en toda la República la seguridad de las personas y de los bienes sin dejarlas a merced de los criminales de nuestras campañas, cuando no de las autoridades que allí existen; es asegurar una justicia pronta, barata y eficaz que no sólo se administre con arreglo a derecho y equidad sino que reprima o castigue severamente cuantos abusos se cometan con el habitante pacífico y honesto.

De nada les serviría el suelo fértil y el abundante producto de nuestros sembrados si después de conseguido ha de ir el comisario, el juez de paz o sus protegidos a arrebatárselo."[30]

Estas ideas ya habían sido desarrolladas en años anteriores por la prensa de oposición sureña. A juicio de los sectores de la elite que se expresaban a través de ella, los gobiernos autonomistas, con su descuido, comprometían el éxito mismo de la causa inmigratoria, ya que el flujo podría detenerse si los europeos que deseaban trasladarse a estas tierras tomaban conocimiento de la ausencia de garantías individuales.[31] La crítica se veía potenciada, además, porque en muchos casos eran los mismos jueces y autoridades policiales los que aparecían como directamente responsables o cómplices de los hechos denunciados[32], entre cuyas víctimas se contaban incluso mujeres inmigrantes.[33] Los abusos cometidos por las autoridades locales hacia los extranjeros merecieron un extenso lugar en las crónicas de la época, en las que, invariablemente, los segundos eran quienes tenían la razón.[34] En 1884, el rosarino La Capital, enrolado en la corriente liberal mitrista, alertaba: “En un pueblo donde los comisarios estaquean a honrados extranjeros y se les absuelve de culpa y pena, [...] la vida de sus habitantes está en peligro.”[35] Años después, sostenía: “Jueces hay y comisarios también que son verdaderos señores de horca y cuchillo, verdugos en toda la acepción de la palabra que parodiando a Alberdi, pero de una manera siniestra, creen que ‘apalear es poblar’”.[36] El Municipio, por su parte, advertía que las autoridades de campaña “destruyen con sus actos por una parte, lo que la inmigración y la fecundidad de nuestro suelo levantan por otra”.[37] Según este diario de Rosario, más tarde enrolado en el civismo:

"El gobierno sabe que en la mayor parte de las colonias ejercen mando absoluto individuos que ni por sus sentimientos, ni por sus condiciones intelectuales, están preparados para los cargos que desempeñan. Sabe que [...] aquellos mineros de la tranquilidad del poblador europeo, van abriendo la fosa del crédito de la provincia y dando margen a protestas diarias que de aquí van a Buenos Aires, y de allí al viejo mundo, a desmentir nuestras aparatosas manifestaciones de protección al inmigrante. [...]

El colono mal tratado por la justicia de su juez de paz, sabe que allí, dentro de las fronteras de su colonia, concluyen de hecho sus recursos de derecho, y que aventura para siempre su tranquilidad y sus bienes si pretende ir en busca de fallos más rectos allí adonde funcionan tribunales superiores.

La independencia de los jueces, que es garantía de la ley y del derecho, en donde la ley y el derecho se respetan, no existe entre nosotros [...]"[38]

Claro está que desde las esferas gubernamentales se trataba de levantar estos cargos, y la prensa que respondía a la elite oficialista capitalina negaba asidero a las denuncias formuladas. En una ocasión, por ejemplo, según una noticia del rosarino El Mensajero, recogida por el santafesino galvista Nueva Época: “El presunto martirizado [un italiano] extrañóse tanto de la narración [hecha por La Capital], como el martirizador [el capitán acusado]. Dijo que en vez de haber sido maltratado como se suponía, se le habían, hasta cierto punto, prodigado atenciones, por lo que estaba agradecido.”[39]

Las imputaciones contra las autoridades se presentaban a veces envueltas con cuestiones de “nacionalidad” y los empleados policiales y los “caudillejos” criollos de la campaña eran acusados de ensañarse con los habitantes de otras nacionalidades.[40] Algunos titulares pecaban de sensacionalistas: “Bárbaro atentado policial. Falta de garantías para los extranjeros” y “Persecución a los extranjeros. Los italianos fuera de la ley. Impunidad de los asaltos policiales”, eran los enunciados de dos noticias que referían los golpes de machete propinados por agentes policiales a un italiano en Rosario; la conclusión de El Municipio era drástica: “Lo que hay es que siendo extranjero y sobre todo italiano, los agentes de la autoridad se creen dispensados de todo vejamen [...] Ya lo saben los italianos: han de emigrar, han de morir defendiéndose contra la canalla o han de soportar con mansedumbre toda clase de martirios.”[41] También los bandidos rurales parecen haber privilegiado como presas de sus actos –en general, robo acompañado de atentados contra la persona, cometidos muchas veces bajo la protección o apañamiento de las autoridades- a los colonos inmigrantes por sobre los estancieros criollos, en una elección en la que no habrían estado exentas las razones étnicas.[42]

En rigor de verdad, los jueces de paz –a menudo individuos ignorantes, prepotentes y serviles al poder político- acostumbraban hostilizar al elemento extranjero, si bien debe aclararse que estas fallas eran propias de la época y comunes en más de una provincia.[43] También debe admitirse que no sólo los extranjeros eran víctimas de las autoridades policiales y judiciales inferiores y que, más que cuestiones de nacionalidad, muchas veces eran la incompetencia o venalidad de los funcionarios las que daban lugar a los abusos perpetrados sobre los habitantes, más allá de su origen nativo o foráneo. “Resentimientos personales”, intentos de soborno y amenazas eran señalados explícitamente en algunos expedientes levantados, como directas causales de los abusos de autoridad perpetrados.[44] Como señala Tulio Halperin Donghi, la ubicación de muchos inmigrantes en los niveles más bajos de la población era una de las causas principales de que éstos quedaran expuestos –al igual que tradicionalmente lo habían estado los sectores criollos humildes- a “la arbitrariedad y la brutalidad administrativas” de las autoridades locales, independientemente de las cuestiones étnicas.[45]

Entre los casos informados por la prensa –y al margen de los cometidos por las autoridades-, también deben consignarse aquellos en los cuales incautos e ingenuos extranjeros caían víctimas de estafas urdidas por la “viveza criolla” o de facinerosos que se aprovechaban de su necesidad económica. Al respecto, en 1889 La Capital denunciaba la existencia de “comisionados expresos de algunos lupanares de Buenos Aires, que corren detrás de las familias de inmigrantes recién llegados al país, para contratar a jóvenes hijas de familia, con engaños, por supuesto, pretextando darles colocación honrosa, para ser luego conducidas a aquellos centros de corrupción.”[46]

Para la elite gobernante santafesina, en tanto, el padecimiento de delitos por parte de los extranjeros constituía un verdadero problema. Además de tener que soportar la crítica de la prensa opositora sureña y la conformación de peligrosas solidaridades étnicas que desembocaban en la rápida concertación de decenas o cientos de hombres armados dispuestos a defender a su connacional[47], debía hacer frente a los continuos reclamos de los representantes diplomáticos[48], “ángeles guardianes” de que carecían los elementos criollos[49], que se atrevían a poner en cuestión al sistema judicial de la provincia alegando que las fallas en éste eran las que impedían el castigo de los culpables.[50] No faltaron casos, inclusive, en que grupos de residentes extranjeros reunieron pruebas que remitieron a sus respectivos gobiernos, a fin de que interpelaran y reclamaran del argentino la resolución del asunto.[51] La intervención de los cónsules extranjeros era solicitada desde la misma prensa de oposición, a pesar de que ello fuese en desmedro de la soberanía nacional.[52] En 1884, Mariano Echagüe, el ex-jefe de policía de la ciudad capital, acusado de haber “martirizado” a un belga en la cárcel, se defendía de la “calumnia”, alertando sobre dicho proceder y negando la “gringofobia” que se le achacaba:

"Se nos quiere presentar como enemigos sistemáticos del elemento extranjero [...]

Los agentes comerciales que las naciones amigas acreditan en nuestro país se tornan en fiscales públicos, formando una especie de Tribunal sui generis, alentados por algunos periodistas extranjeros (y lo que es peor aun por algunos nacionales) interviniendo aun con pretextos fútiles en el mecanismo institucional del país y presentándonos a cada paso el fantasma de las intervenciones extranjeras. No apelan a los Tribunales, ejercitando todos los recursos que las leyes les confieren; se dirigen a los cónsules y vice-cónsules, elevando cualquier querella de carácter correccional a una cuestión internacional. Quieren algunos que nuestros jueces juzguen a los extranjeros bajo la amenaza de los fuegos de escuadras europeas."[53]

Hubo algunos casos de singular resonancia. Como el ocurrido en Rosario en enero de 1889, debido a la detención indebida y maltrato de catorce italianos por parte de la policía. El recurso de habeas corpus entablado por el cónsul de esa nacionalidad derivó en la inmediata liberación de los presos dictaminada por el juez –a la que, no obstante, el jefe político intentó resistir- y avalada por la cámara de apelaciones. Lo inusual de la manera en que quedó resuelta la cuestión, con el fallo de la justicia a favor de los detenidos, animó a un grupo de italianos a levantar una suscripción a fin de obsequiar con una medalla de oro al juez interviniente.[54] Ese mismo año, tres hechos más cobrarían especial notoriedad pública. A fines de octubre, un sastre italiano detenido por embriaguez sufría serios maltratos en el departamento de policía en el que permanecía detenido.[55] Casi simultáneamente, era un joven alemán la nueva víctima inocente de la violencia policial. La colectividad alemana de Rosario se organizó para protestar en contra de la policía y reclamó la intervención diplomática, que efectivamente tuvo lugar; sin embargo, la causa quedó poco después en el olvido.[56] En diciembre era un joven español empleado en el cuerpo de bomberos –fuerza agregada a la policía-, quien sufría los abusos de la policía rosarina, hecho que levantaba la indignación y movilización de la colectividad española.[57] La repercusión alcanzada por esta serie de arbitrariedades policiales, cometidas durante 1889, tenía un claro origen: la campaña asumida por El Municipio en contra del jefe político de Rosario, el galvista Mariano Mazza, y concretada a través de la denuncia de los sucesivos “martirologios policiales”.[58] La preocupación demostrada por un sector de la elite provincial con respecto a la integridad física de los extranjeros mencionados, entonces, se encontraba, en primera instancia, determinada por motivaciones de índole política, y sólo secundariamente respondía a una genuina corriente de simpatía hacia los mismos.

La presión del periodismo de oposición y de los representantes diplomáticos se hizo sentir especialmente durante los últimos meses de 1893 y al inicio de la gobernación de Luciano Leiva (1894-1898), coyuntura marcada por el resentimiento entre criollos y extranjeros, producto de los sucesos recientes de la historia provincial. La participación de grupos de extranjeros en las revoluciones radicales de julio y septiembre de 1893 y las simpatías de los colonos por la Unión Cívica habían conducido a un estado de exaltación y de cierta animosidad por parte de las autoridades locales criollas hacia los inmigrantes.[59] Alentados por los caudillos que respondían a los elementos de la elite autonomista desplazada del gobierno por la revolución radical de julio del ’93, grupos de criollos desplegaron contra los colonos acciones violentas que incluyeron saqueos, detenciones, violaciones y muertes sangrientas. En algunos casos, con el pretexto de buscar armas, saqueaban las viviendas de los colonos llevándose todo lo que encontraban a mano, aduciendo burlonamente que “los gringos no necesitan de esas cosas”.[60] A fines de 1893, por ejemplo, un suizo de la colonia Crespo denunciaba que “cinco individuos armados, pertenecientes a un destacamento al mando del señor Salvador Leiva, penetraron en su casa apoderándose de los siguientes objetos: dos trajes completos de un valor de 80$, un poncho, un lazo, cuchillos, riendas, valorados en 57$, varias piezas de arreo, valuadas en 25$, dinero efectivo 25$”.[61] Los representantes diplomáticos, entonces, se movilizaron de manera especial a favor de sus connacionales.[62] El accionar delictivo de aquellos caudillos en contra de los extranjeros, de todos modos, estaba guiado más que por móviles étnicos o “nacionales”, por cuestiones políticas y era sobre los elementos opositores sobre los que comúnmente se concretaban las tropelías. También razones políticas eran las que llevaban a la prensa opositora a encabezar casi a diario una columna con el irónico título “La campaña es habitable”[63] y a destacar que “los funcionarios de campaña son declarados enemigos del colono, salvo rarísimas excepciones, y lo que debería ser una comuna perfectamente organizada viene a quedar en una toldería de indios salvajes.”[64] Hacia el fin del siglo, en tanto, el mejoramiento de las fuerzas policiales quedó evidenciado –según el juicio emitido por el gobernador Iturraspe en su mensaje a la Legislatura de 1900- en el hecho “de que no se producen más esas frecuentes quejas que los agentes consulares formulaban ante el gobierno en representación de súbditos de su nacionalidad, que se decían víctimas de abusos y atropellos de las autoridades policiales.”[65]

El análisis de diversos expedientes evidencia que, ante las reclamaciones diplomáticas, las autoridades provinciales intentaban mostrarse diligentes en el esclarecimiento de los hechos, iniciando las respectivas averiguaciones y pedido de explicaciones a sus subalternos; pero en la generalidad de los casos, todo no pasaba más allá de cubrir las formalidades y los sumarios levantados –que reunían declaraciones contradictorias de testigos muchas veces serviles a los mismos funcionarios cuestionados- rara vez llegaban a comprobar que se hubiese cometido algún tipo de abuso o delito contra el o los extranjeros en cuestión. En 1892, por ejemplo, a raíz de un disturbio en Venado Tuerto durante el festejo de los italianos del 20 de Septiembre, en el que un agente policial habría herido a uno de ellos, la reclamación del representante del rey de Italia en Buenos Aires fue desestimada, luego de que fuesen recolectados numerosos testimonios divergentes a partir de los cuales simplemente se concluyó que había habido un poco de exceso de alcohol.[66] También hubo situaciones en las que, directamente, el gobierno provincial rechazó por infundados los reclamos de los representantes extranjeros, calificándolos de fuera de lugar y respaldando a las autoridades subalternas.[67] Las denuncias formuladas contra éstas fueron negadas en el mismo recinto de la Cámara de Diputados de la Nación por el galvista José Ignacio Llobet, quien trató de reducir las múltiples críticas que se les hacían a un simple ardid de la prensa opositora sin sustento real[68], en tanto que los actos abusivos admitidos no pasaban de ser responsabilidad de meras individualidades: “resultaba este hecho curioso, como efecto de la propaganda apasionada de los diarios opositores: porque un juez de paz, infeliz, se había quedado con el importe de una multa de diez o veinte pesos, todos los jueces de paz habían cometido el mismo delito!”[69] No faltaron casos, tampoco, en que las investigaciones realizadas se volvieron en contra de las supuestas víctimas; las conclusiones de un sumario levantado a raíz de las heridas que dos agentes policiales de Rosario habían infringido a dos italianos y que arribaban a que, en realidad, los agresores habían sido estos últimos, haría ironizar a La Capital: “La metamorfosis no está mala. De víctimas se han convertido en victimarios.”[70]

Cabe indicar, de todos modos, que en diversas ocasiones las denuncias del periodismo y las presentaciones de los representantes diplomáticos fueron atendidas, y las acusaciones contra jueces de paz y policías santafesinos dieron lugar a sumarios[71] que, llegada la oportunidad, derivaron en destituciones o multas.[72] Porque, más allá de lo declamado por la prensa de oposición, también para la elite gobernante la causa inmigratoria merecía ser atendida ya que la economía provincial descansaba sobre sus bases y, además, le resultaba funcional evitar el descontento de los colonos y el reclamo diplomático consiguiente.

Extranjeros victimarios

Otras veces, en cambio, eran los extranjeros los que cometían los actos delictivos. En algunas oportunidades, era el mismo deseo de “hacer la América” en el menor tiempo posible y de poder remitir dinero a los familiares que habían permanecido en Europa, lo que llevaba a cometer delitos menores a inmigrantes que formaban parte del pueblo común y que no podrían ser consignados bajo el calificativo de criminales.[73] En otras ocasiones, las más, se trataba de individuos de malos antecedentes, que llegaban entremezclados entre los contingentes inmigratorios, y que constituían uno de los principales grupos de la inmigración “indeseable”. En general, se los encontraba en las grandes ciudades cosmopolitas, y respondían a uno de los estereotipos argentinos más célebres de fines del siglo XIX: el “ladrón urbano”.[74] Con respecto a este punto, se refleja en las fuentes oficiales y periodísticas de la época el interés de la elite dirigente por determinar el origen nacional o extranjero de los detenidos[75] y la preocupación que a ésta le causaba el importante número de los que poseían otras nacionalidades. La comprobación de que en los contingentes inmigratorios se colaban asesinos y ladrones hacía redoblar los esfuerzos por evitar la llegada de estos elementos, a la vez que daba argumentos a los partidarios de una política selectiva con respecto a la inmigración. En su memoria de 1887 presentada a la Legislatura, el ministro de Gobierno Juan M. Cafferata se refería a las dificultades existentes para organizar la policía en la provincia, agravadas por la presencia de la población extranjera:

"[...] en poblaciones poco densas y muy diseminadas como las nuestras, aquellos inconvenientes son todavía mayores, y mucho más si a esto se agrega que nuestro crecimiento no es todo por generación, sino en su mayor parte por inmigración, produciendo esto mismo agregaciones cosmopolitas con sus hábitos formados y sus costumbres hechas, que no son siempre los mejores hábitos y las mejores costumbres. De aquí es que en las estadísticas policiales no figure en mayor número la población indígena, sin que esto importe un descrédito para la inmigración, que sin duda sería de mayores beneficios para el país, si estuviera sujeta a cierto examen y clasificación discreta por aquellos que la atraen y la dirigen a la República."[76]

El ministro aparecía en sintonía con el jefe del ejecutivo provincial: José Gálvez sostuvo en su mensaje de 1888 que la perpetración de crímenes y delitos no acusaba “deficiencias policiales, sino deficiencias de moral” y que se hacía preciso “no confundir la causa de este mal” para poderla combatir “con la energía que es necesario en este país abierto a todos los hombres del mundo que quieran habitarlo”.[77] Años más tarde, ya como gobernador, Cafferata aportaba datos sobre la delincuencia en Rosario, la ciudad más populosa de la provincia “y por consiguiente de mayor criminalidad”. Si bien la cifra de detenidos durante 1892 arrojaba una mayoría de argentinos, Cafferata se ocupaba de demostrar que, relativamente, la criminalidad era mayor entre los extranjeros, dado su porcentaje poblacional.[78] Para la elite católica gobernante, además, los altos índices de criminalidad existentes en la ciudad de Rosario encontraban su origen en la falta de religiosidad y de moralidad de sus habitantes –de lo que era un índice la escasez de templos, señalarían los diputados Carrasco y Sempé en la Legislatura-, producto de la diversidad ideológica y de la composición heterogénea de la población, problemas que, en cambio, no existían en la ciudad capital.[79]

Ideas similares campeaban en las páginas del diario oficialista de la ciudad de Santa Fe, Nueva Época, que, por un lado, minimizaba el grado de criminalidad existente en Rosario contradiciendo así las afirmaciones de la prensa local opositora y, por otro lado, atribuía los hechos delictivos existentes a la composición cosmopolita de la población de esa y otras grandes ciudades:

"Pero, si todo esto se toma en cuenta, es necesario conocer en qué circunstancias se pasa.

No es por cierto debido a que el carácter del natural sea malo o pervertido. Fuerza es convenir en que al Rosario afluye en inmigración gran cantidad de hombres de todos los países que importan sus instintos, sus costumbres y su manera propia de vida, quedándose allí la mayor parte y siendo ellos los que suministran generalmente la estadística que tan fantásticamente se comenta."[80]

El pequeño círculo galvista existente en la ciudad sureña también tendría su palabra que decir al respecto, a través de un artículo atribuible a David Peña y publicado por el periódico La Opinión, que se quejaba de que a la inmigración se la había “aceptado siempre sin beneficio de inventario, entrando en el montón los coléricos del Perseo, los tuberculosos que desbordaban en los hospitales de Buenos Aires y los criminales que aun hoy aterrorizan al Rosario.”[81]

Afirmaciones como la enunciada en tono burlón en la Legislatura provincial por el diputado Clusellas –en medio de un debate al que nada aportaba la referencia a la nacionalidad de los detenidos-, acerca de que la mitad de los presos estaba compuesta de extranjeros italianos, por otra parte, reflejaban la percepción que se había labrado la elite gobernante acerca del asunto.[82]

Para la dirigencia oficialista santafesina –según se deduce de los ejemplos citados- el mal existente en la sociedad venía “de afuera”, traído por gentes con otras costumbres distintas de las nacionales. La necesidad de refrendar los propios actos de gobierno se veía teñida así con una suerte de prejuicio étnico que hacía atribuir casi con exclusividad al cosmopolitismo, problemas –como el de la criminalidad, en el caso que nos ocupa- que, en realidad, resultan inherentes a cualquier organismo social. La representación social del “otro” extranjero, por parte de la elite oficialista, reflejaba entonces una “dualidad discursiva”[83] que, a la vez que consideraba a la inmigración como un valor que debía fomentarse –abundan las expresiones en ese sentido en memorias, mensajes, declaraciones y editoriales periodísticos-, focalizaba en esa misma inmigración los males sociales existentes, al punto de no percibir su presencia también –la cita de Nueva Época resulta ilustrativa al respecto- en el elemento nativo.[84]

Con respecto a los extranjeros criminales, además, el gobierno provincial se veía obligado a soportar la situación de excepción planteada por su origen foráneo, que hacía que aquéllos aprovecharan la lejanía de su tierra para perpetrar delitos escudados en el anonimato[85], que recibieran manifestaciones de apoyo de sus connacionales[86], o que se sintieran impunes.[87] A los defectos del sistema judicial argentino –en cierta ocasión, un inglés de buena posición acusado de un crimen diría que ello no le preocupaba, ya que “con cincuenta pesos tenía bastante para comprar a todos los jueces argentinos” y, entretanto, pagaba a testigos para que declararan a su favor[88]-, se sumaba la protección que sobre ellos ejercían los representantes diplomáticos[89] y el hecho de que podían apelar a la Justicia Federal (artículo 100 de la Constitución Nacional). Esta cláusula era considerada por los liberales beneficiosa para la atracción de inmigrantes:

"[...] para rodear de mayores garantías al extranjero en la distribución de la Justicia, ha sido creado en su provecho exclusivo, una jurisdicción excepcional o de privilegio, que sustrae a los tribunales de las provincias, es decir, a las influencias y pasiones de las localidades, las causas en que chocan los extranjeros con los naturales o vecinos de aquellas. De estas querellas convencen y fallan los tribunales de la Nación."[90]

Pero esta situación de privilegio, en cambio, despertaba la aprehensión de la elite gobernante capitalina, la que fue puesta de manifiesto por el galvista Zenón Martínez en la convención constituyente provincial de 1890:

"La condición individual del extranjero no puede ser superior a la del ciudadano, al mismo tiempo que todo contribuye a hacerla más ventajosa y a rodearla de mejores garantías si se quiere. Jueces nacionales alejados de toda sospecha de influencia local le administran recta e imparcial justicia, tratados internacionales y representantes diplomáticos contribuyen a garantir la efectividad de sus derechos. El ciudadano carece de esos medios extraordinarios de hacer prácticos sus derechos, y la experiencia nos enseña que el hombre del pueblo es menos respetado, por esta causa, que el extranjero."[91]

Para dar solución a algunos de los problemas planteados por la situación de excepcionalidad jurídica de que gozaban los extranjeros, el gobierno provincial solicitaría la creación de un segundo Juzgado Federal en la provincia, a más del existente en Rosario, ya que consideraba que éste no era suficiente para llenar las necesidades causadas por la numerosa población inmigrante.[92]

El radio de acción de los extranjeros criminales no se limitaba a las grandes ciudades, sino que se extendía por la campaña, en la que había quienes –si bien en una proporción mucho menor- se dedicaban a actividades delictivas tradicionalmente vinculadas a los elementos criollos: el bandolerismo y el cuatrerismo o abigeato. En estos casos, los principales damnificados por sus acciones eran los miembros de las elites santafesinas, propietarios dedicados generalmente a la explotación ganadera, y este era un nuevo motivo de alarma para la dirigencia provincial.[93]

Quienes desde la oposición sureña se mostraban como los paladines de la causa inmigratoria, en cambio, relativizaron la importancia de la presencia de delincuentes extranjeros y su acción perniciosa sobre la sociedad, recargando toda la responsabilidad de la criminalidad sobre el elemento nativo, en especial, aquél vinculado a las esferas oficiales: “[...] hay parajes en que no el indio ni el bandido extranjero constituyen una amenaza para los pobladores, sino el vecino de malas costumbres que por estar vinculado a los hombres de mando o ejercer un puesto cualquiera se cree facultado para dar rienda a sus instintos y ejecutar sus malos propósitos [...].”[94] Además, defendieron a los presos extranjeros que, más allá de sus delitos, sufrían maltratos en la cárcel: “Prescindamos del delito cometido por el infeliz [un italiano acusado de homicidio] [...] para ocuparnos de ese vandalismo carcelario que llega hasta negar la asistencia médica a un hombre, un ser humano que se muere y pide por compasión lo que sólo una fiera negaría -un poco de caridad, un insignificante remedio.”[95] La referencia a las dificultades idiomáticas y la necesidad de la utilización de intérpretes para permitir la defensa a los detenidos también tuvo lugar en la prensa de oposición[96], que acostumbraba minimizar las faltas cometidas por aquéllos:

"Entran presos individuos extranjeros que no articulan una sola palabra en castellano y que por señas únicamente se les puede hacer entender.

Moreno como capataz les ordena que barran o saquen agua, pero como los infelices no comprenden ni jota se quedan parados, siendo esto lo bastante para que el dicho capataz los tome a empujones, los sacuda contra la pared y hasta quiera darles de escobazos cuando no golpes de puño.

¿Hay razón para que un criminal de esta naturaleza aje a hombres honrados, presos únicamente por el delito de la embriaguez?"[97]

Nuevamente aquí, además, aparecían las referencias a las cuestiones de nacionalidad y al atentado a la política inmigratoria:

"Las palizas y los culatazos no escasean [en la cárcel] y, según las denuncias, las víctimas son siempre, extranjeros.

En esta época, es probable que nuestras autoridades crean que ese sistema es el mejor para atraer inmigración a nuestro país; tal es el criterio que precede a todos los actos administrativos. [...]

Nótese también, que las víctimas que han expuesto sus quejas son extranjeros, agregándose que los castigos se aplican sólo a ellos.

Este hecho solo bastaría para la formación de un proceso ruidoso y la condenación más severa hacia los que propenden el descrédito del país, cuyo progreso se debe precisamente a la inmigración que nos viene del viejo mundo."[98]

Esta referencia a la falta de prestación de cuidados médicos a los extranjeros que llegaban a la cárcel con heridas –o que las adquirían dentro de sus paredes- resulta más que frecuente en las denuncias de la prensa y en los expedientes judiciales: “El herido [...] estaba para ser conducido en casa de un médico para su curación, pero pasando adelante al juzgado, aquel juez de paz lo obligó a bajarse del coche en donde iba, obligándolo a quedarse bajo un galpón que sirve allá de cárcel, sin consideración alguna por el estado en el cual encontrábase, perdiendo mucha sangre.”[99]

Como se ha señalado, anteriormente, sin embargo, difícilmente podría afirmarse que los delincuentes extranjeros –gracias a la protección consular- se encontraran en una inferioridad de condiciones con respecto a los argentinos frente al maltrato policial, y eran estos últimos los que debían soportar en principal medida duras condenas que incluían levas militares y el servicio en las fronteras.[100]

Un tipo particular de criminal llegó a contar con el aplauso de la prensa opositora más radicalizada: aquel que se volcaba al crimen político. Así, fueron razones de índole política las que llevaron al civismo rosarino a defender a los extranjeros involucrados en los atentados cometidos contra la persona del general Julio A. Roca. En este caso, para El Municipio, la acción se revestía con las características del patriotismo argentino, más allá de la nacionalidad de origen de los implicados: “Tres personalidades distintas, tres valientes, tres patriotas. Un argentino, un italiano y un español. El bien no tiene fronteras y dentro de la libertad no deben caber ciudadanías determinadas [...]. Monge, Sambrizze y Baliñas son individuos de la gran familia humana [...], son tres almas benditas que intentaron sin éxito la regeneración de un país esclavo, glorificando el asesinato político.”[101] Para Sambrizze, que era apenas un niño, el diario de Deolindo Muñoz sugirió que se pidiera la injerencia del ministro de Italia a fin de protegerlo de los malos tratos que recibía en la cárcel, justificando así la intervención diplomática.[102]

Extranjeros “linchadores”

La relación entre los extranjeros y la criminalidad cobró un nuevo giro a raíz de los casos de linchamiento que tuvieron lugar durante 1892 y 1893. Cansados de sufrir vejámenes y de ser víctimas de delitos que quedaban impunes, algunos habitantes extranjeros de la campaña resolvieron hacer justicia por manos propias y, en varias colonias, se cometieron linchamientos de criminales. En marzo de 1892, tuvo lugar un linchamiento en Moisesville, “una de las colonias más remotas de la provincia de Santa Fe”, en la persona de un gaucho que había violado a la esposa de un colono.[103] Al año siguiente, un sonado caso se produjo en Cruz Alta, en la provincia de Córdoba, en donde un grupo de extranjeros ajustició a uno de los asesinos de una familia entera de colonos.[104] En Sastre, fueron cuatro los criollos criminales sobre los que se aplicó la "ley Lynch". Finalmente, en agosto de 1893, colonos suizos dieron muerte a dos famosos asesinos, los hermanos Monsalvo, en la localidad de Carcarañá –al sur de la provincia de Santa Fe-, instalando un debate en la sociedad acerca del asunto.[105]

Esta implantación de una práctica cultural extranjera tan violenta en tierras argentinas tuvo una honda repercusión. La elite oficialista santafesina aprovechó el tema en la campaña de desprestigio de los extranjeros que inició a raíz de las revoluciones radicales.[106] Los suizos linchadores fueron presentados como criminales y victimarios, que venían a instaurar una costumbre exótica y peligrosa desconocida hasta entonces en el país, en donde el criollo estaba “acostumbrado a dirimir mano a mano las ofensas”.[107] El hecho de que los sucesos de Sastre y Carcarañá se hubiesen cometido durante el período en el que la provincia estuvo en manos de los revolucionarios radicales y del gobierno de la Intervención Nacional añadió un componente político extra, y sirvió al galvismo para acusar a unos y otros de intentar el exterminio del criollaje, introduciendo así la “cuestión nacional” de moda.[108] La versión elaborada por este sector sobre el episodio de Carcarañá, expuesta en el Congreso por el diputado Llobet (en realidad Llobet confundió los sucesos de Carcarañá y Sastre), prácticamente absolvía de culpa a los asesinos ajusticiados, por lo que dejaba fuera de contexto a la reacción extrema de los colonos:

"Cuatro criollos –de buenos antecedentes, según las resultancias del sumario, teniendo solamente uno de ellos carácter pendenciero (son las palabras textuales) cometieron no sé qué desorden, qué atropello o qué delito. Apresados por el juez de paz, los colonos se reúnen, se arman y sacan del juzgado a los detenidos; los conducen a un paraje próximo al pueblo y allí los linchan.

Más de doscientas heridas presentaban los cuerpos de esos infelices, que fueron arrastrados luego hasta recibir sepultura. Inmediatamente los linchadores ordenan a las familias de las víctimas que abandonaran el lugar –y así tienen que hacerlo éstas, llevando a sus hijos en sus brazos donde los amparara la Providencia!"[109]

En el extremo opuesto se ubicó el juicio de la prensa opositora sureña. Ésta, que hasta hacía poco había tenido conceptos duros acerca de unos linchamientos practicados en Estados Unidos[110], se volvió comprensiva de este tipo de ajusticiamiento por parte del pueblo y justificó a los colonos que habían debido defenderse por propia cuenta frente a la indiferencia de las autoridades provinciales: “¿Debemos condenar a los colonos que ven su hogar mancillado, sus intereses saqueados y sus deudos asesinados, al aplicar la terrible y sumaria ley Lynch?”[111] Según la visión de este sector de la elite provincial, los linchadores eran víctimas, que habían debido actuar en defensa propia[112], ante la inseguridad reinante:

"Es ciertamente deplorable que tales actos se lleven a cabo en cualquier país que tenga pretensiones de civilización, mas no puede negarse, no obstante, que ellos son a veces, y como en el presente caso, justificados por las circunstancias, y que llegan a ser casi un deber, por parte de una comunidad amenazada, el tomar la ley en mano propia, en defensa de sus vidas e intereses, y cuando las autoridades cierran a sabiendas los ojos a hechos criminales [...]"[113]

A lo largo del proceso que se instruyó a los principales responsables del suceso de Carcarañá –si bien en el hecho habían participado varios cientos, los detenidos fueron sólo dieciséis que, según la prensa rosarina eran “casi los fundadores de las colonias Correa, Carcarañá y Roldán, personas trabajadoras incansables y de honradez a toda prueba”[114], “pacíficos y honrados extranjeros, agricultores, padres de familia”[115]-, la prensa de la oposición provincial abogó por su libertad y sobreseimiento y, cuanto menos, porque se les realizara un juicio rápido y benigno, con penas leves, y reaccionó indignada ante el pedido de la pena de muerte, por parte del fiscal.[116] Para este sector de la elite política provincial, los detenidos “no cometieron ningún crimen, cuando más un delito y aún eso es discutido por algunos que analizando la cuestión desde sus antecedentes, sólo le dan el carácter de una falta.”[117] Para El Municipio, inclusive, lo que habían hecho los linchadores, lejos de constituir un crimen, era “un acto de justicia”[118] y, los linchamientos en sí, “necesarios, justificados, cohonestados por el bien que ocasionan a la sociedad en que se ejecutan”.[119] La instrucción del sumario y la evolución del proceso fueron utilizadas para reafirmar los ataques al gobierno de Luciano Leiva y a la administración de justicia de la provincia, en un conflicto que terminaría con varios editores detenidos[120], y el compromiso asumido por los directores de los periódicos de la oposición a favor de los linchadores fue tal, que éstos dirigieron públicos agradecimientos por el apoyo recibido.[121]

Resulta interesante analizar la visión de esta cuestión por parte de un destacado miembro de la elite provincial, Gabriel Carrasco, quien, aunque perteneciente a los círculos oficialistas, se mostró condescendiente con los linchadores. Cuando en Moisesville fue aplicada la "ley Lynch", en marzo de 1892, Carrasco deploró el procedimiento, pero sostuvo que “no es posible condenar severamente a los hombres que se encuentran en un caso muy semejante al de legítima defensa”. Clamó por una depuración de la justicia y por una severa persecución de la criminalidad y vaticinó que, de lo contrario, los linchamientos se sucederían cada vez más enardecidos.[122] Cuando al año siguiente los colonos de Carcarañá apelaron al mismo método, pero con “un carácter de empecinamiento”, y la opinión pública reaccionó alarmada, Carrasco recordó su predicción e insistió en la necesidad de una justicia que funcionara.[123] El juicio de este funcionario del oficialismo, que conocía bien de cerca las falencias del sistema judicial santafesino por haber estado al frente del ministerio respectivo, venían a avalar las acusaciones de la prensa opositora.

Diversos sectores de la sociedad, sin embargo, censuraron la actitud adoptada por los colonos, que vieron mermar las simpatías despertadas a causa de las persecuciones y abusos de los que habían sido objeto.[124] Los colonos extranjeros se habían convertido de víctimas en victimarios a los ojos de muchos santafesinos y pronto comprendieron que ese tipo de prácticas, que respondían a pautas culturales propias, resultaban contraproducentes en un país que no estaba habituado a ellas. Para reafirmar sus vinculaciones con la patria que los había acogido y borrar los malos recuerdos que su accionar había generado, varios de los linchadores se vieron movidos a solicitar la carta de naturalización que los convertiría en ciudadanos argentinos[125], en tanto iniciaban un lento peregrinaje por las cárceles y los juzgados de la provincia esperando se sustanciase un sumario que recién concluiría en 1898, con el sobreseimiento definitivo de la causa.[126]

Conclusión

A lo largo de este trabajo se va develando de qué manera las vinculaciones existentes entre inmigración y criminalidad sirvieron en la Santa Fe de fines del siglo XIX para alimentar las luchas facciosas entabladas entre los sectores oficialistas y opositores de la elite. Estos últimos –fuertes en la región del sur provincial- resaltaron a través de su prensa la situación de los extranjeros en tanto víctimas de delitos perpetrados por o bajo la protección de autoridades policiales y judiciales, en función de la crítica global acometida en contra del gobierno santafesino. Defendieron sistemáticamente la causa de los extranjeros y admitieron la intervención diplomática como un recurso necesario, impuesto por las circunstancias. Aquéllos, en cambio, desde su baluarte capitalino, se preocuparon más bien por la presencia de extranjeros en tanto ejecutores de crímenes y centralizaron en ellos los hechos punibles visibles en la sociedad, encontrando en sus costumbres foráneas la causa de la violencia y el delito existentes, como una manera de diluir la propia responsabilidad en las fallas de las que adolecía el sistema de seguridad pública de la provincia. Con displicencia se avinieron a dar curso a las averiguaciones requeridas por el periodismo y los representantes diplomáticos, y dejaron dormir sumarios que rara vez llegaron a dilucidar definitivamente los sucesos investigados.

Ambas perspectivas, a través de discursos teñidos de tinte político, parecieron intencionadamente desconocer la complejidad planteada por la cuestión de la criminalidad en una realidad provincial con una estructura político-administrativa y judicial aún en proceso de consolidación y con una población heterogénea carente todavía de una integración socio-cultural plena. El suceso de los linchamientos, a mediados de los ’90, contribuyó a hacer bien explícitas esas dos visiones de un mismo fenómeno social. Víctimas o victimarios, los extranjeros encontraron adictos y detractores interesados que, más que preocuparse por su causa, muchas veces los utilizaron para consolidar su propia cuota de poder en la arena de la política provincial.

RESUMEN

Criminalidad y extranjeros: ¿víctimas o victimarios? Una visión desde las elites santafesinas (1880-1900)

Más allá del consenso del que gozó la política de fomento inmigratorio entre las elites argentinas de la segunda mitad del siglo XIX, la misma traía anexos, desde la visión de esas mismas elites, diversos problemas sociales de difícil solución, entre ellos, las vinculaciones entabladas entre “inmigración” y “criminalidad”. En este artículo se indagan comportamientos y percepciones despertados por dicha cuestión en las elites dirigentes santafesinas durante las dos últimas décadas del siglo XIX, y se analiza de qué manera la evaluación de dicha relación se vio atravesada por las luchas facciosas que oponían por entonces a los sectores políticos que componían la elite provincial. Considerados más bien en su rol de “víctimas” o, por el contrario, en su rol de “victimarios”, los extranjeros encontraron adictos y detractores interesados que, más que preocuparse por su causa, muchas veces los utilizaron para consolidar su propia cuota de poder en la arena de la política provincial.

Palabras clave: Criminalidad - Inmigración - Extranjeros - Santa Fe - Elite

ABSTRACT

Criminality and foreigners: ¿victims or guilty persons? A vision from the elites of Santa Fe (1880-1900)

Beyond the consensus that the policy of immigratory promotion had between the argentine elites of second half of nineteen century, that policy implicated, from the vision of those same elites, diverse social problems of difficult solution, among them, the connexions between “immigration” and “criminality”. In this paper are investigated behaviours and perceptions caused by this matter in the elites leaders of Santa Fe during the two last decades of nineteen century, and is analyzed how the evaluation of that relationship was crossed by the disputes that opposed at that time the political sectors that composed the provincial elite. Considered rather in their role of “victims” or, on the contrary, in their role of “criminals”, the foreigners founded self-seeking upholders and detractors that, more than to worry about their cause, often used them to consolidate their own power in the provincial policy.

Key words: Criminality - Immigration - Foreigners - Santa Fe - Elite

Recibido: 30/04/07

Aceptado: 02/07/07

Versión final: 10/08/07

Notas

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(*) El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación doctoral en curso –desarrollado gracias a una beca financiada por CONICET-, a través del cual se estudian los comportamientos evidenciados a fines del siglo XIX por la elite dirigente santafesina frente a la problemática inmigratoria, tomándose como eje de análisis la cuestión de la nacionalidad. Diversos aspectos de la realidad política, social y cultural provincial finisecular resultan abordados a través de esa perspectiva, orientada a evaluar las percepciones, actitudes y conductas que una masiva presencia de habitantes de otras nacionalidades generó en una elite nativa cada vez más preocupada por las consecuencias de ese aluvión inmigratorio para el proceso de construcción de la nacionalidad argentina, así como a determinar las acciones y medidas implementadas a fin de nacionalizar a los inmigrantes. En esta oportunidad se adelantan resultados sobre la vinculación entablada por parte de las elites santafesinas entre extranjeros y criminalidad, una relación que –como tantas otras, por esos años- se vio afectada por la “cuestión nacional”. Para la consideración del punto de vista asumido sobre dicha relación por parte de los sectores de la elite que detentaban los cargos públicos provinciales se ha privilegiado la consulta de fuentes oficiales –éditas e inéditas-, mientras que para el análisis de las visiones construidas por parte de los sectores opositores de la elite política se ha recurrido a la prensa –en particular, la rosarina-, medio desde donde dichos sectores acostumbraron manifestarse. No se descarta, no obstante, en una etapa ulterior de la investigación, complementar dichas visiones con una consulta más pormenorizada de las fuentes periódicas de la ciudad de Santa Fe y de otras localidades de la provincia como, asimismo, de otras fuentes oficiales más específicas.

(**) Profesora y Licenciada en Historia (UCA), Doctoranda en Historia (Universidad del Salvador), Becaria del CONICET. Instituto de Historia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. E-mail: gabimiche@yahoo.com.ar.

[1] HALPERIN DONGHI, Tulio, “¿Para qué la inmigración? Ideología y política inmigratoria en la Argentina (1810-1914)”, en El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas, Sudamericana, Bs. As., 1998, pp. 191-192.

[2] DEVOTO, Fernando, Historia de la inmigración en la Argentina, Sudamericana, Bs. As., 2004, pp. 254-255.

[3] Para Estanislao Zeballos –político e intelectual rosarino sumamente comprometido con la política inmigratoria y colonizadora-, por ejemplo, un argumento a favor de la “inmigración espontánea” era el de que aportaba contingentes trabajadores y honestos, a diferencia de la “inmigración artificial”, reclutada por agentes oficiales en Europa, entre la cual –según sus palabras- “no escaseaban criminales”. ZEBALLOS, Estanislao, La rejión del trigo (sic), Hyspamérica, Madrid, 1984 (1883), p. 201.

[4] HALPERIN DONGHI, Tulio, op. cit., pp. 221-222. Ya desde la última década del siglo XIX venían actuando los movimientos anarquistas en la provincia, con fuerte presencia extranjera, despertando la preocupación de las autoridades y soportando persecuciones policíacas. MONSERRAT, Alejandra, “El Anarquismo rosarino y la cuestión de la organización (1890-1910)”, en ASCOLANI, Adrián (comp.), Historia del Sur Santafesino. La sociedad transformada (1850-1930), Platino, Rosario, 1993. Eugenia Scarzanella ubica la inflexión en la actitud de las elites argentinas con respecto a los inmigrantes hacia 1910 –si bien admite que ya desde los ’80 se había iniciado una discusión crítica del programa de Juan B. Alberdi y Domingo F. Sarmiento- y sostiene que en ese cambio mucho tuvo que ver el tema planteado por la relación entre criminalidad e inmigración, reforzado por la idea –desarrollada por la “escuela argentina” de la criminología positivista, sustentada en la italiana de Cesare Lombroso y Enrico Ferri, y algunos de cuyos exponentes fueron José Ingenieros, José María Ramos Mejía, Juan Vucetich y Osvaldo Magnasco- de la existencia de un nexo científico entre la inmigración y el aumento de la criminalidad en el país. SCARZANELLA, Eugenia, Ni gringos, ni indios. Inmigración, criminalidad y racismo en la Argentina. 1890-1940, Universidad Nacional de Quilmes, Bs. As., 2003, pp. 11 y 17-30.

[5] Para la conceptualización de las elites: WEBER, Max, Ensayos de sociología contemporánea, Planeta – Agostini, Barcelona, 1985, T. I, pp. 154-155, ACEBO IBÁÑEZ, Enrique del, y BRIC, Roberto J., Diccionario de Sociología, Claridad, Bs. As., 2006, p. 132, KELLER, Suzanne, “Elites”, en SILLS, David (dir.), Enciclopedia internacional de las Ciencias Sociales, Aguilar, Madrid, 1974, V. 4, pp. 180-183, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, “Elite”, en Di Tella, Torcuato, et. al., Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Emecé, Bs. As., 2001, pp. 219-222, BOUDON, Raymond, BOURRICAUD, François, Diccionario crítico de Sociología, Edicial, Bs. As., 1993, pp. 245-252, y MEGÍAS, Alicia, La formación de una elite de notables-dirigentes. Rosario, 1860-1890, Biblos, Rosario, 1996, pp. 21-27.

[6] Se debe aclarar que, al hablar de ciudad de pertenencia, se hace con criterio amplio, es decir, no limitada al lugar de nacimiento de los diversos miembros de las elites, sino como el lugar en el que éstos se encontraban radicados, en el que tenían sus intereses económicos y laborales y al que se sentían identificados y unidos por diversos vínculos familiares, sociales y culturales.

[7] Estos tres movimientos políticos, de carácter personalista, tomaron su nombre de sus líderes: Simón de Iriondo, José Gálvez y Luciano Leiva, y ocuparon el gobierno, en forma sucesiva, durante la mayor parte del período bajo estudio.

[8] ZEBALLOS, Estanislao, op. cit., pp. 47-48, MEGÍAS, Alicia, op. cit., pp. 46-79, 84 y 141-142, GALLO, Ezequiel, La pampa gringa, Edhasa, Bs. As., 2004, pp. 126-130 y 269, DE MARCO (h.), Miguel Ángel, Santa Fe en la transformación argentina, Museo Histórico Dr. Julio Marc, Rosario, 2001, pp. 126, 304, 407 y 431-442, y FALCÓN, Ricardo, MEGÍAS, Alicia, PRIETO, Agustina y MORALES, Beatriz, “Elite y sectores populares en un período de transición (Rosario, 1870-1900)”, en ASCOLANI, Adrián, op. cit., pp. 76-78.

[9] El estudio del sistema de policía y de justicia de la época constituye un tema de investigación en sí y por ello aquí sólo es tomado de modo general y a nivel indicativo.

[10] BONAUDO, Marta, “La ciudadanía en tensión. La experiencia de la justicia de paz y del juicio por jurados en Santa Fe. 1853-1890”, Avances del CESOR, año 1, N° 1, Centro de Estudios Sociales Regionales, UNR, Rosario, segundo semestre 1998, pp. 47-48.

[11] Comisión Redactora, Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe, T. I, Imprenta Oficial, Santa Fe, 1967, pp. 226-234, y T. II, Imprenta Oficial, Santa Fe, 1969, pp. 206-207, 231-232 y 241-243.

[12] DE MARCO (h.), Miguel Ángel, op. cit., pp. 22-23.

[13] Esta afirmación le valió a Carrasco una interpelación en la Legislatura provincial. Nueva Época, Santa Fe, 21 de septiembre de 1892.

[14] DE MARCO (h.), Miguel Ángel, op. cit., p. 54.

[15] FALCÓN, Ricardo, et. al., op. cit., p. 94.

[16] Si bien entre 1872 y 1890 los juzgados de paz fueron cargos electivos en los municipios de la provincia, éstos eran muy pocos de modo que la mayoría de los pueblos y colonias quedaba bajo el control de autoridades designadas por el gobierno con sede en la ciudad capital. Además, incluso en aquéllos, la elección por parte de la población resultaba ilusoria, ya que los actos comiciales resultaban cooptados por la facción gobernante. BONAUDO, Marta, op. cit., pp. 52-57, y BONAUDO, Marta, “Los parámetros de inclusión y exclusión en el universo ciudadano. Un acercamiento al paradigma liberal decimonónico desde la mirada de los derechos (Santa Fe 1850-1890)”, Anuario 19, Escuela de Historia, UNR, Rosario, 2002, pp. 95-97.

[17] El Municipio, Rosario, 29 de septiembre de 1887.

[18] Memoria presentada por el ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe a las Honorables Cámaras Legislativas en 1888, Tipografía de la Revolución, Santa Fe, 1888, p. LIV. Existieron, por parte del gobierno, intentos de reformar el sistema de la justicia de paz. Un proyecto del diputado Ramón Lucero reducía el número de juzgados a 42, haciéndolos coincidir con un proyecto de nueva división departamental; este proyecto contó con la sanción de Diputados pero no con la del Senado. Otro proyecto fue obra del ejecutivo desempeñado por Luciano Leiva, con el objeto de que pasaran a depender económicamente de las comisiones de fomento de cada localidad o de que, llegado el caso, fuesen cargos ad-honorem. Finalmente, al discutirse la ley de presupuesto para 1898, se suprimió el sueldo de los jueces de paz, que debió ser asumido por las comisiones de fomento. Santa Fe, Cámara de Diputados, Diario de sesiones, Sesiones del 6 de mayo de 1895 al 5 de marzo de 1897, s/e, s/f,, pp. 240-246 y 750-756, y Santa Fe, Cámara de Diputados, Diario de sesiones, sesiones del 25 de agosto de 1897 al 8 de marzo de 1898, s/e, s/f,, pp. 116-118.

[19] El Municipio, 30 de octubre de 1889.

[20] FALCÓN, Ricardo, et. al, op. cit., p. 94.

[21] En la prensa provincial se visualizan las dos características señaladas por Sandra Gayol y Gabriel Kessler como propias de la manera de encarar el tema de la violencia por parte del periodismo finisecular: la selectividad en el tipo de violencia que se da a conocer al público, y la presión selectiva para que se esclarezcan y condenen determinados delitos. GAYOL, Sandra, KESSLER, Gabriel (comps.), Violencias, delitos y justicias en la Argentina, Manantial, Bs. As., 2002, p. 16.

[22] Los vínculos entablados entre el Partido Liberal, la Masonería y, en particular, la mayoritaria colectividad italiana, fueron muy estrechos en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX. HALPERIN DONGHI, Tulio, Una nación para el desierto argentino, Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1982, p. 96, y SABATO, Hilda y CIBOTTI, Ema, “Hacer política en Bs. As.: los italianos en la escena pública porteña 1860-1880”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani, Tercera Serie, Nº 2, 1er. semestre 1990, pp. 20-41.

[23] Vg., La Capital, Rosario, 3 de mayo de 1884, 9 de febrero de 1889 y 19 y 23 de marzo de 1893, y El Municipio, 14 de agosto de 1889. La inseguridad era un hecho, más allá de su utilización como argumento de ataque al gobierno por parte de la oposición provincial. Si bien las estadísticas provinciales eran por demás de incompletas, Gabriel Carrasco, político y estadístico rosarino allegado a los círculos gubernamentales y nombrado poco después nada menos que ministro de Agricultura, Justicia e Instrucción Pública de la provincia, calculaba a fines de marzo de 1892 que en Santa Fe se cometían unos setenta y un homicidios por año (considerando sólo aquellos cuyos autores entraban a la cárcel), y afirmaba existir “la casi absoluta impunidad de los criminales que, gracias a las morosidades de la administración de justicia, y a la criminal lenidad con que se aplican las penas, cuentan en que para ellos no hay castigo”. Este juicio, emitido por un amigo personal del entonces gobernador J. M. Cafferata, merece ser tomado por imparcial. CARRASCO, Gabriel, “El primer linchamiento. Consecuencias de la mala legislación y de su peor cumplimiento”, El Economista Argentino, Bs. As., Año I, Nº 17, 26 de marzo de 1892.

[24] La Opinión, Rosario, 22 de abril de 1891, TICA, Patricia, “La inseguridad en la campaña santafesina en tiempos de la confederación. 1852-1861”, Res Gesta, Instituto de Historia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA, Nº 36, enero-diciembre 1997, y LARKER, José Miguel, “El Bandolerismo Rural en territorio santafesino (1860-1880)”, IX Jornadas Escuelas/Departamentos de Historia, Córdoba, 24-26 de septiembre de 2003.

[25] La Capital, 14 de enero de 1897.

[26] En 1898 asumió el gobierno J. Bernardo Iturraspe, un político independiente, allegado a las colonias, y que gozaba de simpatías entre los grupos de la oposición provincial.

[27] La Capital, 13, 17 y 22 de marzo de 1898.

[28] La Capital, 23 de agosto, 11 de noviembre y 14 de diciembre de 1900.

[29] Archivo de la Legislatura de Santa Fe, Índice de Leyes, p. 105, y La Capital, 22 de marzo de 1898. En su Informe sobre el estado de la clase obrera de 1904, el socialista Juan Bialet Massé reconoció la labor realizada por Iturraspe en la provincia de Santa Fe con respecto a la moralización y policía y mejora de la administración de justicia. BIALET MASSÉ, Juan; Informe sobre el estado de la clase obrera, Tomo I, Madrid, Hyspamérica, 1985 (1904), p. 344.

[30] CAFFERATA, Antonio; Apuntes sobre inmigración y colonización, Bs. As., Imprenta y Encuadernación “La Bs. As.”, 1898, p. 36. Antonio Cafferata era hijo de Juan M. Cafferata, quien fuera gobernador de Santa Fe entre 1890 y 1893.

[31] Vg., El Municipio, 29 de septiembre y 4 de noviembre de 1887, y La Capital, 27 de abril de 1893 y 24 de mayo de 1894.

[32] Vg., El Municipio, 3 y 4 de enero de 1888, 22 de febrero de 1889, y La Capital, 12 de febrero de 1889 y 8 de febrero de 1893.

[33] El Municipio, 17 de marzo de 1888 y 23 de marzo de 1889.

[34] Vg., La Capital, 7 de septiembre de 1881 y 9 de abril de 1884, y El Municipio, 20 de septiembre de 1887 y 20 de marzo de 1889.

[35] La Capital, 28 de diciembre de 1884.

[36] La Capital, 14 de diciembre de 1900.

[37] El Municipio, 4 de noviembre de 1887.

[38] El Municipio, 25 de noviembre de 1887.

[39] Nueva Época, 6 de junio de 1886.

[40] La Capital, 26 de enero y 6 de marzo de 1884, y El Municipio, 8 de noviembre de 1889.

[41] El Municipio, 22 y 23 de diciembre de 1892.

[42] LARKER, José Miguel, op. cit.

[43] CATERINA, Luis María, “Los gobiernos de las provincias. Territorios nacionales. Régimen municipal (1852-1914)”, en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Nueva Historia de la Nación Argentina, Planeta, Bs. As., 2000, T. 5, p. 148.

[44] Vg., Archivo General de la Provincia de Santa Fe, Archivo del Ministerio de Gobierno (AGPSF-AMG), 155-12 y 176-11 (los números corresponden, en este orden, al tomo, expediente y extracto, si corresponde).

[45] HALPERIN DONGHI, Tulio, “¿Para qué...?”, op. cit., p. 209.

[46] La Capital, 6 de noviembre de 1889.

[47] A mediados de 1894, por ejemplo, un comerciante italiano y sus hermanos eran víctimas de la violencia policial en Ceres y, según refería el vicecónsul Nagar, “estos hechos provocaron la indignación de los italianos de aquella localidad y más de cien italianos armados estaban para sublevarse si no hubiera sido la oportuna intervención de otros italianos que pudieron conseguir la excarcelación de los presos y calmar los ánimos”. AGPSF-AMG, 192-31.

[48] Vg., AGPSF-AMG, 60-33-45, 155-10, 155-12, 190-29, 192-31 y 279-17.

[49] FALCÓN, Ricardo, et. al, op. cit., p. 94.

[50] La Capital, 11 de diciembre de 1898. Las dificultades planteadas por las reclamaciones diplomáticas excedían, claro está, al territorio santafesino e, incluso, a la República Argentina. En 1882 se produjo un resonado caso entre Italia y Uruguay, debido a las torturas cometidas por empleados policiales a dos súbditos italianos. El conflicto tuvo gran repercusión en la Argentina, en donde la comunidad italiana manifestó a favor de sus compatriotas, apoyada por una buena parte de la prensa. Hubo sin embargo quienes, como Domingo F. Sarmiento, reaccionaron en contra de lo que consideraron un avance europeo inadmisible por sobre la soberanía de las repúblicas americanas. El caso fue tratado también en la Revista de los Tribunales de Bs. As., en un artículo titulado “¿Procede en las naciones de América reclamar por la vía diplomática los perjuicios sufridos por los extranjeros a causa de extralimitaciones de las autoridades?”; la argumentación se inclinaba por la negativa. La Capital, marzo y abril de 1882, SARMIENTO, Domingo Faustino, Obras, V. 36: Condición del extranjero en América, Imprenta y Lit. Mariano Moreno, Bs. As., 1900, y Revista de los Tribunales, T. 2, Cuaderno 6, Bs. As., 30 de abril de 1882.

[51] La Capital, 9 de marzo de 1882, y 11 y 14 de diciembre de 1898.

[52] La Capital, 26 de enero y 19 de marzo de 1884, y El Municipio, 20 de septiembre de 1887 y 8 de noviembre y 27 de diciembre de 1889.

[53] La Capital, 5 de febrero de 1884.

[54] El Municipio, 30 y 31 de enero, y 1º, 2, 5 y 9 de febrero de 1889.

[55] El Municipio, 30 de octubre y 1º de noviembre de 1889.

[56] El Municipio, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19 y 20 de noviembre de 1889, y 18 de mayo de 1890.

[57] El Municipio, 25, 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1889.

[58] El Municipio, 8 de noviembre de 1889.

[59] GALLO, Ezequiel, Colonos en armas. Las revoluciones radicales en la provincia de Santa Fe (1893), Editorial del Instituto, Bs. As., 1977, pp. 59-64. Esa animosidad, por otra parte, fue magnificada por la prensa de oposición, que aludió repetidas veces a la “gringofobia oficial”. La Capital, 23 de mayo de 1894.

[60] La Capital, 11 de octubre de 1893.

[61] AGPSF-AMG, 191-4.

[62] Vg., AGPSF-AMG, 190-27, 191-4 y 218-48.

[63] Vg., La Capital, 5 de agosto y 14 de noviembre de 1894.

[64] La Capital, 8 de octubre de 1893.

[65] Comisión Redactora, op. cit., T. VI, Imprenta Oficial, Santa Fe, 1970, p. 549.

[66] AGPSF-AMG, 155-6.

[67] Nueva Época, 27 de agosto de 1892.

[68] Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1894, Imprenta del Congreso, Bs. As., 1894, T. I, pp. 607-612.

[69] Ibídem., p. 618.

[70] La Capital, 24 de julio de 1887.

[71] Vg., AGPSF-AMG, 155-10, 155-12 y 176-11.

[72] El Municipio, 24 de marzo y 11 de octubre de 1889, y Nueva Época, 23 de noviembre de 1892.

[73] AGPSF-AMG, 279-17.

[74] GAYOL, Sandra y KESSLER, Gabriel (comps.), op. cit., p. 15.

[75] Comisión Redactora, op. cit., Tomo VI, pp. 358-359, CARRASCO, Gabriel, Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa Fe, escrita para la exposición continental de Bs. As., Imprenta de Carrasco, Rosario, 1882, pp. 329-336, La Capital, 14 de agosto de 1889, y El Municipio, 23 de octubre de 1889. En diversas oportunidades, el número de extranjeros detenidos superaba al de nativos.

[76] Memoria presentada por el ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe a las Honorables Cámaras Legislativas en 1887, Tipografía de la Revolución, Santa Fe, 1887, p. XLVI.

[77] Comisión Redactora, op. cit., Tomo VI, p. 233.

[78] Comisión Redactora, op. cit., Tomo VI, p. 359. Algunos autores han probado que las estadísticas hechas en la Argentina sobre la relación entre criminalidad y nacionalidades, en realidad, estaban falseadas, ya que los cálculos se hacían sobre el total de la población de cada nacionalidad, siendo que en los grupos inmigratorios la población adulta y masculina –y por ende, de mayor riesgo para la delincuencia- era ampliamente mayoritaria. Corrigiendo los datos, han llegado a comprobar que la tasa de criminalidad entre extranjeros y entre argentinos era similar. SCARZANELLA, Eugenia, op. cit., p. 36.

[79] Santa Fe, Cámara de Diputados, Diario de sesiones, sesiones del 6 de mayo de 1895 al 5 de marzo de 1897, op. cit., pp. 434-436.

[80] Nueva Época, 20 de junio de 1886. Para ese mismo entonces, la percepción del tema por parte de los extranjeros era diametralmente opuesta. Según el periodista italiano José Ceppi (Aníbal Latino), los delitos no eran frecuentes en Bs. As. y, en ellos, tenía poca participación el elemento extranjero, “siendo los naturales del país de la clase baja los que meten más bulla”. LATINO, Aníbal; Tipos y costumbres bonaerenses, Madrid, Hyspamérica, 1985 (1886), pp. 20-21.

[81] La Opinión, 18 de febrero de 1891.

[82] Santa Fe, Cámara de Diputados, Diario de sesiones, Sesiones del 3 de julio de 1894 al 26 de enero de 1895, s/e, s/f, pp. 248-250.

[83] COHEN, Néstor, “Cuando la visión del otro se basa en la visión de las diferencias”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 13/14, Nº 40/41, 1998-1999, pp. 628-629.

[84] Lo que sí era cierto es que las ciudades grandes y cosmopolitas eran un medio adecuado para la propagación de los crímenes y, también, que la presencia de una importante comunidad de extranjeros en ellas favorecía el desarrollo de una serie de actividades ilegales y de delitos. Los mismos inmigrantes de las ciudades, en general trabajadores de escasos medios económicos, constituían un grupo social especialmente propenso a ser víctimas de la estafa y del robo, lo mismo que a volcarse a vicios como la bebida y el juego; a la vez, la presencia mayoritaria de hombres favorecía la práctica de la prostitución. Pero, como indica Scarzanella, era más que nada “la pertenencia de clase, no la condición de inmigrante o el legado de herencias étnicas” lo que determinaba “los modelos del crimen urbano.” Scarzanella, Eugenia, op. cit., pp. 38-43.

[85] El Municipio, 6 de diciembre de 1889.

[86] La Capital, 16 de noviembre de 1893.

[87] El Municipio, 24 de marzo de 1889.

[88] La Capital, 11, 18 y 24 de diciembre de 1898.

[89] Vg., Nueva Época, 1º de diciembre de 1892.

[90] ZEBALLOS, Estanislao, op. cit., p. 172.

[91] Senado de Santa Fe, Colección de documentos para la historia de Santa Fe, Tomo I, Segunda Parte: Actas de las convenciones constituyentes de los años 1890 y 1900, Imprenta Oficial, Santa Fe, 1975, p. 134. Esta misma idea era sostenida, en crítica al gobierno, por un editorial de El Municipio: “Las víctimas [de la policía] no se eligen. Lo mismo pueden ser argentinos que extranjeros. Los últimos suelen encontrar el apoyo de sus respectivos cónsules [...] Pero los argentinos son víctimas irremisiblemente sacrificadas hasta el colmo. Ellos no tienen cónsul que gestione su libertad; son parias en tierra propia [...].” El Municipio, 31 de enero de 1889.

[92] Comisión Redactora, op. cit., Tomo VI, p. 361.

[93] LARKER, José Miguel, op. cit.

[94] La Capital, 23 de agosto de 1900.

[95] La Capital, principios de julio de 1900.

[96] La Capital, 11 de junio de 1884.

[97] La Capital, 11 de enero de 1884.

[98] La Capital, 1º de noviembre de 1889.

[99] AGPSF-AMG, 155-6.

[100] BONAUDO, Marta, “Los parámetros...”, op. cit., pp. 83-84 y 86-88, y LARKER, José Miguel, op. cit. Debe tenerse en cuenta que, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, las ideas de la Constitución Nacional del ’53 con respecto al castigo de los delitos y centradas en la moderación de las penas, la privación de la libertad como pena de preferencia y la eliminación de torturas y azotes y de la pena de muerte por causas políticas –es decir una concepción del castigo definida por su restricción con respecto a las penas corporales-, sumadas a la idea de que el período de reclusión en la cárcel debía basarse en un programa de trabajo, higiene e instrucción, convivieron con prácticas que desdecían esos supuestos y que aceptaban el castigo estatal de los detenidos (el mismo Código Penal de 1887 de Carlos Tejedor evidenció la mala definición de los fundamentos teóricos en los que se sustentaba el sistema penal argentino moderno, y admitió para algunos casos, inclusive, la pena de muerte). Una transformación conceptual en las ideas sobre el castigo se produjo a raíz de la “cuestión social” –vinculada a la inmigración- y el desarrollo en el país de la criminología positivista, que centró sus estudios en los criminales y no en los crímenes y que se inclinó por la aplicación de métodos de profilaxis y regeneración, reemplazando el concepto de “prisión-fábrica” por el de “prisión-laboratorio”. CAIMARI, Lila, “Castigar civilizadamente. Rasgos de la modernización punitiva en la Argentina (1827-1930)”, en GAYOL, Sandra y KESSLER, Gabriel (comps.), op. cit., pp. 141-164.

[101] El Municipio, 14 de marzo de 1891.

[102] El Municipio, 7 de abril de 1891.

[103] CARRASCO, Gabriel, “El primer...”, op. cit.

[104] La Capital, 12, 13 y 14 de abril de 1893.

[105] El Municipio, 25, 27, 29 y 30 de agosto de 1893.

[106] La Capital, ha. 10 de septiembre de 1893, y GALLO, Ezequiel, Colonos..., op. cit., p. 51.

[107] VIGO, Juan, “Las dos revoluciones de 1893 en Santa Fe”, Todo es Historia, Nº 39, julio de 1970, p. 79.

[108] Ibídem., pp. 78-79.

[109] Congreso Nacional, Cámara de Diputados, op. cit., pp. 637-638.

[110] La Capital, 23 de marzo y 6 de abril de 1893.

[111] La Capital, 12 de abril de 1893.

[112] La Capital, 11 de mayo de 1898.

[113] La Capital, 8 de septiembre de 1893.

[114] La Capital, septiembre de 1893.

[115] El Municipio, 29 de agosto de 1893.

[116] La Capital, septiembre, y 14 y 19 de noviembre de 1893, y 15 y 17 de abril y 20-30 de mayo de 1894.

[117] La Capital, 29 de mayo de 1894.

[118] El Municipio, 26 de octubre de 1893.

[119] El Municipio, 29 de agosto de 1893.

[120] La Capital, 23 y 24 de mayo y 1º de junio de 1894.

[121] La Capital y El Municipio, 19 de noviembre de 1893.

[122] CARRASCO, Gabriel, “El primer...”, op. cit.

[123] CARRASCO, Gabriel, “La criminalidad en la República Argentina. Los linchamientos. El presidio en el océano”, El Economista Argentino, Año II, Nº 92, 2 de septiembre de 1893. La actitud independiente asumida por Carrasco y su condena a diversos aspectos de la administración provincial, lo fueron distanciando del galvismo, sector político al que frecuentaba y del que él mismo había sido funcionario. MICHELETTI, María Gabriela, “Gabriel Carrasco frente al inmigrante: la confianza en la asimilación espontánea del elemento extranjero”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 19, Nº 57, 2005.

[124] GALLO, Ezequiel, La pampa..., op. cit., p. 306.

[125] La Capital, 13 de abril de 1894. Para El Municipio, este gesto era una prueba más a favor de su causa: según este diario, el pedido de naturalización “significa que se hallan tan seguros de su inocencia que, desechando la protección de las autoridades de su patria, se colocan al amparo de las leyes de nuestro país.” El Municipio, 13 de abril de 1894. La naturalización de los linchadores de Carcarañá se produjo en el contexto de un movimiento importante pro naturalización que tuvo lugar a mediados de la década del ’90, impulsado principalmente por miembros de las colectividades suiza y alemana. MICHELETTI, María Gabriela, Naturalización de extranjeros en Santa Fe (1880-1900), Separata del Congreso Argentino de Inmigración y IV Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Santa Fe, Junta Provincial de Estudios Históricos Santa Fe y Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Las Colonias, Asociación Amigos del Archivo General de la Provincia, Esperanza-Santa Fe, 2005.

[126] La Capital, 22 y 28 de abril, y 8, 11 y 31 de mayo de 1898.