Confrontaciones
en torno del espacio urbano: dictadura, gobierno constitucional y movimiento de
derechos humanos en Santa Fe (Argentina)(*)
Luciano Alonso, Araceli Boumerá y Julieta Citroni(**)
1. Pánico moral, dictadura e intervenciones
en la zona céntrica
En un
texto publicado hace ya tres años, Elizabeth Jelin y Victoria Langland
presentaban una serie de estudios sobre monumentos y marcas territoriales
relativos a las memorias de la represión de los regímenes dictatoriales del
Cono Sur[1].
Allí se trataban distintos casos de disputa por la significación de espacios y
de establecimiento de lugares que vinculan el pasado con el presente. En este
artículo pretendemos discurrir por una línea de análisis similar, explorando
las confrontaciones surgidas en la zona céntrica de la ciudad argentina de
Santa Fe en perspectiva diacrónica, desde las intervenciones realizadas por la
dictadura militar de 1976-1983 hasta la actualidad. Partimos del postulado de
que el espacio no es una cosa ni un sistema de cosas, sino una realidad
relacional; cosas y relaciones juntas unidas en un conjunto indisociable[2].
Nuestro argumento se despliega desde la constatación de que las autoridades
dictatoriales no produjeron innovaciones sustanciales en la organización
urbana, pero sí se preocuparon por establecer una imagen de orden y diseñar un
plan director que los posteriores gobiernos justicialistas asumieron como
propio. Al tiempo, conformaron en la zona céntrica dos lugares –en el
sentido de ámbitos físicos que pretenden condensar una memoria y fundar una
identidad[3]–,
uno de los cuales se constituyó en el principal foco de disputa por la
significación del espacio con el movimiento por los derechos humanos. La
dinámica posterior del conflicto social llevaría a la aparición de nuevos
actores y a la disputa por nuevos espacios.
Durante
la gestión de Conrado Puccio al frente de la Municipalidad de Santa Fe, en el
anterior período dictatorial, se había diseñado un plan director parcial para
la ciudad que priorizaba el saneamiento de terrenos y la recuperación de áreas
inundables[4].
A su vez, la intendencia del justicialista Adán Noé Campagnolo durante el
período 1973-1976 se había caracterizado por pretender el desarrollo de los
barrios más populosos, pero al quedar inmersa la gestión tanto en las tensiones
políticas y sociales como en la crisis financiera del momento, las acciones de
remodelación del espacio urbano se detuvieron. En ese marco, los sectores con
intereses económicos y presencia social en el casco céntrico pugnaban por dar continuidad
a las acciones de mantenimiento y por reconducir actividades mercantiles o
productivas hacia otras áreas de la ciudad[5].
La inacción de las autoridades constitucionales en materia de ordenamiento
urbano era uno de los tópicos más asiduamente tratados por el vespertino local,
el diario El Litoral, hacia
inicios de 1976. Este periódico –que era y es aún hoy el medio de comunicación
hegemónico de la ciudad[6]–
planteaba en sus notas una noción de caos urbano que en sus páginas aparecía
como el correlato del caos político y social que debía ser conjurado.
La
reiterada presentación de una imagen caótica –más allá de su lógica
correspondencia con los medios nacionales y de la existencia los más intensos
conflictos de la historia argentina reciente– colaboraba en la creación de un pánico
moral en la opinión pública[7].
En ese sentido, la línea editorial del diario exponía principalmente los
inconvenientes del casco céntrico y enfatizaba la parálisis, el abandono, la
desidia o el desarrollo lento de todos los ámbitos de actividad gubernamental
bajo el gobierno constitucional. A partir de la instauración de las autoridades
dictatoriales, el periódico se transformó en vocero de la Municipalidad y al
mismo tiempo en lugar de producción de opinión respecto de las reformas o
mantenimientos a realizar, entrando en una relación dialógica con la
intendencia y con el propio gobierno provincial y demostrando alta capacidad de
incidencia en la adopción de políticas públicas locales. De una cierta manera,
la voz de El Litoral era
la de los administradores de la dictadura y no sólo por la coincidencia en la
apreciación de determinados temas, sino incluso por la reproducción completa de
las ordenanzas municipales y las frecuentes entrevistas a las autoridades
aduciendo la “...necesidad de una amplia difusión para conocimiento de la
población”[8].
Desde su carácter de medio hegemónico se constituyó también en el vocero sin
autorización de una masa no consultada, definida como la opinión pública o
simplemente los vecinos, y utilizó muchas veces en su redacción la tercera
persona del plural.
El
acceso del coronel Miguel Alfredo Coquet a la intendencia, luego del golpe de
Estado del 24 de marzo, supuso la puesta en práctica de un conjunto de reformas
que se desplegaron especialmente en la zona céntrica. Se dictó una gran
cantidad de ordenanzas con la pretensión de organizar una ciudad que se definía
como “...en pleno crecimiento y en vías de convertirse en una gran urbe
edilicia”, pero que se percibía limitada en los aspectos más importantes de
su desarrollo “entre bulevares”[9].
Hubo intentos de elaborar un cuidadoso planeamiento, confiando tanto en la
capacidad de ordenamiento del Estado local como en las virtudes de un modo de
intervención fuertemente sugerido desde altas esferas de gobierno[10].
Sin embargo, no se produjeron mayores innovaciones en el ordenamiento urbano ya
que se retomaron los planes parciales elaborados en la década precedente[11].
La
tónica fue la insistencia en la organización de una ciudad limpia y ordenada[12].
Por oposición a la construcción de una imagen del período constitucional
anterior como reino del caos condicionado por el deterioro económico-financiero
y por la falta de previsión y planificación de las autoridades, la dictadura
asumió la contrafigura del gobierno regulador. En ocasiones esa presentación se
realizaba aduciendo el retorno a un supuesto pasado en el cual Santa Fe habría
sido una ciudad limpia, tranquila y de buenas costumbres. La recuperación de
ese momento idílico se planteaba como una tarea mancomunada del gobierno y la
sociedad y como condición para la atracción del turismo.
Entre
los años 1976 y 1977 se procedió al acondicionamiento y ampliación de las
avenidas de circunvalación y al ordenamiento del tránsito pesado, al cambio de
mano de circulación de algunas calles, a la reestructuración del recorrido y
parada del transporte público y a diversos emprendimientos en el conjunto de la
ciudad, como ser instalación de alumbrado público y redes de cloacas y gas
natural, limpieza y desmalezamiento de baldíos y veredas en distintos barrios,
reacondicionamiento de parques y playas o realización de operativos de control
de tránsito y de educación vial. Se aprobaron también reglamentos generales de
zonificación y de edificación y se llevó a cabo un relevamiento catastral[13].
En
gran medida las acciones emprendidas no suponían la modificación de los
circuitos o edificaciones sino una suerte de reforma moral, que
implicaba el llamado de las autoridades –y de los sectores a ella vinculados,
incluido el vespertino local– a la modificación del comportamiento de los
habitantes en el sentido de interiorización de normas de conducta relativas al
tránsito, el control de animales, el mantenimiento edilicio o la preocupación
por la forestación. Aspectos que iban desde la prohibición de fumar en medios
de transporte a la prohibición de construir ranchos o viviendas precarias en el
radio urbano, fueron intensamente regulados o simplemente se recordó su
regulación[14].
En
ese esquema, el radio céntrico se convirtió en el eje de los acondicionamientos
espaciales y de la reforma moral. Esgrimiendo la atracción turística como
justificación a la hora de decidir cursos de acción, se presentaba la mirada
del visitante como el factor decisivo al momento de reparar, asear o poner en
condiciones el espacio urbano. Esa tesitura llevaba a la restricción de las
mejoras al centro de la ciudad y a las vías de acceso a ella. Las estrategias
para la reforma de la zona céntrica incluyeron la exclusión de los vehículos de
tracción a sangre, el reestablecimiento de horarios y zonas de estacionamiento
–con la introducción del estacionamiento medido–, la limitación de ruidos
considerados molestos e inclusive, en un gesto que caracteriza la obsesión de
las autoridades, la pintura de los cordones de las veredas en color blanco.
También se dispuso la peatonalización permanente de un sector de la céntrica
calle San Martín y se ubicó una placa conmemorativa de ello en una plazoleta
frente al Teatro Municipal[15].
Si
bien el gobierno dictatorial no innovó mayormente en el ordenamiento urbano, sí
se preocupó por instalar usos determinados de los espacios públicos. Hubo una
pronta multiplicación de los actos oficiales, con acusado formalismo. Cada obra
ejecutada era inaugurada con la presencia del intendente y tales actos
anunciados con anticipación y luego informados detalladamente y con
fotográficas en la edición del día inmediato posterior por El Litoral. A ellos se sumaron aquellos acontecimientos
celebratorios de fechas patrias o conmemoraciones de próceres, que contaban con
la asistencia de numerosas autoridades civiles y militares de los gobiernos
nacional, provincial y municipal. Los actos siguieron una secuencia general de
entonación del himno nacional, presentación o izamiento de bandera, alocución
por parte de alguna autoridad, bendición religiosa y número musical o desfile.
En algunas ocasiones –20 de junio, 17 de agosto, 15 de noviembre[16]–
se realizaron diversas actividades dirigidas al conjunto de la comunidad y
especialmente para los escolares, que continuaban los días sucesivos con
espectáculos artísticos, entrega de banderas a las escuelas, solicitudes de
embanderamiento de los edificios y otras similares. Un lugar de frecuentes
actos fue la Plaza San Martín, en cuyo entorno se radican la Jefatura de Policía
y la sede del Cuerpo de Bomberos, y cuyo monumento del aludido prócer era
caracterizado como “...el más importante de cuantos se erigen en la ciudad”[17].
Tales escenificaciones del poder fueron acompañadas de la realización de ferias
artesanales y la formación de museos municipales, en el marco de una suerte de
política de la presencia. Esa ocupación de los espacios públicos por las
autoridades conjuraba el pánico moral y transmitía una imagen del poder
adecuada a las formas de representación castrenses, sin necesidad de
transformar el ordenamiento físico.
Las
modificaciones más importantes vendrían más tarde y se basarían en la
aprobación de un nuevo instrumento regulador que trascendería a la dictadura y
que aún hoy rige el desarrollo urbano santafesino. El 14 de agosto de 1980
Coquet emitió la Ordenanza 7871, que aprobó el Plan Director de la ciudad
elaborado por la Dirección de Planeamiento Urbano y Proyectos[18].
Aduciendo los estudios previos y las consultas a “instituciones
representativas de la comunidad” y organismos nacionales y provinciales, el
plan se dividía en una primera sección de análisis y diagnóstico y una segunda
de propuestas. El diagnóstico consideraba “anárquico” el proceso de
urbanización y, además de realizar un detallado registro de carencias en
materia de legislación y control, identificaba la “trama urbana central”
como una zona de congestión en el “sector comercial-administrativo y
bancario”. De seguro que algunos aspectos del plan –que se proponía
actualizar en forma trienal– nunca se cumplieron o se concretaron muy
escasamente, como el resguardo de edificios de valor histórico, la formación de
un cinturón ecológico, la instalación planificada de servicios educativos y
asistenciales, el aseguramiento de la calidad del agua en las zonas de
balneario o la ampliación de redes de servicios. Pero una previsión en
particular iba a transformar parte del centro de la ciudad. En función de las “nuevas
modalidades en materia de comercialización y abastecimiento urbano” y del
consiguiente cierre de los mercados municipales, el plan preveía el
reaprovechamiento e incluso la venta de sus terrenos[19].
Entre ellos iba incluido el Mercado Central, cuya demolición dio origen a una
plaza.
En
el marco del ordenamiento de la ciudad frente al caos que venían a conjurar,
las autoridades municipales se propusieron la erradicación de este mercado, a
lo que venían haciendo alusión desde 1977[20],
pero que recién se concretó en 1980. Para justificar la decisión esgrimían la
degradación estética que dicho edificio significaba al haberse “constituido
en un centro de actividades impropias, dado que dejó de integrar la única red
de abastecimiento que antiguamente tuvo características especiales” [21]
y que asociaban a la presencia de elementos sociales indeseables. Con estos argumentos
se denostaba “la promiscuidad, la densidad y conflictividad circulatoria”[22]
que generaba el clima social marginal que se formaba en torno al mercado, el
cual debía ser trasladado a los suburbios de la ciudad. Al mismo tiempo, se
exaltaban las bondades de “las paulatinas transformaciones que en el campo
de la comercialización de alimentos frescos se venían realizando con la
aparición de las cadenas de autoservicios, supermercados y centros de compras”[23].
Los
proyectos de realizar un complejo edilicio no llegaron a materializarse,
concluyéndose sólo con la demolición del mercado y la construcción de una
simple y funcional “plaza seca” que buscaba facilitar el tránsito peatonal. El
resultado fue “un plano de losas de cemento que intentaba armar una explanada”[24]
para la realización de actos en torno a un mástil de honor, que estaba arbolado
sólo en el contorno y que al interior presentaba arbustos, canteros y maceteros
decorativos así como una fuente y una pérgola. Tanto las quejas que suscitó la
decisión entre los puesteros del mercado como el diseño adoptado, generaron un
intenso debate que ocupó extensas páginas de El Litoral durante todo 1979, pero que no consiguió cambiar
el curso de los acontecimientos. La inauguración del nuevo espacio público se realizó el 9 de Diciembre
de 1980, fecha curiosa para un paseo de tales características y al que El
Litoral recomendaba “visitarlo por la noche” hasta tanto “cuente con
algunos reparos contra el sol” [25].
Dicho acto tuvo lugar en un momento en el cual el consenso de la dictadura
militar flaqueaba y en un intento de recuperar el imaginario legitimador de la
lucha antisubversiva se le dio la denominación de “Plaza Soldado Argentino”
–aunque sería nombrada coloquialmente en la ciudad como “Plaza del Soldado”–. Las autoridades justificaban el nombre en tanto “...amalgama
al ciudadano armado por la Nación para la defensa de su independencia,
soberanía y paz interior; y más recientemente, en su lucha contra la subversión
apátrida que ensangrentara nuestro suelo” y constituía el homenaje que la
ciudad le debía “al hijo guerrero de la patria”, en un deseo de “que
nuestra juventud al contemplar tu nombre, encuentre las raíces más profundas de
nuestra nacionalidad y las bases más firmes del futuro nacional” [26].
Esa
formación de un lugar de memoria de contenido militar fue complementada poco
después con la instalación de un gran monumento erigido por la dictadura en
conmemoración de las baterías de artillería instaladas durante las guerras de
independencia. Ubicado en la plazoleta San Luis, sobre una de las avenidas de
acceso y de cara al puerto, constaba de un enorme pedestal adoquinado sobre el
cual se instalaron dos cañones y un mástil. De esa manera, la dictadura asentó
dos espacios de connotaciones castrenses en la zona céntrica.
Fue
en esa instancia cuando la presencia pública de las autoridades dictatoriales y
las significaciones que imponían a los espacios públicos, ya debilitadas por la
erosión que suponía la marcha negativa de la economía hacia 1981, iba a ser
contestada con la emergencia del movimiento por los derechos humanos en la
localidad.
2. Defensa de los derechos humanos
y
conflictos en torno al espacio
El
movimiento por los derechos humanos comenzó a constituirse como tal en la
ciudad de Santa Fe en el cenit del terror de Estado, con la lenta formación de
Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Familiares) entre 1977 y 1979. Recién
en 1981 se conformó la filial local de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH) y en 1983 la del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
(MEDH) –aunque en ambos casos se realizaban actividades desde antes de la
constitución formal–.[27]
Si
bien esas distintas agrupaciones venían realizando una serie de acciones de
resistencia al terror de Estado dentro de los repertorios clásicos del
movimiento a nivel nacional –tanto en la asistencia a detenidos o ex detenidos
como en las gestiones ante las autoridades en reclamo de información sobre los
detenidos-desaparecidos–, recién en diciembre de 1981 se produjo su eclosión en
el espacio público santafesino. El momento de aparición se fijó en torno a la
conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos. El 5 de diciembre se
concretó la presentación de la APDH, que según el vespertino local contó con la
presencia de “...personas del quehacer político, religioso y cultural de la
ciudad y su zona de influencia”, en un acto al que asistieron miembros de
las filiales de Rosario y Paraná y uno de los presidentes de APDH nacional,
Eduardo Pimentel[28]. En
rigor, la reunión parece haber sido el acto político de mayor envergadura y
trascendencia desde la instauración de la dictadura. Según dos entrevistados,
se congregaron entre doscientas y doscientas cincuenta personas para la
constitución de la Asamblea en el local de la Quinta Asturiana, sede de una
asociación civil de inmigrantes y descendientes de inmigrantes de ese origen,
ubicada ligeramente al norte de la zona céntrica y en un lugar un poco retirado
de la vía pública[29].
El
10 de diciembre Familiares realizó por primera vez una concentración en la
Plaza de Mayo, ubicada en la zona centro-sur de Santa Fe, para la presentación
de un escrito dirigido al gobernador de la Provincia en el cual se aludía a un
nuevo aniversario de promulgación de Carta Universal de los Derechos Humanos y
presentaba un petitorio a ser elevado a máximas autoridades nacionales,
reclamando la publicación de listas de detenidos desaparecidos, razón y lugar
de detención, y la liberación de detenidos por razones políticas y gremiales.
La actividad fue recogida por el diario local, que publicó una breve nota dando
cuenta de la concentración y la ilustró con una fotografía en la cual se
apreciaban dieciocho personas, entre las que había unas cinco mujeres con
pañuelos blancos en la cabeza[30].
Tal aparición pública fue muy significativa para el movimiento, al punto que la
publicación de esa foto todavía es recordada en las entrevistas como un momento
de suma importancia, y en el año 1982 se volvería a concretar el mismo formato
de acción para la presentación de petitorios con concentración en la Plaza de
Mayo[31].
Al
día siguiente de la primera aparición en esa plaza se realizó la presentación
de la versión grabada de la “Misa por la Paz y la Justicia” de Ariel Ramírez,
en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo párroco brindaba apoyo
frecuente a los familiares de desaparecidos y detenidos[32].
A su vez, se desarrollaron desde el año 1982 una serie de actividades en el
local de la APDH –ubicado primeramente en Dr. Zavalla 3043– y en la Biblioteca
Popular “Mariano Moreno”, de Marcial Candioti al 3300–[33].
De esa manera quedaba conformada la inicial delimitación de espacios de
aparición pública del movimiento por los derechos humanos en Santa Fe. En un
punto de la zona fundacional, en el sur, la tradicional Plaza de Mayo, cuya
asociación a los órganos del poder político y eclesiástico era evidente[34].
Hacia el norte de la ciudad, la parroquia de Guadalupe, ubicada en una zona
residencial caracterizada en el ordenamiento urbano del Plan Director como
“barrio jardín”[35].
Esto es, dos ámbitos espaciales fuertemente vinculados a los sectores de
ingresos medio-altos, el primero de ellos de mucha visibilidad y el segundo de
una fuerte connotación religiosa. Entre ellos, una serie de puntos que no se
incluían todavía en la zona central plena de la ciudad pero que la rondaban y
que también se identificaban con espacios de las clases medias.
El
nodo que la dictadura había erigido en el centro urbano con la Plaza Soldado
Argentino seguía siendo usado como ámbito de celebraciones asociadas a su
denominación. El 15 de agosto de 1982 y el 4 de abril de 1983 se realizaron
actos recordatorios de los caídos en la guerra de Malvinas. En este último
acontecimiento, organizado por la Municipalidad, se descubrió una placa con los
nombres de los muertos correspondientes a la Región Militar Santa Fe[36].
Incluso un grupo de dirigentes del Partido Socialista Popular (PSP) depositó
allí una ofrenda floral en el primer aniversario de la ocupación argentina de
las islas[37].
Pero hacia inicios de 1983 y luego del ejemplo de la Multipartidaria, los
partidos políticos de menor envergadura como el Partido Intransigente (PI) y el
Partido Comunista (PC) comenzaron a utilizar la plaza para sus concentraciones,
teniendo en cuenta no sólo su ubicación sino también que constituía un espacio
más acotado que el de otros parques o paseos.
El
movimiento por los derechos humanos continuaba realizando sus concentraciones
más importantes en la Plaza de Mayo. En abril realizó el acto de entrega de un
nuevo petitorio con firmas recogidas en la ciudad[38]
y para el día 12 de mayo convocó a una marcha en repudio del documento sobre la
lucha antisubversiva emitido por la junta militar, que reunió ya a un centenar
de personas. Esa movilización todavía partió de la Plaza de Mayo y tras cruzar
todo el casco céntrico de Santa Fe por la calle peatonal en dirección norte,
llegó a una capilla donde se celebró un encuentro ecuménico a cargo de tres
sacerdotes de distintas confesiones cristianas. El grupo sólo recibió la
adhesión de los partidos de izquierda; concretamente, el PC, el PI, el Partido
Socialista Unificado, el Movimiento al Socialismo y la agrupación justicialista
Intransigencia y Movilización Peronista (IMP)[39].
Esa
sería la última actividad registrada que tuviera por eje la plaza más tradicional
de la ciudad, ya que apenas cinco días después, el 19, se realizó una
concentración de menor envergadura y más improvisada en la Plaza Soldado
Argentino. Tuvo por objetivo repudiar el secuestro, tortura y muerte de Osvaldo
Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi y tras leerse un documento consensuado por
los organismos de derechos humanos se dio la palabra a representantes de IMP,
corriente a la que pertenecían los caídos[40].
En función de lo que nos ocupa el acontecimiento marcó un clivaje, ya que a
partir de allí los organismos de derechos humanos no abandonaron esa plaza, que
se constituyó en ámbito privilegiado de sus apariciones. Como lo ha observado
Victoria Castro, se produjo una verdadera reapropiación de un espacio público,
que de ámbito con connotaciones castrenses pasó a ser un lugar de identidad del
movimiento por los derechos humanos[41].
El lugar de los actos oficiales era ocupado por los actos de la resistencia.
Para
esos momentos la capacidad de movilización de las agrupaciones de derechos
humanos iba en aumento. Durante la campaña contra la ley de amnistía se realizó
un nuevo acto que fue precedido de una campaña de prensa de dos semanas. Contó
con representantes de APDH, Abuelas, LADH, CELS y MEDH de Buenos Aires, que
oficiaron de oradores, y con la participación de la Juventud Radical[42].
El 21 de septiembre se realizó otra movilización en adhesión a la Marcha de la
Resistencia de la Capital Federal, con unas 400 personas, y el 15 de octubre
Familiares convocó a una marcha en ocasión del día de la madre, con una “bulliciosa
si bien no muy numerosa concurrencia”[43].
Por fin, al momento de acercarse el fin de la dictadura y el traspaso del mando
al gobierno constitucional, los organismos de derechos humanos convocaron a una
movilización que alcanzó un millar de concurrentes y contó con la adhesión de
multitud de partidos políticos, sindicatos, entidades culturales y centros de
estudiantes, bajo un lema unificador: “Marcha por la libertad y la justicia.
Nunca más la dictadura. El pueblo unido y movilizado es la única garantía”[44].
Luego de la concentración en la Plaza del Soldado una columna de más de mil
personas, encabezada por el cartel de Familiares, recorrió la peatonal
repartiendo volantes. La zona quedó marcada por los dibujos de siluetas
representando a los detenidos-desaparecidos y la consigna de aparición con vida
obtuvo un fuerte eco. En el acto no solamente hablaron representantes de los
organismos de derechos humanos, sino que también se dio la palabra a dirigentes
de distintos partidos políticos, marcando una conjunción momentánea entre el
movimiento y las estructuras de representación política locales[45].
La
ocupación del espacio céntrico de la ciudad era un hecho, con un formato de
concentración y posterior marcha que se repetía con regularidad. Se había
producido en consecuencia una relocalización de las acciones públicas del
movimiento. De apariciones en lugares de importancia y reconocimiento por parte
de los sectores de clase media pero que se encontraban en torno a la zona
“entre bulevares” –la Plaza de Mayo, la Quinta Asturiana, las sedes de la APDH
y la Biblioteca Moreno– o incluso mucho más allá –la basílica de Guadalupe–,
las agrupaciones de derechos humanos habían pasado a realizar sus actividades
en el centro comercial, administrativo y bancario de la ciudad. Con la
instalación de las oficinas de la APDH en un edificio de calle 25 de Mayo al
2700 y las de Familiares en 9 de Julio al 2700, se completaba la instalación en
una zona de mayor visibilidad que tenía como eje la Plaza Soldado Argentino [46].
Por
contraposición a esta plaza, el otro lugar de memoria castrense instalado en
las postrimerías de la dictadura no fue abordado por el movimiento de derechos
humanos. El Monumento a las Baterías se hallaba en los márgenes de la trama
central y no constituía un espacio mayormente aprovechado por lo cual, pese a
lo urticante que pudiera ser su presencia, no era motivo de puja. Fue un suceso
inesperado el que lo puso brevemente en el medio del conflicto por la verdad y
la justicia. No bien asumidas las autoridades constitucionales y habiendo
trascendido que se exhumarían tumbas no identificadas del cementerio municipal
para trasladar los restos a una fosa común, Familiares realizó gestiones
exitosas ante la intendencia para evitar el movimiento de los cadáveres. El
acuerdo con el municipio abarcó la identificación de entierros irregulares[47].
Esa línea de acción tuvo efectos inmediatos ya que se logró por vía judicial la
exhumación de cuerpos depositados en su momento en un hospital público por
miembros del Ejército, pero el mismo día en el que una delegación de Familiares
se entrevistaba con el intendente una llamada telefónica anónima a la madre de
un desaparecido alertó sobre la supuesta existencia de enterramientos ilegales
en el predio del monumento. La mujer se constituyó individualmente como
denunciante y el juzgado federal, con una celeridad sorprendente en vista de su
mora en atender los pedidos de identificación en el cementerio, solicitó a la
municipalidad las tareas de excavación. En menos de veinticuatro horas el
monumento y todo el predio circundante fueron literalmente levantados con la
ayuda de maquinaria pesada, removiéndose infructuosamente la tierra en busca de
los siete cadáveres que según la llamada anónima habían sido enterrados allí[48].
Según El Litoral, los
trabajos “se convirtieron (...) en el centro de atención de la ciudad...
fueron seguidos con sumo interés por decenas de grupos de curiosos que se
renovaban permanentemente... periodistas de los distintos medios de
comunicación cubrían todos los detalles del operativo, funcionarios
municipales, representantes de la justicia, policías, legisladores y
concejales, concurrieron ayer a la tarde y esta mañana a interiorizarse del
caso... Miembros de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por
razones políticas y gremiales, madres de desaparecidos e incluso representantes
de la APDH siguieron también con detenimiento los trabajos” [49].
Al sufrimiento moral de los familiares de desaparecidos, que pasaron por la
experiencia de una excavación de esa envergadura y exposición pública sin
resultado alguno, se sumó un coro de críticas en los medios de comunicación. Si
bien las falsas denuncias fueron un recurso de deslegitimación constante en el
período del “show del horror” abierto a fines de la dictadura, las
características de este acontecimiento tuvieron un especial impacto sobre los
miembros de Familiares sensibles a la presión coercitiva de la prensa[50].
La plazoleta fue reconstruida prontamente –con un pedestal de menor envergadura–
y el movimiento por los derechos humanos no intervino en las discusiones al
respecto.
El
episodio del Monumento a las Baterías no constituyó una cesura en el desarrollo
de las acciones de los organismos de derechos humanos. Sin embargo, el efecto
de deslegitimación de su reclamo frente a la opinión pública y a las
autoridades ya marcaba una discrepancia que se iba a instalar claramente en el
Estado de derecho.
3. La lucha por la significación
del espacio en el gobierno constitucional
Los
gobiernos justicialistas que se sucedieron en la intendencia santafesina desde
1983 fueron incapaces de plantear una alternativa al esquema de desarrollo
urbano propuesto en el Plan Director aprobado por la dictadura, aún contando
con el apoyo del gobierno provincial del mismo signo político para sus planes
de obras. Sea por la consideración del problema como algo puramente técnico,
sea por la falta de una política de desarrollo social que se plasmara en un
nuevo proyecto para la ciudad o sea por la simple reproducción de las
estructuras económicas y burocráticas con incidencia en la ocupación del
espacio, el peronismo no produjo ninguna alternativa a los lineamientos rígidos
y de escasa perspectiva –cuando no erróneos– de la Ordenanza 7871/80. En 1988
la gestión del intendente Carlos Aurelio Martínez aprobó un “Plan Trienal
1989-1991” elaborado por la Secretaría de Planeamiento y Control de Políticas[51].
Presentado pomposamente como un plan de macro nivel y supuestamente entroncado
en una línea de planificación atribuida al peronismo[52],
era sólo una descripción de acciones puntuales que iban desde la colocación de
un semáforo en determinada esquina hasta el incremento de espacios parquizados
en la populosa zona norte de la ciudad. El hecho de que el intendente Martínez
terminara destituido y condenado por delitos de corrupción puede ser un índice
elocuente de lo que cabía esperar de tal planificación y del uso de las fuentes
de financiamiento que en ella se detallaban.
Esa
carencia de una planificación alternativa aumentó las asimetrías en el
desarrollo urbano y agravó los inconvenientes producidos por la presencia de
espacios vacíos o carentes de aprovechamiento, la falta de conectividad
interna, la aparición de nuevos centros comerciales o la desatención de
determinadas áreas en la provisión de servicios. En la zona céntrica, los
conflictos por el uso del espacio público se intensificaron con el
aprovechamiento por vendedores ambulantes de distintos espacios como la misma
Plaza del Soldado, que volvía a instalar elementos “indeseables” en el eje
comercial de la ciudad.
Para
noviembre de 2002, pocos meses antes de la inundación de la ciudad por las
aguas del río Salado, una publicación de la municipalidad reconocía el fracaso
del “período institucional” –eufemismo que oculta la identificación de
las administraciones justicialistas–, que “...no consigue establecer
lineamientos superadores, coincidentemente con el agravamiento de las
consecuencias de las condiciones a macro escala –fundamentalmente aquellas
relativas a la situación socioeconómica nacional–” y que no produjo
actualización alguna de un Plan Director cada vez más olvidado por “indefiniciones
políticas desde los ámbitos pertinentes”[53].
Incluso las obras posteriores a ese informe –remodelación de las avenidas de la
zona portuaria, reconstrucción de los Parques del Sur y Juan de Garay, y
proyecto aún no ejecutado de puesta en valor de diversos espacios portuarios o
ferroviarios en desuso– suponen más acciones puntuales que una concepción
global del ordenamiento urbano. Pero si la administración justicialista no
produjo acciones innovadoras en materia urbanística, sus decisiones puntuales
en materia de monumentalidad y de reacondicionamiento de lugares en la zona
céntrica iban a representar intervenciones en un conflicto por la significación
de los espacios que involucraría al movimiento por los derechos humanos.
Iniciada
la etapa constitucional, los organismos de derechos humanos seguían pugnando
por demostrar su constancia y capacidad de presión en acciones callejeras. Los picos
de movilización pueden cifrarse en torno a los meses de marzo, mayo, septiembre
y diciembre de cada año, relativos al recordatorio del golpe de Estado, del mes
del desaparecido, de la “Noche de los Lápices” y de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. También se desarrollaron marchas para ocasiones
puntuales, como la del 27 de septiembre de 1984, que fue desde la Plaza del
Soldado hasta la Legislatura Provincial en apoyo a la entrega del informe de la
CONADEP y reunió a todo el arco político provincial con excepción del Partido
Justicialista y las agrupaciones de derecha.
Pero
además de mantener esa presencia el movimiento de derechos humanos local tomó
del ejemplo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires un
elemento capital del repertorio de acción: las rondas de los jueves[54].
Aunque una entrevistada refiere que las rondas se concretaron regularmente
desde “1978, 1979, 1980”, no hay en la localidad registros ni otros
testimonios de ese formato de acción, por lo cual su alusión parece un traslado
de la experiencia capitalina[55].
A tenor de la información de El
Litoral la “primera ronda silenciosa” se realizó recién el 26 de
abril de 1984 en la Plaza del Soldado. Había sido convocada por Familiares con
el apoyo de APDH, MEDH y la coordinadora de Juventudes Políticas y contó con la
participación de 25 madres y un centenar de acompañantes. Con una amplia
repercusión, se caracterizó por la profusión de grandes fotos de los rostros de
los desaparecidos, imitando las performances de Buenos Aires[56].
Con seguridad que pudieron realizarse antes otras marchas similares, pero no
hay registros de ello. Ninguno de los actores entrevistados recuerda que se
hayan realizado rondas en la Plaza de Mayo, por lo que parece que directamente
se concretaron en el nuevo espacio público que había habilitado la dictadura.
Por
lo general las rondas se concretaban con escasa participación, pero
ocasionalmente eran más numerosas, como la del jueves 21 de marzo de 1985. Para
ese momento se discutía a nivel nacional la posibilidad de una ley de amnistía
y la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe resultó el momento
propicio para manifestar la oposición a todo proyecto, en paralelo con una
acción similar en Buenos Aires. Otra vez se reunió casi un millar de personas
que luego marcharon por la calle peatonal del centro urbano. Adhirieron APDH,
MEDH, la agrupación Causa Peronista, PC, PI, MAS, el Partido del Trabajo y del
Pueblo (PTP), el Partido Obrero (PO), el Partido Socialista Argentino (PSA) y
la coordinadora de Juventudes Políticas. Un dato destacable es que aunque el
radicalismo no apoyó la marcha sí lo hizo su brazo universitario, Franja
Morada, y consecuentemente la Federación Universitaria del Litoral que esta
conducía, junto con varios centros de estudiantes[57].
Apenas un mes después, en un clima nacional de creciente confrontación avivado
por el desarrollo del juicio a las juntas militares, Familiares, APDH y MEDH
concretaron una nueva marcha que a las adhesiones anteriores sumó las de la
Juventud Radical, varios brazos de la Juventud Peronista, distintos sindicatos,
unidades académicas de la Universidad Nacional del Litoral y hasta del bloque
de diputados provinciales justicialistas. El poder de convocatoria parecía
estar creciendo exponencialmente; más de tres mil manifestantes marcharon bajo
la lluvia y El Litoral no
dejó de señalar que “Se notó la presencia de miembros del Partido Socialista
Popular”[58]. La
cifra era ínfima en un conglomerado urbano que entonces rondaba los trescientos
mil habitantes, pero la amplitud de la convocatoria ya no sería superada.
En
ese contexto de movilización creciente y de tensión de las relaciones entre el
movimiento de derechos humanos y los partidos en los distintos niveles de
gobierno, las administraciones provincial y municipal decidieron remodelar la
Plaza Soldado Argentino. No hubo una reforma general del predio, sino la
readecuación de espacios para instalar un mural de cerámica esmaltada de casi
seis metros de largo por uno y medio de alto sobre un pedestal, un mástil, un
cañón del Ejército Argentino y un pequeño fragmento de un avión británico a
modo de trofeo de guerra. El conjunto, carente de “sentido estético”
según una nota periodística posterior y definido como “monumento a los
héroes de la guerra austral”, recordaba a los caídos en la Guerra de
Malvinas contra el Reino Unido[59].
Estaba
claro que el justicialismo intentaba recuperar la impronta castrense del
espacio construido por la dictadura, adicionándole ahora un sentido
suplementario al cargarlo con la emotividad que suponía el recordatorio de los
soldados y marinos muertos en una guerra convencional. El acto de inauguración
se realizó en el día de la fundación de la ciudad (15 de noviembre), con la
presencia de la guarnición Ejército Santa Fe y 74 banderas de las distintas
unidades del ejército de todo el país, el arzobispo Edgardo Storni, el
gobernador José María Vernet, el presidente de la Junta Provincial de Estudios
Históricos y alumnos y docentes de numerosas escuelas convocadas para tal fin[60].
En momentos en los cuales se avecinaba la conclusión del juicio a las juntas
militares y mientras se estaban juzgando ante el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas a los responsables de la decisión y conducción de la guerra de
Malvinas, la oportunidad del acto iba más allá del lógico recordatorio de los
caídos.
Puede
afirmarse que los organismos de derechos humanos acusaron el golpe que
significó la remodelación de la plaza, a la que ya consideraban un “lugar de
memoria” más significativo que la misma Plaza de Mayo local. El Día Universal
de los Derechos Humanos fue ese año recordado en una sala del sindicato de
empleados de Luz y Fuerza[61],
pero para la próxima recordación del golpe, el 24 de marzo de 1986, los
organismos volvieron a hacer una manifestación multitudinaria en la Plaza del
Soldado, ya con más de cincuenta adhesiones de distintas entidades y convocada
por Familiares, APDH y MEDH[62].
La primera de esas agrupaciones mantendría las rondas y, ante su debilitamiento
y pérdida de militantes, sería reemplazada luego por la Asociación Madres de
Plaza de Mayo de Santa Fe, creada en marzo de 1987 en la línea de Hebe de
Bonafini. Sin embargo, ese formato de acción se iría espaciando y en lugar de
hacerse semanalmente pasó a una frecuencia mensual[63].
Se mantendría hasta inicios de los años noventa, cuando las rondas se dejaron
de hacer –en fecha imprecisa– por falta de convocatoria. Una testimoniante
afirma que ya eran pocas madres las que iban y “la gente no nos acompañó”,
en “una ciudad muy chica”. La capacidad de convocatoria del movimiento
por los derechos humanos decayó progresivamente, no sólo a consecuencia de la
situación nacional sino con motivo de sus propios problemas locales[64].
En
esas condiciones, la lucha por el establecimiento de marcas territoriales y la
transmisión de memorias mediante operaciones en el espacio urbano adoptó nuevas
formas. El movimiento por los derechos humanos no había desarrollado en Santa
Fe una política de cartelería o pintadas callejeras, en gran medida por
carencia de medios y también porque eran normalmente las Juventudes Políticas
las encargadas de ello. La desaparición de ese agrupamiento, la retracción de
la presencia pública del movimiento y la desilusión de muchos jóvenes con la
política partidaria –como parte de la desilusión democrática[65]–
facilitaron la aparición de grupos que realizaban graffiti en contra de
los responsables del terror de Estado y a favor de la justicia reparadora de
los crímenes cometidos. Aunque en ocasiones las leyendas pintadas en aerosol no
tenían vinculación con la realidad política y se acercaban a las intervenciones
surrealistas o situacionistas, no por ello dejaban de ser una marca en el
territorio que transmitía un mensaje y establecía una presencia. Activos sobre
todo en la zona céntrica y en barrios de clases medias, los grupos de
“grafiteros” tenían vinculaciones laxas con distintas agrupaciones juveniles.
El caso más notorio sería el del “Grupo Paracultural Los de la Nuca”, que
incluso fue más allá de las pintadas y presentó el 24 de marzo de 1987 una
instalación en la Plazoleta Fragata Sarmiento, frente al Teatro Municipal y en
el extremo sur de la calle peatonal. La perfomance, definida como “insólito
acto” y “extraño y macabro espectáculo” por El Litoral, consistió en la colocación de muñecos atados y
ensangrentados acompañados por un cartel que rezaba “No a la perrera del
olvido, sí a los perros de la memoria” [66].
La posterior descomposición de tales grupos hacia fines de los ochenta e
inicios de los noventa coincidió con el momento de mayor retracción del
movimiento y con la merma de su presencia en los espacios públicos.
El
ámbito más característico de sus apariciones públicas, la Plaza del Soldado,
iba a ser remodelada nuevamente por las autoridades municipales. Puesto que la plaza resultó un procedimiento urbano
desafortunado e inconveniente para dotar de un “pulmón” al centro urbano y era
escasamente adecuada a una ciudad de clima subtropical, durante la gestión
municipal del Ing. Jorge Obeid se decidió su total remodelación. Con asiento en
un diseño francés, la intención fue “incorporar vegetación y sombra, y
ordenar básicamente los recorridos, para dotar al lugar de una estructura de
soporte espacial de mayor dignidad al equipamiento funcional y simbólico” [67].
Esto implicó la completa renovación de los emplazamientos, con la importante
excepción de las marcas de memoria militar previamente instaladas. En
consecuencia, las modificaciones no cambiaron la impronta del lugar e incluso
se clausuró la posibilidad de actos masivos. La nueva inauguración tuvo lugar el 29 de Mayo de
1993, en momentos en los que el movimiento de derechos humanos prácticamente no
contaba como actor colectivo en el escenario santafesino.
4. Conflictos recientes y conclusiones
La
recuperación del movimiento por los derechos humanos desde 1994 y la formación
de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
(H.I.J.O.S.) en 1995 darían lugar a una nueva etapa en la puja por la
atribución de sentidos en el espacio céntrico santafesino. La renovación de los
actos conmemorativos en la Plaza Soldado Argentino y el enriquecimiento de las perfomances
clásicas con la lectura de listas con nombres de los desaparecidos o asesinados
seguidos del grito de “presente”, dio un nuevo impulso a la exposición
de siluetas o fotos.
Si hasta
ese momento el movimiento había ocupado espacios públicos de manera transitoria
y los había dotado de otros sentidos en tanto lugares de ejercicio de la
memoria, a partir de allí iría incluso más allá, al encarar la constitución de
monumentos y marcas territoriales de mayor duración que los graffiti,
instalaciones o carteles callejeros. En primer lugar, se comenzaron a pintar en
el pavimento de la Plaza del Soldado pañuelos blancos y siluetas representando
a los detenidos- desaparecidos, a imitación de la Plaza de Mayo de Buenos Aires[68].
Aunque las pintadas no tuvieron la envergadura y a veces carecieron de la
constante renovación del modelo capitalino, establecieron un contrapunto con la
pieza de artillería y el mural de iconografía militar. La siguiente acción no
respondió a un patrón preexistente, pues consistió en la colocación de un reloj
de sol en el mismo lugar. Fue colocado en julio de 1996 en paralelo con otros
tres –en Villa María (Córdoba), Gualeguay y Concordia (Entre Ríos)–, por iniciativa
de grupos de exiliados y familiares del exterior. La gestión corrió a cargo de
Madres de Plaza de Mayo Santa Fe, tras sortear la habitual resistencia de la
Asociación conducida por Hebe de Bonafini con el argumento de que no constituía
un monumento mortuorio en recordación de los desaparecidos, sino que por su
naturaleza se lo asociaba a la permanencia y a la vida[69].
Por fin, en el mismo año se logró que se impusiera el nombre de Luis y Nilda
Silva a una calle del popular Barrio Santa Rosa de Lima, en la zona oeste de la
ciudad, en recordatorio de los padres de una militante de H.I.J.O.S. que
pertenecían al frente villero de Montoneros y se habían destacado como
alfabetizadores populares y promotores de planes de viviendas.
La
formación de H.I.J.O.S. supuso un exponencial crecimiento de las apariciones
públicas del movimiento y una fuerte presencia en establecimientos escolares,
centros culturales e incluso en las calles. En función de la brevedad omitimos
aquí la multitud de actividades que pueden identificarse en la dinámica local
de la agrupación y que han sido reseñadas en otros textos[70].
Su mayor o menor presencia pública, en función de su propia dinámica y de la
repercusión de acontecimientos nacionales, se reflejó también en distintos
barrios donde se realizaron escraches –cinco entre 1998 y 2001, más otro de la
Liga Argentina por los Derechos del Hombre en 2006– y ocasionalmente en la
concurrencia a piquetes. Pero una entrevistada destaca que si bien nunca hubo
oposición a la participación en piquetes en barrios periféricos o accesos a la
ciudad, solamente cuatro de los militantes de H.I.J.O.S. concurrían
regularmente y una de ellas lo hacía siempre en su condición de abogada para el
supuesto de requerirse asistencia legal[71].
Ni el nuevo organismo ni el conjunto del movimiento dejaron de ver a la zona
central de la ciudad como el eje de sus intervenciones, aunque es cierto que
ampliaron considerablemente su radio de acción.
La inundación de la
ciudad de Santa Fe el 29 de abril de 2003 encontró a los organismos de derechos
humanos desarticulados, sin una línea de acción clara y sumidos en el debate
interno. En el contexto de colapso del Estado y de una acción social caótica
orientada a la superación de la urgencia, los integrantes de las distintas agrupaciones
se sumaron individualmente al esfuerzo de diversas instituciones o grupos en la
colaboración con los afectados. Cuando la emergencia cedió, los organismos
adoptaron una agenda de actividades en beneficio de los damnificados y en
reclamo del esclarecimiento y castigo de las responsabilidades políticas. El
movimiento de afectados por la inundación adoptó repertorios provenientes de
las organizaciones de derechos humanos y de otros movimientos populares. Así,
se realizan marchas de antorchas el día 29 de cada mes, que para una integrante
de Madres son parte de una metodología compartida[72].
La intención de los damnificados de “apropiarse de la calle”[73]
y la realización de los reclamos ante las autoridades justicialistas llevaron a
un nuevo giro en las perfomances callejeras. Tanto el movimiento de
inundados como el de derechos humanos establecieron un itinerario de
movilizaciones que parte de la Plaza del Soldado para concluir con la
realización del acto en la Plaza de Mayo. En esta última se han instalado pequeñas
cruces de madera en recuerdo de los fallecidos a causa de la inundación, de
modo prácticamente idéntico al usado por H.I.J.O.S. el 6 de octubre de 2001 en
el escrache al coronel retirado Juan O. Rolón[74].
Por último, arreciaron desde entonces las pintadas y carteles en la zona
céntrica de la ciudad –inspiradas también por la nueva etapa en la lucha por el
juicio y castigo respecto de los crímenes de la dictadura– y en algunos casos
es posible apreciar la conjunción de los reclamos de las agrupaciones de
derechos humanos con intervenciones que aluden al riesgo hídrico[75].
En una
dinámica de conflicto aún abierta, la lucha por la dotación de sentido en el
espacio público santafesino continúa. El movimiento por los derechos humanos ha
logrado desde su constitución establecer una presencia y ha asociado
determinados lugares a su accionar, pero las autoridades, primero dictatoriales
y luego constitucionales, han continuado una política de intervenciones urbanas
que sistemáticamente ha insistido en otros tópicos o ha entorpecido los
esfuerzos del movimiento por fijar marcas identitarias distintas de las del
Estado.
De lo que
podemos constatar, el movimiento por los derechos humanos restringió sus
acciones públicas a espacios identificados en primera instancia con zonas
representativas de las clases medias santafesinas y luego específicamente con
el área céntrica. Recién con la etapa abierta hacia 1995-1996 sus
escenificaciones incursionarían en otros espacios y aún así de manera limitada,
en orden a su limitación de recursos y a la gubernamentalidad autoritaria en
cuyo contexto opera. Frente a las constantes variaciones del movimiento, que no
sólo supusieron la formación y desaparición de agrupaciones sino –en lo que nos
ocupa– la exploración de diversos modos de intervención espacial, las agencias
estatales muestran una clara continuidad en los lineamientos con los que
abordaron la organización espacial del centro urbano y e incluso de espacios
identitarios. Más allá de los énfasis puestos por una u otra administración,
volcado a una política de reforma moral durante la dictadura o atendiendo a las
sugerencias de actores plurales durante el gobierno constitucional, no hubo
mayores cambios en la forma de tratar el espacio céntrico santafesino. Por el
contrario, se prolongó la vigencia de un plan director de alcances generales
que todavía rige el desarrollo urbano y se efectuaron reiterados intentos de
expurgar el casco céntrico de actores marginales. En el caso específico de la
Plaza Soldado Argentino las sucesivas modificaciones no la han despegado de
original sentido castrense, en tanto persisten frecuentes conflictos entre
comerciantes establecidos y vendedores callejeros –relocalizados
recurrentemente en otras áreas–.
La
continuidad entre las administraciones constitucionales y dictatoriales nos
habla tal vez de la persistencia de un modo de concebir y controlar el espacio.
Las múltiples intervenciones públicas de profesionales registradas en este
amplio arco temporal no han alcanzado para instalar nuevos modos de
ordenamiento y significación en los sectores económicos y políticos con
capacidad de decisión. Podríamos apelar a una funcionalidad estructural de las
agencias de dominación a nivel general para explicar esa situación, pero las
experiencias que pueden apreciarse en otras ciudades de envergadura equiparable
nos inducen por el contrario a pensar en las particularidades de la localidad.
No podemos entonces menos que subrayar la necesidad de estudiar este tipo de
conflictos al nivel de las localidades, atendiendo a las condiciones
estructurantes en las que se desarrollan las intervenciones de actores
situados.
RESUMEN
Confrontaciones en torno del espacio urbano: dictadura, gobierno
constitucional y movimiento de derechos humanos en Santa Fe
El gobierno dictatorial de 1976, en
sus niveles local y provincial, desarrolló una serie de intervenciones en la
organización espacial del centro de la ciudad de Santa Fe. En un contexto de
“pánico moral”, las autoridades intentaron construir nuevos lugares de memoria e
imponer un modelo de uso ceremonial. A su vez, el movimiento por los derechos
humanos trató de resignificar estos espacios y establecer marcas territoriales –construir
lugares identitarios– dando lugar a una puja constante por la significación del
espacio en el centro santafesino que se continuó a lo largo del gobierno
constitucional.
Palabras claves: dictadura -
marcas territoriales - movimiento por los derechos humanos - puja por la
significación
ABSTRACT
Confrontations around urban space: dictatorship,
constitutional government and human rights movement in Santa Fe
The dictatorial government of 1976, in its local and provincial levels,
developed interventions in the spatial organization of Santa Fe’s downtown. In
a context of “moral panic”, the authorities tried to construct new places of
memory and to impose a model of ceremonial use. In turn, the human rights
movement tried to re-mean these spaces and to establish territorial marks. The
struggle for the sense of the space in the city continued along the
constitutional government.
Key words: dictatorship - territorial marks - human rights movement -
constitutional government - struggle for the sense
Recibido: 30/04/07
Aceptado: 22/06/07
Versión final: 02/08/07
Notas
(*) El
presente trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación
“Acción y dispositivos de control en el espacio santafesino” de la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la UNL, y su primera versión fue presentada ante el IIº Coloquio Historia y Memoria. Los usos
del pasado en las sociedades post-dictatoriales, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata, 6, 7 y 8 de
septiembre de 2006.
(**) Luciano Alonso es Profesor Asociado de la cátedra de Historia Social y director del
Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Universidad Nacional del Litoral. Dirige actualmente el Proyecto de
Investigación “Accion y dispositivos de
control en el espacio santafesino” de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
UNL y co-dirige el Proyecto de Extensión “Memoria e Historia del pasado
reciente. Problemas didácticos y disciplinares” de la misma Universidad.
E-mail: lucalonso@arnet.com.ar. Araceli Boumerá es estudiante
avanzada de la carrera de Profesorado en Historia de la unidad académica
mencionada y se desempeña como auxiliar del Proyecto de Investigación
precitado.E-mail: araceli_boumera@hotmail.com.
Julieta
Citroni es estudiante avanzada de la carrera de
Licenciatura en Historia de la unidad académica mencionada y se desempeña como
auxiliar del Proyecto de Investigación precitado. E-mail: cigiuli@ciudad.com.ar
[1] JELIN,
Elizabeth y LANGLAND, Victoria (comps.), Monumentos, memoriales y marcas
territoriales, Siglo XXI, Madrid, 2003.
[2] SANTOS, Milton,
Metamorfosis
del espacio habitado, Oikos-Tau, Barcelona, 1996.
[3] AUGÉ, Marc,
Los
“no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad,
Gedisa, Barcelona, 1996, esp. pp. 56-57; NORA, Pierre, “La aventura de Les
lieux de mémorie”, en Ayer Nº 32, Madrid, 1998.
[4] VALENTINUZZI
de PUSSETTO, Lilia, “Hitos de nuestra historia municipal”, publicado en Diario El
Litoral versión digital,
http://www.ellitoral.com/index.php/ver/especiales/hicieronsantafe/lqhsf-03.php,
consulta 2006. En rigor el plan de Puccio no constituía un Plan Director. Para
el antecedente histórico de planificación global más inmediato hay que
remontarse al “Plan Regulador de la Ciudad de Santa Fe” de 1944, elaborado por
el arquitecto Miguel C. Roca (Municipalidad de Santa Fe – Departamento
Legislación).
[5] Los
momentos más importantes de ese proceso de reconducción de actividades
económicas hacia la zona norte corrieron de 1967, cuando se inauguró el Mercado
de Hacienda Municipal anexo al Instituto Frigorífico, a 1983, cuando se
trasladó el Mercado de Abasto que estaba situado en los márgenes de la zona
céntrica –avenida Freyre entre Mendoza y 1ra. Junta– bajo la denominación de
Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de
Santa Fe S.A..
[6] La
caracterización de El Litoral como “medio de
comunicación hegemónico” de la localidad ha sido realizada por María Virginia
Pisarello, La ilusión democrática a través del Diario El Litoral,
informe final de beca de iniciación a la investigación dirigida por Luciano
Alonso, mimeo, Universidad Nacional del Litoral, 2005, cap. 5, a partir de la
recuperación de aportes de Teum Van Dijk y Raymond Williams. Para abreviar, en
adelante las citas del diario se referirán simplemente a El Litoral.
[7] Tomamos el
concepto de “pánico moral” de EALHAM, Chris, La lucha por Barcelona. Clase,
cultura y conflicto, 1898-1937, Alianza, Madrid, 2005, cap. 7, quien
identifica así la obsesión de las élites sociales, económicas y políticas por
el orden y por la adopción de remedios que impongan la paz social,
distinguiendo a los elementos “sanos” de las clases populares de los
“subversivos”.
[8] El
Litoral, Santa Fe, 5 de diciembre de 1977, p. 10, “Nueva ordenanza
se incorpora al reglamento de edificación”.
[9] El primer
entrecomillado en El Litoral, 8 de enero de 1977,
p. 4. En la ciudad de Santa Fe la zona céntrica está delimitada por distintas
avenidas como ser los bulevares Pellegrini y Gálvez al norte, la avenida
Gobernador Freyre al oeste, San Luis, 27 de Febrero y Rivadavia al este y la
avenida General López al sur (cf. v. g. esa delimitación a propósito de la
prohibición de vehículos con tracción a sangre en El Litoral, 5 de
septiembre de 1977, p. 4). Esa zona conocida como “entre bulevares”, puede
incluir el área fundacional si se la considera extendida por el sur hasta la
avenida Juan José Paso.
[10] Una
apropiada identificación de las distintas fracciones militares y sus posturas
frente a la planificación del desarrollo, con especial mención a la creación
del Ministerio de Planeamiento y su particular concepción, en Paula Canelo “La
política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico de
Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1981)”, en
PUCCIARELLI, Alfredo (coord.), Empresarios, tecnócratas y militares. La
trama corporativa de la última dictadura, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.
[11] Por
contraposición, en ciudades como Córdoba se registra para el mismo período una
profunda remodelación urbana con intervenciones semióticas innovadoras (debemos
esta observación al arquitecto Julio Arroyo, FADU / UNL). De acuerdo con
Águila, en Rosario el lema dictatorial “ciudad sana, ciudad limpia, ciudad
culta” se acompañó con una fuerte política de obras públicas dado su
carácter de sede del Mundial de Fútbol 1978 –al igual que Córdoba– (ÁGUILA,
Gabriela, “La dictadura, 1976-83: política, economía y sociedad”, en: ÁGUILA,
Gabriela (comp.), De los cordones industriales a la
integración del eje Mercosur (1940-2005), tomo 11 de la Nueva
Historia de Santa Fe, Prohistoria / La Capital, Rosario, 2006). Esas
observaciones demuestran la importancia de las improntas locales y de las
políticas diferenciales a la hora de analizar las acciones urbanísticas de la
dictadura.
[12] “Sin
lugar a dudas que el tener una ciudad ‘limpia y ordenada’, dando satisfacción a
todos los vecinos, debe ser el ideal propuesto o aspirado por todos los
intendentes y encargados de comuna”, El Litoral, 20 de enero de 1977,
p. 4. “En la medida en que el tradicional bulevar retorne a concitar el
elogio de nuestros visitantes, como ocurriera anteriormente, habremos
recuperado, siquiera en parte, aquella fama de ciudad limpia y ordenada”,
21 de agosto de 1977, p. 4.
[13] El
relevamiento catastral en El Litoral, 31 de diciembre de
1977.
[14] “Cierto
es que las normas no son nuevas, pero la necesidad, la urgencia o la simple
indolencia y comodidad de muchos, exige que de tanto en tanto se refresquen
conceptos para evitar la segura sanción”, El Litoral, 13 de
julio de 1977, página 7, a propósito de las normas de estacionamiento.
[15] Al momento
de escribir estas páginas los gobiernos provincial y municipal de signo
justicialista –que inauguraron las reformas del Teatro Municipal el 24 de mayo
de 2006–, encararon la remodelación de la plazoleta “Fragata Sarmiento” y
removieron la placa aludida, que había sido colocada el 15 de noviembre de 1976
(El
Litoral, 12 de Noviembre de 1976, p. 4).
[16]
Conmemoraciones del Día de la Bandera, de la muerte del General San Martín y de
la fundación de la ciudad de Santa Fe –en la actual Cayastá–, respectivamente.
[17] El
Litoral, 24 de septiembre de 1977, p. 4.
[18] Ordenanza Municipal
7871/80, Municipalidad de Santa Fe – Departamento Legislación. Las citas
textuales que siguen son de los Anexos del decisorio.
[19] Se trataba
de los predios de los Mercados Central, Progreso y Norte, de comercialización
minorista, y del Mercado de Abasto aludido en la nota 4.
[20] Cabe
recordar las palabras del intendente en la reunión que mantuviera con la prensa
local en momentos en los que se proponía un complejo edilicio en el predio: “Otro
proyecto es el de la transformación del Mercado Central en un complejo más
moderno y dinamizado, inclusive con la construcción de cocheras subterráneas.
Pero sólo es un proyecto más…”, El Litoral, 19 de julio de
1977, p. 4. Debemos a Gabriela Águila (FHA / UNR) y a Ana María Barleta (FHCE /
UNLP) la observación de que sendos mercados municipales de Rosario y La Plata
fueron demolidos también en 1980, pero en ambos casos las intervenciones
realizadas fueron de naturaleza distinta a la de Santa Fe.
[21] El
Litoral, 23 de julio de 1979, p. 8, Una
vieja aspiración se concreta: “Erradicación del Mercado Central” –(espacio
de publicidad de la Municipalidad de Santa Fe).
[22] AA. VV., Plaza
del Soldado: revalorización de la urbanidad en el centro de Santa Fe,
Trabajo de Extensión de la Cátedra Taller de Diseño Arquitectónico I – FADU,
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, [2005], pp. 5 y 6.
[23] Ibídem.
[24] Ídem, p. 8.
[25] El
Litoral, 12 de enero de 1981, p. 7.
[26] El
Litoral, 10 de diciembre de 1980, p. 5, las expresiones
corresponden al discurso del intendente Coquet durante el acto de inauguración.
[27] Nos
permitimos remitir aquí a los desarrollos de Luciano Alonso, “Variaciones en
los repertorios del movimiento por los derechos humanos de Santa Fe”, en
SCRIBANO, Adrián (comp.), Geometría del conflicto. Estudios de acción
colectiva y conflicto social, Centro de Estudios Avanzados de la UNC
/ Universitas, Córdoba, 2005.
[28] El
Litoral, 6 de diciembre de 1981, p. 7.
[29]
Entrevistas a ex miembros de la APDH, Santa Fe, 6 de noviembre de 2002 y 20 de
enero de 2005.
[30] El
Litoral, 10 de diciembre de 1981, p. 9. Sin embargo, información
disponible sobre el acontecimiento es confusa, porque de acuerdo con la
correspondencia de Familiares Santa Fe a la sede Buenos Aires se intentó la
presentación concertada de hábeas corpus ante el Juzgado Federal. A tenor de la
información de las notas y de una entrevista a un ex miembro de Familiares, se
produjo en esa ocasión un breve incidente con la policía. Ésta rodeó a los
manifestantes, que intentaron refugiarse en la iglesia catedral pero le fueron
cerradas las puertas. La policía identificó a todos los participantes y detuvo
en averiguación de antecedentes a un pastor holandés de la Iglesia Evangélica
Metodista. A continuación, algunos de los familiares fueron seguidos por un
móvil policial hasta que retornaron a la zona de la plaza y se refugiaron en la
sede del arzobispado. Inclusive cabe la posibilidad de que hubiera dos
acontecimientos diferentes en torno al 10 de diciembre: la presentación de
hábeas corpus en los juzgados federales –ubicados a dos cuadras de la Plaza de
Mayo– y el episodio vinculado con la presentación ante la gobernación. Cf.
Cartas de APDH Santa Fe del 11 de diciembre de 1981 (Archivo de APDH – Buenos
Aires) y de Familiares Santa Fe del 15 del mismo mes (Archivo de Familiares –
Buenos Aires), entrevista a ex miembro de Familiares, Santa Fe, 6 de noviembre
de 2002.
[31] El
Litoral, 20 de agosto, p. 4 y 10 de diciembre de 1982, p. 4.
[32] El
Litoral, 12 de diciembre de 1981, p. 12. Sobre el apoyo recibido por
Familiares del párroco de Guadalupe, entrevista escrita a un ex integrante de
la agrupación, Santa Fe, febrero de 2005.
[33] Varias
actividades recogidas en El Litoral, v. g. 13 de mayo, 20
y 22 de agosto de 1982, 22 de marzo de 1983.
[34] En torno a
la Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe se ubican la Casa de Gobierno o Casa
Gris –sede del Poder Ejecutivo–, el edificio de los Tribunales Provinciales, la
sede del Arzobispado, la Catedral y el Colegio de la Inmaculada Concepción de
la congregación jesuita.
[35] Primer
anexo de la Ordenanza 7871/80, título “Análisis zonal”, p. 43 y ss.,
Municipalidad de Santa Fe – Departamento Legislación.
[36] El
Litoral, 4 de abril de 1983, p. 7.
[37] El
Litoral, 2 de abril de 1983, p. 7.
[38] El
Litoral, 14 de abril de 1983, p. 7.
[39] El
Litoral, 13 de mayo de 1983, p. 7. El “Documento Final sobre la Guerra contra la subversión y el terrorismo”
contra el cual se movilizaba era una declaración de la Junta Militar difundida
en el mes de abril de 1983, en la cual se planteaba que la orden de “aniquilamiento de la subversión” había
sido emitida por el gobierno justicialista de María Estela Martínez de Perón,
se justificaban los “procedimientos
inéditos” en las características de esa lucha y se encuadraba como “actos de servicio” todas las acciones
del personal militar. Cf. NOVARO, Marcos y PALERMO, Vicente, La
dictadura militar, 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática,
Paidós, Buenos Aires, 2003,p. 502 y ss.
[40] El
Litoral, 20 de mayo de 1983, p. 9.
[41] Castro,
2000. Ese artículo construye una línea de apropiación de la plaza que arranca
con Familiares, pasa por Madres y llega a H.I.J.O.S. como actores
privilegiados. Aunque no se comparte en estas páginas esa construcción
identitaria –ya que en la etapa más tardía de la dictadura y los inicios del
Estado de derecho el organismo de derechos humanos más visible en la ocupación
de ese espacio parece ser la APDH junto con Familiares, en tanto que Madres no
representa quizás un actor tan excluyente en el período intermedio–, la
interpretación que plantea Castro respecto de la constitución de un lugar de
memoria en el solar es sumamente interesante y sostenible.
[42] El
Litoral, diversas notas en ediciones de los días 16, 21, 25, 27 y 29
de agosto de 1983.
[43] El
Litoral, 22 de septiembre, p. 9 y 15 de octubre de 1983, p. 4. La segunda
de las notas no especifica el trayecto de la marcha ni sus puntos de partida o
llegada.
[44] El
Litoral, 1 (p. 7), 2 (p. 4), 4 (p. 9) y 6 (p. 9) de diciembre de
1983.
[45] El
Litoral, 6 de diciembre de 1983, p. 9, información sobre adhesiones
en las ediciones del 2 y 4 del mismo mes.
[46] La
radicación de la APDH aparece en El Litoral, 16 de agosto de 1983,
p. 10. La de Familiares en información de una integrante de la agrupación,
Santa Fe, 12 de noviembre de 2004.
[47] El
Litoral, 3 y 5 de enero 1984, ambas en p.4. Posteriores noticias
sobre las exhumaciones en las ediciones del 17, 18, 19 y 24 de enero, 1 de
febrero, 10 de marzo y 8 de junio de 1984.
[48] El
Litoral, 5 (p. 4) y 6 (p. 5) de enero 1984.
[49] La
denuncia había sido presentada ante el juez federal Héctor Tripicchio y el
operativo estuvo a cargo del secretario Víctor Hermes Brusa. La APDH reaccionó
con presteza, reemplazando a Familiares en un momento en el cual sus
integrantes no parecían saber cómo actuar. El 9 de enero presentó una denuncia
contra el juzgado federal de Santa Fe, por los cargos de negligencia,
incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, falsedad ideológica y
otros (El Litoral, 9 y 10 de enero 1984, ambas en p. 4),
recuperando las imputaciones que se hacían a varios jueces y secretarios por su
actuación durante la dictadura –concretamente, al camarista federal Fernando
Mántaras, a los jueces federales Néstor Roibón y Víctor Monti, al fiscal
federal Julio César Reyt, al secretario Víctor Brusa y a un empleado de
apellido Núñez–.
[50] El
Litoral publicó un artículo contra la “sicosis exhumatoria”
(sic) y una nota de dudoso buen gusto del columnista Hugo Mataloni en la cual
reconocía la necesidad de desenterrar a los muertos “aunque más no sea por
respeto” pero sugería hacerlo “sin demoler el país”; El
Litoral, 7 (p. 7) y 20 (p. 6) de enero 1984. De acuerdo con los
testimonios orales arreciaron las críticas en medios radiales.
[51] Plan
Trienal 1989-1991, Municipalidad de Santa Fe – Departamento
Legislación.
[52] Atribución
injustificada para el caso de la ciudad de Santa Fe, pues como puede apreciarse
los planes de mayor alcance fueron los elaborados durante gobiernos militares
(cf. supra y nota 4), en tanto los aportes respecto de la regulación del
espacio urbano se fueron dando sin interrupción –y, lo más frecuentemente, sin
innovación–.
[53]
Municipalidad de Santa Fe, Plan Estratégico Santa Fe Siglo XXI.
Diagnóstico participativo, edición propia, Santa Fe, 2002, p. 104.
[54] Para esa
fecha las madres de detenidos-desaparecidos de Santa Fe se nucleaban
exclusivamente en Familiares, por diferencias con el estilo de conducción de la
Asociación Madres de Plaza de Mayo liderada por Hebe de Bonafini. Recién con la
disolución de la APDH y el debilitamiento de Familiares se constituyó Madres en
la localidad. Cf. al respecto textos citados en notas 20 y 57.
[55] Entrevista
a una integrante de Madres de Plaza de Mayo, Santa Fe, 2 de febrero de 2005.
[56] El
Litoral, 27 de abril de 1984, p. 6.
[57] El
Litoral, 20 (p. 8) y 22 (p. 7) de marzo y Diario Hoy
en la Noticia, 22 de marzo de 1985, e información de entrevistas.
[58] Diarios El
Litoral y Hoy en la Noticia, 23 de abril de
1985, p. 2 y primera plana, respectivamente. La acotación viene a cuento de la
escasa o nula participación del PSP en las convocatorias del movimiento, ya que
ni siquiera firmó el acta de constitución de la APDH local.
[59] El
Litoral, 30 de diciembre de 1985, p. 6.
[60] El
Litoral, 9 (p. 5), 14 (p. 7) y 16 (primera plana) de noviembre de
1985.
[61] El
Litoral, 4 (p. 4) y 8 (p. 5) de diciembre de 1985.
[62] El
Litoral, 25 de marzo de 1986, p. 7.
[63] A juzgar
por un comunicado de Madres recogido asiladamente por el para entonces único
medio gráfico de edición diaria, todavía en 1988 se realizaba en forma semanal.
El
Litoral, 23 de marzo de 1988, p. 18.
[64] Respecto de
las fracturas y debilitamientos de las agrupaciones santafesinas nos remitimos
a ALONSO, Luciano, “Crisis y reinvenciones del movimiento por los derechos
humanos de Santa Fe”, Actas de las Segundas Jornadas de
Integración Cultural del Cono Sur, Universidad Autónoma de Entre
Ríos, Concepción del Uruguay, 2005 (edición en soporte informático) y ALONSO, Luciano,
“La crisis del movimiento por los derechos humanos en la restauración
republicana argentina. Un enfoque situado”, en: Anuario Nº
21 de la Escuela de Historia, Universidad Nacional de Rosario, 2006.
[65] La noción
es de ROMERO, Luis Alberto, Breve historia contemporánea de Argentina,
FCE, Buenos Aires, 2004, aplicada a los años iniciales del período
constitucional. Del mismo autor “Veinte años después: un balance” en: NOVARO, Marcos
y PALERMO, Vicente, La historia reciente. Argentina en
democracia, Edhasa, Buenos Aires, 2004.
[66] El
Litoral, 25 de marzo de 1987, p. 6.
[67] AA. VV., Plaza
del Soldado..., op. cit., p. 11
[68] Un
análisis de las pintadas de la Plaza de Mayo de Buenos Aires en GARCÍA MONTALDO,
María José, “Aparición y permanencia de un contramonumento”, en Actas
del 2do. Congreso Nacional de Problemáticas Sociales Contemporáneas,
Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2003, edición en soporte informático.
[69] MEDH,
AMSAFE y Acción Educativa, Boletín de la Campaña 1999 “Los chicos y las
chicas tienen la palabra”, Santa Fe, 1999, También en ALMIRÓN,
Gabriela y otros: Los Chicos y las Chicas tienen la Palabra.
Derechos Humanos y Educación: una construcción colectiva,
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2000, pp. 82-84.
[70] Un
análisis detallado de las acciones de H.I.J.O.S. Santa Fe en ALONSO, Luciano,
"Construcción de la identidad y acción social en H.I.J.O.S. Santa
Fe", En: Actas del 2do. Congreso de Problemáticas Sociales Contemporáneas,
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2003 (edición en soporte
informático, resumen en edición papel) y ALONSO, Luciano, “Repertorios de
acción y relaciones institucionales en H.I.J.O.S. Santa Fe, 1995-2003",
En: Revista Temas y Debates, Nº 9, Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales, UNR, Rosario, 2005.
[71] Entrevista
a una integrante de H.I.J.O.S., Santa Fe, 29 de octubre de 2003.
[72] “Es
interesante ver cómo luchan los inundados... La marcha de las antorchas [es]...
en la plaza, marcha en la plaza como hicieron las madres y tienen las mismas
metodologías de las madres... tienen una fuerza para luchar y reclamar en la
plaza... es extraordinario, y ahí nos damos cuenta que servimos para algo”,
entrevista a una integrante de Madres, Santa Fe, 2005.
[73] “Nos
apropiamos de la calle. Mantenemos la memoria evitando el lamento que paraliza.
Denunciamos permanentemente para que la causa... no quede impune... Marchamos
con firmeza exigiendo juicio y castigo a los inundadores”, El
Litoral, 26 de julio de 2005, p. 6.
[74] El
escrache a Rolón en Diario Rosario/12, 7 de octubre de 2001,
primera plana y p. 2-3.
[75] Dejamos de
lado aquí, por razones de espacio, tanto la construcción del Panteón de la
Memoria en el cementerio municipal como los homenajes y actos realizados desde
el año 2005.